El Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA) presentó un documento a legisladores misioneros, solicitando que voten en contra del DNU 70/2023 debido a su inconstitucionalidad.

Además, mediante el documento se instó a poner especial atención en los proyectos de ley que comprometan derechos e intereses indígenas y ambientales “pues es absolutamente imposible pensar a los Mbya Guaraní sin su territorio, sin el monte” y, en este marco, mantener vigente la Ley 26160 y su prórroga, normativa que declara la emergencia territorial y suspende desalojos.

En el documento presentado, se dio a conocer la tarea que lleva adelante la organización desde hace tres décadas en Misiones, trabajando mancomunadamente junto a otros 14 equipos diocesanos que conforman el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA).

Entre los puntos principales, de destacó la importancia de la Reforma Constitucional de 1994, donde en el art. 75, inciso 17, se reconoció la preexistencia de los Pueblos Indígenas en Argentina y con ella los derechos que hacen a su reconocimiento, como a una educación intercultural bilingüe y a la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan.

“Hoy los Pueblos Indígenas son sujetos de derechos y de protección desde el paradigma de la autodeterminación, interculturalidad, participación y respeto, siendo el principal garante el Estado Nacional pero en particular el Congreso de la Nación”, reza el documento.

Por eso, hoy la preocupación está puesta en los cambios que están siendo impulsados desde el Gobierno Nacional, a través del DNU 70/2023, el proyecto de ley “bases” y el “Pacto de Mayo”, motivados por intereses económicos que no favorecen a los sectores más vulnerables y que, además, dejan desprotegido al ambiente y a las Comunidades Indígenas.

Específicamente sobre el Pueblo Mbya en Misiones, se detalló que hoy existen 139 Comunidades, de las cuales sólo 87 tienen relevamiento territorial realizado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y algunas de estas tienen sus territorios titularizados a nombre de terceros.

Además, se expuso la dificultad del acceso a la justicia y a los trámites administrativos que suponen regularizar dichos territorios y las deudas estatales por garantizar estos derechos colectivos, que hoy, además, se ven amenazados.

En el Pacto de Mayo, convocatoria que pretende refundar el Estado, el único paradigma que aparece es el de la propiedad privada y, por tanto, negación de la propiedad colectiva de los territorios indígenas, desconociendo su naturaleza.

“A pesar del reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural y el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, ni siquiera han sido convocados, cuando el modelo económico que el Estado propone se proyecta sobre la base del extractivismo y la mercantilización”, manifiesta el documento presentado.

Misiones es la segunda provincia con mayor superficie productiva vendida a extranjeros, principalmente a empresas, y estas tierras coinciden en gran medida con territorio ancestral indígena relevado.

Teniendo en cuenta todos estos puntos y muchos otros más, que vulneran derechos indígenas y dañan al ambiente, se solicitó a los legisladores a sostener un Estado democrático, basado en la paz, la justicia y la solidaridad, velando por los más vulnerables y rechazando proyectos en los que se pretenda cambiar las bases del federalismo, de la democracia y que se busque avanzar sobre derechos adquiridos.

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