La difusión de estadísticas señalando que un tercio de la población está en la pobreza generó encendidas discusiones sobre el gasto asistencial y la insuficiente creación de empleos. Sin embargo, los planes asistenciales tienen escaso impacto en la reducción de la pobreza y el crecimiento del empleo, aunque muy necesario, no es suficiente. Para reducir la pobreza es esencial incorporar al mercado laboral a las mujeres de los hogares pobres. Para ello, se necesitan mejores instituciones laborales, educación de calidad y prácticas sexuales y reproductivas saludables. 
Mediciones privadas señalan que a setiembre del 2016 aproximadamente un tercio de la población vive en la pobreza. Estas mismas fuentes ya advertían en abril del 2016 que la incidencia de la pobreza sería de este orden. El dato es consistente con lo que el mismo INDEC normalizado señala para el 2° trimestre del 2016 que ubica la pobreza en 32%. En suma, la pobreza aumentó a comienzos del año pasado y se mantuvo durante el 2016.
Ante este escenario, muchos reclaman expandir los programas asistenciales. Este tipo de gasto aumentó durante el 2016 a un ritmo similar a la inflación lo que sugiere que no es la falta de planes sociales lo que mantiene la pobreza alta. Otros ponen énfasis en aumentar la inversión y la producción para crear más empleos de calidad. ¿Pero alcanza con el crecimiento del empleo para terminar con la pobreza?
Información para responder a este interrogante proviene de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC correspondiente al 3° trimestre del 2016. Esta fuente señala que entre las mujeres jefas de hogar o cónyuges la situación es la siguiente:

• En los hogares de clase media el 72% trabaja.
• En los hogares pobres no indigentes el 41% trabaja.
• En los hogares indigentes sólo el 35% trabaja.

Estos datos muestran que la inserción laboral de las mujeres adultas con responsabilidades familiares (jefa de hogar o cónyuge) es muy diferente según estrato socioeconómico. Resulta muy contundente que el empleo de las mujeres adultas entre los hogares de clase media duplica al observado entre las familias indigentes. Dicho de otra manera, mientras que en los hogares de clase media la mayoría de las mujeres con responsabilidades familiares trabaja, en los hogares pobres sólo la minoría lo hace.
Adicionalmente, según el INDEC, así como sólo un tercio de las mujeres de hogares indigentes trabaja, la mitad cumple el rol de jefe de hogar en la familia y hay 3 niños a cargo por familia. Muy diferente es la situación entre los hogares de clase media, donde además de que la mayoria de las mujeres trabaja, sólo un tercio cumplen el rol de jefes del hogar y hay un niño cada 3 hogares (es decir, en promedio, cada 3 hogares, en dos no hay menores y en el restante hay un solo niño). Estos datos sobran para afimar que fenómenos muy asociados a la indigencia son el abandono económico del hogar por parte del adulto varón, menor tasa de empleo de las mujeres y una mayor cantidad de niños.
Frente a este contexto destinar más recursos a programas asistenciales, como proponen las organizaciones sociales, sólo sirve para potenciar el derroche de recursos públicos. Tampoco hay que poner mucha confianza en la generación de empleos de calidad ya que, aun cuando se produzca, dificilmente alcance para incorporar automáticamente a las mujeres pobres al mercado laboral. Por eso, junto con buenas politicas económicas y laborales, es central asumir como objetivo que las mujeres pobres tengan la oportunidad de ser artífices de su propio progreso. Para ello, se requiere, además de un entorno general de expansión en la producción y el empleo, acciones especificas sobre este segmento de educación, de promoción de prácticas sexuales y reproductivas más saludables y responsables y centros de cuidado de la primaria infancia de alta calidad.
Para abordar el desafío hay que buscar instancias superadoras a la superposición de roles entre la Nación, las provincias y los municipios que impera en la actualidad. La Nación debería dejar de ejecutar programas sociales y concentrarse en acelerar la generación de empleos en base a la estabilidad, incentivos a la inversión, eliminar las cargas sociales a trabajadores de bajos salarios y desburocratizar la legislación laboral. La salud, la educación y los programas asistenciales deben ser gestionados por quienes son sus responsables: las provincias y los municipios.