Este año las jubilaciones le ganarían a la inflación
Recientemente el gobierno anunció el segundo incremento semestral del año previsto por la Ley de Movilidad Jubilatoria que se aplica sobre las siguientes prestaciones sociales que paga el sector público Nacional: las jubilaciones y pensiones, las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Pensiones No Contributivas (PNC). El nuevo aumento, que rige a partir de septiembre, es de 13,32%, lo cual implica no sólo una recuperación respecto de la inflación acumulada desde el último incremento (en marzo), sino también una mejora en términos reales respecto de dicho momento.
Por caso, de acuerdo a las previsiones del mercado, la inflación a nivel nacional acumulada entre marzo y septiembre llegaría a 10%, de forma tal que el aumento del poder adquisitivo sería del 3% tras el aumento. Más aún, si consideramos la suba anterior (+12,96% en marzo), aquellos ingresos que ajustan por dicha Ley exhibirán una suba de 28% al cierre del año, lo que implicaría una ganancia en 2017 de casi 5% en términos reales si tomamos una vez más la proyección de inflación esperada por el mercado (+22% anual a nivel nacional).
Sin lugar a duda, la suba anunciada constituye una buena noticia para los beneficiarios de dichas prestaciones sociales que ajustan por la Ley de Movilidad, con un impacto importante sobre el consumo (estos sectores tienen una baja propensión al ahorro, de modo que destinan casi todos sus ingresos al gasto en bienes y servicios). Dicho estímulo al consumo llegará en la recta final de cara a las elecciones de octubre, lo cual podría apuntalar las chances del oficialismo en las familias que aún no perciben la reactivación.
El hecho de que el incremento para estas prestaciones sociales se haya conocido a pocos días de celebradas las PASO parece asociado al escenario electoral. Sin embargo, este incremento se rige por la mencionada Ley de Movilidad, la cual define que las actualizaciones semestrales se realicen en marzo y septiembre de cada año, así como también determina el nivel de dichos aumentos. A tal fin se utiliza una fórmula que considera la evolución de los salarios formales y los recursos de ANSES en el semestre o en los últimos doce meses pasados.
En un contexto de desinflación como el actual, tomar información rezagada (atada a la dinámica de precios pasada) asegura una ganancia del poder adquisitivo de dichos ingresos. Sin embargo, la contraparte de este mecanismo de indexación es una expansión en términos reales de una parte relevante del Gasto Público Nacional, con las implicancias que ello tiene sobre la reducción del déficit fiscal. Veamos.
Ley de Movilidad Jubilatoria: indexación pasada en tiempos de desinflación
En diciembre de 2015, cuando asume el gobierno de Cambiemos, uno de los principales objetivos que se propuso fue equilibrar las cuentas públicas debido al preocupante nivel de déficit fiscal primario (3,7% del PBI) heredado de la gestión anterior. A tal fin, el Ejecutivo armó un esquema de metas fiscales que, de acuerdo con los postulados iniciales, el rojo primario debía reducirse gradualmente para lograr un equilibrio entre los recursos y las erogaciones primarias nacionales en 2019 (luego dicha meta fue corregida a -2,2% del PBI).
Ante la elevada presión fiscal que afecta a nuestra economía, la estrategia del oficialismo para lograr el equilibrio no ha sido aumentar impuestos sino reducir las erogaciones del sector público en términos del PBI. Considerando los últimos doce meses, los principales componentes del gasto primario son: las erogaciones sociales (51%), el gasto en personal (14%), los subsidios (12%) y gastos de capital (9%). Aunque todos los grupos eran posibles objetos de ajuste, el contexto político y económico delimitó el accionar del gobierno.
En lo que respecta específicamente al gasto social ajustado por la movilidad jubilatoria (que asciende 45% de las erogaciones primaras en los últimos doce meses), resulta inflexible: tanto los ajustes nominales del beneficio como los parámetros de acceso a las prestaciones están definidos por Ley, de modo que cualquier modificación que el gobierno quisiera hacer sobre este tipo de gasto necesitaría de su aprobación en el Congreso. Pero además de su rigidez, este tipo de gasto tiene la particularidad de que, bajo ciertas condiciones, puede generar una carga creciente.
La fórmula que establece la Ley de Movilidad Jubilatoria considera las variaciones de los recursos de ANSES y de los salarios de la economía del semestre o los últimos doce meses pasados, lo cual hace que una parte importante de estos incrementos estén influenciados por la dinámica inflacionaria pasada. Pero además del rezago que existe en la propia fórmula (para el aumento de septiembre se usó la información del primer semestre del año o de todo el 2016), la dinámica de los salarios formales influye sobre este cálculo de manera directa (a través del índice salarial), o indirecta vía los ingresos de la ANSES (en 2016 más del 55% de dichos recursos vinieron de aportes y contribuciones a la seguridad social[1]).
Dado que los acuerdos salariales suelen negociarse una vez al año mirando en parte a la inflación pasada, el rezago temporal que afecta la movilidad podría ser incluso mayor. Por caso, las variaciones salariales que se tomaron para el cálculo de la Movilidad fueron las de enero-junio de 2017, más cercanas a la dinámica inflacionaria de 2016.
En un contexto de desaceleración de la inflación, esto resulta beneficioso para los sectores que ajustan sus ingresos a dicha fórmula (a la inversa en procesos de aceleración inflacionaria como 2014 y 2016). Sin embargo, la contracara del aumento de los ingresos sociales en términos reales es la suba del gasto del Sector Público Nacional.
El panorama se vuelve más complejo si se tiene en cuenta que no sólo una proporción significativa del gasto primario está indexada a la evolución de los precios del pasado, sino que además la dinámica de sus ingresos está sujeta principalmente a la inflación actual, lo que lleva a un desfasaje entre el aumento de las erogaciones que ajustan por Ley de Movilidad y los recursos tributarios que tienden a profundizar el déficit fiscal.
Por caso, a modo de ejercicio teórico, puede verse que una dinámica en que los gastos previsionales se mueven de acuerdo a la inflación pasada, mientras que el resto de las erogaciones y los recursos lo hacen de acuerdo a la nominalidad vigente, se deriva que por cada punto de desaceleración de la tasa anual de inflación se genera un aumento del déficit primario de 0,1 puntos porcentuales del PBI (producto del desfasaje de la Ley de Movilidad Jubilatoria). Por lo tanto, en un contexto como el de este año donde se espera una baja de alrededor 15 puntos de la inflación, ello generaría un cargo adicional de 1,5% del PBI para las cuentas fiscales. Vale destacar que, este efecto parcial estaría vigente (aunque en menor cuantía) en 2018 y 2019 si se logra consolidar un sendero descendente de inflación.
El efecto que contrarresta parcialmente este fenómeno es el crecimiento de los ingresos del sector público que genera la mejora de los ingresos reales de los sectores beneficiados por la Ley de Movilidad Jubilatoria. A esto se suma los beneficios económicos del descenso de la inflación. Estos argumentos han sido mencionados por el oficialismo a la hora de transmitir optimismo sobre la situación fiscal, pero es muy complejo cuantificar su impacto.
En síntesis, la reducción del déficit fiscal prevista en el mediano plazo por el gobierno exige un esfuerzo mayor en un contexto de desinflación: lograr que los gastos primarios crezcan en línea con la inflación cuando 45% del mismo lo hace por encima (por el rezago de la Ley de Movilidad Jubilatoria en un contexto de desaceleración del alza de precios), exige una reducción sostenida del 55% de las erogaciones primarias restantes.
¿Es posible llegar al equilibrio fiscal?
Está claro que reducir el déficit fiscal en un contexto de elevada presión tributaria exige cierta racionalización del gasto. Sin embargo, esta tarea no es nada sencilla: la indexación pasada de una parte sustantiva de las erogaciones primarias (la mayor parte de las prestaciones sociales ajusta por la Ley de Movilidad) en un contexto de desinflación complica al gobierno, ya que se ve forzado a trabajar sobre los restantes gastos. Entre estos destacan: los subsidios, las remuneraciones de los empleados públicos y la obra pública.
Recortar subsidios a los servicios públicos implica subir tarifas, lo que genera aumento de precios. Acotar sueldos o la cantidad de empleados públicos es políticamente costoso y tiene un impacto acotado en las cuentas públicas Nacionales (en las provincias el gasto en personal roza el 50%, pero a nivel nacional desciende al 14%). Por último, achicar la obra pública en un país con un elevado déficit de infraestructura (cloacas, rutas, etc.) no luce óptimo. El crecimiento es la variable que ayuda a reducir el déficit minimizando costos, pero es muy difícil que la economía crezca sostenidamente sin antes resolver sus desequilibrios.
[1] Sin considerar contribuciones figurativas, excepto la masa de recursos pre-coparticipables. Vale destacar que el cálculo de ajuste incluye el 15% de la masa coparticipable que ANSES está devolviendo a provincias.
About The Author
