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El FMI respaldó el programa financiero de Milei y avaló la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a enviar una señal de respaldo al rumbo económico del Gobierno argentino. El organismo avaló el programa financiero 2026-2027 presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y expresó su apoyo a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una de las iniciativas institucionales que el presidente Javier Milei considera centrales para consolidar el proceso de estabilización macroeconómica.

El pronunciamiento se produjo durante una conferencia de prensa encabezada por la vocera del FMI, Julie Kozack, quien destacó que la estrategia oficial aporta previsibilidad sobre el financiamiento del sector público y fortalece las condiciones para recuperar el acceso de Argentina a los mercados internacionales de crédito.

“Celebramos su publicación. Una mayor transparencia y previsibilidad en torno a la financiación del sector público y la acumulación de reservas apoyará la confianza del mercado”, sostuvo Kozack al referirse al programa presentado por el Ministerio de Economía.

La funcionaria consideró además que el esquema diseñado por el equipo económico constituye un respaldo a la estrategia de normalización financiera impulsada por la administración de Milei. En ese sentido, señaló que el plan de financiamiento contribuirá a que el país recupere de manera sostenible el acceso al mercado voluntario de deuda, uno de los objetivos que persigue el Gobierno para reducir gradualmente su dependencia de organismos multilaterales.

La evaluación coincide con la postura expresada días atrás por Luis Caputo, quien sostuvo que el regreso a los mercados internacionales no constituye un objetivo en sí mismo, sino una herramienta adicional que el Gobierno utilizará únicamente cuando las condiciones financieras resulten convenientes. Desde el FMI compartieron esa visión y remarcaron que preservar flexibilidad sobre los tiempos y modalidades de una eventual emisión de deuda fortalecerá aún más la credibilidad del programa económico.

El respaldo a la reforma del Banco Central

Uno de los puntos más relevantes de la conferencia estuvo vinculado a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, iniciativa que el Gobierno considera un pilar institucional para evitar que futuras administraciones vuelvan a financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria.

Consultada sobre el proyecto, Kozack sostuvo que el FMI considera positiva una reforma que fortalezca la autonomía de la autoridad monetaria y limite su utilización como fuente de financiamiento del Tesoro.

“Una reforma fortalecería las salvaguardas institucionales del Banco Central que protegen su independencia política y aclararía el mandato del BCRA. Esto mejorará la rendición de cuentas y la transparencia, además de reducir las vulnerabilidades derivadas del dominio fiscal, es decir, cuando el Banco Central financia al Gobierno”, explicó la vocera.

El organismo considera que reforzar la independencia institucional del BCRA constituye un elemento clave para consolidar la baja de la inflación y fortalecer la credibilidad de la política monetaria, uno de los principales objetivos del programa económico acordado entre Argentina y el Fondo.

Las declaraciones del FMI se alinean con los anuncios realizados por Javier Milei, quien anticipó que la reforma modificará profundamente el funcionamiento de la autoridad monetaria. Entre los cambios previstos figura la eliminación de las facultades que actualmente permiten asistir financieramente al Tesoro.

El Presidente incluso adelantó que el nuevo texto buscará incorporar sanciones penales para quienes autoricen financiamiento monetario al Estado. “Se va a prohibir explícitamente, y con sanciones penales, violentar la independencia del Banco Central financiando al fisco”, había afirmado recientemente.

Georgieva visitará Argentina a fines de julio

Durante la conferencia, Kozack confirmó además que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, realizará una visita oficial a la Argentina hacia fines de julio, en el marco de una gira regional que también incluirá Uruguay.

Será la primera visita de Georgieva al país desde que asumió la conducción del organismo y marcará un nuevo gesto político hacia la administración de Milei, en momentos en que el Gobierno busca consolidar el cumplimiento del programa económico y avanzar en nuevas reformas estructurales.

Según explicó la vocera, el viaje permitirá mantener un intercambio directo con el Presidente y las principales autoridades económicas sobre los avances alcanzados, los desafíos pendientes y las perspectivas de mediano plazo.

“La visita refleja nuestro compromiso cercano y constructivo con Argentina. Será una oportunidad para intercambiar opiniones sobre el progreso, los desafíos y las oportunidades del país, además de escuchar las distintas visiones de la sociedad argentina”, sostuvo Kozack.

El respaldo explícito al programa financiero, el aval a la reforma institucional del Banco Central y la próxima visita de la máxima autoridad del organismo configuran una nueva etapa en la relación entre el FMI y el Gobierno argentino. Para el mercado, estas señales fortalecen la percepción de continuidad del programa económico y aportan mayor previsibilidad en un contexto donde la consolidación fiscal, la acumulación de reservas y el regreso al financiamiento voluntario continúan siendo los principales desafíos de la política económica.

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Milei acelera la reforma del Banco Central: busca blindar por ley la prohibición de financiar al Tesoro

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El presidente Javier Milei reunió este miércoles en Casa Rosada a los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza para definir la hoja de ruta legislativa del segundo semestre y anunció uno de los proyectos económicos más ambiciosos de su gestión: una reforma integral de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de impedir que la autoridad monetaria vuelva a financiar al Tesoro mediante emisión de dinero.

La iniciativa, que el mandatario elabora junto a equipos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, apunta a consolidar institucionalmente uno de los pilares del programa económico libertario: eliminar la asistencia monetaria al déficit fiscal y restringir las funciones del Banco Central a la preservación del valor de la moneda.

La propuesta retoma conceptos que Milei expuso recientemente en la Fundación Faro, donde cuestionó el rol que adquirió el BCRA tras la reforma impulsada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Según la visión del Presidente, aquella modificación transformó a la entidad en un instrumento de política económica al ampliar sus objetivos y flexibilizar los mecanismos para asistir financieramente al Estado.

El cambio más relevante de aquella reforma fue la modificación del artículo 3 de la Carta Orgánica. Hasta entonces, la misión primaria del Banco Central era “preservar el valor de la moneda”. Desde 2012, ese mandato fue reemplazado por un esquema de objetivos múltiples que incorporó la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, ampliando el margen de intervención de la autoridad monetaria.

Para el oficialismo, esa redefinición institucional terminó habilitando un uso recurrente de la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento del gasto público. En particular, cuestiona la flexibilización de los Adelantos Transitorios previstos en el artículo 20, herramienta mediante la cual el Banco Central pudo transferir recursos al Tesoro cuando éste enfrentaba restricciones de financiamiento.

Desde la óptica del Gobierno, esa dinámica fue uno de los factores estructurales que alimentaron décadas de inflación crónica, pérdida del poder adquisitivo y deterioro de la moneda nacional. “Por cualquier motivo podía emitirse dinero”, sostuvo Milei en su exposición, donde además insistió en que el Banco Central debe recuperar exclusivamente la función de defender el valor del peso.

La reforma buscará, en consecuencia, restringir severamente la capacidad del BCRA para financiar al sector público y reforzar su misión como autoridad monetaria independiente. Aunque el Gobierno aún no difundió el texto definitivo del proyecto, en la Casa Rosada admiten que la intención es revertir buena parte de las modificaciones introducidas hace catorce años y otorgar un marco legal permanente al esquema de disciplina monetaria que actualmente aplica el Ministerio de Economía.

Una agenda legislativa que combina reformas económicas y políticas

El encuentro fue convocado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien además presentó las prioridades parlamentarias para los próximos meses y agradeció a los legisladores oficialistas por el respaldo a las iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo.

Además de la reforma del Banco Central, el Gobierno buscará avanzar con una amplia reforma política, modificaciones al régimen de Zona Fría y cambios al proyecto de Inocencia Fiscal elaborado por el Ministerio de Economía.

En materia electoral, el oficialismo pretende eliminar las PASO obligatorias, incorporar definitivamente el criterio de Ficha Limpia, flexibilizar el financiamiento privado de campañas, modificar aspectos de la boleta única y eliminar la obligatoriedad del debate presidencial.

Respecto del régimen de Zona Fría, la intención oficial es focalizar los subsidios al gas natural únicamente en los hogares vulnerables de las provincias incorporadas en 2021, mientras que la Patagonia, la Puna y Malargüe conservarían el beneficio pleno.

En paralelo, Economía impulsa modificaciones al régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias para ampliar el universo de contribuyentes alcanzados y facilitar la formalización patrimonial.

Consolidar el programa económico por vía legislativa

La decisión de avanzar sobre la Carta Orgánica del Banco Central refleja la intención del Gobierno de transformar en legislación permanente los principales ejes de su programa económico. Si durante el primer año y medio de gestión el ajuste fiscal, la eliminación del financiamiento monetario y la desaceleración inflacionaria se apoyaron principalmente en decisiones administrativas y de política económica, ahora la estrategia apunta a blindar esos cambios mediante reformas legales que dificulten una eventual reversión por futuras administraciones.

En ese marco, la modificación del funcionamiento del BCRA aparece como una de las reformas institucionales más profundas que buscará impulsar el oficialismo en el Congreso, junto con los cambios políticos y tributarios que integran la agenda legislativa para el segundo semestre. La apuesta de Milei es convertir el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria en principios permanentes del sistema económico argentino, limitando por ley la utilización de la emisión como herramienta de financiamiento del Estado.

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Impuesto a los combustibles: el Gobierno autoriza un aumento parcial de $22 por litro de nafta y $31 por litro de gasoil

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La política de actualización gradual de los impuestos sobre los combustibles suma un nuevo capítulo. Mediante el Decreto 562/2026, el Gobierno nacional modificó el cronograma previsto para la actualización de los tributos que gravan la nafta y el gasoil, manteniendo la estrategia de diferir parte de la carga fiscal para reducir el impacto inmediato sobre los precios en surtidor.

La medida posterga nuevamente una parte de los incrementos acumulados correspondientes a las actualizaciones previstas por la Ley 23.966, que se calculan trimestralmente según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En lugar de trasladar la totalidad del ajuste desde julio, el Ejecutivo resolvió aplicar únicamente una fracción y dejar el resto para el 1 de agosto de 2026.

Para el entramado productivo, la decisión tiene una lectura que va más allá del surtidor. El combustible representa uno de los principales costos transversales de la economía argentina: impacta sobre el transporte de cargas, la logística de exportación, la producción agropecuaria, la industria y el comercio.

En provincias como Misiones, donde buena parte de la actividad económica depende del transporte terrestre de largas distancias, cualquier variación en el precio del gasoil repercute sobre toda la cadena de costos, desde la producción primaria hasta la distribución comercial.

Un incremento parcial para contener el traslado a precios

El decreto establece que durante todo julio regirá únicamente una actualización parcial de los impuestos.

Los incrementos fiscales fijados son:

  • Naftas: aumento de $21,192 por litro en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y $1,298 en el impuesto al dióxido de carbono.
  • Gasoil: incremento de $18,959 por litro en el impuesto específico, $10,266 correspondientes al tratamiento diferencial y $2,161 por dióxido de carbono.

La actualización completa de los remanentes acumulados durante 2024, los primeros dos trimestres de 2025 y parte de 2026 quedó reprogramada para los hechos imponibles que se produzcan desde el 1 de agosto, salvo que el Gobierno vuelva a modificar el cronograma, una práctica que se repitió durante los últimos meses.

Una herramienta para administrar el impacto inflacionario

Aunque los impuestos a los combustibles tienen una actualización prevista por ley, el Poder Ejecutivo viene utilizando decretos para escalonar su aplicación.

La lógica económica detrás de esta decisión responde a dos objetivos simultáneos: Por un lado, evitar que un incremento tributario significativo acelere la inflación mensual mediante un aumento inmediato de los combustibles. Por otro, mantener cierta previsibilidad sobre los costos de transporte para los sectores productivos mientras continúa el proceso de desaceleración inflacionaria.

El propio decreto fundamenta la decisión en la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, combinando el objetivo de equilibrio de las cuentas públicas con una implementación gradual de la carga impositiva.

La postergación parcial del impuesto no elimina futuros aumentos, pero sí distribuye su impacto en el tiempo, permitiendo una planificación más gradual de costos operativos.

Para el sector privado, los principales efectos son menor presión inmediata sobre los costos logísticos durante julio. Reducción del impacto inflacionario derivado del precio de los combustibles. Persistencia de incertidumbre respecto del ajuste previsto para agosto. Mayor previsibilidad de corto plazo para industrias, transportistas y cadenas comerciales.

Un alivio transitorio que mantiene pendiente el ajuste fiscal

La estrategia oficial no implica una reducción de impuestos, sino un diferimiento de su aplicación.

Eso significa que la presión tributaria prevista por la legislación permanece vigente, aunque distribuida en distintos momentos para amortiguar sus efectos sobre la inflación y el consumo.

Desde la óptica fiscal, el Estado posterga parte de la recaudación potencial; desde la mirada empresarial, se evita un incremento más pronunciado del costo operativo en un solo mes.

El principal interrogante pasa por agosto. Si el cronograma establecido en el decreto se cumple sin nuevas modificaciones, el mercado enfrentará la aplicación del remanente acumulado de las actualizaciones impositivas. La decisión que adopte el Gobierno dependerá del comportamiento de la inflación, la evolución del precio internacional del petróleo y la estrategia oficial para sostener la desaceleración de los precios sin resignar recursos fiscales.

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El dólar oficial cerró junio en $1.500 y superó ampliamente a la inflación

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El dólar oficial cerró junio con una fuerte recuperación y alcanzó los $1.500 para la venta en el Banco Nación, luego de registrar una suba mensual del 5%, muy por encima de la inflación estimada para el período, que las consultoras privadas ubican por debajo del 2%. El movimiento marcó un cambio de tendencia en el mercado cambiario y volvió a instalar el debate sobre las estrategias de cobertura para el segundo semestre del año.

La cotización oficial avanzó cinco pesos en la última rueda del mes, mientras que el tipo de cambio mayorista finalizó en $1.481,50, con un incremento mensual del 5,2%. Aun así, el precio continúa lejos del techo de la banda cambiaria fijado por el Banco Central, actualmente ubicado en $1.806,92, lo que mantiene un amplio margen dentro del esquema de flotación administrada.

La aceleración del tipo de cambio terminó por borrar las ganancias obtenidas durante los últimos meses por las estrategias de carry trade. Quienes apostaron por inversiones en pesos para luego dolarizar sus posiciones registraron pérdidas cercanas al 2,5%, en un contexto donde la apreciación del dólar superó ampliamente el rendimiento obtenido por varios instrumentos financieros de corto plazo.

Detrás de la suba confluyeron diversos factores. La menor liquidación de divisas por parte del complejo agroexportador, la reducción de emisiones de obligaciones negociables en moneda extranjera y un incremento de la demanda de cobertura presionaron sobre el mercado durante todo junio. A ello se sumó la estacionalidad propia del inicio del segundo semestre, cuando disminuye el ingreso de dólares provenientes de la cosecha gruesa y aumenta la incertidumbre financiera.

Los dólares financieros también acompañaron la tendencia alcista. El dólar MEP finalizó el mes en $1.512,05, con un incremento mensual del 5,4%, mientras que el contado con liquidación cerró en $1.561,52, tras avanzar 5% durante junio. En paralelo, el dólar informal concluyó en $1.515, acumulando un aumento cercano al 6%, prácticamente el triple de la inflación esperada para el mes.

En materia cambiaria, el Banco Central moderó el ritmo de intervención. Durante junio compró alrededor de USD 1.371 millones, el volumen mensual más bajo del año, reflejando una menor oferta de divisas en el mercado oficial. Según los datos diarios de la autoridad monetaria, las reservas internacionales se ubicaban en USD 44.873 millones al cierre del 30 de junio, mientras que ese día adquirió otros USD 47 millones en el mercado de cambios.

El fortalecimiento del dólar también se explicó por el reacomodamiento de carteras financieras. La proximidad de importantes vencimientos de deuda en pesos, como el bono CER TZJ26, incentivó el desarme de posiciones en moneda local y elevó la demanda de activos dolarizados. A ello se agregaron factores internacionales, como la apreciación global del dólar frente a otras monedas, fenómeno que también impactó sobre las economías emergentes.

Pese al reciente movimiento, el balance del primer semestre todavía muestra una apreciación relativamente moderada del tipo de cambio oficial, con una suba cercana al 2% desde enero. Durante ese período, las tasas en pesos ofrecieron rendimientos mensuales del orden del 2%, lo que permitió que las colocaciones en moneda local resultaran más rentables que la dolarización. Sin embargo, la recuperación del dólar durante junio modificó parcialmente ese escenario.

Las opiniones entre los analistas continúan divididas respecto de la estrategia más conveniente para los próximos meses. Gustavo Ber considera que el contexto favorece una mayor dolarización de los portafolios ante una esperada reducción de la oferta de divisas. Gustavo Quintana, en cambio, sostiene que la demanda actual responde principalmente a factores estacionales y recomienda prudencia antes de tomar posiciones.

Francisco Díaz Mayer entiende que los actuales niveles no resultan atractivos para comprar dólares con una visión de corto plazo, aunque considera razonable el precio desde una perspectiva de largo plazo. Federico Domínguez mantiene una visión favorable a los instrumentos en pesos, apoyado en el superávit fiscal, el orden monetario y el fortalecimiento del sector exportador.

Desde Cocos Gold, Ian Colombo plantea que la decisión dependerá de la evolución de las tasas de interés. Si los rendimientos en pesos permanecen por encima del 20% anual, el carry trade podría seguir ofreciendo ventajas. En cambio, una reducción adicional de las tasas volvería más atractiva la cobertura cambiaria, especialmente cuando el mercado proyecta un dólar entre $1.630 y $1.650 hacia fin de año.

Otros especialistas, como Juan Pazos, consideran que el segundo semestre podría presentar una dinámica cambiaria relativamente estable gracias a una mayor oferta de granos y una demanda moderada de importaciones. Matías Fernández, de Aurum Valores, señala que el actual nivel del dólar luce elevado en términos reales respecto de meses anteriores, aunque no observa riesgos significativos para la estabilidad cambiaria. En la vereda opuesta, Juan Manuel Truffa, de Outlier, interpreta que el mercado atraviesa un pico estacional y espera una corrección bajista durante las próximas semanas.

Con un riesgo país estabilizado en torno a los 426 puntos básicos y una economía que comienza a transitar un semestre tradicionalmente menos favorable en materia de ingreso de divisas, el mercado seguirá monitoreando la evolución de las reservas, las tasas de interés y la liquidación del sector exportador. La interacción entre esas variables definirá si la reciente suba del dólar representa apenas una corrección transitoria o el inicio de una nueva etapa de mayor volatilidad cambiaria.

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ANSES ajusta 2,15% las asignaciones familiares desde julio

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un incremento del 2,15% en las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los límites de ingresos del grupo familiar que determinan el acceso a estos beneficios. La actualización comenzará a regir para las prestaciones correspondientes a julio de 2026 y replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, siguiendo el esquema de movilidad mensual vigente.

La medida, formalizada mediante la Resolución 187/2026, tiene un alcance que trasciende a los beneficiarios directos. Para las economías regionales, especialmente en provincias como Misiones y el resto del NEA, donde una porción significativa del consumo depende de ingresos provenientes de prestaciones sociales, la actualización representa un refuerzo del ingreso disponible de miles de hogares, aunque en línea con la inflación y sin generar una mejora del poder adquisitivo real.

El ajuste responde al mecanismo de movilidad establecido tras la reforma previsional vigente, que dispone la actualización mensual de las asignaciones familiares utilizando como referencia la evolución del IPC publicado por el INDEC.

Además de incrementar los montos, la resolución actualiza los rangos de ingresos del grupo familiar (IGF) que determinan cuánto percibe cada trabajador registrado, jubilado, monotributista o beneficiario alcanzado por el régimen.

Uno de los aspectos relevantes para empleadores y áreas de recursos humanos es que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $3.034.844 mensuales, el grupo queda excluido del cobro de asignaciones familiares, aun cuando la suma total de ingresos permanezca por debajo del límite general establecido.

Cuáles son los principales montos desde julio

Entre las prestaciones con mayor alcance se destacan los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones familiares para trabajadores registrados.

Los principales valores serán:

  • AUH y Asignación por Embarazo: $148.049.
  • AUH Zona Patagónica: $192.464.
  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $74.033.
  • Asignación por Hijo con Discapacidad: hasta $241.041, según ingresos familiares.
  • Nacimiento: $86.295.
  • Matrimonio: $129.209.
  • Adopción: $515.930.
  • Ayuda Escolar Anual: $55.672.

Para los monotributistas, las asignaciones por hijo y prenatal continuarán diferenciándose por categoría:

  • Categoría A: $74.033.
  • Categoría B: $49.940.
  • Categoría C: $30.206.
  • Categorías D a H: $15.586.

Impacto en el consumo y en las economías regionales

Aunque el incremento mantiene el poder de compra frente a la inflación, su efecto económico adquiere mayor relevancia en localidades donde las transferencias sociales representan una parte importante de los ingresos familiares.

En el NEA, el aumento alcanza no sólo a titulares de la AUH, sino también a trabajadores registrados, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), veteranos de guerra, perceptores de prestaciones por desempleo y pequeños contribuyentes adheridos al Monotributo.

Desde la perspectiva comercial, estas actualizaciones sostienen parte del consumo de bienes esenciales —alimentos, medicamentos, indumentaria escolar y productos de primera necesidad—, segmentos con fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas regionales.

Qué cambia para empleadores y trabajadores

La resolución también actualiza los parámetros utilizados para determinar el acceso a las asignaciones familiares dentro del empleo formal.

Entre los aspectos que deberán considerar empresas y trabajadores figuran actualización del 2,15% en todos los montos alcanzados por movilidad. Nuevos rangos de ingresos familiares para calcular las asignaciones. Exclusión automática del beneficio cuando un integrante supere ingresos mensuales de $3.034.844. Vigencia para prestaciones y hechos generadores ocurridos desde julio de 2026.

La continuidad del esquema de actualización mensual consolida un mecanismo que evita el rezago de las prestaciones frente a la inflación, pero también implica que los ingresos de los beneficiarios evolucionen al ritmo de los precios y no por encima de ellos. Para el comercio minorista y las economías regionales, el principal indicador será si la desaceleración inflacionaria permite que futuras actualizaciones comiencen a traducirse en una recuperación efectiva del consumo interno.

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