“Es solo un rumor”, confirmó un dirigente de Cambiemos. Pero el rumor cobró fuerza en las últimas horas y ya es un secreto a voces: el flamante ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere tiene preparado el decreto para volver a desregular el mercado yerbatero. Por estas horas, circulan especulaciones en los despachos oficiales de la provincia, confirmadas por algunos industriales yerbateros de Corrientes y Misiones consultados por Economis.

Así, los pequeños productores que empezaron el año cortando rutas por los bajos precios, recibirían el 2018 con un escenario aún más complejo. La noticia ya llegó a las oficinas de las principales yerbateras, que conocen la intención del ex presidente de la Sociedad Rural, que va en línea con la “libre competencia” que pregona el presidente Mauricio Macri. En Cambiemos admiten que la medida fue solicitada por ejecutivos de un par de industrias yerbateras.

Sin embargo, los principales dirigentes de Cambiemos en Misiones, incluido el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Alberto Ré, quieren por lo menos minimizar el impacto del decreto, que elimina la razón de ser del propio INYM, nacido al calor del tractorazo de pequeños productores en 2001, justamente para fijar el precio del producto y controlar que se cumpla. “Yo defiendo a los misioneros. Mi idea es que el productor trabaje en el agro y gane para vivir dignamente. No me asusta subsidiar para lograr sustentabilidad a futuro”, confió uno de los dirigentes misioneros con llegada el circulo presidencial. Una idea es limitar la desregulación únicamente a la canchada y no a la hoja verde.

Llamativamente, la ley “reguladora”, promulgada el 14 de marzo de 2002, fue redactada por el radical Raúl Solmoirago, hoy militante de la alianza gobernante.

¿Por qué minimizar el impacto? La última vez que el mercado yerbatero estuvo desregulado fue entre 1991 y 2001. Domingo Cavallo fue el promotor de la desregulación económica y así desapareció la Comisión Reguladora de la Yerba Mate que custodiaba con mejor o peor suerte el mercado desde 1935.  El 31 de octubre de 1991 Carlos Menem anunció por cadena nacional la promulgación de un decreto de desregulación de la economía que, según sus propias las palabras, tenía por objetivo “romper la telaraña del Estado prebendario, asfixiante y arbitrario que trabó la vida productiva nacional con un conjunto de innecesarias regulaciones”. El mismo argumento que se utiliza ahora.

Las consecuencias para el pequeño productor fueron desastrosas. Por eso, apenas conocida la noticia, los productores de varios puntos de la provincia comenzaron a comunicarse para evaluar el escenario y las acciones a seguir si se confirma la idea de la desregulación.

Desde 1991, año de la desregulación, hasta 1995 los precios se mantuvieron relativamente estables debido a ciertas condiciones de demanda que generaron cierta escasez de materia prima. Entre tanto la liberalización de la producción permitía implantar cuantas hectáreas de yerba se quisiera. Este hecho tuvo como consecuencia una elevación tanto de la superficie implantada como del volumen de la producción total. La superficie cultivada con yerba mate se incrementó en cerca de 25.000 hectáreas entre 1989 y 2001.

Pero desde 1996 los precios de la materia prima tuvieron una notoria caída: el kilogramo de hoja verde que en 1990 se pagaba a un promedio de 0,19 centavos, se pagaba en 1996 a 0,13 y continúa esta tendencia en la caída del precio al productor hasta alcanzar los 0,06 pesos en 2001.

En cambio durante el mismo período, la evolución de precios de la yerba mate elaborada para el consumo registra un saldo positivo, con el consecuente incremento en los márgenes de ganancia de las industrias molineras y las empresas comercializadoras. Es decir, desde la desregulación, y en particular desde 1996, se observa, con la caída de los precios de hoja verde pagados al productor y el aumento de los precios en góndola, un aumento de la concentración de la ganancia producida por toda la cadena de valor en algunos pocos eslabones: en las empresas que elaboran y comercializan la yerba mate como bien final, concretamente: en molineros e hipermercados.

Un estudio de la Universidad Nacional de Rosario revela que en 1990 el sector productivo se apropiaba del 30 por ciento de la renta mientras que el resto de los sectores (secaderos, molienda y comercialización) del 70 por ciento restante. En 2001, el año de la crisis, y último del período de desregulación, los sectores productivos participaban con un 9,09 por ciento y el resto de la cadena 90,91 por ciento. Este fue el año en que el precio de kilo de hoja verde pagado al productor llegó a su mínimo histórico 0,06 pesos (lo mismo que salía un chicle en aquél tiempo).

Para 2006, ya con el INYM funcionando hay una mejora en la distribución del ingreso al interior de la cadena. En este año los productores recuperan su nivel de participación previo a la desregulación con un 31,45 por ciento y los “otros sectores” el 68,55 por ciento de la renta. En 2011 la distribución de la renta muestra algo curioso. La apropiación de los sectores productivos en términos porcentuales cae al 28,87 por ciento y la del resto de la cadena aumenta a 71,13 por ciento pero en términos absolutos crece la renta apropiada por ambos con respecto al año 2006.

La desregulación favoreció la concentración y perjudicó a los pequeños productores. Por eso, los dirigentes misioneros de Cambiemos apuestan a “un gradualismo” en la desregulación. Es decir, que hasta un determinado porcentaje de hectáreas, haya un precio fijado por el INYM y después, si, libre competencia.

Las próximas horas pueden ser decisivas. Mañana habría un encuentro entre Etchevehere, Ré y dirigentes de Cambiemos que buscarán al menos morigerar el impacto de la decisión tomada.

La liberación del precio de la yerba implicaría poner fin al sistema que dio origen al INYM en el 2002, por el cual este organismo -integrado por representantes de todos los sectores de la cadena- fija dos veces al año el precio de la materia prima, tanto para la yerba canchada como para la hoja verde.

La ley 25.564 dice en su artículo 4, que el organismo debe “acordar semestralmente entre los distintos sectores el precio de la materia prima. El mismo resultará de un acuerdo en el INYM, en la cual mediante acta pertinente los sectores deben respetar. El incumplimiento del mismo hará pasible al infractor de multas. Si las partes no llegan a un acuerdo la cuestión se debe someter al arbitraje del Secretario de Agricultura, quien debería laudar”.

La realidad del funcionamiento del INYM indica que en 16 años fueron muy pocas las veces que logró acordar entre las partes, un valor para la materia prima. La enorme mayoría de las veces fue Agroindustria la que tuvo que laudar, definiendo el precio -sobre la base de los costos de producción-, de la yerba verde y canchada.

Con esta medida, Agroindustria estaría liberándose de la carga política de tener que definir un valor, que normalmente enfrente a productores e industriales.

Esta medida podría ser una muy mala noticia para los colonos misioneros, muchos con pocas hectáreas y una producción poco eficiente que los sometería al libre juego de la oferta y la demanda.

Con la liberación de los precios, los pequeños productores solo serían beneficiados en las pocas campañas donde la materia prima es escasa, una situación que se da cada 20 años y dura solamente por un par de campañas.

En tanto, desde la industria apoyan la liberación del precio de la materia prima.

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