El análisis de la evolución de las plantaciones de yerba mate en Misiones y Corrientes entre 2016 y 2025 muestra con una claridad difícil de discutir que el problema estructural del sector no es la falta de producción, sino exactamente lo contrario: un crecimiento demasiado rápido y demasiado concentrado de la superficie implantada, en un contexto donde el propio Estado fue perdiendo -y ahora renunciando formalmente- a las herramientas para ordenarlo. En ese período, el área total del país pasó de 165.326 a 231.352 hectáreas, lo que implica un aumento cercano al 40 por ciento en menos de una década. Ese proceso, lejos de ser gradual, se aceleró con fuerza a partir de 2021 y luego se frenó de manera abrupta en 2024 y 2025, cuando el crecimiento interanual cayó primero al 3,64 por ciento y luego al 0,48 por ciento. En términos económicos, esa secuencia es típica de un mercado que entra en saturación: primero se expande rápidamente y luego se detiene porque ya no puede absorber más oferta sin que los precios se deterioren.

Dentro de ese proceso, Misiones juega un papel absolutamente determinante. En 2016 concentraba 144.118 hectáreas de yerba mate y en 2025 alcanzó las 203.692, lo que significa un incremento de casi 60.000 hectáreas, es decir, un crecimiento del 41,3 por ciento. Medido como índice con base 2016, Misiones llega a 141,3, muy por encima de Corrientes. Esto confirma que la expansión del sistema yerbatero fue empujada casi por completo desde territorio misionero y que, en consecuencia, allí se genera también el grueso del excedente que hoy presiona a la baja los precios de la hoja verde, señala el estudio realizado por el diputado Cristian Castro.

Corrientes, en cambio, muestra una dinámica distinta. Pasó de 21.209 hectáreas en 2016 a 27.661 en 2025, un crecimiento del 30,4 por ciento, significativo pero claramente menor al de Misiones. Además, desde 2023 se observa una meseta e incluso una leve retracción en el último año. Esto sugiere una conducta productiva más conservadora o condicionada por límites agroecológicos y empresariales más claros, lo que refuerza la idea de que la sobreoferta que hoy atraviesa al sector no se origina allí, sino en Misiones.

La comparación directa entre ambas provincias vuelve aún más nítido este desequilibrio. A partir de 2022, Misiones empieza a crecer más rápido que Corrientes, ampliando la brecha relativa. En términos prácticos, esto significa que el núcleo del problema yerbatero está localizado en Misiones y que cualquier política de ordenamiento, sostenibilidad o regulación del mercado debería concentrarse allí, porque es en esa provincia donde se define el equilibrio global del sistema.

Pero este proceso de expansión acelerada ocurre, además, en un momento particularmente delicado desde el punto de vista institucional. El mercado yerbatero no solo se expandió sin planificación: también fue perdiendo, por decisión política, los instrumentos que permitían moderar, ordenar o amortiguar ese crecimiento. El Decreto 812/2025 del Gobierno Nacional prohibió expresamente al Instituto Nacional de la Yerba Mate intervenir en la oferta y la demanda, lo que implica, en los hechos, que ya no puede cupificar, regular volúmenes ni definir tiempos de cosecha con criterios de equilibrio de mercado.

Esa lógica de desregulación acaba de profundizarse con la Resolución 146/2025 del propio INYM, que abrogó y modificó una serie de normas históricas para alinearse con el nuevo marco de “libre iniciativa”. Entre los cambios más relevantes se eliminó la Resolución 37/2007, que impedía la cosecha y secanza durante el período de brotación, una herramienta clave para ordenar el flujo de materia prima y proteger los ciclos biológicos del cultivo. Desde ahora, según el propio organismo, el respeto por esos ciclos quedará librado a la “responsabilidad de cada operador”, es decir, al mercado y no a la regulación.

También se desmanteló buena parte del sistema sancionatorio. Se derogó la Resolución 15/2003, que tipificaba infracciones, y se eliminó la Resolución 103/2017, que permitía inhabilitar de manera inmediata a un operador que no tuviera en regla la documentación de movimientos de materia prima durante una inspección. A partir de ahora, incluso la falta de presentación de declaraciones juradas ya no genera una baja automática, sino que habilita un sistema de intimaciones previas. El propio directorio del INYM reconoció en los considerandos que esta es solo la primera etapa de una “depuración” normativa más amplia, destinada a remover todo aquello que pueda ser considerado una interferencia con la libertad de mercado.

En este contexto, la señal que emiten los datos de 2024 y 2025 es aún más preocupante. Cuando el crecimiento de la superficie cae por debajo del uno por ciento anual, como ocurrió en 2025, el sistema entra en una fase de saturación en la que cualquier nueva producción tiende a transformarse directamente en presión sobre los precios. Y eso ocurre ahora en un mercado que ya no tiene herramientas públicas para ordenar la cosecha, regular los volúmenes o administrar los tiempos de ingreso de hoja verde.

En definitiva, los números y las decisiones regulatorias convergen en un mismo punto: la crisis de la yerba mate no es un problema de falta de demanda ni de coyuntura climática, sino el resultado de una expansión desordenada de hectáreas -especialmente en Misiones- combinada con un proceso de desregulación que dejó al sector sin instrumentos de equilibrio. Sin cupos, sin control de nuevas plantaciones, sin regulación de la cosecha y con un sistema punitivo debilitado, la dinámica actual tiende a castigar al productor primario, favorecer la concentración aguas abajo y consolidar un excedente estructural que vuelve crónica la inestabilidad. En ese escenario, más hectáreas ya no significan más ingresos: significan más oferta sin control y un mercado cada vez más desigual.