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Crisis en la yerbatera de Puerta: despidos, salarios atrasados y menor actividad

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La crisis de la cadena yerbatera de Misiones comienza a trasladarse con mayor intensidad desde las chacras hacia las plantas industriales y el empleo. En San José, Yerbatera Misiones SRL, vinculada a la familia del exgobernador Ramón Puerta, concretó ocho despidos sobre una plantilla de 35 trabajadores y atraviesa dificultades financieras que afectan el pago de salarios, aguinaldos y la compra de materia prima.

La situación adquiere una dimensión mayor por el lugar que ocupa la planta dentro de la cadena de valor según informa el sitio iProfesional. La empresa realiza tareas de secado, canchado y empaque a fasón para grandes compañías y, según la información aportada por fuentes sindicales, desde sus instalaciones se procesan productos de Nobleza Gaucha y Cruz de Malta, dos marcas de fuerte presencia en el mercado argentino.

El ajuste laboral podría profundizarse. Desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) sostienen que la empresa proyectaría reducir su dotación hasta unos 15 trabajadores. De concretarse, significaría una reducción de casi el 60% de los puestos directos actuales y convertiría a la planta en uno de los focos más visibles del deterioro que atraviesa la industria yerbatera.

El problema no se limita a los despidos. El atraso en la liquidación de sueldos y aguinaldos se combina con una severa restricción de liquidez que habría interrumpido la adquisición de hoja verde a productores de la zona. “Hoy la fábrica está paralizada porque no hay hoja verde para procesar”, señalaron voceros sindicales.

La falta de materia prima constituye, en este contexto, una consecuencia directa de una crisis que atraviesa distintos eslabones simultáneamente. Cuando el productor no encuentra un precio que permita cubrir sus costos, el secadero pierde volumen, la industria reduce su actividad y la menor producción termina impactando sobre el empleo. La dificultad de una planta industrial deja así de ser un problema exclusivamente empresarial y pasa a comprometer el funcionamiento de una cadena productiva regional.

El cambio regulatorio y el nuevo escenario para la cadena yerbatera

El trasfondo se encuentra en la transformación del esquema de regulación del mercado yerbatero. Los cambios impulsados por el Gobierno nacional redujeron las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), incluyendo la capacidad de establecer precios de referencia para la hoja verde y la materia prima canchada.

En el nuevo escenario, los productores quedaron expuestos a una mayor presión negociadora de los compradores. La caída de los valores pagados por la materia prima, combinada con costos productivos elevados, redujo el margen disponible en las chacras y tensionó progresivamente la relación entre productores, secaderos y molinos.

El problema se trasladó también al funcionamiento del propio sistema de fiscalización. Los cambios en la estructura del INYM y la reducción de personal vinculada a las tareas de control agregaron otro elemento de incertidumbre para una actividad cuya cadena requiere seguimiento sobre volúmenes, origen y condiciones comerciales.

La advertencia de la Provincia apunta precisamente a ese efecto dominó. El ministro del Agro de Misiones, Facundo López Sartori, señaló que sin un piso de referencia para la hoja verde “el pequeño productor no puede cosechar y los secaderos se quedan sin volumen de procesamiento”.

La ecuación industrial se vuelve todavía más compleja cuando se incorporan los costos energéticos y financieros. Las plantas yerbateras necesitan electricidad para sostener procesos de secado, molienda, transporte interno y empaque. Con tarifas más elevadas y dificultades para acceder a crédito a tasas razonables, una empresa con menor volumen de ventas tiene menos margen para absorber aumentos de costos fijos.

A esa presión se suma la evolución de la demanda. El consumo de yerba mate atraviesa un período de debilidad y las empresas de distribución habrían extendido los plazos de pago hacia las industrias, llevando operaciones a períodos de 90 y 120 días. Para una planta con problemas de liquidez, esa extensión transforma una caída comercial en un problema financiero.

De la crisis de precios al riesgo de concentración

El caso de Yerbatera Misiones SRL expone una de las principales consecuencias potenciales del actual escenario: la posibilidad de que la crisis termine acelerando la concentración de la actividad industrial.

Una industria con menor capacidad financiera enfrenta dificultades para comprar materia prima, sostener el empleo, financiar capital de trabajo y afrontar costos energéticos mientras espera el cobro de sus ventas. Si esa combinación persiste, las empresas de menor escala pierden capacidad para competir y aumenta la posibilidad de que el procesamiento quede progresivamente concentrado en actores con mayor espalda financiera.

La señal es especialmente relevante para Misiones porque la yerba mate no constituye solamente una actividad agropecuaria. Es una cadena territorial que articula productores, secaderos, molinos, transportistas, trabajadores industriales, comercios y proveedores de servicios. Una interrupción en un eslabón puede multiplicar sus efectos sobre los demás.

Por eso, el desafío de corto plazo no pasa solamente por evitar nuevos despidos en una planta determinada. La discusión de fondo es cómo preservar el entramado productivo mientras se atraviesa una etapa de menor consumo, precios deprimidos de la materia prima, costos industriales elevados y restricciones financieras.

La respuesta, en términos de política productiva, requiere actuar sobre varios frentes al mismo tiempo: recuperar previsibilidad en la relación entre productores e industria, facilitar capital de trabajo para las empresas, reducir el impacto de los costos críticos y sostener mecanismos eficaces de fiscalización. La eventual declaración de emergencia en las zonas más afectadas o medidas de alivio fiscal que evalúa la Provincia aparecen dentro de ese debate.

El caso de San José funciona así como una señal de alerta para toda la cadena. Los ocho despidos ya concretados son el dato inmediato, pero el riesgo mayor está en que la crisis deje de ser un episodio puntual y se convierta en una dinámica de cierre de plantas, pérdida de empleo y concentración industrial.

En una economía regional donde miles de familias dependen directa o indirectamente de la yerba mate, sostener la actividad no implica únicamente preservar empresas. Significa evitar que el deterioro de un precio en origen termine transformándose, varios eslabones después, en menos trabajo, menor capacidad industrial y una estructura productiva más concentrada y vulnerable.

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INYM: denuncian irregularidades en la selección de cargos y apuntan al regreso de una gerenta desplazada

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La gestión del libertario Rodrigo Correa al frente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), suma un nuevo foco de tensión interna. Esta vez, la controversia se concentra en los mecanismos utilizados para seleccionar autoridades y cubrir cargos estratégicos dentro del organismo, con cuestionamientos que alcanzan al área de Recursos Humanos y a una consultora privada que interviene en las búsquedas.

En el centro de las objeciones aparece Edit Posdeley, responsable de Recursos Humanos del INYM y cercana al presidente del organismo. Fuentes del sector yerbatero sostienen que existirían vínculos entre Posdeley y la consultora privada encargada de realizar búsquedas destinadas a cubrir posiciones dentro del Instituto.

El caso adquiere mayor relevancia porque una de las posiciones en juego sería nada menos que la Gerencia General. Según pudo reconstruir Economis, la candidata que aparece con mayores posibilidades es Rosana Biale, quien ya ocupó ese cargo en el INYM y posteriormente fue desplazada del organismo.

Ahora, Biale regresaría con respaldo de sectores industriales. Fuentes vinculadas al Instituto aseguran que el proceso estaría avanzado y que la exgerenta ya mantuvo una reunión personal con Correa. Su eventual designación, sin embargo, todavía debería pasar por el Directorio.

En el sector yerbatero también vinculan a Biale familiar y profesionalmente con actores de peso dentro de la industria y señalan su cercanía con empresas ubicadas entre las de mayor volumen de ventas del mercado interno. Son relaciones que, ante una eventual designación, podrían alimentar el debate sobre los equilibrios que exige la conducción de un organismo en el que conviven productores, cooperativas, secaderos, trabajadores e industriales.

Las búsquedas que encendieron las alarmas

El 14 de julio, la firma Dichi Recursos Humanos publicó en sus redes sociales dos búsquedas laborales para Posadas: Contador/a Senior y Especialista en Proceso Agroindustrial.

Los avisos no identifican públicamente a la institución contratante. Sin embargo, fuentes del sector consultadas aseguran que estarían relacionados con vacantes del INYM: una de ellas vinculada con la Gerencia General y la restante destinada al área de Inspección, Control y Gestión de Calidad.

La controversia surge por el presunto vínculo entre la responsable de Recursos Humanos del Instituto y la consultora que lleva adelante el proceso.

De confirmarse esa relación y una participación de la funcionaria en decisiones posteriores sobre las mismas contrataciones, se abriría un potencial conflicto de intereses: una misma persona quedaría vinculada, directa o indirectamente, tanto con la estructura externa encargada de seleccionar candidatos como con el área interna que interviene en la incorporación de personal.

Las fuentes críticas de la conducción describen esta situación como estar “de los dos lados del mostrador”.

El cuestionamiento ganó además volumen después de que la misma consultora difundiera una actividad de “atención presencial exclusiva para empresas” realizada el viernes 7 de agosto en Gobernador Virasoro, Corrientes, cuya publicación incluía una fotografía de Posdeley.

El debate jurídico y ético

El INYM es un ente de derecho público no estatal creado por la Ley 25.564 y, por las características de sus funciones y del manejo de recursos públicos, sus decisiones se encuentran sujetas a obligaciones administrativas y principios de transparencia.

Quienes cuestionan el procedimiento sostienen que una eventual intervención de una funcionaria en decisiones relacionadas con una empresa privada con la cual mantiene vínculos podría colisionar con los principios de imparcialidad y prevención de conflictos de intereses que rigen la función pública.

La discusión remite, entre otras normas, a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N.º 25.188, que establece deberes y pautas destinadas a evitar que intereses particulares interfieran en el ejercicio de responsabilidades públicas.

Para determinar la existencia concreta de una incompatibilidad o infracción administrativa sería necesario establecer documentalmente cuál es el vínculo entre la funcionaria y la consultora, bajo qué modalidad fue contratada la firma, quién autorizó su intervención y qué participación tuvo o tendrá Recursos Humanos del INYM en las decisiones finales.

Es precisamente esa trazabilidad administrativa la que reclaman quienes cuestionan el procedimiento.

De los concursos a una mayor discrecionalidad

El conflicto también pone nuevamente sobre la mesa un cambio más profundo en el funcionamiento interno del Instituto.

Hasta fines de 2025, el ingreso y la cobertura de determinados cargos se apoyaban en concursos de antecedentes y oposición, un mecanismo pensado para privilegiar la idoneidad profesional y reducir el margen para designaciones discrecionales.

La dinámica comenzó a modificarse con la Resolución 152/25, del 30 de diciembre de 2025, que otorgó mayores facultades a la Presidencia.

Entre otras disposiciones, su artículo 7.º habilitó al presidente a crear la Secretaría Privada de Presidencia y designar a una persona de confianza mediante un contrato a plazo fijo, encargando al Departamento de Asuntos Jurídicos la elaboración del instrumento correspondiente.

Para los sectores críticos, aquella modificación abrió la puerta a una creciente concentración de decisiones en la figura del presidente y debilitó el esquema de selección basado en antecedentes, concursos y carrera interna.

El antecedente Miño

No es la primera vez que la política de incorporaciones de la nueva conducción genera controversias.

Uno de los antecedentes fue el intento de incorporar al veterinario y excandidato a concejal por La Libertad Avanza Samuel Miño al frente del Área Técnica, sin concurso previo.

La designación finalmente no avanzó después de que el caso tomara estado público y generara cuestionamientos dentro y fuera del Instituto.

Para quienes cuestionan la gestión, aquel episodio y las actuales búsquedas forman parte de una misma lógica: reemplazar progresivamente cuadros técnicos y profesionales de carrera por personas identificadas o cercanas a la nueva conducción.

El clima dentro del INYM también se habría deteriorado en los últimos meses.

Fuentes conocedoras del funcionamiento del Instituto describen tensiones con empleados y profesionales de carrera que cuestionan decisiones de la actual administración por considerar que se alejan del espíritu y de los lineamientos establecidos por la Ley 25.564.

En ese contexto se inscriben las salidas de quienes encabezaban las áreas Técnica y de Modernización, que terminaron en renuncias, además de las tensiones que atraviesan otros sectores del organismo, entre ellos Promoción.

La sospecha instalada entre los críticos de Correa es que existe una decisión política de avanzar gradualmente sobre posiciones estratégicas para colocar funcionarios identificados con la nueva conducción y con La Libertad Avanza.

Por detrás de las designaciones aparece una disputa institucional todavía más importante: el alcance de las facultades que el Directorio delegó en la Presidencia del INYM.

El Directorio había incorporado en un orden del día la revisión de esas atribuciones, en medio del creciente malestar por la concentración de decisiones.

La iniciativa, sin embargo, no prosperó. Según fuentes del sector, la ausencia a último momento de un director representante de la Producción, considerado cercano a la gestión Correa, impidió reunir la mayoría necesaria para modificar el esquema vigente. Su voto era determinante.

Así, las amplias facultades de la Presidencia permanecieron intactas. La discusión excede entonces los nombres propios. El eventual regreso de Rosana Biale, las búsquedas realizadas mediante una consultora privada, los cuestionamientos sobre Recursos Humanos y las frustradas designaciones anteriores forman parte de una pelea más amplia por el control de un organismo que, desde la desregulación de la actividad yerbatera impulsada por el Gobierno nacional, perdió herramientas centrales de intervención pero conserva funciones sensibles de fiscalización, promoción, estadísticas y administración sectorial.

En un mercado atravesado por una fuerte puja entre productores e industria, quién ocupa cada silla del INYM -y mediante qué procedimiento llega a ella- dejó de ser una discusión meramente administrativa para convertirse en una cuestión de poder dentro de la cadena yerbatera.

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El INYM eliminó restricciones para adquirir estampillas y creó un plazo de gracia para DDJJ

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El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) profundizó su proceso de simplificación administrativa con dos resoluciones que modifican aspectos centrales de la relación entre el organismo y los operadores del sector. Las medidas apuntan a reducir cargas burocráticas, otorgar mayor previsibilidad a productores, cooperativas, secaderos y molinos, y acompañar la política nacional de desregulación sin resignar las facultades de fiscalización.

Las Resoluciones 85 y 88, publicadas en el Boletín Oficial, representan un cambio en la lógica regulatoria del Instituto: dejan de priorizar controles formales que podían obstaculizar la actividad y avanzan hacia un esquema que mantiene la fiscalización, pero elimina requisitos considerados innecesarios para el desarrollo comercial.

Uno de los cambios más relevantes establece un plazo de gracia para la presentación de declaraciones juradas y demás trámites administrativos. A partir de ahora, las DDJJ, recursos, descargos y cualquier otra documentación sujeta a vencimiento serán consideradas presentadas en término si ingresan hasta las 9 de la mañana del primer día hábil posterior al vencimiento.

La decisión surgió luego de que la Subcomisión de Legislación, Fiscalización y Control analizara expedientes sancionatorios vinculados con presentaciones consideradas extemporáneas y concluyera que, en numerosos casos, los operadores habían cumplido dentro de un margen razonable que justificaba la desestimación de las imputaciones.

El nuevo criterio busca adaptar la gestión administrativa a la realidad de un sistema completamente digitalizado. El INYM reconoce que la utilización del Portal del Operador no puede traducirse en una pérdida de garantías para quienes realizan sus presentaciones electrónicas, especialmente cuando inconvenientes técnicos o demoras mínimas podían derivar en procesos sancionatorios.

La resolución también obliga al Área de Informática del Instituto a adecuar el Portal del Operador para que las presentaciones efectuadas hasta las 9 horas del día hábil siguiente no sean registradas automáticamente como fuera de término, otorgando coherencia entre la normativa y el funcionamiento de los sistemas.

La flexibilización, sin embargo, tiene límites precisos. El plazo de gracia no alcanza a las obligaciones económicas. Los pagos de multas, de la Tasa de Inspección y Fiscalización y de la tarifa correspondiente al Convenio de Corresponsabilidad Gremial de la Actividad Yerbatera deberán continuar realizándose dentro de los plazos originalmente establecidos, sin excepciones.

Menos restricciones para acceder a estampillas

La segunda modificación impacta directamente sobre la operatoria comercial de las empresas elaboradoras. El Directorio derogó uno de los requisitos exigidos para adquirir las estampillas oficiales que acreditan el pago de la Tasa de Inspección y Fiscalización.

Hasta ahora, cada operador únicamente podía solicitar estampillas en función del promedio mensual de ventas declaradas durante los tres meses anteriores. Ese mecanismo funcionaba como un límite administrativo que condicionaba el crecimiento comercial, ya que impedía anticipar incrementos en la producción, responder rápidamente a aumentos de demanda o abastecer nuevos mercados.

Con la Resolución 88/2026 ese requisito desaparece. Desde ahora, los operadores ya no estarán sujetos a ese techo basado en antecedentes históricos para adquirir estampillas, aunque continuarán vigentes todos los demás controles previstos por el Instituto para garantizar el pago de la tasa y la trazabilidad de la producción.

El INYM fundamentó la eliminación de esta exigencia en el proceso de revisión normativa impulsado tras el Decreto 812/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, que instruyó al organismo a eliminar regulaciones que pudieran generar barreras de entrada, distorsiones en el mercado o interferencias en la libre competencia dentro de la cadena yerbatera.

Desde la perspectiva económica, la modificación elimina un cuello de botella que podía afectar principalmente a empresas en expansión, nuevos emprendimientos o firmas que lograban abrir mercados de exportación o incrementar significativamente sus ventas.

Un cambio de enfoque regulatorio

Las dos resoluciones muestran un cambio en la filosofía administrativa del INYM. El organismo mantiene intactas sus funciones de control y fiscalización, pero elimina mecanismos que, según su propio análisis, habían dejado de ser indispensables para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Yerba Mate.

Para la cadena productiva, especialmente en Misiones y Corrientes, las medidas implican menos burocracia, mayor previsibilidad y una reducción del riesgo de sanciones derivadas de cuestiones meramente formales. En un contexto de creciente competencia y necesidad de ganar eficiencia, la simplificación de procesos administrativos puede traducirse en menores costos operativos y mayor capacidad de respuesta frente a cambios en la demanda.

La reforma no modifica aspectos estructurales del mercado yerbatero, como la fiscalización de la producción o el pago de la tasa que financia al Instituto, pero sí redefine la relación entre el regulador y los operadores, privilegiando una administración más ágil y orientada a facilitar la actividad económica sin abandonar las herramientas de control.

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Passalacqua ratificó su rechazo a la reforma de la Ley de Tierras y defendió el rol del Estado

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La discusión sobre el futuro de la propiedad de la tierra volvió a instalarse en la agenda política nacional y encontró una respuesta contundente desde Misiones. Durante un encuentro con representantes del sector yerbatero, el gobernador Hugo Passalacqua ratificó su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la Ley de Tierras, al considerar que una mayor apertura a la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros podría afectar el control de recursos estratégicos y la planificación del desarrollo provincial.

El pronunciamiento se produjo en el marco de una reunión en Casa de Gobierno con asociaciones de productores, cooperativas, sindicatos rurales y representantes del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), convocada para analizar la crisis que atraviesa la cadena yerbatera. Sin embargo, el debate trascendió la coyuntura del sector y derivó en uno de los temas que hoy genera mayor tensión entre las provincias y la Nación: la administración del territorio y la autonomía sobre los recursos naturales.

Según información oficial otro de los temas abordados durante la reunión fue el proyecto nacional que propone modificar la Ley de Tierras y ampliar el porcentaje permitido para la adquisición de propiedades rurales por parte de extranjeros.

En ese marco, el gobernador reiteró su rechazo a la iniciativa y sostuvo que Misiones no acompañará medidas que comprometan el control sobre sus recursos estratégicos y su territorio. Por último, advirtió que “si el Estado no está” se pierde el equilibrio entre las dinámicas del mercado y las necesidades del conjunto de la sociedad.

La posición del mandatario se apoya en una característica estructural de Misiones. La provincia registra una de las mayores participaciones de tierras en manos de capitales extranjeros del país, una realidad que históricamente alimentó el debate sobre los límites a la concentración de la propiedad rural y la preservación del dominio local sobre áreas consideradas estratégicas.

El ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, reforzó esa postura al señalar que la provincia mantendrá una posición firme frente al proyecto nacional. “Misiones es una de las provincias que tiene más tierra en manos extranjeras, así que el gobernador fue contundente: no vamos a acompañar la ley de tierras”, afirmó tras el encuentro.

El posicionamiento provincial se inscribe en una discusión de mayor alcance sobre el federalismo y las competencias de las provincias en la administración de sus recursos. Para la gestión misionera, la tierra no constituye únicamente un activo económico, sino también un componente central de la planificación territorial, la producción agropecuaria, la conservación ambiental y el arraigo de las comunidades rurales.

La defensa de la Ley de Tierras se articuló con otro de los ejes centrales de la reunión: la crisis de la actividad yerbatera. Productores presentaron un anteproyecto para establecer un precio mínimo sostén para la hoja verde, en respuesta a la pérdida de las facultades regulatorias del INYM. En ese contexto, Passalacqua reiteró su respaldo a la recuperación de las atribuciones del organismo y aseguró que continuará impulsando herramientas para proteger a quienes sostienen la principal economía regional de Misiones.

“Siempre estoy del lado de aquellos que producen”, expresó el gobernador, al tiempo que insistió en que la provincia continuará trabajando junto con los distintos sectores para construir alternativas mientras persista el vacío regulatorio generado por las modificaciones nacionales sobre el INYM.

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Crisis yerbatera: Sand volvió a pedir una ley de emergencia con precio sostén para frenar el colapso del sector

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La crisis de la producción yerbatera en Misiones sumó un nuevo capítulo político e institucional. Tras reunirse con el obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) confirmó que impulsará un proyecto de ley de emergencia provincial para establecer un precio mínimo sostén para la hoja verde, mientras la Iglesia convocará a una mesa de diálogo con productores, tareferos y distintos actores sociales.

El encuentro dejó en evidencia que el conflicto ya excede la discusión por el precio de la materia prima. Para los productores, la caída de los ingresos amenaza la supervivencia de miles de familias rurales y pone en riesgo la economía de los pueblos del interior misionero.

Hugo Sand, referente de APAM, aseguró que la desregulación del mercado tras la pérdida de facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) provocó una transferencia de recursos desde los pequeños productores hacia los grandes compradores. Según afirmó, el sector dejó de percibir alrededor de 200.000 millones de pesos por año, situación que atribuyó a la eliminación del mecanismo que regulaba los precios.

“El mercado de la yerba es imperfecto. Hay una posición dominante de unas pocas empresas que concentran más de la mitad del mercado. Nunca van a competir entre ellas para mejorar el precio al productor; por el contrario, terminan acordando valores más bajos”, sostuvo Sand.

Desde APAM plantean que el mercado, por sí solo, no garantiza una remuneración justa para quienes producen la materia prima. Por eso proponen una legislación provincial que establezca un precio mínimo obligatorio, calculado sobre el costo real de producción, incluyendo gastos laborales, previsionales y un margen razonable de rentabilidad.

Actualmente, explicó Sand, el kilo de hoja verde se paga entre 230 y 280 pesos, mientras que el valor de equilibrio debería ubicarse por encima de 700 pesos si se toma como referencia histórica el equivalente a 50 centavos de dólar. Si el cálculo se actualiza por inflación, el precio superaría los 1.100 pesos por kilo, según las estimaciones de la entidad.

“La diferencia ya no es una discusión de unos pesos más o menos. Estamos frente a un problema humanitario”, advirtió.

La iniciativa que APAM presentará propone que sea el Poder Ejecutivo provincial el que determine periódicamente ese precio sostén mediante estudios técnicos realizados por organismos oficiales, evitando que quede exclusivamente sujeto a la negociación entre industrias y productores.

El dirigente también confirmó que solicitarán formalmente la declaración de la emergencia yerbatera y que continuarán reclamando la recuperación de las herramientas regulatorias del INYM, aunque reconoció que, mientras esa discusión continúa en la Justicia y en el ámbito político nacional, resulta imprescindible que la Provincia intervenga con instrumentos propios.

En ese contexto, Sand valoró el acompañamiento del gobernador Hugo Passalacqua en los planteos judiciales contra la desregulación, aunque pidió avanzar ahora con medidas concretas para proteger a los pequeños productores.

Uno de los principales resultados de la reunión con el obispo Martínez fue el compromiso de avanzar en una mesa institucional de diálogo, que reúna a productores, tareferos, organizaciones sociales, representantes políticos y distintos sectores económicos.

Desde APAM consideran que la Iglesia puede desempeñar un rol clave para construir consensos y visibilizar la dimensión social de la crisis, que ya afecta no solo al sector primario sino también al comercio, el empleo y la actividad económica de numerosas localidades del interior de Misiones.

Sand destacó que la convocatoria realizada por el obispo permitió reunir a representantes de diferentes zonas productivas y fortalecer un mensaje común: la necesidad de construir soluciones colectivas frente a una crisis que amenaza la sustentabilidad de la principal economía regional de la provincia.

El dirigente también vinculó la situación yerbatera con otros debates nacionales sobre la propiedad de la tierra, los recursos naturales y el modelo de desarrollo, al sostener que las políticas actuales favorecen la concentración económica mientras debilitan a la agricultura familiar.

Para APAM, el desafío inmediato pasa por transformar el reclamo sectorial en una política pública que garantice ingresos mínimos para quienes producen la materia prima, evitando un mayor deterioro social en las zonas rurales. Con el respaldo de la Iglesia y el impulso de una futura mesa de diálogo, los productores buscan instalar que la crisis yerbatera dejó de ser exclusivamente económica para convertirse en una cuestión de interés social y humanitario para toda Misiones.

Productores esperando ser recibidos por el Gobernador de Misiones

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