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El INYM abrió el proceso para renovar su Directorio y fijó el 23 de octubre como fecha límite

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El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) puso en marcha el proceso para renovar la representación de los sectores privados y sindicales que integran su Directorio y fijó el 23 de octubre de 2026 como fecha límite para que las entidades y asociaciones yerbateras se inscriban o actualicen su documentación en el registro habilitado para participar de la elección de los representantes.

La convocatoria fue formalizada mediante la Resolución 99/2026, publicada este martes 8 de septiembre, y alcanza a las organizaciones que representan a los sectores industrial, productor primario, cooperativo, trabajadores rurales y secaderos. El procedimiento constituye el paso previo para definir a los directores titulares y suplentes que ocuparán las representaciones privadas durante el próximo período.

La decisión adquiere especial relevancia para la institucionalidad de la actividad yerbatera, ya que el Directorio del INYM constituye su máximo órgano de decisión y reúne a representantes de distintos eslabones de la cadena junto con delegados de los gobiernos nacional y provinciales. La renovación se produce en un contexto en el que el funcionamiento y las atribuciones del organismo continúan siendo un punto central para productores, cooperativas, secaderos e industrias.

La normativa establece que las entidades que ya forman parte del registro deberán actualizar la documentación presentada oportunamente, mientras que aquellas que todavía no estén inscriptas deberán iniciar el trámite para quedar habilitadas a participar del proceso de designación.

El objetivo inmediato de la convocatoria es ordenar y actualizar el padrón de organizaciones que cuentan con derecho a intervenir en la conformación de la representación privada del organismo. Para ello, el INYM exige que las entidades acrediten su personería jurídica vigente, presenten memoria y balance correspondientes al último ejercicio y acompañen las actas que demuestren la vigencia de sus autoridades y la aprobación de los últimos estados contables.

Para las organizaciones que se incorporen por primera vez existe, además, un requisito adicional: deberán demostrar una antigüedad mínima de cuatro años en su funcionamiento, conforme lo establecido por el Estatuto del INYM. La exigencia busca garantizar que quienes participen de la conformación del Directorio sean entidades con una trayectoria institucional acreditada dentro de la actividad.

La documentación deberá presentarse en original o mediante copia certificada por escribano o juez de paz. El incumplimiento de los requisitos o la falta de inscripción en el registro dejará a las entidades fuera del procedimiento de designación de los representantes del sector.

El plazo vence el 23 de octubre de 2026, inclusive, y la presentación deberá realizarse de manera presencial en la Mesa de Entradas del INYM, ubicada en Rivadavia 1515, primer piso, Posadas, de lunes a viernes, entre las 7 y las 14.

Una instancia clave para la representación de la cadena

La convocatoria no constituye todavía la elección de los nuevos directores, sino la etapa administrativa necesaria para determinar qué entidades estarán habilitadas para participar posteriormente del mecanismo de designación.

La Ley 25.564 establece que los representantes de los sectores privados y sindicales permanecen dos años en sus funciones. Una vez vencido el mandato, pueden continuar hasta que sean designados sus reemplazantes, aunque esa prórroga no puede superar los seis meses. De allí que la actualización del registro sea un paso institucional relevante para evitar que el proceso de renovación quede condicionado por cuestiones formales.

El esquema también contempla la designación de suplentes junto con los titulares y por el mismo período. En consecuencia, la actualización documental no es un trámite meramente administrativo: determina qué organizaciones estarán en condiciones de intervenir en la construcción de la representación sectorial que tendrá participación en las decisiones del organismo.

Desde una perspectiva de gestión, el proceso ofrece también una oportunidad para que las entidades revisen su situación jurídica, contable y estatutaria y lleguen a la instancia de designación con su documentación regularizada. En una cadena productiva donde conviven empresas industriales, productores, cooperativas, secaderos y organizaciones de trabajadores, contar con una representación institucional formalmente habilitada resulta determinante para canalizar intereses y propuestas dentro del organismo.

El INYM dispuso que la convocatoria tenga amplia difusión en Misiones y Corrientes, además de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el sitio institucional del organismo. La intención expresada en la resolución es garantizar publicidad, transparencia e igualdad de acceso al procedimiento.

El próximo hito, por lo tanto, será el 23 de octubre. Hasta esa fecha, las entidades deberán concentrarse en completar o actualizar sus antecedentes para quedar incorporadas al registro. Recién después de esa instancia quedará definido el universo de organizaciones habilitadas para participar en la renovación de las representaciones privadas y sindicales del Directorio del INYM.

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Sturzenegger cerró la puerta a cambios en la yerba: “El foco está en exportar, no en cobrar un precio que la yerba no tiene”

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Federico Sturzenegger ratificó en Puerto Iguazú, en el corazón turístico de la principal provincia productora de yerba mate del país, una definición que difícilmente cause satisfacción entre los productores misioneros: el Gobierno nacional no piensa modificar la política de desregulación del sector.

En diálogo con Economis, durante el encuentro organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el ministro de Desregulación y Transformación del Estado defendió el nuevo esquema del mercado yerbatero y rechazó la idea de que la crisis del precio de la materia prima deba resolverse mediante una nueva intervención estatal.

La respuesta llegó en un momento especialmente sensible. Mientras Sturzenegger participaba del encuentro empresario en Iguazú, productores yerbateros volvían a manifestarse por los valores que reciben por la hoja verde y una parte del sector atribuye directamente el deterioro de sus ingresos a la pérdida de las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate.

Sturzenegger planteó otra lectura. “Me parece que tenemos un sector yerbatero que está con récord de producción, está con récord de exportaciones. Definitivamente, el futuro de la industria es la expansión del mercado de exportación, que es infinito”, sostuvo.

Para el funcionario, la penetración prácticamente universal que alcanzó la infusión en el mercado doméstico demuestra que el desafío ya no pasa por encontrar consumidores dentro de la Argentina, sino fuera de sus fronteras.

“No hay ningún motivo por el cual la industria yerbatera le pueda vender yerba al 96 por ciento de las familias argentinas y no pueda hacer lo mismo en todo el resto del mundo con el producto espectacular que tiene”, afirmó.

Y enseguida lanzó una de las frases más fuertes de la entrevista: “Tenemos que poner el foco en ese crecimiento y no necesariamente en cobrarle a los argentinos un precio que la yerba no tiene”.

La discusión, sin embargo, tiene una frontera que en Misiones resulta decisiva: una cosa son los números agregados de producción, ventas y exportaciones y otra es la situación económica del productor que entrega la hoja verde.

Economis le planteó precisamente esa diferencia. La expansión de la industria y de los mercados externos no necesariamente implica que todos los eslabones de la cadena atraviesen la misma situación. El pequeño productor enfrenta hoy el deterioro del precio de su materia prima en un mercado con abundante oferta.

Sturzenegger sostuvo la lógica de mercado. “Todas las industrias tienen sus distintos eslabones y sus distintos participantes y eso genera un precio, que es el que está en el mercado”, respondió.

No hubo, en ese punto, una promesa de intervención específica para recomponer el ingreso del productor primario. La propuesta nacional vuelve a aparecer más adelante en la cadena: hacer crecer el mercado para ampliar la demanda.

“El Gobierno nacional está 100 por ciento a disposición de la industria para el desarrollo de los mercados de exportación. Me parece que tenemos que apostar a lo grande”, insistió.

Economis fue entonces directamente a la definición política: ¿puede haber un cambio en la política nacional para la yerba mate?

La respuesta fue terminante. “No, no, no”.

Sturzenegger descartó así una revisión del rumbo desregulador y desplazó nuevamente la discusión desde el precio de la hoja verde hacia la ampliación del negocio yerbatero.

“Nosotros vamos a estar siempre codo a codo para ayudar a la industria, desarrollar la industria de exportación. Estamos desarrollando muchísimos nuevos mercados y me parece que el foco está ahí”, aseguró.

La definición tiene peso político porque se produce en Misiones y en plena discusión sobre las consecuencias del nuevo esquema yerbatero. Desde la entrada en vigencia de las reformas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, el INYM perdió herramientas centrales de intervención económica, entre ellas la capacidad de fijar precios obligatorios para la materia prima.

Para Sturzenegger, esa regulación no es el camino que permitirá resolver el problema estructural de la actividad.

Su apuesta es otra: más mercado, más exportaciones y más productos derivados de la yerba mate.

El ministro también planteó que la internacionalización de la yerba no debería limitarse a exportar el paquete tradicional que consumen argentinos, paraguayos, uruguayos y parte del mercado regional.

“El producto tampoco necesariamente tiene que venderse de la manera que lo consumimos en Argentina”, señaló.

Allí aparece una de las claves de su visión sobre el futuro de la actividad. Sturzenegger mencionó expresamente la posibilidad de desarrollar bebidas energizantes, bebidas diuréticas y otros productos derivados, capaces de insertar la materia prima en categorías de consumo mucho más amplias que la infusión tradicional.

“Hay un sinfín de usos que tiene la yerba mate y estoy seguro de que la industria lo va a desarrollar”, afirmó.

Es una apuesta a cambiar la escala del negocio. La Argentina tiene un mercado interno extraordinariamente maduro, pero la yerba todavía posee una participación marginal frente a otras bebidas e infusiones en buena parte del planeta. Para el Gobierno nacional, allí está la oportunidad que debe perseguir el sector.

Dos diagnósticos frente a una misma crisis

La discusión deja expuestas dos miradas que hoy atraviesan a la economía yerbatera.

Desde buena parte del sector primario se reclama recuperar instrumentos capaces de equilibrar una cadena caracterizada por miles de productores frente a una industria mucho más concentrada. El argumento es que aumentar producción o exportaciones no garantiza, por sí solo, una distribución suficiente del ingreso hacia la chacra.

Sturzenegger parte de la premisa contraria: el precio debe surgir del mercado y el Estado debe concentrar sus esfuerzos en remover obstáculos y ayudar a ensanchar la demanda, especialmente mediante las exportaciones.

Mientras los productores que protestan en las afueras del hotel donde se desarrolló el encuentro de finanzas, miran el precio del kilo de hoja verde que sale de la chacra, Nación mira el tamaño potencial del mercado mundial. Uno reclama una respuesta inmediata sobre el ingreso; el otro propone una transformación de escala que necesariamente requiere tiempo, inversiones, innovación comercial y apertura de destinos.

En Iguazú, Sturzenegger dejó claro cuál de esas dos estrategias seguirá el Gobierno nacional. Y puso incluso un horizonte temporal.

Me imagino una industria de la yerba en diez años que es muchísimo más grande que la que tenemos hoy”, aseguró.

Después volvió sobre la misma idea: “Estoy convencido de que en diez años vamos a tener una industria mucho más grande que la que tenemos actualmente”.

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Productores y tareferos presentaron en Diputados la Ley de Emergencia Yerbatera

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Productores y tareferos de distintos puntos de Misiones presentaron este miércoles por la mañana ante la Cámara de Diputados el proyecto denominado “Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera”, una iniciativa construida por organizaciones del sector como respuesta a la crisis que atraviesa la actividad y al debilitamiento de los mecanismos nacionales de regulación.

La propuesta ingresó formalmente a la Legislatura a través de la banca de la diputada Arabela Soler, quien recibió a los representantes de la producción a las 10 en el Poder Legislativo. El proyecto obtuvo el acompañamiento de los bloques “Movimiento por lo que viene”, del “Partido Agrario y Social” (PAyS) y de “Encuentro Misionero”. De esta manera, el proyecto tomó estado parlamentario y quedó habilitado para continuar su recorrido institucional hacia las comisiones correspondientes.

“Es un día que quiere dar cuenta a la sociedad de que hay un grupo organizado que está atravesando una situación muy compleja y tiene la posibilidad de hacer ingresar un proyecto”, sostuvo Soler durante la presentación, al remarcar que la iniciativa fue trabajada durante meses por distintas asociaciones de productores.

La legisladora destacó especialmente que el proyecto surgió desde el propio sector productivo y no como una propuesta diseñada exclusivamente desde la estructura política. “Es un logro fantástico saber que todavía hay personas que se comprometen con las causas, que saben que si las cosas se hacen bien y trabajan, no se quedan solamente en la idea”, señaló.

El proyecto plantea declarar durante 360 días la emergencia de toda la cadena productiva yerbatera, con un alcance específico para los productores que posean hasta 50 hectáreas cultivadas. Según explicó Soler, ese universo representa aproximadamente el 90% de los productores de la provincia, por lo que la herramienta apunta principalmente a preservar la estructura de pequeñas explotaciones familiares.

El eje económico de la iniciativa se encuentra en la creación de herramientas para avanzar hacia un precio mínimo de sostén para la hoja verde, con el objetivo de mejorar la capacidad de negociación de los pequeños productores frente a secaderos e industrias de mayor escala.

La propuesta no plantea establecer un precio único para toda la cadena, sino generar un piso por debajo del cual la materia prima no pueda ser comercializada. El valor debería contemplar los costos de una producción eficiente, las obligaciones laborales, previsionales y fiscales y un margen de rentabilidad para el productor.

El proyecto también incorpora mecanismos de fiscalización, regularización y sanciones para garantizar el cumplimiento del esquema. La lógica planteada es que el precio mínimo tenga respaldo institucional y que el Estado provincial disponga de herramientas concretas para intervenir cuando se produzcan operaciones por debajo de ese umbral.

La iniciativa fue elaborada por los propios productores junto con su asesor jurídico, Federico Padolsky, y había sido socializada previamente durante la reunión que representantes del sector mantuvieron con el gobernador Hugo Passalacqua el 30 de julio. En ese encuentro, los productores expusieron la situación de la actividad y el contenido de la propuesta que posteriormente fue llevada al Parlamento.

El trasfondo de la iniciativa es el cambio producido en el esquema nacional de regulación de la yerba mate. La fundamentación del proyecto cuestiona el impacto del DNU 70/23, que modificó las atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y dejó al sector primario con menores herramientas para incidir sobre el precio de la materia prima.

Frente a ese escenario, los impulsores de la ley sostienen que la Provincia conserva competencias constitucionales para promover el desarrollo productivo, proteger el trabajo rural y adoptar políticas destinadas a preservar una economía regional estratégica para Misiones.

Para Soler, el desafío consiste ahora en transformar la propuesta elaborada por los productores en una herramienta legislativa viable. El proyecto será analizado en comisión, donde podrá incorporar aportes de otros legisladores y de especialistas vinculados con la actividad.

La diputada también destacó el acompañamiento del legislador Cristian Castro durante el proceso de elaboración de la iniciativa y remarcó que el objetivo de esta etapa no es cerrar el debate, sino abrirlo institucionalmente para alcanzar soluciones concretas.

“Esto sale y se sanciona, hay que ver qué letras se le agregan de parte de otros diputados”, explicó Soler, al plantear que el paso por las comisiones permitirá discutir los mecanismos de aplicación y fortalecer el texto antes de una eventual sanción.

La presentación representa así un intento de trasladar al ámbito institucional una discusión que durante los últimos meses se desarrolló con fuerte intensidad dentro de la cadena yerbatera: cómo recuperar capacidad de negociación para el productor primario cuando el mercado concentra el poder de compra y los mecanismos nacionales de regulación perdieron capacidad de intervención.

En ese sentido, la emergencia propuesta no apunta únicamente a una declaración política, sino a dotar al Ejecutivo provincial de instrumentos de intervención sobre el mercado, con un plazo definido y mecanismos de control. El resultado dependerá ahora del debate legislativo y de la capacidad de convertir esas herramientas en una política efectiva para sostener la producción primaria.

Para una provincia cuya economía tiene en la yerba mate una de sus principales actividades regionales, el desafío es evitar que la caída de rentabilidad termine trasladándose a la estructura productiva de menor escala. La discusión que comenzó este miércoles en la Legislatura buscará precisamente determinar si una respuesta provincial puede generar ese piso de protección y contribuir a preservar a miles de productores que sostienen la actividad desde el territorio.

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Productores y tareferos llevan a Diputados la Ley de Emergencia Yerbatera

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Productores y tareferos de distintos puntos de Misiones presentarán mañana, miércoles 2 de septiembre, el proyecto denominado “Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera” ante la Cámara de Diputados, en Posadas.

Los trabajadores de la yerba mate serán recibidos por la diputada Arabela Soler a las 10 horas en el Poder Legislativo, oportunidad en la que se formalizará el ingreso de la propuesta al Parlamento misionero.

La iniciativa es impulsada por los propios productores y fue elaborada por su asesor jurídico, el abogado Federico Padolsky. Fue socializada en la reunión que mantuvieron con el gobernador Hugo Passalacqua el 30 de julio pasado, de quien recibieron respaldo.

El documento surge como una respuesta institucional ante la grave crisis que atraviesa la principal economía regional de la provincia. Su fundamentación técnica, jurídica y económica detalla el impacto negativo del DNU 70/23 del Gobierno nacional, el cual quitó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad de regular los precios de la materia prima.

Frente al debilitamiento del organismo nacional, el texto advierte que Misiones conserva las competencias constitucionales para promover la producción, el desarrollo regional, la protección del trabajo rural y la defensa del interés público.

Los ejes del proyecto: control, sanciones y rentabilidad

La normativa propuesta faculta al Ejecutivo provincial a fijar un precio mínimo obligatorio para la hoja verde que cubra los costos de producción eficiente, las cargas laborales, previsionales y fiscales, garantizando, además, un margen de ganancia para los productores.

“No se trata de fijar un precio único ni de impedir la libre negociación por encima del mínimo establecido, sino de asegurar un piso jurídico indispensable para evitar la desaparición de miles de explotaciones familiares”, detalla el escrito.

Para garantizar su cumplimiento, la ley incorpora herramientas de fiscalización, regularización de operaciones y sanciones administrativas. Todo lo recaudado por multas se destinará exclusivamente al fortalecimiento de los controles y a la asistencia técnica del sector.

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Misiones asistirá a 14.000 familias tareferas con recursos provinciales

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El Gobierno de Misiones confirmó que en octubre brindará asistencia alimentaria directa a 14.000 familias tareferas, con recursos exclusivamente provinciales. La medida fue anunciada por el ministro de Desarrollo Social, Fernando Meza, quien ratificó el compromiso del Ejecutivo con las economías regionales en un escenario marcado por la crisis de la cadena yerbatera.

La decisión apunta a contener el impacto social de la caída de ingresos que atraviesan los trabajadores vinculados a la cosecha de yerba mate, en un contexto donde la producción primaria perdió referencias de precio y enfrenta mayores dificultades para sostener su rentabilidad.

El universo de beneficiarios fue identificado a partir de un trabajo coordinado con el Ministerio de Trabajo de Misiones, que permitió registrar las cuadrillas de cosecha y detectar a las familias rurales que atraviesan mayores niveles de vulnerabilidad.

La crisis de la yerba ya tiene impacto social

La situación de los tareferos está directamente vinculada con la transformación del esquema de regulación de la actividad yerbatera a nivel nacional. La pérdida de atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para intervenir en la fijación de precios modificó el funcionamiento de la cadena y dejó a la producción primaria con menor capacidad para defender el valor de la hoja verde.

El problema no se limita al productor. Cuando el precio de la materia prima cae por debajo de los niveles necesarios para sostener la estructura productiva, el impacto se traslada hacia los trabajadores rurales que dependen de la cosecha y hacia las localidades cuya actividad económica está estrechamente vinculada con la yerba mate.

En ese punto aparece uno de los principales desafíos de la política pública provincial: sostener la emergencia social sin perder de vista la necesidad de recomponer las condiciones económicas que permiten generar ingresos genuinos en el territorio.

La asistencia como contención ante la falta de aportes nacionales

La ayuda alimentaria anunciada para octubre será financiada con recursos provinciales y alcanzará a las 14.000 familias tareferas registradas. La intervención busca funcionar como una red de contención durante una etapa crítica para los hogares vinculados con el trabajo estacional.

Pero la estrategia provincial no quedará circunscripta a la entrega de alimentos. También se desplegarán acciones de atención médica, vacunación y seguimiento escolar, con el objetivo de atender las consecuencias que la pérdida de ingresos puede generar sobre las condiciones de vida de las familias rurales.

El enfoque permite trasladar la política de asistencia desde una respuesta exclusivamente alimentaria hacia una intervención más amplia sobre salud, educación y protección social. El registro de las familias y cuadrillas constituye, en ese sentido, una herramienta relevante para orientar los recursos hacia quienes efectivamente necesitan acompañamiento.

El desafío de fondo sigue siendo productivo

La asistencia puede amortiguar el impacto inmediato de la crisis, pero no reemplaza los ingresos derivados del trabajo ni resuelve las distorsiones de la cadena yerbatera. La cuestión de fondo continúa siendo la sustentabilidad de la producción primaria y la capacidad de productores y trabajadores para obtener una remuneración que permita sostener la actividad.

Para Misiones, la discusión tiene una dimensión económica y otra social que resultan inseparables. La yerba mate representa una economía regional con fuerte arraigo territorial, mientras que la tarefa constituye una fuente de ingresos para miles de familias durante la cosecha.

En ese escenario, la decisión de la Provincia coloca recursos propios para sostener a 14.000 familias y ampliar la cobertura sanitaria y educativa. El próximo desafío será que esa contención social pueda complementarse con herramientas que permitan recuperar previsibilidad y rentabilidad en la producción primaria, condición necesaria para que la emergencia no se convierta en una situación estructural.

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