Nuestras Voces. Todo comenzó cuando un ex posteó fotos de ella desnuda en la web luego de una separación, lo que se conoce como “revenge porn”. En la calle hombres anónimos la acosaban y ella decidió hacer algo. Por ella y por las miles de mujeres que sufren el acoso digital, que muchas veces se convierte en presencial. La abogada platense Marina Paula Benítez Demtschenko hoy preside la Fundación Activismo Feminista Digital, que enfrenta al machismo en las redes. “La violencia en Internet debemos combatirla las usuarias”.
 

Foto: Mariano Campetella

La abogada platense Marina Paula Benítez Demtschenko comenzó a percibir cierto día un trato extraño de los hombres que se cruzaban con ella en la vía pública. De esas personas recibía, o una mirada libidinosa o, incluso, una agresión física. “Un señor me tomó por atrás y pasó su lengua por mi cara”, rememora Demtschenko. Fue, finalmente, su tío quien le develó el origen del hostigamiento. Su ex pareja había tramado un ataque artero para arremeter contra una separación que no toleraba: compartía en sus redes sociales fotos desnudas de Marina, tomadas entre ellos cuando eran novios. “Era raro, la violencia no la ejercía mi ex pareja, si no que personas anónimas me embatían en la calle. Nadie me daba una respuesta sobre qué hacer. Entonces, mientras me aísle en casa para escapar al acoso callejero comencé a estudiar legislación comparada sobre la divulgación de material fotográfico íntimo, lo que en ese momento se conocía como revenge porn”, detalla Benítez Demtchenko.
Marina Paula Benítez Demtschenko espera a Nuestras Voces en el primer piso de un bar cercano al Congreso. Es un mediodía de verano y los pocos clientes están en planta baja. La ausencia de gente resalta aún más las imágenes de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman que decoran el lugar. Demtschenko – “tengo sangre alemana, ucraniana y polaca, una mezcla difícil”- va a narrar su cruzada militante siglo XXI, donde logra revertir su desventura transformándose en femhacktivista, en un café envuelto con la estética de un ícono cultural del siglo XX. Porque la historia de Marina y la del colectivo que preside, la Fundación Activismo Feminista Digital, tiene los condimentos de un thriller 2.0.
Demtschetsko y sus compañeras se arropan con el pañuelo verde feminista en la tierra de nadie de Internet y se escudan juntas contra, como dice Marina, los machitrolls y la ausencia de políticas públicas contra una violencia particular y novedosa hacia las mujeres. “No hace falta tener un moretón en la cara para demostrar acoso. Buscan doblegarnos en todos lados, también en las redes sociales. No es casual que la franja etárea más atacada en la web vaya de los 22 a los 35 años. Es la edad en que las minas comenzamos, con suerte, a ser más independientes en lo económico. Internet no es sólo un lugar de ocio, ahí nos vinculamos sexoafectivamente, hacemos gala de nuestro saber. Lo machitrolls detestan eso”, puntúa Demtschetsko y, ahora sí, llega por una escalera larga de madera un mozo etiquetado todo de blanco. En sus manos lleva una bandeja circular. Cuando Marina le hace señas; tras él, se ve un retrato en zepia de Bogart.
-¿Cuáles son los casos más típicos de acoso digital hacia las mujeres?
-La violencia digital tiene manifestaciones disímiles porque las tecnologías de la información están en un permanente cambio, actualizándose. Seis años atrás, el principal problema que teníamos pasaba por la divulgación en las redes de material íntimo. En ese momento, el tema cobró trascendencia por los casos de Florencia Peña o Fátima Flórez. Ahora, si bien continúa ese hostigamiento, se han sumado otros acosos en las redes porque, como decía, la violencia digital muta todo el tiempo. Por ejemplo, hay usuarios que comparten filmaciones de abusos sexuales en Internet.
Después, está la violencia ejercida por aquellas personas que, en la jerga, bautizamos como machitrolls. Ellos buscan humillar y avergonzar a sus blancos ejerciendo un ataque sistemático en las redes sociales. ¿Qué hacen dichas cuentas, que pueden ser anónimas o no? Buscan inhibir o censurar la libertad de expresión de la mujer que buscan doblegar. Y lo hacen de forma sistemática. Un usuario ataca a una chica y, tras él, prosigue una oleada de mensajes tóxicos contra esa chica. Es decir, actúan como los trolls políticos pero, acá, el eje es la violencia de género. En concreto, el trollmachista tiene la capacidad de inhibir tanto a la usuaria, que logra autocensurar a la víctima.
-Ustedes vienen recibiendo denuncias y, a partir de esos testimonios, están elaborando estadísticas sobre violencia digital, un campo donde el Estado no tiene estudios propios.
-No sólo hay cero estadísticas en Argentina, también en la región sucede lo mismo. Acuñar el término de violencia digital hacia las mujeres es algo muy nuevito. El tema se ninguneaba, son cosas que pasan en Internet, tierra de nadie, se justifican desde los gobiernos. Pero, repito, los estudios revelan que las mujeres somos focos de ataque preferentes en la web.
El año pasado nos convocaron desde la ONU para colaborar en la Relatoría Especial de Violencia hacia la Mujer. Nos pidieron que, junto a otra organización local, la Asociación para los Derechos Civiles, elaboremos el primer informe de violencia digital en Argentina. Ahí sí pudimos sintetizar los números. En ese sentido, surge que, en principio, la franja etárea que recibe más ataques iba de los 22 a los 35 años. Eso no es gratuito, es el momento de la vida donde las mujeres comenzamos, con suerte, a tener más independencia laboral. Somos más sólidas en lo económico.
En cambio, los últimos relevamientos dibujan otro patrón. El sector más vulnerable, ahora, está compuesto por una banda que va de los 30 a los 48 años, y esto tampoco es casual. Las mujeres más chicas están atravesadas por la marea feminista, conocen mejor sus derechos, no tienen vergüenza para elaborar una denuncia temprana sobre acoso en las redes, son más proactivas.
-¿Las corporaciones de Internet, donde se vehiculizan los acosos mencionados, tienen una actitud colaborativa?
-Dos cuestiones a mencionar. Amnistía  (Internacional) emitió hace poco un documento llamado “Toxic Twitter”, donde revelaba cómo operaba el persistente ataque de los trolls machistas en Inglaterra, y cuya conclusión central era: la libertad de expresión no puede justificar ningún tipo de violencia o acoso. Porque algunos sectores pretenden minimizar el hostigamiento en las redes porque, aducen, no hay violencia física de por medio. Y no es así, no hay que mostrar un moretón en la cara para demostrar que hay afectación de derechos.
Volviendo a la pregunta, la violencia en Internet debemos combatirla las usuarias, no tanto las plataformas porque las redes, de por sí, poseen un régimen de regulación interno para recibir denuncias y filtrar situaciones de violencia. En ese sentido, podemos decir que las plataformas son bastante proactivas. Ahora, en el plano judicial, las compañías se consideran, totalmente, fuera de asumir responsabilidades jurídicas de los contenidos que puedan subir terceros. Y la jurisprudencia argentina va por ese camino.
-¿Qué pasa, como mencionábamos, cuando figuras del espectáculo son afectadas?
-En general, las demandas por divulgación íntima se tramitan en el ámbito civil con la figura de daños y perjuicios, que supone la reparación económica frente a la constatación de un daño resarcible. Igualmente, en esos casos de mayor relevancia pública, las empresas tampoco se hacen cargo por lo sucedido. Sólo asumen responsabilidad si fueron notificadas, previamente, para suprimir ciertos contenidos, y no lo hicieron. Eso dice la Justicia concretamente: la víctima debe notificar vía judicial a la plataforma sobre el hecho sucedido. Eso ya supone otra brecha porque las mujeres tenemos menos acceso a la justicia; más dificultad, económica y de escucha, en el Poder Judicial.
-Han presentado proyectos de ley para, precisamente, fortalecer los derechos de la mujer en el vacío legal actual. ¿En qué consisten y cuál es su estado parlamentario?
-El primer proyecto lo presentamos en el 2017 durante el debate sobre la modificación del Código Penal. Lo elaboramos durante cuatro años porque, como decía, buscamos estar en línea con una problemática que se renueva todo el tiempo. Proponemos penalizar la difusión no consentida de material íntimo, el acoso digital y el hackeo de redes sociales.
La segunda iniciativa parlamentaria fue iniciada el año pasado en pos de incidir en la Ley de Protección Integral hacia las mujeres. Ahí buscamos consagrar la identidad digital femenina y, en consecuencia, proponemos que se combata la violencia digital y la violencia telemática.
-¿Tuvieron receptividad legislativa?
-Con el primer proyecto encontramos mucha resistencia entre los diputados. Trabajamos con la Comisión de Legislación Penal. La diputada presentante fue la legisladora Marcela Passo (Frente Renovador) y la presidenta de la comisión es María Gabriela Burgos (Unión Cívica Radical). Ellas estuvieron en contacto entre sí, le dieron lugar en sus agendas pero encontraron poco interés por parte de otros bloques. En general, los diputados y diputados de la Cámara entienden que la problemática está más vinculada a una falta de educación y, por lo tanto, no pretenden legislar en la materia porque ven en peligro el derecho de expresión. Por eso, el estado parlamentario pende de un hilo.
-¿Hay una lectura diferente por parte del Congreso, o pesa cierto lobby?
-No lo sé; quizás, haya cierto respeto a grandes empresas que son parte de los grupos de poder. Igualmente, el discurso genérico es que está en riesgo la libertad de expresión. Lo que vemos nosotras es que hay mucho resquemor de incorporar al Código Penal figuras que penalicen la violencia contra la mujer, eso es lo central.
A su vez, con el Ejecutivo también tuvimos poca recepción. Intentamos entablar un diálogo con el programa Justicia 2020 del ministerio de Justicia con el objetivo de que nuestras demandas se incorporen a los tipos penales novedosos que, precisamente, la gestión de (Germán) Garavano busca incorporar al Código. Al principio, se mostraron muy preocupados pero, luego, sus respuestas hacia nosotras fueron muy ambiguas. En síntesis, no se muestran interesados desde el ministerio de Justicia.
-¿Y con el segundo proyecto, cómo van?
-Ahí la cosa es distinta porque nos enfocamos en hacer un trabajo regional del tema. Entramos en contacto con organizaciones feministas de otros países sudamericanos, y con el aval de la legisladora María Luisa Storani (Cambiemos) logramos incorporarlo a la agenda del Parlatino. En conclusión, pudimos ver que México, Paraguay y España, por ejemplo, tienen una agenda de políticas públicas más intensas y comprometidas contra la violencia digital.
-Más allá de los ataques individuales, ¿observan una ofensiva de los trolls contra los derechos de la mujer? Es decir, ¿registraron una narrativa agresiva cuando se discutió el derecho al aborto?
-Sí, lo que vemos es que las activistas por los derechos de las mujeres somos un blanco directo de agresión en las redes sociales. Obviamente, lo que se ataca es la posibilidad de expandir nuestra voz. Siempre buscan deslegitimar desde lo personal. El troll machista, en este caso, no te apunta como “gorda lesbiana”, si no que atacan a familiares cercanos, o buscan hackear nuestros teléfonos. Buscan generar un halo de amenaza muy vasto. En la jerga de Internet se conoce como “doxing”, lo que supone la puesta a disposición de terceros de datos personales.
-Los agresores, ¿atacan de forma individual o responden a un colectivo?
-Creo que Internet facilita agrupaciones momentáneas de gente que comparten un objetivo común. Por lo tanto, no necesariamente hay un núcleo articulando al patriarcado. La web tiene esa dinámica tóxica, alguien golpea y, atrás, viene una manada más o menos conectada con ese emisor para profundizar el ataque. En definitiva, los machitrolls se bancan la parada mutuamente.
Ahora bien, ya podemos reconocerlos. Desde la organización pudimos clasificar a los diferentes tipos de trolls. Está el troll facho y macho, que le pega a todo lo que tenga que ver con adquisición de derechos. Después está el exponente cavernícola, que porta mensajes muy agresivos, siempre con elevada connotación sexual. También tenemos la categoría del feministo, que es la persona que ataca y deslegitima desde un supuesto apoyo a nuestra causa. En definitiva, hay varios subgrupos, pero todos buscan lo mismo, pretender clausurar nuestra palabra.
-Por último, ¿Se puede hacer una pedagogía digital inclusiva? Y, en otro aspecto, ¿piensan construir algún tipo de protocolo de acción común para caminar juntas las redes?
-Sí, es parte de nuestras metas. En general, vemos que no hay una comprensión de que el mundo virtual es parte de nuestras vidas, porque Internte no es sólo un espacio de ocio o entretenimiento. En las redes buscamos trabajo, nos vinculamos sexoafectivamente, o nos autorealizamos. Por lo tanto, el espacio digital es parte de nuestras vidas. Y, por eso, también aconsejamos a las compañeras que tengan cuidado con el tono del material que comparten. Porque hay un campo minado en las redes, debemos estar alertas. Y, por eso, también decimos que tenemos que tomar las redes, para proteger nuestros derechos digitales y para incidir e ir hacia un ecosistema digital más sano.
Sobre lo pedagógico, sí, hace falta una alfabetización digital. Primero, para perder el miedo a las tecnologías y ser más autosuficientes con nuestros equipos. Ser más precavidas si llevamos a reparar el teléfono celular, porque estamos entregando nuestros datos a unas manos anónimas. Y también hace falta una alfabetización para tomar conciencia sobre la privacidad digital o la identidad digital. Si desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos viendo o interactuando con el celular; entonces, seamos más activas en ese territorio, no lo regalemos, tomemos las redes.

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