Por Mariela Jara de Inter Press Service – “La región de América Latina y El Caribe ha tenido muchos avances frente a la violencia de género, pero ahora enfrentamos reacciones que evidencian que nuestros derechos nunca están firmes y que debemos estar siempre alertas para defenderlos”, afirmó Susana Chiarotti, integrante del Comité de Expertas del Mesecvi.
El Comité de Expertas es la instancia técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Mesecvi), conocida como Convención de Belem do Pará, que en el 2024 cumplirá 30 años de vigencia en los países de la región. Lo integran expertas independientes que cada Estado parte designa.
Chiarotti resumió para IPS la situación regional con claroscuros desde su residencia en la ciudad argentina de Rosario, al conmemorarse este sábado 25 de noviembre el Día de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer instituido por Naciones Unidas.
La violencia de género vulnera los derechos humanos de una de cada cuatro mujeres en esta región con una población femenina estimada en 332 millones, 51 % del total, y escala al grado extremo del feminicidio, crimen que en el 2022 costó 4050 vidas, según cifras confirmadas este mismo viernes 24 por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.
Asimismo, la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, María Noel Vaeza, sostuvo a IPS desde Ciudad de Panamá que la fecha emblemática busca llamar la atención de los Estados sobre la necesidad y la urgencia de poner fin a la violencia contra las mujeres de una vez a través de la adopción de políticas públicas de prevención y de la inversión en programas para eliminarla.
De hecho, recordó, el 25 de noviembre abre 16 días de activismo contra la violencia de género, que concluyen el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.
Alertó sobre el hecho de que menos de 40 % de las mujeres que sufren violencia buscan algún tipo de ayuda, lo que deja claro que no encuentran garantías en el sistema de prevención y respuesta institucional y por ende no denuncian.
“Esto implica graves consecuencias para sus vidas y las de otras mujeres, ya que los perpetradores no deben enfrentarse a la justicia y se reproduce la impunidad y la violencia”, puntualizó.
Noel Vaeza indicó que, a pesar de estas preocupantes tendencias, hay más pruebas que nunca de que la violencia contra las mujeres se puede prevenir, por lo que urgió a los Estados para invertir en ello.
“La evidencia demuestra que la presencia de un movimiento feminista fuerte y autónomo es un factor crítico para impulsar el cambio de políticas públicas para la eliminación de la violencia contra las mujeres tanto a nivel global como regional, nacional y local”, sostuvo la responsable regional de ONU Mujeres.
Explicó que muchas investigaciones han demostrado que es posible lograr reducciones a gran escala de la violencia contra las mujeres a través de acciones coordinadas entre los ecosistemas de prevención y respuesta locales y nacionales y las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil.
Por lo que, para avanzar en los marcos normativos y en la mejora de la arquitectura institucional y las asignaciones presupuestales para prevenir, responder y reparar la violencia de género, el fortalecimiento de la capacidad de abogacía de los movimientos y organizaciones feministas y de mujeres es indispensable.
Mencionó también que siempre que hay avances, hay retrocesos, y “desafortunadamente la historia nos muestra que los cambios sociales como el machismo y la violencia requieren de esfuerzos de toda la sociedad y de planes y políticas que den respuesta hoy a las víctimas, pero permitan mejorar el sistema a mediano y largo plazo también”.
Subrayó que la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo la violación de los derechos humanos más generalizada en el mundo. Su prevalencia se agravó como consecuencia de la pandemia de covid y está aumentando aún más debido a las crisis interrelacionadas del cambio climático, el conflicto mundial y la inestabilidad económica.
También mencionó la proliferación de nuevas formas de violencia y la persistencia de quienes no quieren enfrentar la justicia por sus violaciones, “o creen que no tenemos que garantizar los derechos humanos de las mujeres, se organizan y en la región tenemos situaciones como los ataques contra las defensoras y activistas de los derechos humanos que son más frecuentes”.
Noel Vaeza, de nacionalidad uruguaya, subrayó que hay más pruebas que nunca de que es posible cambiar esta realidad y de que para tener sociedades pacíficas, la reducción de la desigualdad y la pobreza son centrales, y todo esto dependerá de avanzar en la igualdad de género y los derechos de quienes han sido históricamente discriminadas.
Ellas son principalmente, adujo, las mujeres que viven en situación de pobreza, las mujeres indígenas, afrodescendientes, las mujeres rurales, en situación de movilidad, y las mujeres y niñas con discapacidad.
Ante los avances fuertes reacciones
“Estoy hace 20 años en el Mesecvi y puedo ver los cambios. Recordemos que recién en el 89 empiezan las leyes de violencia contra la mujer y que no teníamos servicios de atención, refugios, juzgados especializados y menos una Convención específica que la abordara, la nuestra fue la primera en el mundo”, rememoró Chiarotti,.
La abogada y docente universitaria, destacó que en 40 años el movimiento de mujeres instaló en la agenda pública el tema de la violencia contra la mujer y pudo lograr avances tan gigantescos que “podríamos ser denominadas el lobby más exitoso de la historia al posicionar un asunto de manera tan masiva y mundial”.
Y agregó: nos pasó también que no creíamos entonces, en el 86, 87, 88, que el fenómeno había impregnado todas las estructuras, no solo el ámbito íntimo; había violencia simbólica, institucional, política y muchas otras formas, lo que nos llevó a exigir más respuestas, sobre todo del Estado, que al ser patriarcal, admitía a las mujeres con fórceps.
También excoordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Chiarotti advierte que en estos momentos enfrentan reacciones a la medida de los avances logrados al punto que han surgido alianzas inimaginables para ponerles freno como la de El Vaticano con iglesias evangélicas conservadoras y con grupos de ultraderecha.
Mencionó también la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que en junio del 2022 anuló el derecho al aborto en ese país, vigente por casi 50 años.
“Ahí te das cuenta de que nuestros derechos nunca están firmes, que siempre debemos estar alertas para defenderlos. Y es difícil que un movimiento que es cíclico, que tiene olas, picos de alza, de baja y reconstitución, esté siempre alerta”, analizó.
Se refirió además al reciente triunfo del candidato Javier Milei en su país y los peligros que representa para los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual y de la memoria.
“No va a ser la primera vez que este pueblo, y que las mujeres especialmente, entremos en una etapa de resistencia, porque vivimos resistiendo los ataques misóginos y apuntando a la vida desde siglos, pero se nos avecina una etapa muy dura”, manifestó.
Añadió que América Latina tiene democracias frágiles, de pocos años y en crisis que impactan en los derechos de las mujeres. “Muchos de nuestros países salieron de dictaduras, el que más tiene 50 o 60 años de democracia, tendremos que trabajar para defender la institucionalidad democrática usándola para defender nuestros derechos”, dijo.
Prevención: tarea eludida por los Estados
La experta sostuvo que como el trabajo de prevención de la violencia de género es más costoso y de largo que el de la sanción y menos redituable políticamente, los esfuerzos de los países son débiles en esa área pese a su importancia.
“Limitar el trabajo en la sanción y atención es como ver una gran roca con la que la gente se tropieza y golpea, a la que se cura y enseña a bordearla, pero sin removerla del camino. Sin prevención siempre tendremos víctimas pues no se transformará la cultura discriminatoria que reproduce la violencia”, alertó.
Pero si aun así se suma lo que los países invierten para abordar y erradicar la violencia contra las mujeres en la región, ninguno llega a 1 % de su presupuesto nacional según el Tercer Informe Hemisférico del Mesecvi publicado en el 2017, que no habría tenido cambios en este punto.
En septiembre de este año, Naciones Unidos publicó un estudio dando cuenta de que se necesita una inversión de 360 000 millones de dólares para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres al 2030, establecido como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Con ello se avanzaría a eliminar el flagelo de la violencia de género.
Mariela Jara periodista para IPS en Perú desde 2017
