El Centro Integral de Operaciones 911 sistematizó la atención en tiempo real a víctimas de violencia de género

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El Centro Integral de Operaciones 911 ha implementado un sistema de atención en tiempo real a víctimas de violencia de género, destinado a abordar casos de violencia que estén en curso y sean constatados por la Policía. Este sistema cuenta con tres pasos: la atención primaria y carga del requerimiento, el envío de una patrulla para constatar el hecho y proteger a la víctima, y la carga de la denuncia en formato digital para ser direccionada en tiempo real a la Justicia, si se constata el alerta.

Además, la fuerza provincial ha destinado agentes de la Dirección de Violencia de Género para la atención en el 911. Estos agentes intervendrán en los casos que estén ocurriendo al momento del pedido de auxilio, enviando una patrulla al domicilio o lugar donde se encuentre la presunta víctima, con el fin de constatar y brindarle inmediata contención y protección.

Posteriormente, con los datos de la persona afectada, se realizará la carga de la denuncia en formato digital a una plataforma interconectada entre la Policía y la Justicia. Los encargados del área cuentan con firma digital dentro del moderno sistema, lo que les habilita a realizar la denuncia como funcionarios en las intervenciones que lo ameriten.

Es importante destacar que en aquellos casos de violencia que por distintas razones no hayan sido alertados al momento, la atención seguirá realizándose en sede policial, ya que el 911 es una línea de emergencias y atenderá las situaciones en desarrollo.

Inicialmente, este sistema se ha habilitado dentro del Centro Integral de Operaciones de la capital provincial, con previsiones para su expansión en el interior de la provincia. Por esta razón, fueron importantes las reuniones previas y el análisis junto a jueces, fiscales y secretarios, quienes tendrán en tiempo real la denuncia y podrán dar directivas sobre los pasos a seguir en cada causa en particular por hechos de violencia donde intervenga la fuerza de seguridad.

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A América Latina le falta mucho camino para eliminar la violencia de género

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Por Mariela Jara de Inter Press Service – “La región de América Latina y El Caribe ha tenido muchos avances frente a la violencia de género, pero ahora enfrentamos reacciones que evidencian que nuestros derechos nunca están firmes y que debemos estar siempre alertas para defenderlos”, afirmó Susana Chiarotti, integrante del Comité de Expertas del Mesecvi.

El Comité de Expertas es la instancia técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Mesecvi), conocida como Convención de Belem do Pará, que en el 2024 cumplirá 30 años de vigencia en los países de la región. Lo integran expertas independientes que cada Estado parte designa.

Chiarotti resumió para IPS la situación regional con claroscuros desde su residencia en la ciudad argentina de Rosario, al conmemorarse este sábado 25 de noviembre el Día de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer instituido por Naciones Unidas.

La violencia de género vulnera los derechos humanos de una de cada cuatro mujeres en  esta región con una población femenina estimada en 332 millones, 51 % del total, y escala al grado extremo del feminicidio, crimen que en el 2022 costó 4050 vidas, según cifras confirmadas este mismo viernes 24 por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.

Asimismo, la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, María Noel Vaeza, sostuvo a IPS desde Ciudad de Panamá que la fecha emblemática busca llamar la atención de los Estados sobre la necesidad y la urgencia de poner fin a la violencia contra las mujeres de una vez a través de la adopción de políticas públicas de prevención y de la inversión en programas para eliminarla.

De hecho, recordó, el 25 de noviembre abre 16 días de activismo contra la violencia de género, que concluyen el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

Alertó sobre el hecho de que menos de 40 % de las mujeres que sufren violencia buscan algún tipo de ayuda, lo que deja claro que no encuentran garantías en el sistema de prevención y respuesta institucional y por ende no denuncian.

“Esto implica graves consecuencias para sus vidas y las de otras mujeres, ya que los perpetradores no deben enfrentarse a la justicia y se reproduce la impunidad y la violencia”, puntualizó.

Noel Vaeza indicó que, a pesar de estas preocupantes tendencias, hay más pruebas que nunca de que la violencia contra las mujeres se puede prevenir, por lo que urgió a los Estados para invertir en ello.

“La evidencia demuestra que la presencia de un movimiento feminista fuerte y autónomo es un factor crítico para impulsar el cambio de políticas públicas para la eliminación de la violencia contra las mujeres tanto a nivel global como regional, nacional y local”, sostuvo la responsable regional de ONU Mujeres.

Explicó que muchas investigaciones han demostrado que es posible lograr reducciones a gran escala de la violencia contra las mujeres a través de acciones coordinadas entre los ecosistemas de prevención y respuesta locales y nacionales y las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil.

Por lo que, para avanzar en los marcos normativos y en la mejora de la arquitectura institucional y las asignaciones presupuestales para prevenir, responder y reparar la violencia de género, el fortalecimiento de la capacidad de abogacía de los movimientos y organizaciones feministas y de mujeres es indispensable.

Mencionó también que siempre que hay avances, hay retrocesos, y “desafortunadamente la historia nos muestra que los cambios sociales como el machismo y la violencia requieren de esfuerzos de toda la sociedad y de planes y políticas que den respuesta hoy a las víctimas, pero permitan mejorar el sistema a mediano y largo plazo también”.

Subrayó que la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo la violación de los derechos humanos más generalizada en el mundo. Su prevalencia se agravó como consecuencia de la pandemia de covid y está aumentando aún más debido a las crisis interrelacionadas del cambio climático, el conflicto mundial y la inestabilidad económica.

También mencionó la proliferación de nuevas formas de violencia y la persistencia de quienes no quieren enfrentar la justicia por sus violaciones, “o creen que no tenemos que garantizar los derechos humanos de las mujeres, se organizan y en la región tenemos situaciones como los ataques contra las defensoras y activistas de los derechos humanos que son más frecuentes”.

Noel Vaeza, de nacionalidad uruguaya, subrayó que hay más pruebas que nunca de que es posible cambiar esta realidad y de que para tener sociedades pacíficas, la reducción de la desigualdad y la pobreza son centrales, y todo esto dependerá de avanzar en la igualdad de género y los derechos de quienes han sido históricamente discriminadas.

Ellas son principalmente, adujo, las mujeres que viven en situación de pobreza, las mujeres indígenas, afrodescendientes, las mujeres rurales, en situación de movilidad, y las mujeres y niñas con discapacidad.

Ante los avances fuertes reacciones

“Estoy hace 20 años en el Mesecvi y puedo ver los cambios. Recordemos que recién en el 89 empiezan las leyes de violencia contra la mujer y que no teníamos servicios de atención, refugios, juzgados especializados y menos una Convención específica que la abordara, la nuestra fue la primera en el mundo”, rememoró Chiarotti,.

La abogada y docente universitaria, destacó que en 40 años el movimiento de mujeres instaló en la agenda pública el tema de la violencia contra la mujer y pudo lograr avances tan gigantescos que “podríamos ser denominadas el lobby más exitoso de la historia al posicionar un asunto de manera tan masiva y mundial”.

Y agregó: nos pasó también que no creíamos entonces, en el 86, 87, 88, que el fenómeno había impregnado todas las estructuras, no solo el ámbito íntimo; había violencia simbólica, institucional, política y muchas otras formas, lo que nos llevó a exigir más respuestas, sobre todo del Estado, que al ser patriarcal, admitía a las mujeres con fórceps.

También excoordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Chiarotti advierte que en estos momentos enfrentan reacciones a la medida de los avances logrados al punto que han surgido alianzas inimaginables para ponerles freno como la de El Vaticano con iglesias evangélicas conservadoras y con grupos de ultraderecha.

Mencionó también la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que en junio del 2022 anuló el derecho al aborto en ese país, vigente por casi 50 años.

“Ahí te das cuenta de que nuestros derechos nunca están firmes, que siempre debemos estar alertas para defenderlos. Y es difícil que un movimiento que es cíclico, que tiene olas, picos de alza, de baja y reconstitución, esté siempre alerta”, analizó.

Se refirió además al reciente triunfo del candidato Javier Milei en su país y los peligros que representa para los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual y de la memoria.

“No va a ser la primera vez que este pueblo, y que las mujeres especialmente, entremos en una etapa de resistencia, porque vivimos resistiendo los ataques misóginos y apuntando a la vida desde siglos, pero se nos avecina una etapa muy dura”, manifestó.

Añadió que América Latina tiene democracias frágiles, de pocos años y en crisis que impactan en los derechos de las mujeres. “Muchos de nuestros países salieron de dictaduras, el que más tiene 50 o 60 años de democracia, tendremos que trabajar para defender la institucionalidad democrática usándola para defender nuestros derechos”, dijo.

Prevención: tarea eludida por los Estados

La experta sostuvo que como el trabajo de prevención de la violencia de género es más costoso y de largo que el de la sanción y menos redituable políticamente, los esfuerzos de los países son débiles en esa área pese a su importancia.

“Limitar el trabajo en la sanción y atención es como ver una gran roca con la que la gente se tropieza y golpea, a la que se cura y enseña a bordearla, pero sin removerla del camino. Sin prevención siempre tendremos víctimas pues no se transformará la cultura discriminatoria que reproduce la violencia”, alertó.

Pero si aun así se suma lo que los países invierten para abordar y erradicar la violencia contra las mujeres en la región, ninguno llega a 1 % de su presupuesto nacional según el Tercer Informe Hemisférico del Mesecvi publicado en el 2017, que no habría tenido cambios en este punto.

En septiembre de este año, Naciones Unidos publicó un estudio dando cuenta de que se necesita una inversión de 360 000 millones de dólares para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres al 2030, establecido como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  Con ello se avanzaría a eliminar el flagelo de la violencia de género.

Mariela Jara periodista para IPS en Perú desde 2017
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Bariloche: solicitan que sea declarado culpable de femicidio el acusado que se autopercibe mujer

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Un fiscal solicitó hoy que se declare culpable al ciudadano brasileño acusado del homicidio de Eduarda Santos, cometido en febrero de 2022 en la ciudad de Bariloche. La defensa reiteró que el acusado es inocente, que no existió femicidio porque Fernando se percibe mujer desde la adolescencia.

El fiscal jefe Martín Losada, en su alegato final solicitó al jurado popular que participa del debate que Fernando Alves Ferreira (29) –quien solicitó ser llamado “Amanda”- sea hallado responsable del delito de “homicidio triplemente calificado por alevosía, femicidio y mediante el empleo de un arma de fuego, en concurso real con portación de arma de fuego de uso civil condicional sin la debida autorización legal”.

Para el fiscal, hubo “violencia de género” como agravante independientemente de que el acusado diga que se autopercibe mujer. Señalando que tuvo oportunidad de cambiar su identidad en varias oportunidades. Pero este deseo, surgió a comienzos de año, cuando pidió ser reconocido como “Amanda”, pero que lo hizo con “fines utilitarios”.

El defensor oficial penal Nelson Vigueras, abogado de Fernando Alves Ferreira, aclaró que en este caso no habría femicidio -ya que se autopercibe mujer y ambas mujeres eran amigas-, tampoco alevosía y que el acusado debe ser declarado no culpable por “razones de inimputabilidad”, dado que al momento del hecho estaba “perturbada”.

El abogado Vigueras había manifestado: “No hay femicidio porque no estamos en presencia de un hombre.”

Alves Ferreira prefirió no hacer declaraciones en sus “últimas palabras”, por lo que el jurado popular recibió las instrucciones y pasó a deliberar, por lo que se estima que arribe a un veredicto en las próximas horas.

Para el fiscal Losada, en cambio, Alves Ferreira asesinó a Eduarda –madre de seis hijos- entre las 00.50 y las 2.30 del 16 de febrero de 2022, en el cruce de la ruta provincial 77 y el sendero peatonal hacia lago Escondido, cuando manipuló una pistola Magnum calibre .357 y disparó nueve veces a una distancia no mayor a los 1,20 metros.

De acuerdo a Losada, se trató de un asesinato con alevosía porque Eduarda no tuvo opción de defenderse, ya que estuvo a merced de su atacante. Fuentes judiciales indicaron que fue llevada en la camioneta del imputado, hacia un lugar oscuro a varios kilómetros de la vivienda que compartían en la calle Beethoven, para ser bajada del vehículo en el cual también viajaban sus hijos.

Además, explicó que la violencia de género que padecía la víctima, al asegurar que Eduarda dependía económicamente de su agresor y que no tenía familiares ni amigos.

De acuerdo a la investigación, el acusado -que estaba en pareja con otro hombre- había contratado a Eduarda para tener hijos, y a cambio la mantenía económicamente. Para el fiscal, la joven se convirtió en una molestia cuando empezó a poner límites y obstáculos respecto a la libre disposición de las criaturas que en ese entonces no superaban los dos años de edad.

Luego, apuntó hacia el argumento de la defensa respecto a la imposibilidad de que se acuse a Alves Ferreira de femicidio porque se autopercibe como mujer. Sosteniendo la conveniencia de la autopercepción.

Sin embargo, Fernando aún conserva su nombre en el DNI ya que según dice su defensor, “cambiar el nombre en un Registro Civil, es un derecho, no una obligación”.

“Botox, brillo labial, su forma de caminar, su forma de sentarse, su tono de voz, en septiembre del 2020 se hizo una lipoaspiración para adecuar su cintura a lo que ella considera una figura más femenina”, declaró el defensor del imputado y agregó que, aunque no están de acuerdo, pedirán la exteriorización formalmente, trámite que valida en el documento el cambio de género.

El defensor, además sostuvo que “no hubo cosificación” ya que ambas “eran dos amigas” sin “una subordinación de un género sobre otro” y en “una relación de igualdad”.

Fuente: Telam

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Misiones implementará el Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género

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El Gobierno de Misiones, a través del Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud, implementará el Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG), es una herramienta para registrar, procesar y analizar información sobre las consultas y/o denuncias de violencias de género de todo el país, con el fin de aportar en el diseño y monitoreo de políticas públicas. La misma, busca sistematizar la información sobre casos, consultas y/o denuncias por violencias de género de todo el país que posibilita el análisis estadístico.

La Subsecretaría de la Mujer y la Familia, será el área encargada de articular el programa en la Provincia. Por ello, la subsecretaria, Celia Kozachik explicó que se llevarán adelante talleres en cada municipio y a nivel provincial, para integrar la red del SICVG, que tiene carácter nacional. “La adhesión a este Sistema Integrado busca otorgar al Estado mayor número de herramientas que hagan más eficaz la lucha contra la violencia, se abrirá un padrón en el que se incluirá las víctimas y los victimarios, y las formas de abordaje”, explicó.

Por su parte la ministra de Derechos Humanos, Karina Aguirre, celebró la llegada del programa a la Provincia. “Este es un paso importante en la protección de los derechos de las mujeres y en la creación de políticas públicas que promuevan su seguridad y bienestar. En la provincia de Misiones, se han implementado acciones pioneras, como la creación de comisarías de la mujer, para atender las necesidades de las personas más vulnerables”, afirmó.

Con esta herramienta, es posible establecer los contextos en los cuales es más probable que las violencias se incrementen y pongan en riesgo la vida o la integridad física y psicológica de las personas que denuncian o hacen consultas. Es por esto que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación reúne la información existente en diferentes fuentes de registro de casos, consultas y denuncias de violencias de género en todo el país.

Pueden adherir los organismos competentes para la atención de casos de violencias de género de todo el país. Cada organismo podrá acceder a todos los casos correspondientes a su jurisdicción, independientemente de cuál haya sido la boca de ingreso. Así podrán articular y coordinar acciones sobre esos casos con otros organismos e instituciones en un mismo territorio.

El lanzamiento del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género representa un avance significativo en la protección de los derechos de las mujeres. Este sistema permitirá contar con datos precisos para diseñar políticas y acciones efectivas, y trabajará en colaboración con el Gobierno Nacional, el Poder Judicial y los municipios para garantizar respuestas y atención adecuada a las víctimas.

En marzo 2.021, Misiones se adhirió al programa con la firma del gobernador, Oscar  Herrera Ahuad en el acta respectiva. De esta manera, la Subsecretaria de la Mujer y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, en un trabajo conjunto con la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y Violencia del Ministerio Gobierno, trabajará en la adhesión al mismo de los Municipios a través de las áreas de Géneros, Familias y Diversidades, como también junto al Poder Judicial y distintos estamentos del Poder Ejecutivo Provincial, como así también el acompañamiento del Poder Legislativo.

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Inédito: la exhibición sin consentimiento de imágenes íntimas es considerada violencia de género digital

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Por primera vez, la Justicia encuadró la difusión no consentida de material íntimo como una forma de violencia de género digital. La Cámara Nacional Civil determinó que la exhibición sin consentimiento de imágenes íntimas de contenido sexual de una pareja, constituye violencia de género doméstica y digital. La multa llega a 1.000.000 de pesos si la persona no cumple con la orden de levantar y destruir las imágenes y videos exhibidos. A tal fin, se deja aclarado que material íntimo comprende imágenes de desnudez, semidesnudez, contenido sexual explícito o erótico de una persona. Puede ser material en formato visual, audiovisual o auditivo, o en cualquier formato que implique el uso de las TIC.

La sentencia marca el terreno en una zona gris: en Argentina no está tipificado como delito la difusión sin consentimiento de imágenes con contenidos sexuales o eróticos, aunque los daños que provoca son muy profundos. En la última década se presentaron más de una veintena de proyectos de reformas legales en el Congreso pero ninguno prosperó. Las últimas iniciativas, impulsadas por organizaciones de víctimas, ingresaron a la Cámara de Diputados semanas atrás con la firma de la diputada Mónica Macha, del Frente de Todos.

El fallo de los camaristas Carlos Calvo Costa, Guillermo González Zurro y de la jueza María Isabel Benavente, integrantes de la Sala M del tribunal, responde a una denuncia formulada por una mujer identificada como Q C, contra su ex novio T ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD). La víctima relató un episodio con agresiones físicas (empujones, rotura de remera, golpe del rostro contra reja de salida, sujeción de cabello) y psicológicas (exigía el control de su celular). En una oportunidad, según narró, el denunciado se retiró con el celular de ella, hackeo sus redes sociales y difundió videos íntimos de la pareja manteniendo relaciones, grabados sin su consentimiento . Por eso manifestó su deseo de que el denunciado borre los videos que tiene en su celular, que deje de escribirle y no se acerque. 

La Cámara ordenó al hombre que elimine de todos sus dispositivos los videos que contengan material íntimo de E S Q C, incluso en la nube, sin que quede almacenado en ningún tipo de sistema o soporte, en el plazo de 48 horas de notificado, bajo apercibimiento de aplicar una multa de $1.000.000 en caso de incumplimiento.

La OVD consideró que se trataría de una situación de violencia de género en su modalidad doméstica, que valoró como de riesgo moderado. Fundamentó la conclusión en los antecedentes de violencia física y psicológica en la pareja; los posibles antecedentes judiciales del denunciado que surgen del Sistema Lex100; la evidente naturalización y minimización de la violencia padecida; las posibles características controladoras, celotípicas y aislamiento del denunciado; la dependencia emocional de la entrevistada; la dificultad para dar un cierre definitivo a la relación; las posibles características manipuladoras del denunciado; los posibles antecedentes de violencia en sendas familias de origen; que el denunciado no aceptaría la disolución del vínculo; y, por último, la posible reticencia de la entrevistada a relatar detalles de su relación con el denunciado.

La Cámara destaca en su fallo que Convención Belém do Pará reconoce que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado y advierte que “el derecho a vivir una vida sin violencia es un derecho común a todos los seres humanos, pero como las mujeres históricamente sufren violencia por el hecho de ser mujeres, las normas hacen hincapié en el derecho absoluto de la mujer a vivir libre de todo tipo de conductas abusivas de poder que obstaculizan, obstruyen o niegan el “normal y pleno desarrollo personal del que está sujeto a ese tipo de violencia”.

La violencia de género digital es una actividad dañosa que se encuentra en aumento en los últimos años. Es una forma de violencia que se perpetúa en el ámbito mencionado, valiéndose de herramientas tecnológicas y se ejerce a través de acciones directas o indirectas, de ámbito privado o público, basadas en una relación desigual de poder del género masculino sobre el femenino.

En particular, la difusión no consentida de material íntimo es una de las tantas formas de violencia de género digital que consiste en la divulgación, distribución, compilación, comercialización o publicación por cualquier medio de material digital íntimo que retrata, con o sin consentimiento, a una persona mayor de edad que no autorizó su difusión. El material puede haber sido obtenido con o sin consentimiento: el primer caso se da, por ejemplo, cuando la víctima intercambia material íntimo en una práctica de sexting; el segundo caso ocurre por ejemplo, cuando la agredida es retratada sin que ella lo supiera durante una práctica sexual.

El derecho a la privacidad tiene una estrecha relación con los casos en los que se difunden imágenes de naturaleza sexual sin el consentimiento de la víctima. Este derecho se encuentra contenido en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que explícitamente establecen que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias, abusivas o ilegales en su vida privada. El derecho a la intimidad, en particular, a no ser conocidos por otros en ciertos aspectos de nuestra vida y a que cada sujeto pueda decidir revelarlos o no; es el reconocimiento del ámbito propio y reservado del individuo ante los demás, que le garantiza el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona. 

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