Fiscal pidió investigar a la administración de Correo Argentino
El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, anunció que pidió investigar la administración de Correo Argentino desde 2001, debido a la deuda millonaria con el Estado resuelta por un acuerdo que beneficia al Grupo Macri.
En declaraciones a una radio porteña, Rodríguez explicó que pidió a la Procuración del Tesoro que audite todo el concurso de acreedores del Correo Argentino para saber por qué en 16 años el Estado nunca pudo cobrar la deuda que mantenía el Grupo SOCMA (Sociedad Macri).
“Esto es un concurso de acreedores, la firma tiene una deuda, el Estado lo que tiene que hacer a través de sus representantes es tratar de cobrarla de la mejor manera posible”, recalcó el procurador.
La petición de Rodríguez sobre Correo Argentino se produce en medio de la polémica generada por las recientes actuaciones de la Justicia contra el acuerdo alcanzado entre las partes el año pasado -ya con Mauricio Macri en el poder- para saldar esa vieja deuda, que ascendía a 300 millones de pesos (300 millones de dólares al cambio de entonces).
La empresa estaba en aquellas fechas administrada por el padre del actual presidente -Franco Macri- y tenía la concesión oficial de los servicios postales pero entró en concurso de acreedores en medio de la grave crisis económica que azotó a Argentina en 2001.
El fiscal Rodríguez, por su parte, presentó una denuncia contra el acuerdo y, además de anunciar las peticiones a la Procuración del Tesoro, opinó en la misma línea que su colega Gabriela Boquín.
“En virtud de los cálculos de distintas direcciones de contadores de la Procuración General, ella tildó el acuerdo de abusivo y yo no podía dejar de poner esto en conocimiento de la Justicia”, señaló.
“En la denuncia lo califiqué prima facie como administración fraudulenta en perjuicio del Estado, posible tráfico de influencias y negociaciones incompatibles”, indicó.
Además del oficio para investigar el concurso de acreedores, Rodríguez solicitó a la Procuración que se abra un sumario administrativo para deslindar las responsabilidades de los funcionarios que participaron en el reciente acuerdo.
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