Gobierno analiza aceptar el pedido de “operadores Pymes” y postergar la competencia plena en telecomunicaciones

Las empresas chicas, que no participan del negocio móvil, quieren estirar el inicio de la convergencia al menos tres años más. Las chances reales de cambio
Las pequeñas operadoras de telecomunicaciones pidieron de tres a cinco años más para estar en condiciones de competir con las grandes compañías del sector. Y el oficialismo estaría dispuesto a ceder en la petición. De modo que, a partir de 2019, la convergencia arrancará principalmente en las grandes ciudades de la Argentina, y luego a todo el territorio nacional. Los pedidos van de 2022 a 2024 aunque hoy nadie se atreve a poner una fecha tentativa.
Es lo que surge de las primeras dos reuniones de la Comisión de Medios, Sistemas y Libertad de Expresión del Senado, a donde giró el Poder Ejecutivo el proyecto de “ley corta” que, según el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, apunta a incentivar las inversiones en infraestructura.
En estos primeros dos encuentros tanto las grandes compañías como las pequeñas y medianas, incluidas las cooperativas de telecomunicaciones, manifestaron sus posturas frente al inicio de la competencia. Mientras algunas se mostraron a favor de su inicio inmediato, las más chicas pidieron más tiempo para poder actualizarse en términos tecnológicos porque, de lo contrario, aseguraron estarán en inferioridad de condiciones frente a los jugadores más importantes.
Las empresas pequeñas y medianas se oponen a que prestadores como Telefónica y Claro den televisión paga por satélite en las localidades de menos de 80.000 habitantes. Fue una postura que dejaron en claro desde la cámara que nuclea a las empresas de internet (CABASE) y la de Cableoperadores Pymes (CACPY), aunque con fechas distintas en cuanto a la apertura total.
Así, mientras desde CABASE pidieron tres años más para el inicio de la competencia plena, es decir, en 2022, desde CACPY solicitaron una extensión de cinco años más, es decir, que arranque en 2024.
“Pedimos que el DTH (TV paga por satélite) en las localidades de menos de 80.000 habitantes se abra en cinco años para corregir las asimetrías porque estamos en proceso de reconversión. Y como no tenemos movilidad nunca vamos a tener las mismas condiciones”, dijo a iProfesional, Marcelo Tulissi, presidente de CACPY.
Desde CABASE se expresaron en la misma sintonía. Consideraron que el plazo del 1° de enero de 2019 para abrir el mercado en su totalidad “resulta insuficiente para fomentar la competencia y proponemos que el mismo se extienda como mínimo hasta el 1° de enero de 2022” con el objetivo de que todos los jugadores del mercado se preparen para brindar servicios múltiples. Y también se refirieron a la imposibilidad que aún tienen de participar del negocio móvil.
Aquellas empresas que no logran ingresar en la telefonía móvil más allá de los constantes pedidos que han elevado al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) consideran absolutamente desigual competir sin esa pata, especialmente porque del otro lado tienen a los tres grandes operadores del sector, Telecom, Telefónica y Claro.
“Hace 20 años que sufrimos el oligopolio móvil con tarifas caras y servicios pésimos. El decreto 1340 expresaba la necesidad de un cuarto operador y parece que hoy ya no es tan importante. Debería haber competencia en todos los servicios, los territorios y los servicios por existir porque la demanda está insatisfecha en oferta y en calidad”, subrayó Franco Cecchini, presidente de CATIP, la cámara de telefonía IP, que nuclea a las operadoras independientes.
En la misma dirección se expresó Héctor Nocetti, presidente de la Cooperativa Popular de Obras, Servicios Públicos y Electricidad de Santa Rosa (La Pampa) quien consideró que así como se les va a otorgar a las grandes compañías a brindar TV paga por satélite debería contemplarse la chance de que las pequeñas empresas reciban frecuencias móviles de modo de estar en condiciones igualitarias.
“La postura de las pymes es razonable por una cuestión fáctica. Si todo sale tal como lo prevé el Gobierno, la ley va a salir en octubre o noviembre, y tendría efecto de aplicación automática, de modo que pensar que es posible iniciar la competencia plena en 2019 resulta poco defendible”, contó a iProfesional una fuente que sigue de cerca las discusiones que se vienen dando en el Senado.
En otras palabras, el oficialismo estaría dispuesto a estirar los tiempos que están pidiendo los pequeños prestadores para iniciar la competencia plena. ¿En todo el país? Posiblemente no. Seguramente arranque en las grandes ciudades y se extienda el esquema de protección para las localidades de menos de 80.000 habitantes, aunque por estos días nadie se atreve a arriesgar hasta qué año se ampliaría.

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