Los docentes y gremialistas de la Universidad Nacional de Misiones mostraron su preocupación por los conceptos vertidos recientemente en relación a la educación universitaria argentina por el presidente de la Nación, Mauricio Macri a través de un comunicado.

Las representaciones de los gremios docentes de ADUNAM y de UDUM , en las personas de sus Secretarios Generales: Ing. Aníbal Velázquez e Ing. Horacio Reversat, respectivamente; convocados en reunión paritaria, junto las autoridades de la Universidad Nacional de Misiones, Rector J.Gortari, Vicerrector F.Kramer, decanas de las Facultad de Ciencias Económicas A. Yurkevich y de la Facultad de Ciencias Forestales A. Bohren, decanos de la Facultad de Ingeniería S.Katogui, de la Facultad de Arte y Diseño J.Kislo y de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales D. Martí, Vicedecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales R.Zamboni y directora de la Escuela de Enfermería S.Prysiazniy, resuelven, antes de iniciar el tratamiento del Orden del Día, emitir la siguiente declaración:

Como representantes de los trabajadores docentes de la Universidad Nacional de Misiones manifestamos nuestra preocupación acerca de las expresiones vertidas por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, en ocasión de plantear el pasado lunes 30 de octubre sus Propuestas de Gobierno ante la presencia de gobernadores, sindicalistas, empresarios, jefes parlamentarios, jueces y rectores de universidades. En relación a la Educación Superior, en dicha oportunidad el Sr. Presidente de la Nación, solicitó un “esfuerzo de las universidades para que asignen de manera más eficiente los recursos para mejorar su desempeño y contribuir entre todos a reducir el gasto público”. 

Consideramos al presupuesto en Educación y en Ciencia y Técnica como una inversión indispensable de toda sociedad que se  proponga como objetivo el desarrollo sostenido con equidad social, en un contexto de progresiva consolidación de la calidad institucional y el fortalecimiento democrático. Las universidades públicas cumplen un rol fundamental en ese sentido, por lo que
no nos pensamos como gasto público a reducir, sino como inversión estratégica a ampliar permanentemente. Con el compromiso expreso –y los mecanismos de control correspondientes- de que esos recursos, que resultan del esfuerzo y del trabajo de toda la sociedad argentina, sean aplicados con pertinencia y con resultados en el marco propio de una gestión austera y eficaz: promoviendo la igualdad de oportunidades, formando profesionales y técnicos de excelencia y produciendo conocimiento y desarrollo tecnológico aplicable a las problemáticas territoriales y sociales donde se inserta la Universidad. 

En así que nos parece oportuno recordar, en el contexto de reunirse en Córdoba el año que viene conmemorando los 100 de la Reforma Universitaria, la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES), bajo los auspicios del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO), lo expresado en la anterior CRES reunida en 2008 en la ciudad de Cartagena de Indias: 

En un mundo donde el conocimiento, la ciencia y la tecnología juegan un papel de primer orden, el desarrollo y el fortalecimiento de la Educación Superior constituyen un elemento insustituible para el avance social, la generación de riqueza, el fortalecimiento de las identidades culturales, la cohesión social, la lucha contra la pobreza y el hambre, la prevención del cambio climático y la crisis energética, así como para la promoción de una cultura de paz. 

La Educación Superior es un derecho humano y un bien público social. Los Estados tienen el deber fundamental de garantizar este derecho. Los Estados, las sociedades nacionales y las comunidades académicas deben ser quienes definan los principios básicos en los cuales se fundamenta la formación de los ciudadanos y ciudadanas, velando por que ella sea pertinente y de calidad. 

El carácter de bien público social de la Educación Superior se reafirma en la medida que el acceso a ella sea un derecho real de todos los ciudadanos y ciudadanas. Las políticas educacionales nacionales constituyen la condición necesaria para favorecer el acceso a una
Educación Superior de calidad, mediante estrategias y acciones consecuentes. 

En América Latina y el Caribe, particularmente, se necesita una educación que contribuya eficazmente a la convivencia democrática, a la tolerancia y a promover un espíritu de solidaridad y de cooperación; que construya la identidad continental; que genere oportunidades para quienes hoy no las tienen y que contribuya, con la creación del conocimiento, a la trasformación social y productiva de nuestras sociedades. En un continente con países que vienen saliendo de la terrible crisis democrática que provocaron las dictaduras y que ostenta la penosa circunstancia de tener las mayores desigualdades sociales del Planeta, los recursos humanos y el conocimiento serán la principal riqueza de todas cuantas disponemos. (…) 

Firman: Dr. J.Gortari, Ing. F.Kramer, Ing. H.Reversat, Ing. A.Velázquez, Cdra. A.Yurkevich, Ing. A.Bohren, Dr. D.Martí, Ing. S.Katogui, Mg. J.Kislo, Mg. R.Zamboni, Mg. S.Prysiazniy.