En el mismo día en el que trascendió su reemplazo, se conocieron avances en la causa que investiga el hackeo al teléfono celular del ministro de Seguridad y Justicia porteño.

En el mismo día en el que trascendió su reemplazo, se conocieron avances en la causa que investiga el hackeo al teléfono celular del ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro.

Según publicaron distintos medios, la Justicia realizó una serie de allanamientos en la ciudad misionera de Eldorado e identificó a los presuntos autores materiales de la intervención del móvil, lo que derivó en la filtración de numerosos chats de la cuenta de Telegram de D’Alessandro.

De acuerdo a lanación.com, los sospechosos identificados se habrían valido para los hackeos de un usuario con credenciales administradas por la Jefatura de Gabinete de la Nación que les permitió acceder a datos personales de las víctimas que se encuentran reservados en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Según ese mismo medio, los sospechosos tienen residencia en Eldorado y son Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro y Elías Nuñes Pinheiro -padre e hijo-, Antonio Aquino, Julio César Escobar y Cecilia Mercado.

Los allanamientos se ordenaron a pedido de la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la ciudad de Buenos Aires, Daniela Dupuy, quien también solicitó los arrestos de los 5 sospechosos, pedido al que no hizo lugar la jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas Araceli Martínez.

La fiscal Dupuy también requirió el secuestro de todos los dispositivos de almacenamiento informático y la documentación que se encuentren en las viviendas y locales comerciales bajo sospecha, además de cuatro vehículos -un Audi, un Volkswagen y dos Toyota-, y que se mantenga la investigación bajo secreto de sumario para avanzar en la identificación de los autores intelectuales del espionaje ilegal.

Los sospechosos están acusados de delitos por daño agravado, violación de secretos y de la privacidad, difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas, suplantación digital de la identidad, entre otras acusaciones que puedan derivarse de la evidencia secuestrada.

De acuerdo a clarín.com, los cibercriminales, que estarían vinculados a sectores de Inteligencia, según se desprende de su modus operandi, intentaron hackear los teléfonos de funcionarios desde mayo de 2022, pero recién obtuvieron su primer acceso a uno de los dispositivos en septiembre pasado, cuando accedieron primero, con las líneas de los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu (que integraron el tribunal que juzgó a Cristina Kirchner) y el camarista Gustavo Hornos. Y más tarde, en octubre, con las de Diego Santilli y D’Alessandro.

Fuentes judiciales explicaron que los delincuentes cometieron un error que le permitió al área de Cibercrimen identificar a los autores materiales del hecho. Fue cuando chequearon la información de los damnificados en las bases de datos del RENAPER.

La banda, según señalaron desde la investigación, recurrió a un usuario acreditado en las bases de datos del organismo para obtener los números de trámites de los DNI de las víctimas. En ese momento, los criminales dejaron sus huella digitales (IP e IMEI, entre otros) en distintas operaciones, lo que le permitió a la Justicia identificar a sus integrantes y determinar que ya llevaban algún tiempo realizando estafas y robo de datos.

D’Alessandro quedó en el foco de la tormenta a partir de la filtración de chats extraídos por medio de un presunto hackeo al teléfono del ministro larretista. Así se conoció que el funcionario participó de una reunión con jueces federales y directivos del Grupo Clarín en Lago Escondido.

Por ese motivo fue imputado -junto con los otros participantes- por la justicia de Ba riloche por posibles dádivas, violación de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y falsedad ideológica de documento público.

Luego se filtraron otras conversaciones, esta vez entre D’Alessandro y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Los intercambios involucraban fallos del máximo tribunal en relación a la coparticipación -que benefició a la Ciudad- y al Consejo de la Magistratura.

D’Alessandro y Robles fueron denunciados ante la justicia federal, pero la causa fue archivada a raíz del origen ilegal de las pruebas.

Para dedicarse a su defensa, el funcionario porteño solicitó una licencia sin goce de sueldo que vence este 06/04. No obstante, se supo que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no lo reincorporará, sino que lo reemplazaría por Eugenio Burzaco.

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