En un contexto de fuerte recesión a nivel nacional, el Gobierno de Misiones anunció una serie de medidas fiscales que buscan aliviar la carga tributaria del sector productivo y comercial, con el objetivo de impulsar la economía local y preservar el empleo.

La Agencia Tributaria Misiones (ATM) actualizó el monto mínimo a partir del cual los responsables inscriptos deben tributar Ingresos Brutos, que ahora se eleva a 350.000 pesos. Esto significa que toda facturación por debajo de ese umbral quedará exenta del impuesto, lo que otorga mayor margen de maniobra a pequeñas y medianas empresas.

Otra medida de alto impacto es la flexibilización del régimen de proveedores del Estado. Cerca de 800 nuevos oferentes podrán reinscribirse como contratistas, y se eliminan retenciones de Ingresos Brutos para remitentes y proveedores que operen con destino a Misiones, generando un ahorro directo y mejorando la competitividad.

En el sector industrial, la reducción de la alícuota de Ingresos Brutos del 3,44% al 1,5% implica una baja de más del 50%, mejorando el flujo de caja y favoreciendo la reinversión.

Asimismo, se pondrá en marcha la exclusión de regímenes de retención vinculados a billeteras virtuales y tarjetas de crédito para comercios, lo que les permitirá prever con mayor precisión su rentabilidad real y eliminar cobros precautorios.

En el plano administrativo, se elimina la obligatoriedad del formulario 178 para contadores y del formulario 349 para monotributistas, este último con un costo cercano a 1.700 pesos. Según estimaciones oficiales, esta simplificación significa más de 50 millones de pesos que se mantendrán en la economía provincial y beneficiará a más de 60.000 personas.

Entre las herramientas para el sector automotor, sigue vigente el autosellado en concesionarias para agilizar operaciones y el programa Ahora Patente, que permite abonar el impuesto en cuotas sin interés y acceder a reintegros.

Finalmente, desde este mes, los monotributistas al día con el pago de Ingresos Brutos recibirán una bonificación del 50% en el impuesto, un beneficio que hasta ahora era del 30%, representando un incentivo adicional al cumplimiento tributario.

Estas medidas, sumadas, no solo reducen costos y mejoran la liquidez de empresas y emprendedores, sino que buscan sostener la actividad en un escenario económico adverso, reforzando el rol de la política fiscal provincial como herramienta de estímulo.