
Impuestos asfixiantes: el freno a la digitalización de la economía y el desarrollo del crédito
La Cámara Argentina Fintech manifiesta su preocupación por el impacto de la persistente y creciente presión tributaria sobre la industria tecnológica y financiera en el país. La decisión de ciertas Provincias y áreas técnicas de la Administración Nacional de incrementar impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos o los Débitos y Créditos (IDC) sobre flujos de fondos de terceros, representa un cepo para el desarrollo.
Hoy día, el único freno a la digitalización de la economía es el peso fiscal que se aplica sobre las personas y comercios que optan por pagar o cobrar con medios electrónicos. Las herramientas existentes, disponibilizadas por múltiples actores del sistema financiero tecnológico, han demostrado ser accesibles, de uso sencillo y de adopción masiva. No es un tema de disponibilidad ni capacidad de uso, sino de viabilidad ante la carga tributaria.
El impacto de estas medidas se extiende a toda la economía, generando:
- Encarecimiento de los servicios financieros y de pago para comerciantes y consumidores.
- Incremento en el costo del crédito, lo que afecta directamente la capacidad de emprendedores y PyMEs de acceder a financiamiento.
- Pérdida de competitividad de las jurisdicciones, desalentando inversiones y dificultando la generación de empleo en sectores estratégicos.
- Riesgo para la sostenibilidad de empresas tecnológicas, que han realizado importantes inversiones en innovación y desarrollo.
En un contexto donde el ecosistema fintech ha demostrado ser una herramienta clave para la formalización de la economía, la presión fiscal desproporcionada es un retroceso frente a los avances logrados en inclusión financiera. Los gravámenes aplicados sobre saldos o facturación —sin considerar los márgenes operativos— no solo son regresivos, sino que desincentivan la digitalización de la economía.
Ingresos Brutos es un impuesto distorsivo y voraz, dado que se tributa sobre los montos facturados y no sobre la utilidad. Esto significa que una empresa, aunque perdiera dinero, debe pagarlo. En los últimos meses, algunas Provincias optaron por subir alícuotas para sumar más presión impositiva, que en algunos casos llegan al confiscatorio 16,5%.
En lo que respecta al IDC, actualmente el Decreto 796/2021 limita las exenciones al impuesto sobre los débitos y créditos bancarios para operaciones relacionadas con activos virtuales, lo que genera una desigualdad de condiciones entre estos y el resto de los actores del sistema financiero, y una presión por encima de la capacidad contributiva de muchas compañías. Esta situación también afecta a ciertas empresas vinculadas a recaudación por cuenta y orden de terceros.
Para el caso de los Proveedores de Activos Virtuales (PSAV), también conocidos como “crypto exchanges”, esta discriminación se suma a que, en los últimos meses, debieron asumir mayores costos operativos y administrativos al ser incorporados como sujetos regulados por la Unidad de Información Financiera (UIF) y registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV).
El compromiso de esta industria es continuar siendo un motor de transformación y progreso para el país, siempre desde un enfoque colaborativo y constructivo. Para ello, es indispensable la articulación público-privada para visibilizar estas realidades y acordar esquemas que favorezcan la innovación, la competitividad y el desarrollo del sector.
La Cámara Argentina Fintech hace un llamado a las autoridades de todos los niveles a trabajar en conjunto para reducir la presión tributaria sobre las personas y comercios, favoreciendo la competencia, la inversión y el crecimiento sostenible de la economía de nuestro país.