En medio de la retirada casi absoluta del Gobierno nacional del financiamiento a la protección de bosques nativos, un diputado de Cambiemos quiere que Misiones frene la emisión de certificados de carbono.

La alianza opositora organizó una exposición con un dirigente de la Sociedad Rural, Andrés Costamagna, quien aseguró que “lo que se hizo carece de legalidad” y reclamó que “el que cobre sea el productor, porque el 100 por ciento es propiedad del productor, y si la Provincia por ser la organizadora y demás pretende algo habrá que discutirlo, pero el que tiene que cobrar los créditos de carbón es el productor”.

En esa línea, el diputado del PRO, Miguel Núñez prometió a un grupo de productores reunidos en Dos de Mayo “parar” la emisión de certificados por parte de la Provincia. “Hay que pararlo, hay que tratar de saber cuál es la mejor opción para la Provincia y para el productor, porque las dos cosas van de la mano. Creo que la Provincia tomó otra decisión apresurada, así que esto, deberían reverlo urgentemente. Y lo voy a plantear en la Cámara de Diputados con un proyecto de Ley para derogar todo lo que están haciendo”.

Sin embargo, el legislador parece desconocer el mecanismo y los acuerdos cerrados por la Provincia. El acuerdo de certificación con la consultora Verra es sobre monte no deforestado y no sobre unidades productivas. Pero los productores que quieran sumarse al programa, lo pueden hacer de modo individual sin ningún tipo de trabas. Las diferencias son sutiles, pero claves.

Misiones implementó un programa que paga por deforestación evitada. No se paga por carbono secuestrado  

El reconocimiento que hace el mercado con REDD+ es al esfuerzo de una jurisdicción para evitar deforestar (no hay trazabilidad uno a uno parcela con reducciones). El programa jurisdiccional busca usar parámetros claros, fomentar políticas de conservación y asegurar correcta contabilidad de reducciones. 

La discusión es central, ya que la Nación directamente dejó de financiar la ley de protección de bosques nativos y Misiones está buscando mecanismos para conseguir recursos. 

En administraciones nacionales anteriores, Misiones recibió entre US$600 mil y US$1.3 millones por año para proteger la selva. Con solo 6 años del programa del JNR, se recibirían entre 30 a 60 veces esos importes. 

No hay registro de que Nación haya pagado a propietarios privados de bosques nativos por programa REDD+ 2014-2016. Por ese programa la Nación y las Provincias recibieron US$82 millones. El programa JNR de Misiones propone pagar 30% de ingresos a propietarios contra 0% que pagó Nación en Prueba Piloto de Pago por Resultados. 

Asimismo, en la Provincia descartaron que Misiones se quede con los recursos de los productores. “Misiones no se queda con 70% de los ingresos; sino que 30% de lo que se recaude, va a proyectos de la sociedad civil, pueblos originarios, municipios y emprendedores y 40% va a financiar la estrategia provincial REDD+”, señalaron. 

Cuando se hace mención a la proporción que correspondería a propietarios de bosques nativos por ley de presupuestos mínimos (70% al privado), no se menciona que Nación no pudo cumplir con el 100% de los compromisos por ley en los últimos cinco años al menos. Con este programa que hace la Provincia se busca complementar ingresos que no fueron honrados en el pasado. 

“Se confunde a propietarios de bosques nativos con los precios de mercado voluntario con mercado regulado. Argentina no resuelve cómo participar del Artículo 6 del Acuerdo de París pero este programa ofrece la oportunidad de pensar una primera experiencia país a país”, explicaron. 

“Misiones no limita con el programa jurisdiccional la iniciativa de aquellos propietarios de realizar sus propios proyectos de reducciones de emisiones. Aquel privado que desee hacer su proyecto puede hacer sin interferencia del gobierno provincial”. 

“Entre los fondos que se reciben de Nación y del presupuesto provincial, la Provincia de Misiones solo puede destinar actualmente menos de US$2 por hectárea por año. Sin embargo, los propietarios privados reciben apoyo de la Provincia en la prevención y combate del fuego y en la lucha contra intrusiones o poda ilegal por terceros”, remarcaron los negociadores del acuerdo con la consultora Verra.

“Se cuestiona el proceso participativo. Pero se hicieron numerosas presentaciones, incluso en la Cámara de Representantes. Dichas actividades pueden consultarse en la web del programa”, sentenciaron, en referencia al desconocimiento exhibido por Núñez por el avance del programa.

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