La Agencia Tributaria fiscalizará el pago de los nuevos valores de raleo y chip en Misiones
El Instituto Forestal firmó un acuerdo con la Agencia Tributaria Misiones mediante el cual el organismo fiscalizará el cumplimiento de los nuevos valores para el chip y el raleo. El convenio se firmó en la mañana de este lunes entre el director de la ATM, Rodrigo Vivar y el presidente del InFoPro, Hugo Escalada.
“Junto a Hugo Escalada, titular del Instituto Forestal Misiones, firmamos un convenio que ayudará a los pequeños y medianos productores de la madera. La iniciativa busca consolidar herramientas de aplicación de políticas forestales en la provincia. Establecidos los valores de referencias para distintos productos forestales, la ATM se encargará de fiscalizar el cumplimiento del precio de la materia prima. Creemos plenamente que el trabajo en equipo logrará la revalorización del productor primario misionero”, señaló Vivar.
El Instituto había fijado en 20 dólares promedio la tonelada de raleo utilizado por la industria forestal.
Los precios están vigentes desde hace unos diez días, pero hasta ahora la industria y pequeñas y medianas empresas compradores resisten el pago y las principales pasteras dejaron de recibir materia prima, lo que provocó un sobre stock de aserraderos. Incluso, en un comunicado conjunto, la Asociación Forestal de Argentina, la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel y la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines se pronunciaron en contra de la regulación del chip y el raleo y como medida de protesta anunciaron que las principales papeleras y pasteras no están recibiendo chip y raleo.
El lockout también alcanza, advierten, a proveedores que dejaron de entregar rollos al no poder vender el raleo o puntas de árboles a las pasteras. “De continuar esta situación muchas empresas se verán obligadas a parar la producción por razones de fuerza mayor, lo que significa la suspensión de miles de empleos”, aseguran las entidades.
About The Author
Creo que esta medida aleja a Misiones de todo proyecto forestal de escala, será muy dificil encontrar capital privado que quiera invertir en un mercado regulado e intervenido por el estado. Un estado que participa además en la imposición de una alta carga impositiva si lo comparamos con provincias vecinas, a la que sumamos esta última medida.
La medida apunta a recaudar más, en un esquema muy simple e irracional, que genera una tremenda distorsión como ser que un subproducto del bosque cueste más que el producto buscado por el silvicultor.