El enfriamiento o amesetamiento de la economía llegó quizás en el momento menos oportuno para el gobierno nacional. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) medido por el INDEC registró una baja del 0,7% mensual en junio, siendo la segunda caída consecutiva (-0,2% en mayo) y ratificando así un proceso de enfriamiento para el segundo trimestre, que se movió apenas 0,1% contra el trimestre anterior. 

El resultado mensual estuvo explicado por sectores muy sensibles a la economía y al empleo, como en la Industria Manufacturera (-4,4% se) y el Comercio (-3,9%se). 

Si bien, al tomar la serie desestacionalizada durante toda la era Milei la economía crece 3,3% (comparado con noviembre 2023, mes previo al cambio de gobierno), los últimos datos dejan en evidencia la desmejora del indicador dado que, por caso, en febrero del corriente se ubicaba 4,7% por encima, por lo que el enfriamiento de los últimos meses también se verifica en este nivel comparativo. 

No son para nada alentadores los primeros datos de julio: pronósticos privados iniciales marcan una continuidad de esta dinámica. Por ejemplo, la consultora Equilibra estima una caída del 0,3% mensual; Analytica pronostica -0,1% y el Índice General de Actividad de Orlando Ferreres (IGA-OIJ) exhibe una merma del 1,0% mensual. Este último indicador en particular, al momento de ser presentando, manifestaba que se evidencian “las dificultades que está teniendo la actividad para mostrar una expansión en 2025”.

¿Qué está pasando en este contexto? Tras la profunda recesión inducida a inicios de 2024, hacia mediados de ese año comenzó un proceso de recuperación apoyado en la desinflación, el reacomodamiento de precios relativos, la estabilidad fiscal y expectativas de crecimiento elevadas. Pero desde abril de este año el cuadro macroeconómico empezó a deteriorarse, acuciado por crecientes ruidos políticos que elevaron la incertidumbre. 

En paralelo, el programa monetario sufrió varios reveses, obligando al Banco Central a tomar medidas correctivas (tasas de interés en alza, encarecimiento del crédito, mayores exigencias de encajes) para evitar presiones cambiarias, con el costo de frenar aún más el crédito y aumentar la deuda en instrumentos locales.

Con la actividad entrando en una meseta hacia junio, con perspectivas negativas para julio y un agosto que no promete un cambio de tendencia, el impacto sobre las provincias es muy significativo: frena intentos de recuperación donde habían comenzado y agrava el cuadro en aquellas que aún no habían logrado repuntar.

El primer efecto se observa en las finanzas provinciales. Los datos de coparticipación de agosto mostraron un alza de apenas 3,2% interanual, después de un agosto 2024 donde habían caído 19,0%. Así, se ubicaron en el segundo peor nivel real desde 2018, solo por encima del catastrófico 2024. Algo similar ocurrió con las transferencias automáticas totales, que crecieron 2,4% interanual, pero también marcaron el segundo peor registro desde 2017.

En términos acumulados, los envíos por coparticipación crecen apenas 0,6% entre enero y agosto pero caen para todos los mismos períodos desde 2018 a 2023; las transferencias automáticas totales crecen 4,1% contra el 2024 pero presentan niveles inferiores a todos los períodos enero-agosto desde 2018 a 2023. Para ponerlo en números, a pesos de hoy, el conjunto de subnacionales perdió 5,3 billones de pesos contra, por ejemplo, el mismo período acumulado del 2022 o $ 4,8 billones vs. 2023. 

Misiones no escapa a esta dinámica: en lo que va de 2025, sus envíos automáticos están entre 10% y 11% por debajo de 2022 y 2023, lo que equivale a una pérdida de 172 mil millones de pesos contra 2022 y 150 mil millones contra 2023, casi un mes completo de transferencias.

El escenario de corto plazo no es optimista en relación con esto: Milei aseguró ante empresarios nucleados en la CICYP que profundizará el recorte del gasto público para sostener el superávit fiscal, en un contexto en el que los ingresos no crecieron como se esperaba y que las medidas como la quita de retenciones provocan la necesidad del gobierno libertario a aplicar más “motosierra” para cumplir la meta fiscal con el FMI. En ese escenario, las transferencias a provincias, esta vez las no automáticas, vuelven a estar en la lupa. 

Los datos parciales al 25 de agosto muestran que durante agosto los envíos a provincias por fuera de la copa venían -21%, aunque restan aún cuatro días hábiles de datos para ver si cambia la tendencia. En Misiones, el dato muestra una merma del 46% real en ese mes y difícilmente revierta el resultado con los datos de los días faltantes, aunque podría disminuirlo. 

Aún con esto, los envíos entre enero y julio estaban -63% respecto a 2023 en términos reales para el contexto de distritos y -91% para el caso de Misiones. La pregunta que surge en este marco es ¿Dónde más recortarán los envíos a provincias? Es cierto que todavía hay cierto margen de maniobra para el Gobierno nacional, que no le movería demasiado el panorama en busca de cumplir su meta de superávit pero, sí significará un golpe importante para los estados subnacionales. 

Pero los impactos en provincias del deterioro general de actividad y de las condiciones macro no se limitan a lo fiscal, sino también a otros indicadores de la economía. Por caso, ayer se conocieron los primeros datos de patentamientos de agosto que sostuvieron una suba interanual del 31,7% pero mostraron una baja del 13,0% contra julio debido al encarecimiento de los vehículos por movimiento del dólar y de menor acceso al crédito ante el encarecimiento de este. 

En Misiones la situación fue similar: mantuvo alzas contra el año pasado, aunque mucho más leves (2,7%) pero cayó 21,7% vs. julio, un resultado que salvo en Santiago del Estero, se vio en todo el país. 

En paralelo, nuevos datos de la construcción conocidos esta semana mostraron también la enorme dificultad de este sector para recomponerse. En junio, el empleo total nacional en la construcción cayó 0,5% mensual (-1.847 empleos) pero en Misiones la merma fue del 6,2% mensual (-334 empleos), rompiendo con cuatro meses de alzas consecutivas en la comparación mes/mes, lo que grafica también como el escenario global golpea al sector en el último tiempo, en el contexto de lenta recuperación de este sector respecto a otros. 

En resumen, el amesetamiento de la economía nacional empieza a trasladar de manera contundente sus efectos a las provincias, tanto en lo fiscal como en la economía real. La desaceleración de la actividad limita la recaudación nacional y, por ende, los fondos distribuidos, generando tensiones crecientes en las cuentas provinciales. A la par, sectores claves como el comercio, la construcción y el mercado automotor muestran retrocesos que golpean directamente al empleo y al consumo regional. 

En este escenario, las provincias se enfrentan a un doble desafío: sostener la gobernabilidad con menos recursos y, al mismo tiempo, gestionar economías locales que pierden dinamismo. Si la economía nacional no encuentra un nuevo impulso en los próximos meses, el impacto territorial será más profundo, reforzando las desigualdades entre distritos y poniendo en tensión el vínculo fiscal entre Nación y provincias.