Hace pocas horas tuvo media sanción la reforma laboral más importante de los últimos años y en este contexto resulta abrumador el silencio del aparato sindical ante modificaciones tan importantes, pareciendo ésta una decisión consciente de hacer cargar con el peso de aprobarla o no a los gobernadores de las Provincias.

Si bien es cierto que la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744)  tiene más de 40 años y resulta necesario aggiornarla o modernizarla de alguna manera (sobre todo luego de la pandemia y con la aparición de nuevas formas de trabajo) sería prudente entender que eso no debería significar la disminución en la protección y el cercenamiento a derechos constitucionalmente consagrados de un sector ya precarizado e informal, sino todo lo contrario.

Una legislación que pregona en la mayoría de sus puntos una negociación entre las partes, sin preguntarse si en verdad el trabajador y el empleador se encuentran en igualdad de condiciones para negociar, o si esto no será solamente un ambiente propicio para que el empleador disponga a su gusto de los salarios, condiciones laborales y vacaciones de sus empleados.

¿Cuál fue la urgencia de tratar una ley de ésta índole, con reformas tan abruptas al sistema laboral argentino y en detrimento de los trabajadores? ¿Somos los trabajadores los responsables de que no lleguen grandes inversiones, o lo es la falta de seguridad jurídica de la Argentina, atravesada por un sistema corrompido? 

Se pretende una reforma laboral ignorando  los límites que la propia Constitución Nacional le impone al Congreso de la Nación, no sólo en su articulado sino también a raíz de los tratados incorporados a través del art. 75 inc. 22. Los legisladores deberían pregonar por lograr una legislación armoniosa con los principios constitucionales y no todo lo contrario, recordando además que la Argentina también se ha adherido e incorporado a su plexo normativo diversos acuerdos vinculados al trabajo dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo 

En este contexto de reformas y desprotección, se evidencian modelos que se están acabando por ser ineficaces en brindar respuestas a quienes representan: el sindicalismo.

En la Argentina ganó el modelo individualista de “sálvese quien pueda”, y esto llegó hasta las cumbres sindicales que dejaron de proteger con una mirada de construcción colectiva, solidaria y con justicia social del país, priorizando sus propios intereses por sobre los derechos de los trabajadores que dicen representar.

Se aburguesaron, se alejaron del pueblo y se dedican a hacer buenos negocios  La realidad de las ideologías y del compromiso hoy es otra.

Pareciera que los “muchachos de la revolución” prefieren cuidar otros intereses y asegurarse que no se modifiquen algunos porcentajes o algún otro fondo, y es por eso que en las negociaciones con el gobierno sólo se pasan por mantener algún  financiamiento sin importar si esto implicaba ceder terreno en el avasallamiento de las condiciones de los trabajadores (lo que se deja ver en que no plantearon objeciones en lo que respecta al banco de horas, al fraccionamiento de las vacaciones o el tope de las indemnizaciones).

El individualismo llegó hasta a la organización que más colectiva pretendía ser. La visión de una patria compartida y de intereses en común ya no existe. Y no parece muy errado pensar en el chiste que circulaba en redes sociales acerca de la CGT, diciendo que sus siglas significan “Confederación General de Twitter”, por la elección de sus dirigentes de estar más presentes en redes sociales que en la calle.