reforma laboral

El desempleo y la informalidad se profundizaron en los últimos dos años, según la UCA

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Según un nuevo informe elaborado por el Observatorio de Deuda Social (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), se puso de manifiesto la preocupación por el incremento de la precarización laboral en los últimos 15 años. En este sentido, señaló que las personas con sueldo en blanco y protección gremial tienen los mejores ingresos.

Los datos se desprenden de la investigación que dio a conocer la UCA este miércoles en relación a los cambios de la estructura social del trabajo en el ámbito urbano del país entre los años 2010 y 2025, que dio cuenta y lanzó una advertencia sobre el deterioro de las condiciones laborales, aunque el desempleo mantenga números bajos.

¿Qué dice el escrito del ODSA de la UCA?

“Deterioro y resquebrajamiento de la estructura social del trabajo en la Argentina (2010-2025)”. Así se denomina el documento de la UCA en el cual, tras el análisis hecho por el Observatorio, se dejó ver que entre 2010 y 2025 ganó terreno sectores vinculados a los recursos naturales, las finanzas y los servicios empresariales que tienen bajo impacto del factor productivo trabajo, por sobre aquellos que demandan más empleados y son menos productivos.

Desde el ODSA señalaron que “los sectores más dinámicos de la economía no tradujeron su crecimiento en puestos de trabajo suficientes para mejorar las oportunidades de acceso a empleos más productivos y bien remunerados” y sostuvieron que “la principal transformación ocupacional de los últimos años fue la recomposición del empleo hacia los sectores de baja productividad sin alzas en el desempleo”.

En este sentido, el informe indica que “durante el período ha crecido en 4,5 puntos porcentuales la proporción de ocupados que, estando en puestos registrados, se encuentran por fuera de los convenios colectivos”.

Asimismo, la investigación del ODSA reconfirma la relación entre las posibilidades que tiene una persona para ubicarse en lugares de ingresos más altos con la de una que aúne los criterios de productividad alta con protección. Al respecto, Ramiro Robles, uno de los responsables del informe, clarifica diciendo que “se están agravando las brechas laborales por la precarización”.

Perspectivas a futuro

Junto a Robles, quienes también formaron parte de la redacción del documento están Julieta Vera y Alejo Giannecchini y todos coinciden en un panorama poco optimista sobre el repunte del empleo de calidad. Para ello también se basaron y explicaron que la reforma laboral no es de ayuda.

En este punto, Robles dijo que: “Una reforma laboral que esté orientada mayormente a estimular mayores flexibilidades en el funcionamiento de las empresas y la fluidez del mercado de trabajo, difícilmente pueda atender la otra pata, que es el empleo de calidad, sobre todo cuando esas grandes brechas de empleo de calidad están relacionadas con cuestiones productivas que sobrepasan lo que planteen las normas”.

Por otro lado, en cuanto a las modificaciones en la movilidad laboral en los últimos 24 meses, desde la UCA señalaron que, al momento de comenzar a implementarse la reforma laboral que le dio impulso el gobierno nacional, entre 2023 y 2025, en la UCA mostraron que los cambios en el mercado laboral fueron escasos.

Entre los principales puntos describieron que muchas personas desocupadas comenzaron a trabajar por cuenta propia de manera informal. Además, cayeron las oportunidades de los desocupados para ocupar puestos con salarios formales o públicos. También se incrementaron los pases de trabajos formales hacia los informales por cuenta propia.

Al respecto, dijeron que “esto sugiere más obstáculos para acceder a empleos productivos y más protagonismo de las estrategias del empleo autogenerado, características del sector microinformal no asalariado”.

Y cerraron diciendo que “la movilidad laboral reciente no parece expresar una ruptura drástica respecto del ciclo inicial, sino una reorientación regresiva de las trayectorias: el sector microinformal refuerza su papel como destino de trabajadores desocupados y ocupados que necesitan generar ingresos, en un contexto de bajo dinamismo de los sectores formal y público”.

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El FMI respaldó el rumbo económico de Milei y dejó una señal clave sobre el regreso de Argentina a los mercados

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El Fondo Monetario Internacional volvió a respaldar la estrategia económica del gobierno de Javier Milei y dejó un mensaje que el equipo económico interpreta como una validación de la hoja de ruta que viene ejecutando desde diciembre de 2023. Durante su conferencia de prensa habitual desde Washington, la portavoz del organismo, Julie Kozack, destacó los avances logrados por Argentina en materia de estabilidad macroeconómica, reducción de la inflación, recomposición de reservas y mejora de las condiciones financieras, aunque aclaró que la decisión de regresar a los mercados internacionales de crédito dependerá exclusivamente de las autoridades nacionales.

Las declaraciones llegan en un momento especialmente sensible para la economía argentina. Mientras el Gobierno busca consolidar la recuperación de la actividad y profundizar el proceso de desinflación, también necesita fortalecer el acceso al financiamiento voluntario para reducir la dependencia de organismos multilaterales y consolidar el esquema financiero de mediano plazo.

En ese contexto, Kozack sostuvo que Argentina continúa registrando “grandes avances” en la reconstrucción de sus principales variables macroeconómicas y valoró el esfuerzo orientado a fortalecer la resiliencia económica del país. Para el organismo, el programa vigente está permitiendo avanzar hacia una economía más abierta, eficiente y competitiva, un concepto que coincide con la narrativa oficial impulsada por el Ministerio de Economía.

El FMI también destacó que la actividad económica continúa expandiéndose mientras la inflación mantiene una trayectoria descendente. La combinación de crecimiento con desaceleración de precios es considerada por el organismo como una de las señales más relevantes del proceso de estabilización, especialmente luego de años marcados por desequilibrios fiscales, alta emisión monetaria y restricciones cambiarias.

Uno de los puntos más observados por los mercados es la evolución de las reservas internacionales. Sobre este aspecto, Kozack remarcó que la acumulación de activos externos sigue avanzando y que ello contribuye a mejorar las condiciones de financiamiento para el país. La recuperación de reservas es uno de los pilares del acuerdo vigente con el Fondo y aparece como una condición indispensable para sostener la credibilidad del nuevo esquema cambiario y monetario.

La funcionaria también hizo referencia a la mejora en la percepción de riesgo de Argentina por parte de los inversores internacionales. Según explicó, los spreads soberanos se redujeron significativamente y actualmente se ubican por debajo de los 450 puntos básicos, reflejando una visión más favorable sobre las perspectivas económicas del país. A ello se suma la mejora de las calificaciones crediticias otorgadas por distintas agencias internacionales, un factor que fortalece las posibilidades de acceso al financiamiento privado.

Sin embargo, el organismo evitó fijar plazos o recomendaciones concretas respecto de una eventual emisión de deuda en los mercados internacionales. “Las decisiones con respecto al momento y las condiciones del acceso a los mercados son decisiones que toman las autoridades”, señaló Kozack, dejando en claro que la estrategia financiera seguirá siendo definida por el equipo económico liderado por Luis Caputo.

Detrás de esa definición existe una señal política relevante. El FMI reconoce que las condiciones financieras mejoraron de manera significativa respecto de los niveles observados al inicio de la gestión Milei, pero considera que la consolidación del proceso dependerá de mantener el equilibrio fiscal, fortalecer las reservas y profundizar las reformas estructurales que impulsen la productividad de la economía.

En ese marco, la portavoz destacó el papel que cumplen organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que continúan trabajando junto al FMI para facilitar una transición ordenada hacia un financiamiento más amplio y sostenible. Para el organismo, el respaldo de estas instituciones actúa como un puente que fortalece la confianza de los mercados internacionales.

Otro de los temas abordados fue la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Consultada sobre los resultados de las modificaciones normativas recientemente reglamentadas, Kozack evitó realizar evaluaciones concluyentes y señaló que se trata de cambios demasiado recientes para medir su impacto. No obstante, sostuvo que el objetivo de estas reformas es promover la formalización laboral y mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, uno de los desafíos estructurales más importantes de la economía argentina.

La prudencia del FMI en este punto refleja que, pese a los avances macroeconómicos, persisten interrogantes sobre la capacidad de la economía para generar empleo formal de calidad y reducir los elevados niveles de informalidad que caracterizan al mercado laboral argentino.

Finalmente, el organismo ratificó que Argentina mantiene una relación financiera normalizada con el Fondo. Kozack confirmó que el país se encuentra al día con todos sus compromisos y aseguró que la institución no tiene preocupaciones respecto del cumplimiento de los próximos vencimientos.

Las declaraciones del FMI llegan apenas horas después de que el ministro Luis Caputo defendiera públicamente el rumbo económico ante empresarios de la construcción y asegurara que “Argentina ya cambió y no va a volver al pasado”. Desde Washington, el organismo pareció reforzar ese mensaje al reconocer avances concretos en estabilidad y financiamiento. Sin embargo, también dejó planteado el desafío central que enfrenta la administración Milei: transformar la estabilización macroeconómica en crecimiento sostenido, inversión privada y generación de empleo formal.

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Caputo: “Argentina ya cambió y no va a volver al pasado”

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La exposición del ministro de Economía, Luis Caputo, en el Meeting 2026 de BATEV dejó una definición que busca condensar la narrativa oficial de la actual gestión: “Argentina ya cambió y no va a volver al pasado”. La frase no fue casual. Llegó en un momento en el que el Gobierno intenta consolidar la percepción de que la estabilización macroeconómica logró dejar atrás los desequilibrios que marcaron la economía argentina durante la última década y media, mientras busca proyectar una nueva etapa centrada en la inversión privada, la apertura económica y el crecimiento sostenido.

Ante empresarios vinculados a la construcción y el desarrollo inmobiliario, Caputo defendió los resultados del programa económico implementado por la administración de Javier Milei y aseguró que el país atraviesa una recuperación que ya se refleja en múltiples indicadores. Según sostuvo, tanto el Producto Bruto Interno como el consumo privado alcanzaron niveles máximos históricos, acompañados por una fuerte desaceleración inflacionaria y una mejora en los salarios reales.

El ministro ratificó que la estrategia de disciplina fiscal y monetaria seguirá siendo el eje central de la política económica. En ese sentido, afirmó que el Gobierno está convencido de que la inflación convergerá hacia niveles internacionales en los próximos meses, apoyada en el equilibrio de las cuentas públicas y la reducción de la emisión monetaria. Además, destacó la caída de la deuda consolidada del sector público y aseguró que se trata de un fenómeno inédito en la historia reciente argentina.

Uno de los aspectos centrales de su discurso estuvo vinculado al sector externo. Caputo sostuvo que la apertura económica y la eliminación de restricciones al comercio están generando un escenario diametralmente opuesto al de los años previos. Según su visión, mientras los modelos anteriores provocaron caída de exportaciones, estancamiento del empleo privado y aumento de la pobreza, el esquema actual impulsa una mayor competencia que beneficia a consumidores y empresas mediante mejores precios y mayor calidad de bienes y servicios.

Como respaldo de esa tesis, remarcó que la Argentina registra niveles récord en exportaciones energéticas y mineras, sectores considerados estratégicos para la generación de divisas en los próximos años. También destacó el desempeño de las exportaciones agropecuarias, que muestran una expansión cercana al 70% en tendencia-ciclo, así como el crecimiento de las manufacturas de origen industrial, que exhiben una mejora del 20%. A ello sumó el desempeño de la economía del conocimiento y las exportaciones de pequeñas y medianas empresas, que según el funcionario se encuentran en máximos históricos.

El mensaje tuvo además un fuerte componente orientado a mostrar normalización financiera. Caputo recordó que hasta hace pocos años el país convivía con cepo cambiario, brechas superiores al 200% y restricciones para importar o girar utilidades al exterior. En contraste, aseguró que el Banco Central logró en apenas cinco meses cumplir la meta anual de acumulación de reservas comprometida con el Fondo Monetario Internacional y continúa fortaleciendo su posición externa.

En materia laboral, el titular del Palacio de Hacienda defendió la recientemente reglamentada Ley de Modernización Laboral. Consideró que la reforma generará incentivos para la contratación formal al reducir significativamente los costos asociados a la incorporación de trabajadores. Según explicó, las cargas vinculadas a nuevas contrataciones bajaron de alrededor de 19 puntos porcentuales a apenas 2, un cambio que, según el Gobierno, favorecerá la creación de empleo privado registrado.

Caputo también vinculó la estabilización económica con una mejora social. Aseguró que entre 12 y 14 millones de argentinos salieron de la pobreza desde el inicio de la gestión, lo que equivale a una reducción cercana al 25% de la población en situación de vulnerabilidad. Sobre esa base, planteó que la próxima etapa estará enfocada en profundizar la baja de impuestos, reducir el costo del crédito, mejorar la infraestructura y acelerar la llegada de inversiones productivas.

Más allá de los datos económicos, el discurso tuvo un claro contenido político. El ministro buscó transmitir previsibilidad a los sectores empresarios y reforzar la idea de irreversibilidad del rumbo económico. “Perderle el miedo al pasado” fue la consigna elegida para convocar al sector privado a incrementar inversiones en un contexto donde el oficialismo considera que las reformas estructurales comienzan a consolidarse.

La intervención en BATEV también dejó entrever el desafío central que enfrenta el Gobierno: transformar la estabilidad macroeconómica en crecimiento sostenido de la inversión y el empleo. En un país históricamente marcado por ciclos de expansión y crisis, el mensaje de Caputo apunta precisamente a instalar que esta vez el cambio de rumbo no sería transitorio, sino el punto de partida de un nuevo modelo económico.

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Reforma laboral: el Gobierno acelera la revisión de 800 convenios colectivos y abre una pulseada clave con los gremios

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El Gobierno nacional puso en marcha una de las transformaciones más profundas del sistema de relaciones laborales de las últimas décadas. Tras la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, la Secretaría de Trabajo comenzó a notificar a empresas y sindicatos para iniciar la revisión de aproximadamente 800 convenios colectivos de trabajo, una medida que promete redefinir las reglas de negociación en sectores estratégicos de la economía argentina.

La decisión encuentra su principal sustento en la eliminación de la ultraactividad, el principio jurídico que garantizaba la continuidad automática de los convenios colectivos una vez vencidos hasta que fueran reemplazados por un nuevo acuerdo. Con la nueva normativa, el Gobierno busca acelerar la actualización de marcos regulatorios que, en muchos casos, llevan décadas sin modificaciones sustanciales y que el oficialismo considera incompatibles con las nuevas dinámicas productivas y tecnológicas.

Desde la Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero, evitaron fijar plazos concretos para completar el proceso. Sin embargo, las primeras notificaciones reflejan una clara intención de avanzar con rapidez sobre los acuerdos más relevantes del mercado laboral argentino, especialmente aquellos vinculados a actividades con fuerte impacto económico y alta capacidad de movilización sindical.

La primera etapa incluye convenios correspondientes a algunos de los gremios más poderosos del país. Entre ellos figuran Aceiteros, Bancarios, Camioneros, Construcción, Alimentación, Sanidad, Gastronómicos y los distintos sindicatos del sector aeronáutico. También quedaron alcanzadas actividades estratégicas como petroleros, ferroviarios, marítimos, portuarios, estaciones de servicio y trabajadores vinculados a la logística.

La revisión se extiende además a sectores industriales y de servicios que representan una porción significativa del empleo formal argentino. La industria láctea, el sector textil, químicos, plásticos, seguridad privada, entidades deportivas, futbolistas profesionales, trabajadores de prensa y televisión forman parte del universo de convenios que deberán adecuarse al nuevo marco legal.

Para el Gobierno, el objetivo declarado es modernizar las relaciones laborales y generar condiciones que favorezcan la competitividad y la creación de empleo privado. La visión oficial sostiene que muchos convenios contienen cláusulas diseñadas para estructuras productivas que ya no existen y que dificultan la incorporación de nuevas modalidades de trabajo, tecnologías y esquemas organizacionales.

Sin embargo, la lectura sindical es radicalmente distinta. En los principales despachos de la CGT interpretan la ofensiva como un intento de avanzar sobre conquistas históricas mediante una flexibilización gradual de las condiciones laborales. Los dirigentes gremiales advierten que detrás de la renegociación masiva podrían discutirse aspectos sensibles como jornadas laborales, sistemas de categorías, esquemas de productividad y condiciones operativas específicas de cada actividad.

La preocupación sindical también radica en el desequilibrio de fuerzas que podría generar el nuevo escenario. Con convenios vencidos y bajo presión para renegociar, muchos gremios consideran que las empresas buscarán introducir cambios que durante años resultaron imposibles de negociar en el marco tradicional de las paritarias.

No obstante, la respuesta sindical no aparece homogénea. Algunos gremios comenzaron a marcar diferencias respecto de la estrategia confrontativa impulsada por sectores de la CGT. Uno de los primeros casos fue el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), liderado por Carlos Acuña, uno de los integrantes del triunvirato cegetista. La organización manifestó su disposición a participar del proceso de renegociación, aunque aclaró que lo hará con una agenda propia y defendiendo las particularidades del sector.

La posición del gremio refleja una realidad que atraviesa a buena parte del sindicalismo argentino: muchos convenios arrastran temas pendientes de actualización desde hace años y algunos dirigentes consideran que la reapertura de las negociaciones puede transformarse también en una oportunidad para incorporar demandas históricas de los trabajadores.

Más allá de las diferencias internas, el proceso abre una nueva etapa en la relación entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. La revisión de 800 convenios colectivos no solo implica una discusión técnica sobre normas laborales, sino una disputa por el modelo de relaciones laborales que regirá en la Argentina de los próximos años.

La magnitud de la reforma convierte a esta negociación en uno de los capítulos más relevantes del programa de transformación impulsado por Javier Milei. El resultado de esa pulseada determinará no solo el alcance real de la modernización laboral, sino también el equilibrio de poder entre el Estado, las empresas y los sindicatos en una economía que busca redefinir sus reglas de funcionamiento.

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Milei avanza sobre el financiamiento sindical y abre un nuevo frente con la CGT

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La ofensiva del Gobierno nacional sobre el esquema de relaciones laborales sumó un nuevo capítulo con potencial impacto político y económico. A través de la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, la administración de Javier Milei avanzó sobre uno de los pilares históricos del poder sindical: el financiamiento derivado de los convenios colectivos de trabajo. La medida amenaza con reducir significativamente los ingresos de los gremios y expone las dificultades de la CGT para articular una respuesta unificada frente a una estrategia oficial que apunta directamente a las estructuras de poder sindical.

La decisión del Ejecutivo introduce cambios profundos en el sistema de aportes y contribuciones que durante décadas constituyeron una fuente central de recursos para sindicatos, institutos de capacitación, mutuales y entidades vinculadas al movimiento obrero. El nuevo marco fija un tope del 2% sobre las retenciones salariales destinadas a aportes convencionales y, además, elimina la continuidad automática de numerosos mecanismos de financiamiento que permanecían vigentes aun cuando los convenios colectivos hubieran vencido.

La medida llega en un contexto de debilitamiento progresivo del sindicalismo tradicional. La caída del empleo formal, la reducción de la afiliación gremial y la creciente fragmentación del mercado laboral ya venían erosionando la capacidad financiera de muchas organizaciones. Ahora, la reglamentación acelera ese proceso al obligar a sindicatos y cámaras empresarias a renegociar acuerdos que durante años funcionaron como una fuente estable de ingresos.

El núcleo de la disputa se encuentra en la reinterpretación del principio de ultraactividad. Históricamente, los convenios colectivos continuaban aplicándose una vez vencidos hasta la firma de un nuevo acuerdo. La reforma impulsada por el Gobierno mantiene la vigencia de las cláusulas normativas que protegen derechos de los trabajadores, pero limita la continuidad de las cláusulas obligacionales, es decir, aquellas vinculadas a aportes económicos, fondos sectoriales y mecanismos de financiamiento institucional.

En términos prácticos, numerosos recursos que hoy reciben los sindicatos podrían desaparecer si no son ratificados en nuevas negociaciones paritarias. Aportes solidarios de trabajadores no afiliados, contribuciones empresariales, fondos de capacitación, institutos de formación y diversas estructuras creadas al amparo de los convenios colectivos quedarán sujetas a revisión.

La Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero y bajo la órbita política de Federico Sturzenegger, comenzó además a notificar formalmente a sindicatos y cámaras empresarias para que inicien procesos de renegociación colectiva. La decisión se sustenta en el artículo 137 de la Ley 27.802 y en el Decreto 407/2026, que reglamenta los mecanismos para actualizar o ratificar convenios vencidos.

Detrás de la discusión jurídica se esconde una batalla política de mayor profundidad. El Gobierno busca debilitar estructuras corporativas que considera parte del entramado de privilegios construido durante décadas, mientras procura presentar la reforma como una medida favorable para los trabajadores, argumentando que reduce cargas que terminaban financiando aparatos sindicales antes que beneficios directos para los asalariados.

La estrategia coloca a la CGT en una situación incómoda. A diferencia de otros conflictos recientes, el impacto de estas modificaciones no recae directamente sobre salarios o condiciones laborales, sino sobre los ingresos de las propias organizaciones sindicales. Esa característica dificulta la construcción de un discurso capaz de movilizar a las bases y explica, en parte, la cautela que exhiben los principales dirigentes cegetistas.

El impacto económico podría ser significativo. Diversas estimaciones del sector sindical sostienen que los cambios afectarían recursos que históricamente representaron cientos de millones de dólares anuales para el conjunto de las organizaciones gremiales. La reducción de esos ingresos no solo compromete estructuras administrativas y programas de asistencia, sino también la capacidad política de los sindicatos para sostener su influencia en la negociación colectiva y en la vida pública.

En este escenario, la reforma laboral deja de ser únicamente una discusión técnica sobre convenios y aportes. Se convierte en una pieza central de la disputa por el poder entre el Gobierno libertario y las organizaciones sindicales. La diferencia respecto de otros enfrentamientos históricos es que esta vez la confrontación no se libra en las calles ni en las paritarias, sino en la arquitectura financiera que sostiene al movimiento obrero organizado.

Con la reglamentación ya en marcha y las primeras notificaciones enviadas, el Ejecutivo parece decidido a avanzar sobre una de las últimas grandes cajas de poder corporativo de la Argentina. La incógnita es si la CGT encontrará una estrategia para resistir el avance o si la transformación del sistema sindical terminará consolidándose como una de las reformas estructurales más profundas de la era Milei.

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