reforma laboral

Bausili ratificó el plan económico y descartó priorizar el fin del cepo para empresas

Compartí esta noticia !

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, ratificó este lunes la continuidad del programa económico del Gobierno nacional y sostuvo que la inflación seguirá en descenso, en una señal política destinada a reforzar la estrategia económica de la administración de Javier Milei.

Durante una conferencia realizada en el Salón Bosch del BCRA para presentar el Informe de Política Monetaria (IPOM) y los estados contables del ejercicio 2025, el funcionario dejó además una definición relevante para el sector privado: el levantamiento del cepo cambiario para empresas no figura entre las prioridades inmediatas de la autoridad monetaria.

La exposición, compartida con el vicepresidente del Central, Vladimir Werning, buscó transmitir estabilidad en medio de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y volatilidad financiera. Según planteó Bausili, Argentina logró atravesar ese escenario sin repetir episodios de estrés cambiario observados en otros momentos de crisis.

“El tipo de cambio se mantuvo estable, las tasas domésticas cayeron y el superávit energético actuó como amortiguador”, sostuvo el titular del BCRA al describir el comportamiento reciente de la economía local.

El Gobierno sostiene el esquema cambiario para empresas

Uno de los mensajes más sensibles para el mercado fue la confirmación de que el Banco Central no considera prioritario flexibilizar las restricciones cambiarias que aún afectan a personas jurídicas.

“No está entre nuestras prioridades eliminar las restricciones cambiarias para las empresas o que las personas jurídicas puedan atesorar dólares. Estamos enfocados en el sector externo”, afirmó Bausili.

La definición implica que continuarán vigentes mecanismos regulatorios como las limitaciones para operar simultáneamente en mercados oficiales y financieros durante períodos determinados. Según explicó el funcionario, la prioridad oficial es garantizar el funcionamiento del comercio exterior y evitar tensiones sobre las reservas.

Incluso, ante consultas sobre la posibilidad de mantener el esquema actual por tiempo indefinido, Bausili respondió que “podría quedar así”, dando a entender que el Gobierno no considera el cepo corporativo como un obstáculo inmediato para la dinámica económica.

La posición marca una diferencia respecto de la flexibilización otorgada a personas físicas desde abril de 2025 y confirma que la apertura cambiaria avanza de manera segmentada y bajo control del Banco Central.

Inflación, empleo y reforma laboral

En paralelo, el titular del Central insistió en que el proceso de desaceleración inflacionaria continuará durante los próximos meses. El Gobierno interpreta ese comportamiento como el principal sostén político y económico del programa libertario.

Bausili vinculó además la baja de la pobreza registrada en el segundo semestre de 2025 con la reducción de la inflación. Según indicó, el BCRA estima que casi seis puntos porcentuales de esa caída estuvieron directamente asociados a la estabilización monetaria.

Sobre el mercado laboral, reconoció que hubo deterioro en el empleo formal, aunque señaló que la reciente Ley de Modernización Laboral aprobada por el Congreso apunta a revertir esa tendencia y dinamizar la contratación registrada.

Según los datos presentados durante la conferencia, la tasa de desempleo se ubicó en 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, un nivel que el funcionario calificó como históricamente bajo, aunque superior al del año anterior.

Otro de los puntos abordados fue la continuidad del swap con China, cuyo vencimiento opera en agosto. Bausili confirmó que el Gobierno negocia una extensión “en los mismos términos”, sin modificaciones estructurales.

El funcionario también relativizó el peso del denominado “carry trade” en el sistema financiero argentino y aseguró que las inversiones especulativas de corto plazo representan una porción marginal del mercado local.

Según explicó, el stock estimado de inversiones de no residentes en títulos públicos de corto plazo ronda los USD 2.000 millones sobre un mercado de capitales cercano a USD 60.000 millones.

Además, defendió las restricciones existentes para desalentar el ingreso de capitales golondrina y sostuvo que el esquema argentino es, incluso, más flexible que el de otros países de la región donde las empresas ni siquiera pueden operar cuentas en dólares localmente.

Estabilidad como activo central del oficialismo

La conferencia del Banco Central tuvo un fuerte componente político. Más allá de los datos técnicos, el mensaje central apuntó a consolidar la idea de continuidad y previsibilidad del programa económico en un momento donde el Gobierno busca fortalecer expectativas de estabilidad.

La frase de Bausili —“no hay manera de cambiar el rumbo”— funcionó como una señal hacia el mercado, el empresariado y los actores financieros que siguen de cerca la sostenibilidad del esquema cambiario y fiscal.

La decisión de mantener controles para empresas también revela que el oficialismo prioriza preservar el equilibrio externo antes que avanzar hacia una liberalización total del mercado de cambios. Ese equilibrio aparece hoy como una de las principales variables que monitorea el Gobierno para evitar tensiones sobre reservas y tipo de cambio.

En provincias con fuerte dependencia del comercio exterior y economías regionales, como Misiones, la continuidad de restricciones cambiarias para empresas mantiene relevancia sobre sectores exportadores e importadores que operan con insumos dolarizados.

Aunque el BCRA aseguró que las importaciones funcionan con fluidez y que las exportaciones mantienen niveles elevados, el sostenimiento del actual esquema cambiario seguirá siendo una variable observada por industrias, forestales, yerbateras y firmas vinculadas al comercio fronterizo del NEA.

También el comportamiento de la inflación continuará teniendo impacto directo sobre consumo, costos logísticos y actividad comercial en una región particularmente sensible a las variaciones de precios y al tipo de cambio.

El Gobierno busca mostrar que la etapa de emergencia quedó atrás y que el programa económico ingresó en una fase de consolidación. Sin embargo, el propio Bausili reconoció que persisten riesgos internacionales asociados al conflicto en Medio Oriente y a eventuales tensiones comerciales globales.

La evolución de la inflación, la dinámica del empleo formal, la estabilidad cambiaria y la renovación del swap con China aparecen como variables centrales para medir si el esquema oficial logra sostenerse sin sobresaltos durante la segunda mitad del año.

Compartí esta noticia !

Certificado laboral digital: ARCA acelera la despapelización y redefine costos administrativos para empresas y trabajadores

Compartí esta noticia !

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó un cambio estructural en la administración laboral: desde ahora, el certificado de trabajo previsto en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo podrá emitirse y entregarse de forma digital a través de la plataforma oficial del organismo. La medida moderniza un trámite históricamente burocrático y apunta a reducir costos operativos, tiempos administrativos y litigios laborales vinculados a documentación de desvinculación.

La Resolución General 5848/2026 elimina el viejo esquema basado en formularios físicos obligatorios y habilita que los trabajadores accedan online a sus certificados laborales mediante el servicio “Trabajo en Blanco”. Para provincias como Misiones, donde predominan pymes comerciales, forestales, yerbateras y turísticas con estructuras administrativas reducidas, el impacto puede ser más profundo que en grandes centros urbanos.

Qué cambia concretamente

Hasta ahora, muchas empresas debían emitir manualmente documentación laboral al finalizar una relación laboral, con procesos que combinaban carga de datos, impresión, firma y entrega física. El nuevo esquema digitaliza el circuito completo.

Las principales modificaciones

  • El certificado laboral podrá emitirse en formato digital o físico.
  • La generación será obligatoria a través de “Simplificación Registral”.
  • El trabajador accederá al documento mediante el portal “Trabajo en Blanco”.
  • El certificado digital no requerirá firma manuscrita ni firma digital adicional.
  • Se elimina el régimen anterior regulado por la Resolución General 2.316.
  • Se incorpora validación mediante sistemas electrónicos y trazabilidad online.

ARCA también amplió las funciones del sistema “Trabajo en Blanco”, permitiendo que los trabajadores consulten: altas y bajas laborales registradas. Remuneraciones declaradas. Aportes previsionales. Certificados digitales de ingresos laborales. Observaciones o irregularidades detectadas.

Menos papel, más trazabilidad laboral

La resolución también fortalece el control estatal sobre relaciones laborales registradas.

El nuevo sistema cruza automáticamente: altas y bajas laborales. Declaraciones juradas. Liquidaciones salariales. Aportes y contribuciones previsionales. Eso reduce margen para inconsistencias documentales y aumenta la capacidad de fiscalización digital.

Desde la óptica empresaria, el cambio tiene dos lecturas: Beneficios menor burocracia. Simplificación operativa. Reducción de tiempos administrativos. Menos costos de archivo y certificación. Mayor previsibilidad documental. Riesgos mayor exposición de inconsistencias registrales. Incremento de controles automatizados. Necesidad de mantener información laboral actualizada en tiempo real.

La medida se inscribe dentro de la lógica de modernización laboral impulsada tras la Ley 27.802, que busca digitalizar procesos y reducir litigiosidad.

En economías regionales, donde muchas empresas todavía operan con estructuras administrativas tradicionales, el desafío será adaptarse rápidamente a sistemas digitales obligatorios.

El dato relevante es que el trabajador podrá acceder directamente a información laboral sensible sin intermediación del empleador. Eso fortalece transparencia, pero también aumenta la exposición frente a errores registrales históricos.

El dato político detrás de la resolución

ARCA avanza hacia un modelo donde la fiscalización laboral deja de depender del papel y pasa a basarse en interoperabilidad digital de datos.

La transformación no apunta solamente a simplificar trámites: también busca construir un sistema de control más automatizado, con menor margen de informalidad y mayor capacidad de auditoría remota.

Para el sector privado, el mensaje es claro: la formalización documental ya no será opcional ni podrá sostenerse sobre estructuras administrativas precarias.

El éxito de la medida dependerá menos de la norma y más de la capacidad operativa del sistema digital. En provincias periféricas como Misiones, donde todavía existen brechas tecnológicas y problemas de conectividad en algunas zonas productivas, la implementación práctica será determinante.

También habrá que observar si la digitalización efectivamente reduce litigios laborales o si, por el contrario, multiplica conflictos derivados de inconsistencias detectadas automáticamente por el sistema.

Para las empresas misioneras, el escenario abre una oportunidad de profesionalización administrativa, pero también exige adaptación rápida a una lógica laboral completamente digitalizada.

Compartí esta noticia !

Capital Humano homologó la primera paritaria rural bajo la reforma laboral

Compartí esta noticia !

El Ministerio de Capital Humano homologó este miércoles la primera paritaria del sector rural encuadrada en el régimen general de negociación colectiva establecido por la Ley N.º 14.250, tras las modificaciones introducidas por la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802.

La decisión formalizó el acuerdo alcanzado entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las principales entidades representativas del agro: Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA), CONINAGRO, Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Federación Agraria Argentina (FAA).

El acuerdo establece remuneraciones mínimas para trabajadores permanentes comprendidos en el Régimen de Trabajo Agrario regulado por la Ley N.º 26.727, además de distintas actividades específicas alcanzadas por el convenio.

Desde el Gobierno, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, calificó la homologación como un “hito histórico en materia laboral” y la vinculó con un proceso de actualización del sistema de negociación colectiva.

El cambio institucional detrás de la paritaria rural

La modificación no sólo tiene impacto salarial. También redefine el mecanismo institucional mediante el cual se negocian las condiciones laborales del sector agrario.

Hasta la entrada en vigencia de la nueva normativa, las remuneraciones mínimas rurales eran definidas mediante resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), un esquema donde el Estado tenía un rol central en la fijación salarial.

Con la reforma impulsada por la Ley N.º 27.802, las condiciones salariales pasan a discutirse bajo el régimen general de negociación colectiva previsto en la Ley N.º 14.250, trasladando mayor peso a la negociación directa entre sindicatos y cámaras empresarias.

La homologación realizada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social representa así el primer antecedente concreto de implementación de ese nuevo esquema en el ámbito rural.

El agro gana un marco de negociación más flexible

La medida también expone una reconfiguración en la relación entre Estado, sindicatos y entidades rurales.

El acuerdo reúne a actores históricamente influyentes del agro argentino, como la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO y Federación Agraria Argentina, junto con el sindicato UATRE.

El Gobierno interpretó la homologación como un avance en “institucionalidad laboral”, al considerar que el nuevo régimen aporta previsibilidad y seguridad jurídica tanto para trabajadores como para empleadores.

La decisión además se inscribe dentro del proceso de reformas laborales promovido por la administración nacional, que busca modificar mecanismos tradicionales de regulación del trabajo y reducir la centralidad estatal en ciertas negociaciones sectoriales.

Qué cambia para el sector rural

El nuevo esquema implica que las futuras discusiones salariales del trabajo agrario podrán canalizarse mediante convenios colectivos negociados entre las partes y posteriormente homologados por la autoridad laboral.

En términos prácticos, el sistema se asemeja más al funcionamiento de otras actividades privadas que negocian salarios bajo convenios colectivos generales.

La novedad adquiere relevancia porque el trabajo rural históricamente mantuvo un régimen específico y diferenciado respecto de otros sectores de la economía.

El Gobierno sostiene que el cambio aporta mayor agilidad y modernización al sistema de relaciones laborales rurales.

Impacto potencial en Misiones y el NEA

La formalización de paritarias rurales bajo el régimen general puede tener impacto directo en provincias con fuerte presencia de economías regionales y trabajo agrario, como Misiones y otras jurisdicciones del NEA.

Sectores vinculados a producción yerbatera, forestal, tealera y actividades agroindustriales podrían verse alcanzados por futuras negociaciones bajo este nuevo esquema institucional.

Aunque el comunicado oficial no detalla cifras salariales específicas ni actividades regionales concretas, la modificación del mecanismo de negociación introduce una variable relevante para empleadores y trabajadores rurales del interior productivo.

La evolución de estos acuerdos será observada especialmente en regiones donde la actividad agraria tiene fuerte incidencia sobre empleo y dinámica económica local.

Una reforma que empieza a mostrar efectos concretos

La homologación de esta primera paritaria aparece como uno de los primeros efectos operativos visibles de la Ley de Modernización Laboral sobre el sistema de negociación colectiva.

El desafío hacia adelante será observar cómo evolucionan futuras discusiones salariales bajo el nuevo esquema y si el modelo logra consolidar mayor estabilidad en un sector históricamente atravesado por tensiones entre productividad, costos laborales y regulación estatal.

También quedará bajo análisis el alcance real de la negociación colectiva en actividades rurales específicas y la capacidad del nuevo sistema para equilibrar intereses entre sindicatos y entidades empresarias.

Compartí esta noticia !

La Justicia ratificó la vigencia de la reforma laboral

Compartí esta noticia !

La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Macarena Marra Giménez dejó sin efecto la medida cautelar que había dictado su colega del fuero laboral que suspendía la vigencia de gran parte de la ley de “modernización laboral” que aprobó el Congreso de la Nación el 28 de febrero pasado.

El planteo de la CGT que pidió la inconstitucionalidad de la ley pasó al fuero Contencioso Administrativo, tras un conflicto de competencia. La cuestión de fondo aún no fue resuelta, pero mientras tanto la ley tiene vigencia.

La Corte Suprema de Justicia declaró este jueves inadmisible el recurso extraordinario por salto de instancia (per saltum) presentado por el Gobierno nacional para que intervenga en la causa iniciada por la CGT, quien cuestiona la constitucionalidad de la reforma laboral impulsada por Javier Milei.

La decisión del máximo tribunal representó un revés para la estrategia judicial de la Procuración del Tesoro, que buscaba que la Corte interviniera de manera directa y blindara definitivamente la reforma laboral. Hoy la cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) sigue en curso y se espera una largo trecho para resolver la cuestión de fondo, si la ley es o no constitucional.

A pesar del fallo adverso, el Gobierno está confiado en que logrará ganar el pleito. Hace unos días logró que se levantará la suspensión de 82 artículos de la reforma laboral que había dictado el juez laboral Héctor Ojeda el 30 de marzo. Esta semana tuvo otra buena noticia. Después de insistir, consiguió que la causa pasará del fuero Laboral al Contencioso Administrativo, más amigable con la visión del Ejecutivo.

Ahora, el pleito legal sobre la constitucionalidad de la reforma laboral deberá tramitarse en el Contencioso Administrativo, que venía reclamando la competencia, aunque sin definirse por la cuestión de fondo. Eso sí, el Gobierno ya comenzó a aplicar la ley, a pesar de que todavía puede ser volteada por la Justicia.

Qué resolvió la Corte Suprema

En una resolución breve, la Corte sostuvo que no estaban dadas las condiciones previstas en el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial para habilitar el denominado per saltum.

“Que a juicio de esta Corte no se observan los requisitos que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, habilitan la procedencia de la vía cuya apertura se promueve mediante el recurso por salto de instancia”, señaló el fallo firmado este 7 de mayo de 2026.

En consecuencia, el tribunal declaró inadmisible el recurso impulsado por el Estado nacional y ordenó archivar las actuaciones.

Qué había planteado el Gobierno

El Gobierno había acudido directamente a la Corte Suprema mediante un per saltum luego de que el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 suspendiera la aplicación de 83 artículos de la reforma laboral. Desde un primer momento, cuestionó la competencia de ese fuero y pidió que pasara al Contencioso Administrativo Federal. Como Ojeda se negaba, el Gobierno intentó ir directamente al máximo tribunal, porque todo indicaba que la suspendió podría mantenerse por un tiempo indeterminado.

En los últimos días, el rumbo de la causa cambió cuando la Cámara de Apelaciones del Trabajo levantó la suspensión de los artículos cuestionados por la CGT y repuso la vigencia de la ley. La central obrera advirtió entonces que la cautelar todavía no había sido resuelta e insistía con mantener la pelea hasta la Corte Suprema, si era necesario.

En el medio, se intensificó el conflicto de competencia. En un hecho inédito, dos fueros se disputaban la competencia para tratar la cautelar. El Contencioso Administrativo, en sintonía con lo que pedía el Gobierno, reclamaba que le correspondía porque era una demanda contra el Estado. En cambio, la CGT sostiene que el fuero correspondiente es el Laboral, el especializado en relaciones del Trabajo. Por ahora, el Gobierno logró el traspaso de la causa al fuero que quería, donde se siente más cómodo.

Compartí esta noticia !

La Corte Suprema rechazó el per saltum que presentó el Gobierno por la reforma laboral

Compartí esta noticia !

La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves el recurso de “per saltum” presentado por el Gobierno nacional para que el máximo tribunal interviniera de manera directa en la disputa judicial por la reforma laboral. De esta manera, la causa continuará su trámite en las instancias judiciales inferiores.

El recurso había sido presentado por la Procuración del Tesoro luego de que distintos fallos judiciales, como los del fuero laboral, pusieran en discusión la validez de varios artículos centrales de la denominada Ley de Modernización Laboral. 

El Ejecutivo buscaba que la Corte acelerara la definición sobre la constitucionalidad de la norma y dejara sin efecto las cautelares que habían frenado parte de su aplicación. Una de esas cautelares fue impulsada por la CGT.

Sin embargo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que no estaban dadas las condiciones excepcionales que exige la figura del per saltum, prevista únicamente para casos de “notoria gravedad institucional” y urgencia extrema, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En una resolución breve, el tribunal declaró “inadmisible” la presentación oficial y evitó pronunciarse sobre el fondo de la reforma.

El fallo representó un revés judicial para la Casa Rosada en la pelea por la vigencia total del texto que tuvo sanción en sesiones extraordinarias. De todos modos, la discusión continuará en el fuero contencioso administrativo, tal como solicitó el cuerpo de abogados que representan los intereses del Estado.

En ese sentido, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó el martes al juez laboral Raúl Horacio Ojeda, que aceptó la presentación de la CGT, que remita el expediente en un plazo de 24 horas hacia el fuero. Además, dejó asentado que la discusión sobre la competencia “se encuentra definitivamente resuelta”

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin