La mesa de carbono forestal lidera la agenda para la expansión de los mercados de carbono de Argentina

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En un hito histórico para el país, quedó conformada el pasado lunes 26 de febrero la primera Mesa Nacional Foresto Industrial, dentro de la cual y como uno de los Diez Ejes Estratégicos , los mercados de carbono pasan a tener un protagonismo único y prioritario para la expansión de nacional y regional de los mismos. Este nuevo EJE está coordinado y dirigido desde el sector privado por voceros e integrantes de la Mesa de Carbono Forestal Nacional (MCFN). Tiene como fin difundir y promover la potencialidad de los mercados de carbono argentinos, lograr su expansión en Argentina y en la región, así como desarrollar e implementar un proyecto de ley para construir una normativa integral para dichos mercados. Sin dudas, es una clara y muy positiva señal que recalca la gran importancia que tienen los mercados de carbono para el desarrollo en Argentina, así como de su posicionamiento en el mundo. 

“En Argentina se desarrollan proyectos de carbono forestal desde hace más de 15 años. Esto ocurre en 20.000 hectáreas aproximadamente, distribuidas en distintas regiones y con un potencial de mitigación de más de 1.6M toneladas de CO2, de los cuales ya se llevan mitigadas más de un tercio” explica Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa de Carbono Forestal Nacional (MCFN) y uno de los voceros de este nuevo espacio. “Los proyectos de carbono forestal pueden ser para evitar, reducir o capturar emisiones de carbono, por ejemplo, mediante la conservación de bosques nativos, la mejora en la eficiencia del uso productivo del bosque nativo o plantación forestal, o bien, a través de nuevas plantaciones forestales o de la reforestación o regeneración de bosques nativos” agrega.

En el ámbito de la MCFN solamente, existen actualmente proyectos de carbono forestal en etapa de evaluación, desarrollo y certificación por un total de 400.000 hectáreas (20 veces más que la superficie actual). Estos proyectos permitirían capturar y prevenir emisiones por un total aproximado de 50M de toneladas de CO2, lo cual equivale a más del 60% de la meta de reducciones de emisiones a 2030 establecida por Argentina en su Plan Nacional de Bosques y Cambio Climático el cual es parte del compromiso de reducción de emisiones presentada por Argentina ante Naciones Unidas.

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La comercialización de los créditos de carbono generados por estos proyectos podría representar ingresos totales por entre 500 y 800 millones de dólares, lo cual representa entre 15 y 20 millones de dólares anuales. Más aún, si en Argentina se desarrollaran y certificaran proyectos de captura y reducción de emisiones en tan sólo el 10% de la superficie de bosques del país, podría estimarse preliminarmente una reducción de emisiones de 400M de toneladas de CO2, lo cual equivale más de 4 veces la meta del Plan Nacional de Bosques y Cambio Climático.

“La comercialización de los créditos de carbono generados por estos proyectos podría representar ingresos totales por entre 4.000 y 6.000 millones de dólares, lo cual representa entre 100 y 150 millones de dólares anuales.  Si este cálculo se lleva al 100% de la superficie forestal, estaríamos hablando de ingresos anuales de entre 1000 y 1500 millones de dólares, lo cual puede asimilarse a los ingresos anuales generados en los últimos años por los complejos productivos de la uva, maní y lácteos” afirma Cano.

Los mercados de carbono son un mecanismo de reducción de emisiones mediante la gestión privada principalmente, utilizando mecanismos de mercado. No requiere de inversión o financiamiento público, pero sí requiere que el Estado pueda garantizar las condiciones para que el sector se desarrolle.

“Hoy la mayor demanda de créditos de carbono proviene más que nada del exterior, por lo que para que ello ocurra lo que se precisa principalmente, y como primer paso, es dar seguridad jurídica y transparencia internacional para el desarrollo de este tipo de proyectos en el país. En particular desde la Mesa de Carbono Forestal Nacional se ha elaborado un proyecto de ley para ello” completa el Coordinador.

Luego también pueden pensarse y diseñarse instrumentos de política pública que pueden traccionar la demanda interna, para lo cual hay experiencias interesantes y con varios años de implementación en lugares como la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Japón, pero también en países de la región como Colombia y México, entre otros. En este sentido, de avanzar con el desarrollo de un Sistema de Comercio de Emisiones en Argentina, cuestión que se observa con mucho interés y que fue parte de la llamada “Ley Ómnibus” tratada recientemente en la Cámara de Diputados, es necesario que se incluya la posibilidad de que los obligados puedan reducir emisiones mediante créditos de carbono, al menos por un plazo o cupo que puede fijar el Poder Ejecutivo Nacional.

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Finalmente, es necesario poder ordenar y dar coherencia con una mirada nacional o regional a las iniciativas provinciales que se han ido generando hasta ahora. Para todo ello, se requiere articular con el gobierno nacional para lograrlo, tanto para trabajar desde allí con las distintas áreas de gobierno nacional, como con el poder legislativo nacional y las áreas de gobierno provincial.

Hoy la Mesa de Carbono Forestal Nacional (MCFN) está conformada por más de 40 empresas, instituciones y personas de la cadena de valor de los mercados de carbono forestal de Argentina, enfocadas en el sector forestal argentino, pero con una visión futura multisectorial para un trabajo mancomunado e integrador. De hecho, sus miembros trabajan en la conservación, manejo mejorado y restauración de bosques nativos y en la producción forestal, representando en este último caso el 80% de las plantaciones forestales del país. La MCFN tiene como interés principal posicionar a la Argentina en los mercados de carbono a nivel regional y global, entendiéndolos como un mecanismo concreto y transparente para canalizar financiamiento a las acciones climáticas necesarias para mitigar el cambio climático. Para ello, su objetivo es ser un actor que participe de manera propositiva en los procesos de elaboración de los marcos normativos e instrumentos de política pública para promover los mercados de carbono en el país.

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