La Mesa Interinstitucional avanza junto al RENABAP en la consolidación del derecho a la vivienda y los servicios
La Mesa Interinstitucional del Diálogo y el Consenso, que se reúne periódicamente en la Defensoría del Pueblo de Posadas, avanza en el trabajo con los sectores más vulnerables de la comunidad, apuntando a la efectiva implementación del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), el cual prevé el otorgamiento de los Certificados de Vivienda Familiar, para regularizar la situación de asentamientos, evitar desalojos y permitir la conexión a los servicios esenciales como agua y luz.
“Nuestro objetivo es lograr un efectivo y eficiente relevamiento que permita dar una solución a esta problemática social que en Posadas se acrecentó en los últimos años, y que también afecta a distintas localidades de la provincia”, resaltó el defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, quien explicó que el próximo jueves 15 del corriente, se volverán a reunir todas las instituciones y sectores que conforman la Mesa Interinstitucional, junto a los representantes del RENABAP para continuar trabajando sobre la implementación del mismo.
Entre las principales cuestiones que trataron en el último encuentro, coincidieron en la diagramación de un cronograma de capacitación para los distintos organismos y funcionarios que directamente e indirectamente están alcanzados por la implementación de estas certificaciones dispuestas por el Decreto 358/17 del Ejecutivo Nacional (que modifica al 2670/15), el cual no sólo reconoce el derecho a la vivienda digna, sino también a los servicios para garantizar condiciones de vida también dignas.
Penayo destacó el compromiso de todos los actores que conforman la Mesa, desde el propio personal de la Defensoría, la ministra de Derechos Humanos, Lilia Marchesini, junto a parte del equipo técnico del Ministerio, el coordinador local del RENABAP, Horacio Erredubidarte; los diputados provinciales Roque Gervasoni y Martín Sereno, el secretario General de Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Violencia Familiar, Carlos Oudín, la subsecretaria de Tierras de la Provincia, Sonia Melo; el coordinador del Programa de Regularización de Ocupación de Espacios Públicos y Provisión de Agua de la Municipalidad de Posadas, Jorge Atencio, representantes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organizaciones sociales y de defensa del consumidor, así como representantes de comisiones barriales.
“Es fundamental poder avanzar en la Certificación de Vivienda Familiar, a través del RENBAP, porque esto permite acreditar de manera fehaciente la existencia y veracidad de las familias en asentamientos o urbanizaciones informales, para que de esta manera puedan acceder a los servicios de agua, luz y cloacas, entre otros, y tener así condiciones de vida digna”, explicó Penayo.
Sin embargo, el defensor del Pueblo aclaró que “esta certificación no representa un título de propiedad, sino que es un documento legal y formal de domicilio”, por lo que aclaró que “el otro aspecto sobre el que estamos trabajando fuertemente entre todas las instituciones y organismos que conformamos la Mesa es en conseguir que desde la Nación se avalen los fondos para resolver la problemática de familias asentadas en terrenos privados”.
“Esto va a permitir que las familias puedan acceder a la titularización de las tierras, y que los propietarios afectados reciban la correspondiente compensación económica, logrando así una respuesta que conforme a todas las partes”, concluyó Penayo.
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