Ordenan a Gas NEA a refacturar tarifazos a usuarios de Itaembé Guazú

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La dirección de Comercio Interior ordenó a la empresa Gas NEA a refacturar los consumos a los usuarios de Itaembé Guazú, que recibieron facturas con aumentos superiores a 1.300 por ciento. 

El organismo, que conduce Alejandro Garzón Maceda, intentó contactar a la firma encontrándose las oficinas cerradas.

En virtud del aumento importante que se pudo apreciar con documentación obtenida se ha dispuesto desde la dirección de Comercio Interior dependiente del ministerio de Acción Cooperativa  en aplicación de lo establecido en la ley de defensa del consumidor la “inmediata refacturación” de todos los usuarios de conformidad al artículo 31 en un plazo de cinco días corridos.

Por lo tanto hasta que la empresa no efectúe la refacturación los usuarios pueden no abonar la factura correspondiente al periodo 2024/6.

Si tienen débito automático pueden solicitar a la entidad bancaria y a la tarjeta de crédito si fuere por este medio se deje sin efecto el débito y la entidad bancaria debe aceptar lo solicitado.

La medida tiene carácter provisorio supeditada a las actuaciones que por presunto incumplimiento de la ley de defensa del consumidor se tramitan de oficio.

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El Gobierno decretó la emergencia energética: habrá aumentos tarifarios e intervendrán el ENRE y ENARGAS

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La Secretaría de Energía establecerá mecanismos para la “sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso”.

A través del Decreto 55/2023 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei declarará emergencia energética y dispondrá la intervención de los entes reguladores de electricidad y gas.

La Secretaría de Energía establecerá mecanismos para la “sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías”.

Revisión tarifaria: cómo se implementará y a quiénes afecta

Por otro lado, la emergencia determinará una revisión tarifaria, establecida por el artículo 43 de la Ley N° 24.065 y al artículo 42 de la Ley N° 24.076. Además establece que los cuadros tarifarios entrantes no podrán exceder el 31 de diciembre del 2024.

Mientras dure este proceso, podrán aprobarse “adecuaciones transitorias de tarifas ajustes periódicos“. Según señalaron, buscarán asegurar la continuidad y normal prestación de los servicios, según disponga el resultado de la revisión de tarifas.

Intervención del ENRE y de ENARGAS

Uno de los puntos fundamentales que señala el DNU es la intervención del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), a partir del 1 de enero de 2024 hasta la designación de los integrantes del Directorio, que serán elegidos según lo previsto por el artículo 8 del mismo decreto.

El Decreto:

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Declárase la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural. La declaración de emergencia en el Sector Energético Nacional y las acciones que de ella deriven, según lo indicado en el artículo 2° del presente, tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.

ARTÍCULO 2°.- Instrúyese a la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA para que elabore, ponga en vigencia e implemente un programa de acciones necesarias e indispensables con relación a los segmentos comprendidos en la emergencia declarada en el artículo 1°, con el fin de establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías.

ARTÍCULO 3°.- Determínase el inicio de la revisión tarifaria conforme al artículo 43 de la Ley N° 24.065 y al artículo 42 de la Ley N° 24.076 correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural, y establécese que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024.

ARTÍCULO 4°.- Dispónese la intervención del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), organismos descentralizados actuantes en el ámbito de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a partir del 1° de enero de 2024 y hasta la designación de los miembros del Directorio que resulten del proceso de selección previsto en el artículo 8° del presente decreto.

ARTÍCULO 5°.- Facúltase a la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA a designar, en el marco de lo dispuesto en el artículo 4°, a los Interventores del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) .

ARTÍCULO 6°.- En el ejercicio de su cargo, los Interventores designados tendrán las facultades de gobierno y administración de los respectivos Entes, establecidas en las Leyes Nros. 24.065 y 24.076, según corresponda, y las asignadas en el presente decreto, que se enuncian a continuación y deberán concretarse dentro de los plazos de la intervención:

a. Informar sobre el cumplimiento de los procesos de renegociación dispuestos por la Ley N° 27.541 y por el Decreto N° 1020 del 16 de diciembre de 2020 y de toda otra circunstancia que considere relevante relacionada con dichos procesos; aportando la totalidad de la información de base y/o documentos respectivos y proponiendo las acciones y las medidas que en cada caso estime que corresponda adoptar.

b. Realizar los procesos de revisión tarifaria señalados en el artículo 3° de este decreto. Hasta tanto culmine el proceso de revisión tarifaria podrán aprobarse adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados, a cuenta de lo que resulte de la revisión tarifaria dispuesta en el citado artículo 3°.

c. Considerar las observaciones y adoptar, en caso de que corresponda, las recomendaciones efectuadas por los órganos de control sobre los procesos de renegociación contractual y revisiones tarifarias llevados a cabo en cumplimiento de la Ley N° 25.561 y sus normas modificatorias y complementarias.

d. Evaluar e informar sobre la gestión de Compras y Contrataciones del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), según corresponda.

e. Evaluar e informar sobre la ejecución del Presupuesto de Gastos y Recursos de los respectivos Entes, según corresponda, desde el 10 de diciembre de 2019 hasta la fecha y, adicionalmente, sobre la ejecución de las metas físicas programadas para el mismo período.

El detalle efectuado en los incisos precedentes no limita las facultades y competencias de los Interventores, propias del ejercicio de los deberes y atribuciones establecidos en las Leyes Nros. 24.065 y 24.076, es solo enunciativo y no limita en modo alguno las funciones de cada Interventor que puedan vincularse a otros aspectos regulatorios, a acciones de auditoría y sanciones, a aspectos económico-financieros y a la protección de los derechos de los usuarios.

En caso de detectarse alguna anomalía, los Interventores deberán informar con precisión su significatividad económica y el impacto que ocasiona o ha ocasionado sobre la gestión, aportándose la totalidad de la información de base o documentos de trabajo respectivos y asesorando sobre las acciones y medidas que corresponda adoptar.

ARTÍCULO 7°.- Determínase la aplicación de mecanismos que posibiliten la participación ciudadana en el proceso de adecuación tarifaria transitoria, la que se llevará a cabo contemplando las previsiones del “Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional” aprobado por el Decreto N° 1172 del 3 de diciembre de 2003 y sus modificatorios o bien el régimen propio de participación que el Ente Regulador disponga conforme a su normativa vigente.

ARTÍCULO 8°.- La SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA deberá, en un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, iniciar el proceso de selección de los miembros del Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) de acuerdo con los términos previstos en el artículo 54 y siguientes de la Ley N° 24.076. Asimismo deberá, en un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, revisar y/o reconducir y/o confirmar y/o anular, según corresponda, el proceso de selección de los miembros del Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), actualmente en trámite en el marco de lo dispuesto en la Resolución de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMIA N° 607/23, de acuerdo con los términos previstos en el artículo 58 y siguientes de la Ley N° 24.065.

ARTÍCULO 9°.- Invítase a las provincias a coordinar con la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA las acciones de emergencia necesarias para asegurar la prestación de los servicios de distribución de electricidad que correspondan a su jurisdicción.

ARTÍCULO 10.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 11.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 12.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

MILEI – Nicolás Posse – Guillermo Francos – Diana Mondino – Luis Petri – Luis Andres Caputo – Patricia Bullrich – Mario Antonio Russo – Mariano Cúneo Libarona – Guillermo José Ferraro – Sandra Pettovello

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“Las facturas deben tener en cuenta la situación económica de los usuarios”, destacó Martello

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El interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, enfatizó que “las facturas de luz deben tener en cuenta la situación económica de los usuarios” al referirse a la audiencia pública convocada por el organismo para el próximo 23 de enero, en la que se tratará el aumento de precios de las tarifas para las distribuidoras eléctricas Edesur y Edenor.

“A la suba que se decida se le sumará el impacto de la quita de subsidios para los usuarios de Nivel 1 (más altos ingresos), concentrando este grupo al 34% de los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y al 28% del primer y segundo cordón del conurbano” dijo Martello en una entrevista con el portal especializado EconoJournal.

Con respecto al impacto que puede tener los precios de las tarifas en el Nivel 1 dijo que se pretende tener un “criterio de razonabilidad” que considero como “tema saldado”.

Pero aclaró que que “el criterio de razonabilidad puede ser el que aplique el ENRE, otro el de la Secretaría de Energía y otro distinto el de las distribuidoras; es una situación difícil de saldar y hay que tratar de ajustarse para que los nuevos cuadros sean soportables para la población”.

“Sabemos que estamos en un contexto muy complejo, pero con una inflación proyectada que tiende a la baja y esperamos que se consolide”, subrayó.

El titular del organismo, ante el planteo del sector sobre un atraso tarifario, remarcó que “las facturas deben tener en cuenta la situación económica de los usuarios” y agregó que “el criterio de razonabilidad está incorporado en el acuerdo con el FMI”.

“Para los niveles 2 y 3 hay un tope de aumento del 40% y 80% sobre el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) de 2022, respectivamente” detalló el funcionario.

Además, explicó que el apagón de Edeusur del 1 de enero “en realidad afectó en total a 500.000 usuarios, 100.000 más de lo que se informó en un primer momento”.

En ese sentido, también, cuestionó a la distribuidora por la falta de inversiones. “A Edesur se la lleva por delante la realidad. Más allá del contenido técnico que estamos haciendo, la desinversión viene siendo su mal crónico” dijo y añadió que “si un globo de pirotecnia provoca un apagón así, el grado de vulnerabilidad es altísimo”.

Además, dijo que por el apagón “sigue adelante el procedimiento sancionatorio donde se quedaron sin servicio eléctrico 500.000 usuarios, según informó Edesur, y tuvieron problemas la Subestación Perito Moreno y que en total afectó a once subestaciones” y que de Edenor “el apagón afectó a 8.300 usuarios y con las maniobras que realizó lo resolvió en minutos”.

Por otra parte, indicó que las distribuidoras “presentaron notas formales para la audiencia donde hablan de 290% de retraso tarifario, pero descontando un 20% y un 8% que corresponde a aumentos ya otorgados desde el inicio de la pandemia hasta hoy” y aclaró que “no sabe de cuánto va a ser el aumento de precios”.

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Flavia Royón dio nuevas definiciones sobre la segmentación de tarifas

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La secretaria de Energía subrayó que, “al margen de la coyuntura internacional”, resultaba necesario “ir hacia un sistema de subsidios de energía mucho más justo”.

La secretaria de EnergíaFlavia Royón, subrayó hoy que, “al margen de la coyuntura internacional”, resultaba necesario “ir hacia un sistema de subsidios de energía mucho más justo”, y adelantó que la semana próxima se publicarán los topes de consumo subsidiados del gas, al igual de lo que se realizó con la energía eléctrica.

“Al margen de la coyuntura internacional y de esta situación que hizo que todos los precios de la energía suban, teníamos que caminar hacia un sistema de subsidios de energía mucho más justo donde si hay un subsidio sea al que realmente lo necesita”, afirmó Royón en diálogo con América TV.

En ese sentido, Royón reiteró que, en “esta primera etapa”, no habrá actualización ni tope de consumo subsidiado de energía eléctrica para los usuarios encuadrados dentro de la tarifa social.

Este grupo de usuarios será el único en mantener los subsidios pese a no inscribirse en el formulario a tal fin, mientras que, por el contrario, recordó que “una persona de ingresos medios o altos que no haya solicitado (el subsidio) los va a perder”.

“Anteriormente veníamos de un esquema donde el subsidio era para todos y hoy pasamos a un registro voluntario”, indicó la funcionaria, y recalcó que las quitas de subsidios del 20% en el primer tramo- aplicarán al consumo realizado desde el 1 de septiembre, y se reflejarán en las facturas mensuales de octubre o bimestrales de noviembre, según corresponda.

Del mismo modo, junto con el nuevo sistema de subsidios, Royón adelantó que se trabajará en una “agenda de eficiencia energética” con “campañas de información y educación”.

“No hay nada definido pero estamos trabajando en tener líneas de crédito para cambiar artefactos como heladeras y también hay que hablar de la eficiencia energética de las viviendas que no está desarrollada ni explorada en la Argentina”, dijo la secretaria.

No obstante, señaló que el límite de consumo subsidiado de 400 kilowatts hora (kWh) mensuales es “generoso” ya que ?indicó- “el 80% de las familias consume menos que esto” y “un hogar tipo consume entre 200 y 250 kWh”.

Al mismo tiempo, consideró que, aun a pesar del incremento, se tratan de tarifas “razonables”.

“Lo que uno destina de sus salarios al pago de servicios de energía es menor que en otros lugares e inclusive menor al 2019 cuando se destinaba el 5,4% de los salarios”, afirmó Royón.

Respecto del impacto en los consorcios, indicó que, tras una consulta realizada ayer con las distribuidoras, “el peso de la energía sobre las expensas en general es del 5% o menos sobre las expensas”, y que el aumento “no va a disparar el valor” de las mismas pese a que, en general, entran dentro de la categoría donde se retirarán los mismos.

En relación con el gas, y al igual que con el tope de 550 kWh en provincias del norte sin acceso al gas natural, Royón recalcó que se tuvo en cuenta la “variabilidad y dispersión” y que no se puede “tener la misma consideración con una persona del sur”.

En ese sentido, adelantó que la próxima semana se van a publicar y se actualizarán mensualmente- los topes mensuales de consumo subsidiado de gas “de acuerdo a la categoría y la distribuidora”.

Además, precisó que ese tope aplicará, al contrario de la electricidad, para usuarios de todos los ingresos.

Por último, Royón diferenció el aumento de tarifas actual con el realizado en 2017 y 2018 por el gobierno de Mauricio Macri.

“En ese momento no se hizo un trabajo como se está haciendo ahora de clasificar los ingresos de las familias y de hablar de ahorro energético y de topes de consumo”, señaló, y subrayó que la medida “beneficia indirectamente a todas las familias” porque “forma parte de un plan de orden fiscal” previendo un ahorro estimado de $ 47.500 millones para este año y $455.000 millones anualizados para 2023.

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Los costos de las energías deben ser de dominio público

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Muletilla habitual es decir que las tarifas de los energéticos (combustibles, energía eléctrica, otros) deben incrementarse pues sus costos aumentan. Pero lo que parece ser un secreto guardado bajo siete llaves, es el costo real de cada energético que consumimos los argentinos. 

Con buena parte del manejo de los energéticos en manos privadas, lo referente a datos concretos de costos parece diluirse en debates en los que quienes saben no lo dicen, y quienes preguntan o cuestionan no lo saben. 

Haciendo algo de historia, desde comienzos del siglo XX, en Argentina, tanto los combustibles como la generación y venta de energía estaban en manos privadas, casi todas extranjeras. En el caso de la electricidad, los manejos eran por regla general desvergonzadamente alevosos, estando la fijación de los contratos de servicios y tarifas, en Capital Federal y Gran Buenos Aires, en manos de los concejos deliberantes. La principal empresa prestadora del servicio era CHADE, lo cual dio origen al despectivo concepto de “concejales chadistas”. 

Tan prolongadas eran las concesiones del servicio, con pingües ganancias aseguradas y escasas inversiones en nuevos equipos e incluso en mantenimiento, que “la Ítalo” (CIADE) todavía operaba al perpetrarse el “proceso”, siendo el nefasto Martínez De Hoz uno de sus directores al asumir como ministro en ese período. 

Tanto ese siniestro personaje, como su alter ego Videla, enfrentaron la férrea oposición del gremialista Oscar Smith a la política de privatizaciones del sector eléctrico, ya anunciada, como parte de las medidas ultra privatistas del neoliberalismo que nos impusieron a fuerza de bayonetas. “Casualmente” Smith fue uno de los primeros “desaparecidos” del “proceso”. 

La empresa estatal SEGBA fue rápidamente desguazada en las privadas EDENOR, EDESUR y EDELAP, cuyos costos operativos parecen ser uno de los insondables misterios de los muchos que hay en nuestro país. 

SEGBA había sido creada por Perón, para ordenar el caos de varias generadoras eléctricas privadas, de tan cuestionados manejos y escasas inversiones reales. 

En lo referente a los combustibles, su procesamiento y venta estaba en manos de dos transnacionales, una británica y otra estadounidense, las cuales imponían precios altos en función de costos teóricos calculados en función de los vigentes en alrededores del Golfo Pérsico y su teórico transporte. 

Al crearse YPF (primera petrolera estatal del mundo), y manejarse en forma ejemplar por parte de los Generales Ingenieros Mosconi y Baldrich, los precios de los combustibles bajaron sustancialmente y la participación de YPF en el mercado creció sostenidamente. 

Con el golpe de Estado -de claro cuño ultra liberal- de 1930, se favoreció a las petroleras extranjeras, creciendo su participación y aumentando los precios de los combustibles. Y tal como es metodología habitual de los sectores apátridas, Mosconi y Baldrich fueron denostados en base a cargos falsos, soportaron persecuciones brutales, siendo incluso encarcelado Baldrich…y todo eso por el “delito” concreto de ser patriotas insobornables. ¡La historia se repite! 

En la década peronista 1946-1955, además de las estatizaciones para controlar el estratégico Sector Energético, se crearon Gas Del Estado, Agua y Energía Eléctrica y la Comisión Nacional de Energía Atómica, todos ellos desmintiendo el mito de la supuesta crónica ineficiencia del Estado; construyéndose a menor costo que el presupuestado y en menor tiempo, el primer gran gasoducto, de Comodoro Rivadavia a Capital Federal, abasteciendo también a las muchas localidades en su extenso trayecto, lo cual redundó en un más eficiente y económico abastecimiento de gas a muchos argentinos. 

Fue tan eficiente Gas Del Estado, que Gaz De France la tomó como modelo para su creación. Como actividades estratégicas que son, todas las vinculadas al complejo Sector Energético estaban en manos del Estado Nacional, cuyo objetivo básico era brindar los insumos y servicios energéticos a todo el país, a precios accesibles, como bienes y servicios esenciales para toda nuestra población, y en el caso de los combustibles, con precios uniformes en todo nuestro extenso territorio. 

En el “proceso”, con Martínez De Hoz y sus continuadores, se hizo trabajar a pérdida a las Empresas del Estado, mediante un perverso mecanismo de endeudamiento en divisas, mientras las tarifas se mantenían intencionalmente bajas, para forzar el caos en esas empresas, argumentando la supuesta “incapacidad del Estado como empresario”.

 Claro que los manejos de los entes y empresas del Estado, estaban en manos de capitostes del neoliberalismo, ultra privatistas por antonomasia e interesados en degradar y fundir todo lo estatal. El mecanismo de desorden financiero intencional se montó obligando a las Empresas del Estado vinculadas al Sector Energético, a endeudarse en el exterior, con la garantía patrimonial de dichas empresas…pero esas divisas no quedaban en las arcas de las propias empresas ni se reinvertían productivamente. ¡Eran transferidas al Tesoro Nacional, para enjugar los cuantiosos déficits que la desastrosa gestión de los personeros del neoliberalismo ocasionaba! En el período de Alfonsín, nada de ese ultra privatismo se revirtió, e incluso se profundizó, ralentizando la obra de Yacyretá y frenando la central nuclear Atucha 2, además de otras medidas tendientes a desguazar y hacer desaparecer por inanición al estratégico Sector Nuclear, todo eso bajo la negativa impronta del ultra privatista pro termoeléctrico Lapeña. Con el caos financiero consecuencia de esa política destructiva de endeudamiento patológico, en el período de exacerbación neoliberal que fue la década del menemato, esas Empresas o Entes Estatales de Energía fueron privatizadas por monedas, en muchos casos extranjerizadas, y en otros disueltas (como la emblemática Agua y Energía Eléctrica, perdiéndose muy valiosos datos técnicos acumulados en décadas de trabajo). 

Después de la crisis terminal de 2001/2002, siguieron los doce años del peronismo kirchnerista, período en el cual se reestatizaron varios entes y empresas, entre ellas algunas del Sector Eléctrico, además de darse fuerte impulso al Sector Nuclear, y se terminaron dos grandes obras largamente postergadas, la central nuclear Atucha 2 y la hidroeléctrica Yacyretá, construyéndose además varias grandes centrales termoeléctricas de propiedad estatal. 

No se reestatizaron otros entes, como las grandes distribuidoras de electricidad en la zona del AMBA, posiblemente ante la urgente necesidad de realizar muy fuertes inversiones en el postergado Sector Energético (como los más de 5.000 Km. de líneas de alta tensión, además de las precedentemente citadas, gasoductos y varias más). Siguieron luego los cuatro años de crudo neoliberalismo macrista, volviéndose a perniciosas “recetas” de paralizaciones de grandes obras y de medidas tendientes al desguace, como las perpetradas en el Sector Nuclear; malvendiéndose las nuevas centrales termoeléctricas y otras medidas muy negativas, como dejar la Secretaría de Energía en manos de un personero de la petrolera – gasífera holando – británica Shell, tildado de impresentable favoritismo a favor de la empresa de la cual fue (o es) alto ejecutivo e incluso accionista. 

El mismo funcionario – ejecutivo de la transnacional petrolera, fue uno de los más férreos implementadores de los brutales tarifazos de los servicios públicos, mecánica con la cual transfirieron cuantiosas sumas pagadas por los sufridos usuarios de servicios públicos y consumidores de combustibles, que engrosaron desmedidamente las arcas de los amigos del poder propietarios o administradores de las empresas energéticas y otras de servicios públicos. 

Esos tarifazos transformaron bienes y servicios esenciales en inauditos “artículos de lujo”, instalando la pobreza energética como genocida política de Estado. Tarifazos que se justificaron mediante audiencias públicas que poco o nada aclaran y nada solucionan, con incrementos siderales de 5.000 % o más.

Los estudios de costos parecieron brillar por sus ausencias. Esos tarifazos fueron muy superiores a las tasas de inflación, por lo que cabe suponer que no existen justificativos técnicamente bien fundamentados, para volver a aumentar las tarifas. Y los estudios de costos siguen siendo desconocidos o casi inaccesibles para el ciudadano de a pie. Ese estado de cosas, parece dar credibilidad a las opiniones vertidas por el Ing. Garbanz, cuya crítica opinión y su análisis tuvo difusión en las redes sociales…lo cual por lógica no sale en los grandes medios periodísticos concentrados. 

Vierto estas opiniones desde la experiencia, pues tuve a mi cargo las auditorías y estudios de costos, de la empresa eléctrica provincial y las muchas cooperativas del servicio eléctrico de mi provincia, varios años ha; además de asesorar a una cooperativa de servicios públicos de una provincia vecina a la mía. 

Además, claro está, que analizo este delicado tema, desde una clara postura consustanciada con el Pensamiento Nacional, en las antípodas del insensible y apátrida neoliberalismo. 

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