Este martes 30 de diciembre se conoció el despido de alrededor de 20 trabajadores del Instituto Nacional de la Yerba Mate, en pleno proceso de reordenamiento institucional tras dos años de acefalía y con sus principales funciones regulatorias recortadas por la política económica del Gobierno nacional.

Apenas una semana antes, el Directorio del INYM había aprobado una suba del valor de la estampilla -la tasa que pagan los operadores por cada kilo de yerba- para mejorar la recaudación. Sin embargo, ese incremento del presupuesto no evitó que ahora se avanzara con un ajuste sobre el personal.

“En el marco de la normativa vigente, vamos a trabajar en la modernización del Instituto y también en armonizar esas normas; en un proceso de desburocratización que facilite la actividad de los operadores del sector yerbatero”, explicó el presidente del Directorio, el contador Rodrigo Correa.

En ese sentido, destacó que, al mismo tiempo, se apuntará a desarrollar controles más eficientes, que velen por la calidad del producto en los distintos eslabones de la cadena yerbatera donde tiene competencia el INYM. “Queremos mejorar todo aquello que pueda entorpecer la actividad, pero sin comprometer los estándares de calidad”, remarcó.

Correa fue designado por el Gobierno nacional mediante el Decreto 873/2025, publicado a mediados de diciembre, luego de un largo período sin conducción formal. Su llegada fue leída en el sector como parte del reordenamiento institucional bajo el esquema libertario, que impulsa una fuerte reducción del Estado y la revisión de normas históricas de regulación.

El recorte llega en el momento más crítico de la cadena yerbatera en décadas. Los precios de la hoja verde no cubren los costos de producción, las cooperativas están endeudadas, los secaderos trabajan con márgenes mínimos y la estructura productiva se encuentra cada vez más concentrada. En ese escenario, el INYM ya no tiene las herramientas que históricamente permitían equilibrar el mercado: perdió capacidad de control, fiscalización y regulación, dejando a miles de pequeños productores expuestos a un mercado liberado.

En ese marco, una de las primeras decisiones relevantes del nuevo Directorio fue actualizar el valor de la estampilla a 32,12 pesos por kilo, lo que representó una suba cercana al 28 por ciento. La justificación oficial fue que el valor estaba congelado desde 2023 y que los costos operativos del Instituto se habían incrementado de manera significativa.

El ajuste del INYM, parte de una política nacional

Lo ocurrido en el organismo yerbatero no es un hecho aislado. Forma parte de una política de ajuste más amplia sobre el Estado nacional. Según datos oficiales, entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025 la dotación de personal del sector público nacional se redujo en 60.494 puestos de trabajo.

La mayor parte del recorte se concentró en la administración centralizada y descentralizada, que explicó 35.127 de los empleos perdidos. A esto se suman 18.122 bajas en empresas y sociedades del Estado, mientras que el personal militar y de seguridad registró una reducción más moderada, de 7.245 puestos.

La serie mensual muestra que el ajuste fue continuo y creciente: en enero de 2024 ya se habían perdido más de 7.000 puestos; a mitad de ese año superaban los 24.000; a fines de 2024 rondaban los 37.000 y durante 2025 el proceso se profundizó hasta superar los 60.000 despidos acumulados. El propio ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, difundió públicamente estos números como parte del programa de reducción del Estado.