La filtración del proyecto de “Ley de Libertad Educativa” generó un revuelo político por el impacto de la propuesta libertaria, ya que la iniciativa implica una de las reformas más profundas de las últimas décadas en el sistema educativo argentino. El nuevo que deroga la Ley de Educación Nacional (26.206), redefine la arquitectura institucional, el financiamiento, el rol de las familias y la relación entre escuelas públicas y privadas. Su alcance es estructural y plantea un giro ideológico que transforma la educación de bien público universal en una lógica de mercado y elección individual. Sepulta la ley actual que fue el resultado de amplios y profundos debates con todos los sectores representativos de la sociedad y de los distintos espacios políticos y redefine el concepto ignorando el proceso de participación respetuosa y plural que en el año 2006 logró definir a la Educación como un Derecho Social y al conocimiento como un bien público,

El texto introduce tres pilares nuevos: el rol preferente de la familia, la subsidiariedad del Estado y una amplia libertad educativa que habilita modelos alternativos como el homeschooling y planes pedagógicos propios sin intervención estatal más allá de los contenidos mínimos.

A diferencia de la Ley 26.206, que concibe al Estado como responsable indelegable de garantizar igualdad educativa, la nueva norma lo relega a actor complementario, capaz de intervenir sólo cuando las familias o instituciones no puedan hacerlo. Esta redefinición altera la esencia del sistema argentino, históricamente centrado en la escuela pública como garante de integración social.

El proyecto reconoce explícitamente la educación en el hogar, la educación híbrida y la educación a distancia, incluso con instituciones extranjeras. La acreditación dependerá de exámenes basados en contenidos mínimos. Para especialistas, este punto constituye una ruptura histórica: la escolarización obligatoria presencial, adoptada desde la Ley 1420, queda sustituida por la mera acreditación de aprendizajes.

El texto equipara jurídicamente a escuelas públicas y privadas, confiriendo a estas últimas una autonomía inédita: pueden definir admisión, ideario, régimen laboral y planes pedagógicos. El Estado supervisa solo contenidos mínimos y validez de títulos. La desigual capacidad de gestión entre sectores abre un interrogante sobre el futuro de la educación pública, que queda sujeta a normas más rígidas y recursos más limitados.

Las principales entidad gremiales rechazan la iniciativa “por tratarse de un proyecto conservador que impone la idea de la familia como la figura preferentemente responsable de la Educación de sus hijos, obturando cualquier principio colectivo de socialización en las Escuelas, de igualdad ante el derecho y de justicia social. Además introduce la formación religiosa confesional en la educación pública y promueve la Educación en los propios hogares (homeschooling)”.

El secretario general de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, Rubén Grillo aseguró que “el borrador que circula aspira a la eliminación de la actual ley 26.206 de educación, que es una ley que se aprobó con amplios consensos por parte de la sociedad en general y por las fuerzas políticas que formaban el parlamento nacional en ese momento”. 

“Con esta ley se logró instalar a la educación como un derecho social y no como un servicio más, cuestión que pretende instalar este borrador. De aplicarse provocaría una mayor dispersión del sistema educativo a la ya existente porque deja librado a las provincias, familias, y organizaciones por fuera del sistema educativo la responsabilidad de educar. Elimina la figura del Estado como principal responsable del financiamiento en educación, pasa a ser subsidiario”, detalló. 

“No es casualidad que esté circulando este borrador, va muy de la mano del  presupuesto 2026 para educación”, agregó el gremialista. El Presupuesto poda los principales recursos para la educación. 

El proyecto consagra sistemas de vales, becas y créditos fiscales para familias, así como aportes obligatorios del Estado a instituciones privadas. En los hechos, implica una transición hacia un modelo de financiamiento por demanda -el conocido “voucher”- que puede redirigir fondos públicos desde la escuela estatal hacia ofertas privadas, generando un mercado educativo altamente competitivo y desigual.

La creación de Consejos Escolares de Padres con poder de participar en nombramientos y remociones de directores constituye un cambio profundo en la organización institucional. La propuesta puede politizar el gobierno escolar, tensionar con los equipos docentes y alterar la conducción pedagógica en favor de intereses particulares.

El proyecto establece evaluaciones censales anuales y la publicación de resultados por institución. Si bien aporta transparencia, también puede activar mecanismos de competencia entre escuelas con resultados diferenciados por origen social, profundizando estigmatizaciones y desigualdades.

Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la declaración de la educación básica como “servicio esencial” (artículo 42), lo que obliga a garantizar una “continuidad mínima” del servicio durante medidas de fuerza. Esta definición modifica de hecho el alcance del derecho constitucional a huelga, especialmente en el sector docente, donde los paros han sido históricamente una herramienta de negociación ante reclamos salariales, condiciones laborales y presupuesto.

Al imponer servicios mínimos obligatorios, el proyecto introduce una restricción que puede traducirse en sanciones para quienes no garanticen la prestación durante un conflicto. En el marco de un diseño institucional que amplía la autonomía de las escuelas y desplaza el peso del sistema hacia decisiones familiares, esta limitación debilita la capacidad de presión colectiva del sector docente y consolida un esquema más disciplinado y alineado con los nuevos criterios de gestión.

La “Ley de Libertad Educativa” no es una reforma parcial: es un replanteo ideológico integral del sistema argentino. Sustituye el enfoque de derecho social por un esquema de libertad de elección, reduce la función ordenadora del Estado y expande el rol del mercado.
La discusión pública deberá evaluar si este giro fortalece la calidad y diversidad educativa o si, por el contrario, fragmenta aún más un sistema ya atravesado por profundas desigualdades.