Tras un debate que se extendió por 12 horas, el peronismo de Miguel Pichetto, el kirchnerismo y otros bloques lograron aprobar, con 37 votos contra 30, el proyecto que retrotrae valores a noviembre pasado y establece un mecanismo de actualización por variación salarial. Cruces, ausencias sugestivas y cambios de último momento.
Como se esperaba, el presidente Mauricio Macri vetó esta mañana (31/5) la ley que retrotrae los valores de las tarifas de los servicios públicos a noviembre de 2017. Se trata del 8vo veto en su gestión como Presidente. El primer mandatario dará más tarde una conferencia de prensa desde Salta, donde asistirá a una cumbre de gobernadores del NOA. Según explicó Peña, la norma sancionada esta madrugada por el Senado “no respeta el mandato constitucional del parlamento” e insistió en que no es facultad del Legislativo fijar los valores de las tarifas.

Peña anunció que Macri ya vetó la ley de tarifas y habrá conferencia en Salta

A horas de la sanción en el Senado de la ley contra el aumento en las tarifas de los servicios públicos, el presidente Mauricio Macri vetó esta mañana (31/5) la norma convertida en ley por el Congreso. Así lo anunció en una rueda de prensa en Casa Rosada el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Macri, en tanto, estaba viajando a Salta para un encuentro con mandatarios de la región del NOA. Desde esa provincia celebraría una conferencia de prensa, según informó el jefe de ministros.
“La ley está vetada. El fundamento conceptual de lo que se votó anoche es la política tarifaria del kirchnerismo, que fue una mentira y nos llevó a los problemas que hoy estamos enfrentando”, explicó Peña al anunciar el 8vo veto de Macri desde que llegó a la Presidencia.
“Nosotros ratificamos plenamente el rumbo del cambio, creemos que la mayoría de los argentinos quiere seguir por este rumbo. No vamos a negociar la verdad, la transparencia y la vuelta al pasado”, agregó Peña.
“Va en contra de los intereses de las provincias y no lo podemos permitir. Es una ley irresponsable porque no fundamente de dónde se paga aquello que se votó ayer, que equivale a toda la obra pública al interior del país, a todo el sistema universitario de la Argentina, a dos veces la UAH que pagamos todos los argentinos para proteger a los sectores vulnerables, a todo el presupuesto de seguridad y defensa de nuestra republica”, añadió el ministro coordinador.

Anoche se aprobó la Ley en el Senado

El proyecto de la oposición ya es ley. Ahora el debate consiste en si habrá o no costo político para Mauricio Macri en su decisión de vetar la ley votada por el Parlamento acerca de tarifas. El senador nacional Miguel Pichetto dijo que el veto es el paradigma del fracaso en la política. Hasta ahora el gobierno no ha conseguido convencer a la sociedad que el incremento sistemático de las tarifas resulte lo más apropiado para la sociedad argentina.
El proyecto sobre tarifas recibió media sanción de la Cámara de Diputados el 09/05, aprobado por 133 votos afirmativos, 94 negativo s y 3 abstenciones. La iniciativa impulsada por los bloques Argentina Federal y el Frente Renovador, establece que la actualización de las tarifas no debe superar a la variación salarial para los usuarios residenciales, y en el caso de las pymes a la variación del índice de precios mayoristas -sólo para las de consumos medios y bajos-. La norma sólo alcanzaría a los servicios de concesión nacional (es decir Área Metropolitana de Buenos Aires), y las provincias podrían adherir o no. Otro de los puntos centrales es el que retrotrae los valores a noviembre de 2017.
Si hubiese sido rechazado el proyecto aprobado en la Cámara baja, se votaría el dictamen de minoría, impulsado por Cambiemos, que establece la rebaja del IVA para los servicios de luz, gas y agua, con vigencia por un año, que alcanzaría a usuarios residenciales -con una alícuota del 10,5%- y PyMEs -alícuota del 21%-. Se trata de un proyecto que presentó sobre la hora en el plenario de comisiones de la semana pasada y que es un reflejo de la propuesta que Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, le llevó a Macri.
La oposición ejecutó en la madrugada de este jueves la ofensiva final contra Cambiemos y logró aprobar, con 37 votos contra 30, el proyecto que pone un límite a los incrementos de las tarifas. Con el destino del veto presidencial ya asegurado, el peronismo liderado por Miguel Pichetto, el kirchnerismo y otros bloques le enviaron una señal al Gobierno, que no consiguió imponer su iniciativa para rebajar el IVA de las facturas.
La iniciativa fue sancionada tras un debate agitado, que se extendió durante 12 horas. Si bien circuló durante la jornada la posibilidad de que el texto sufriera cambios y volviera a la Cámara de Diputados, la amenaza se disipó cuando se acordó votar el proyecto en general junto al articulado. Aunque senadores peronistas del interior del país cuestionaron que la ley sólo sea aplicable en el AMBA, donde prestan servicio Edenor y Edesur.
El proyecto, nacido de las usinas económicas del bloque Justicialista y el Frente Renovador, retrotrae las tarifas a los niveles de noviembre pasado y establece una actualización de acuerdo al Coeficiente de Variación Salarial (CVS) para los usuarios residenciales y al Índice de Precios Mayoristas para las pymes.
El oficialismo advirtió que el costo fiscal ronda los 75 mil millones de pesos. “Nadie dice de dónde van a salir esos fondos”, advirtió Esteban Bullrich, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y agregó: “Entre hacer las cosas bien y hacerlas para la tribuna hay más o menos 50 mil millones de pesos” de diferencia.
En su dictamen de minoría, Cambiemos proponía reducir el IVA a la mitad para usuarios residenciales (10,5%) y en seis puntos para las pymes (21%), con un costo que orilla los 26 mil millones de pesos, compartido entre Nación y provincias. La propuesta había surgido de los gobernadores peronistas Juan Manuel Urtubey (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba). Pero la oposición la consideró insuficiente, y las presiones de Casa Rosada no surtieron efecto.
La flamante ley reunió los votos del interbloque Argentina Federal, con Carlos Menem incluido; el Frente para la Victoria-PJ, referenciado en la expresidenta Cristina Kirchner; la puntana Eugenia Catalfamo; el porteño Fernando “Pino” Solanas; la rionegrina Magdalena Odarda; el neuquino Guillermo Pereyra y dos de los tres senadores por Santiago del Estero -Ada Itúrrez y Gerardo Montenegro-.
El de Pereyra fue un caso particular. El senador -que preside la Comisión de Energía y Minería y también el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa- había visitado este martes Casa Rosada junto a sus colegas del interbloque Parlamentario Federal, y se presumía votaría en contra. Finalmente lo hizo a favor, aunque reconoció que el texto “tiene un montón de imperfecciones”.
En el seno del bloque Justicialista se consumó la “minirrebelión” del salteño Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador Juan Manuel Urtubey, que tal como había anunciado votó en contra del proyecto del peronismo, sin emitir palabra en el recinto. Su primo, el senador por Catamarca Dalmacio Mera, se pronunció a favor: “Están dadas las condiciones para declarar la emergencia”, puntualizó.
De este modo, al rechazo de Cambiemos se sumaron Urtubey y sus comprovincianos Juan Carlos Romero y Cristina Fiore, además de Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino) y el santafesino Carlos Reutemann. Crexell reveló en plena sesión que negoció su voto en contra ante el propio Macri a cambio de un compromiso del Gobierno para prorrogar la ley de emergencia frutícola, que vence este año.
Otra perlita de la jornada fue la de Adolfo Rodríguez Saá, que en pleno debate regresó a San Luis. En el entorno del legislador omitieron detalles de su intempestiva partida. La compañera de bloque del exgobernador, Eugenia Catalfamo, había defendido en su discurso la necesidad de la ley. Por el contrario, el senador restante por esa provincia, Claudio Poggi, tildó de “injusto” el proyecto por mantener a Edenor y Edesur bajo la jurisdicción nacional.
Además de Rodríguez Saá, se ausentaron la santiagueña Blanca porcel de Ricobelli -antepuso “problemas de salud”-, los misioneros Maurice Closs y Magdalena Solari Quintana, y la sanjuanina Cristina López Valverde (Justicialista).

Un debate intenso

Al inicio del debate, se puso al hombro la defensa del proyecto el formoseño José Mayans (Justicialista), quien pronosticó que “si no ponemos límite, esto no va a terminar bien”. Remarcó que “hay una emergencia cuando la gente no puede pagar” y acusó al Gobierno de “querer imponer un plan económico que ya fracasó”.
“Más del 90% de la población está de acuerdo con que votemos este tema de tarifas, porque la gente está saturada con la situación económica, entonces obviamente si la propia coalición no puede juntar los votos en Diputados, ¿qué nos puede reclamar el presidente a nosotros de un programa económico que tiene muchas falencias?”, se preguntó.
Por parte del kirchnerismo, Anabel Fernández Sagasti alertó que “la política energética de Macri es una gran estafa nacional” porque “transfiere millones de pesos del bolsillo de los ciudadanos a un grupo de empresarios amigos del poder”, en particular “Nicolás Caputo, Marcelo Midlin y Joe Lewis”.
María de los Ángeles Sacnun, otra integrante del Frente para la Victoria-PJ, remarcó que “se considera pobre energético al que destina más de un 10% al pago de las tarifas”. En ese sentido, detalló que “a diciembre de 2015, se destinaba el 6% de los ingresos al pago de las tarifas, y a mayo de 2018, sin contar la última corrida cambiaria, es el 21 el porcentaje que se utiliza para dicho pago”.
Por su parte, Norma Durango, del PJ La Pampa, sostuvo que “estos aumentos han trastocado todos los presupuestos y todas las previsiones, justo en este momento de mucha incertidumbre y de crisis, donde hay un dólar altísimo, una suba que cómo siempre se traslada a los precios y lo vemos en el día a día en el supermercado”.
Gladys González sumó su voz en contra. “Hasta el último minuto pensé que los senadores de la oposición iban a elegir la responsabilidad, que iban a dejar de lado sus intereses electoralistas y cortoplacistas. Yo puedo pensar que hay senadores que no les importa, pero la mayoría tiene conciencia. En este Senado hay una expresidenta hay funcionarios que saben lo que es gobernar y lo que significa el efecto negativo de aprobar esta ley”, sugirió la senadora del Pro.
Muy duro fue el cordobés Carlos Caserio, hombre del gobernador Juan Schiaretti, que enfatizó que “el Gobierno se ha encerrado en sí mismo”, y en ese marco sostuvo que “se pudo mejorar esto y se pudo hablar, pero no hubo una decisión firme del Gobierno nacional para buscar una alternativa”.
“Les pido que no rompamos todo. Estuvieron hasta último momento tratando de lograr que no votemos esto. Si para ustedes eso es la política, bárbaro, pero no jueguen con fuego porque nos necesitamos todos”, advirtió Caserio, desafiante.
En la discusión se coló un furcio del tucumano José Alperovich, quien dijo que “nadie quiere que le vaya bien al presidente”. El legislador se corrigió luego, pero su comprovinciana Silvia Elías de Pérez no se la dejó pasar: “Un acto fallido de uno de los senadores nos puso el título de lo que quieren que sea esta sesión: están queriendo que le vaya mal al presidente, pero somos más los que estamos empeñados en hacer lo correcto para que de una vez por todas la Argentina salga adelante”.
Fernando “Pino” Solanas, de Proyecto Sur, subrayó que “este proyecto es un paliativo necesario para poner freno a una política de abusos que castiga a los sectores más carenciados, a las pymes y a grandes sectores de las capas medias”, y denunció que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, “actúa más como representante de las multinacionales que como defensor de los intereses de la Argentina”.
Hacia el final habló Cristina Kirchner, quien se excedió casi 20 minutos del tiempo establecido. La senadora y expresidenta Cristina Kirchner subrayó en la madrugada de este jueves, al cierre del debate sobre las tarifas, que “ahora son los ciudadanos los que están subsidiando la rentabilidad de las empresas”, y sostuvo que la ley que la oposición pretende sancionar “no es inconstitucional”.

“Es mentira que se hayan eliminado los subsidios: se eliminaron los subsidios que financiaba el Tesoro Nacional, pero ahora son los ciudadanos los que están subsidiando la rentabilidad de las empresas”, retrucó Cristina en un discurso que se excedió casi 20 minutos del tiempo establecido. La exmandataria advirtió que “es catastrófico el estado de estos cinco precios de la economía: dólar, tarifas, tasas de interés, salario y el precio de bienes y servicios”.
“Los salarios se han depreciado, el dólar se ha detonado, la tasa de interés vuela por los aires y el precio de las cosas que la gente consume también se ha disparado”, observó Cristina, y agregó que “cuando todo esto se junta con los ‘tarifazos’, estamos ante un problema muy grave”.
La sucedió Pichetto, quien insistió en que por parte del oficialismo “no llegó ninguna propuesta” alternativa sobre tarifas. El rionegrino aprovechó para meterse en la interna de Cambiemos: afirmó que perdieron la votación en la Cámara de Diputados porque “devaluaron” a su presidente, Emilio Monzó, y cuestionó que “todo lo controlaban en Jefatura de Gabinete esos dos ministros sin cartera”, en alusión a Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.
El jefe del bloque Justicialista pidió “desdramatizar” el debate y aseguró que “nadie está en campaña” con el tema de las tarifas. “No me gusta votar leyes para el veto”, aclaró y recordó: “Este debate no lo empezamos nosotros”.
Al final del debate, el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, le enrostró al kirchnerismo: “Ustedes eligieron otro camino, y tienen que hacerse cargo de la disciplina y el silencio. De los 12 años del colapso energético tienen que hacerse cargo, porque ustedes sabían las consecuencias de pisar tarifas, de subsidiar indiscriminadamente, de perder el autoabastecimiento energético”.
El radical criticó que se haya llegado a esta instancia para “enviar un mensaje” al Gobierno, y sugirió: “Los mensajes en Argentina del 83 a la fecha tienen otra connotación. Cuando la mirada es apocalíptica y un gobierno comienza a transitar los dos años y medio de su mandato y es una coalición opositora que no tiene una raíz peronista, es una señal de alerta”.

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