En el extenso fallo de 25 páginas de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de Misiones, el fiscal de Cámara, Andrés Poujade, introduce un concepto clave que describe el escenario político de los últimos meses. El funcionario judicial se refiere a los intentos de los abogados defensores de desacreditar la decisión del juez Fernando Verón de dictar la prisión preventiva de los ocho ex policías acusados de conspiración y sedición. “Los agravios en los términos expuestos pretenden banalizar tales hechos”, remarca Poujade. El fiscal remarca que los abogados, entre los que hay un ex juez, “pasan por alto la condición de integrantes de la fuerza de seguridad de sus defendidos, pues con su accionar, habrían subvertido la función confiada por el pueblo de la provincia de Misiones a través de sus instituciones democráticas”.

Los ahora ex policías estaban coordinando una nueva rebelión policial, como sucedió en mayo y planeaban generar incendios para atraer y tomar autobombas, amedrentar funcionarios y presionar para conseguir una amnistía por los delitos cometidos en esa revuelta cuando efectivos de la fuerza y retirados bloquearon por 14 días frente a las instalaciones del Comando Radioeléctrico I de Posadas, en el que mantuvieron retenidos móviles de la Policía y Autobombas de bomberos. En esos días, robaron móviles policiales en los que pasearon a los tiros por la ciudad. 

Todas las pruebas quedaron guardadas en conversaciones de whatsapp. Conversaciones que fueron reveladas por otro oficial, quien denunció el intento de alzamiento al que se negó a sumarse. Por eso están detenidos con prisión preventiva desde el 10 de octubre Ramón Alejandro Arrieta, Iván Ezequiel Arrieta, Lisandro Ramón Canteros, Diego Hernán Correa, Ramón Oscar Amarilla, Joaquín Orrego, Adolfo Guirula y Horacio Ezequiel Elías Coutto. 

Esa preventiva ha sido cuestionada por los abogados defensores y también por la oposición. Pero la Cámara puso varios puntos sobre las íes. Los jueces Marisa Ruth Dilaccio y José Alberto López consideraron que la prisión preventiva está justificada debido a la gravedad de los hechos y la posibilidad de que los imputados entorpezcan la investigación o se sustraigan de la acción de la justicia. La pena en expectativa que tienen es elevada, una posible pena mayor a los ocho años, lo que trae consigo una presunción de fuga. Los camaristas destacan la condición de (ex) policías de los imputados y la gravedad de los delitos que se les atribuyen, que implican un quiebre de la confianza pública y la subversión del orden.

El fallo también aclara que la prisión preventiva no viola el principio de inocencia, ya que es una medida cautelar y no una condena y descarta el argumento de las defensas de una supuesta criminalización de la protesta, ya que se juzgan acciones que constituyen delitos.

En las conversaciones hay una aparición llamativa: “Que jodan y les prendemos fuego sus mansiones”, promete Florencia “en defensa” de los amotinados. Es la misma tiktoker que fue detenida hace unas semanas tras varias denuncias de calumnias, injurias y amenazas. 

El fallo de la Cámara es contundente. Y derrumba el desdén con el que ensayan una defensa desde la oposición al decir que los ex policías que están detenidos “por mandar mensajes de whatsapp” sin haber llegado a cometer los delitos imputados. Pero no son simples conversaciones de whatsapp. Los policías no son simples empleados públicos, sino funcionarios a los que el Estado les encarga una misión fundamental como la seguridad, que ellos mismos estaban amenazando. No es una simple “tiktoker” que arenga desde las redes sociales. No pasa nada. Hasta que pasa. He ahí la banalización a la que hace referencia el fiscal.

Con Germán Kiczka también hubo banalización por parte de sus socios políticos y defensores. Durante toda la investigación, que se inició por un alerta de Estados Unidos, se pretendió minimizar las accesiones del ex diputado puertista-libertario. En el macrismo hablaron de una “persecución política”. El radicalismo pidió un “proceso justo”, sin una mínima mención a las víctimas de los aberrantes gustos sexuales de uno de los que integró la boleta de la alianza Cambiemos. Recién cuando las pruebas eran abrumadoras, hubo un intento de despegue. Ahora se conocen las pericias psicológicas de Kiczka y su hermano Sebastián. Sobre el amigo y socio político de Pedro Puerta, los especialistas señalan que posee rasgos de personalidad psicopáticos, narcisistas y con inclinación hacia la pedofilia. El documento agrega que estas características lo llevaron a desarrollar un patrón sistemático para captar y compartir contenido ilegal. En el caso de su hermano Sebastián, también detenido por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil y abuso sexual de una menor, las pericias indican que presenta una personalidad neurótica  con rasgos depresivos, paranoides y esquizotipicos, con indicadores que sugieren un trastorno de las preferencias sexuales de tipo no exclusivo. Germán también tiene una relación no consentida, revelada en uno de los chats hallados en sus teléfonos. Sin embargo, nadie vio nada. Nadie intuyó nada. Solo risas compartidas en “charlas inocentes” en las que Pedro Puerta contaba a sus oyentes que usaba “yuyitos” para conseguir los favores sexuales de guainas o gurises. Todo risas. Todo banal. 

Los que apoyaron los piquetes policiales y miraron para otro lado en el escándalo de pedofilia, son los mismos embanderados con proyectos como el de Ficha Limpia, una iniciativa que apunta a desterrar a corruptos y condenados de las listas de la política. Idea altruista, que sin embargo, parece tener nombre y apellido: proscribir a Cristina Fernández. Cuando estaba todo dado para aprobar la ley, faltaron los del PRO y los de la Libertad Avanza y no hubo quórum. Rara forma de republicanismo. 

Esas contradicciones son evidentes en Misiones. La alianza opositora cuestiona todo aquello que haga el Gobierno. Pero hace un ominoso silencio cuando lo mismo hace la Nación. En julio Patricia Bullrich creó una unidad especial para “patrullar internet” y redes sociales y sus conexiones mediante la utilización de la inteligencia artificial”. Así se detalla en la norma: “Analizar actividades en redes sociales para detectar amenazas potenciales, identificar movimientos de grupos delictivos”.

Para Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, el avance de la tecnología y la inteligencia artificial representa un cambio de relevancia para la población, y por ende se necesita utilizar estos avances en las Fuerzas Policiales y Seguridad Federales para responder más rápido y con mayor precisión las amenazas. 

En los argumentos de la norma se citan los ejemplos de diversos países de vanguardia en su utilización tales como Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Francia, Singapur, India, como “pioneros en la utilización de la Inteligencia Artificial en sus áreas de gobierno y Fuerzas de Seguridad”. 

En Misiones, quienes aspiran a ser parte de la alianza nacional, se escandalizaron por la creación de una Fiscalía especializada en Cibercrimen. ¿Qué temen que se investigue?

Con la fiscalía Misiones se puso a la vanguardia en la lucha contra diversos delitos que tienen como base la tecnología. En esa línea, la OEA comenzó esta semana una ronda de consultas regionales para elaborar la primera Ley Modelo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en entornos digitales. 

Según un reciente informe publicado por el organismo, el 73 % de las mujeres experimentó alguna forma de violencia en línea y casi un 60% de las niñas y jóvenes de todo el mundo fueron víctimas de diferentes formas de ciberacoso en redes sociales.

En América Latina y el Caribe, más del 65 % de las mujeres no denuncia los actos de violencia digital (Argentina), sólo un 18% de las víctimas intentó denunciar (Chile), y de aquellas que acudieron a las autoridades, sólo el 6,78 % recibió la denuncia penal. Claramente hay un universo a trabajar en la prevención y castigo de los delitos virtuales. 

La sobreactuación opositora evidencia la falta de ideas para adaptarse a los nuevos tiempos. El macrismo perdió su condición de “nuevo” a manos del mileísmo y el radicalismo busca en forma desesperada encajar en algún espacio en su persistente rol secundario. 

El contraste lo marca la Renovación, con una apertura a las ideas políticas siempre y cuando tengan como premisa a Misiones. Por eso fluyen con naturalidad nuevas posiciones y la aparición de nuevos actores, sin sellos partidarios. Jóvenes que no pueden ser encriptados asumen roles protagónicos que sorprenden a los más veteranos. Es que en Misiones ya rige mucho de lo que quiere imponer la Nación: las cuentas públicas en orden son una marca registrada que permitió minimizar la deuda y ganar en autonomía. Esa independencia es la que permite negociar mano a mano con el Gobierno de Milei y al mismo tiempo, sortear con mucha más solvencia el impacto del ajuste, mientras busca soluciones a los problemas generados por las decisiones nacionales. 

Después de varios meses en el sector primario de la yerba mate asumieron los costos de la desregulación. Muchos productores votaron por Milei -el mapa es llamativo en las zonas productoras- a sabiendas de que impulsaba la desregulación total de la economía. Ahora buscan desesperadamente el respaldo estatal para recuperar un poco de la rentabilidad perdida con el desplome de los precios. La rentabilidad es el punto de discusión ¿quién se la está quedando? La industria misionera advierte que se está yendo a los supermercados, donde se ven ofertas imposibles, que no alcanzan siquiera a cubrir los costos de producción, procesamiento y almacenamiento. 

La Provincia sigue analizando un abanico de medidas para mejorar la situación del pequeño productor. La trazabilidad es la que más consenso tiene, ya que permitirá sincerar costos desde la chacra hasta la góndola. En paralelo, se siguen las negociaciones para dar marcha atrás con la desregulación, aunque sea una tarea titánica. En cada aparición pública, Federico Sturzenegger celebra a la yerba mate como ejemplo “exitoso” de su cruzada desreguladora.

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