La veda al vapeo: la Asociación Argentina de Vapeadores pide que se analice la prohibición

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 Desde la Asociación Argentina de Vapeadores, sostienen que el gobierno debe estudiar las regulaciones de otros lugares, ya que existe mucha desinformación sobre el vapeo.

El uso de cigarrillos electrónicos (o vapeadores), es una tendencia desde hace unos años para aquellos que buscan alternativas al cigarrillo convencional, pero que tiene menos grado de nicotina que este último, además de aquellos que disfrutan de inhalar los vapores aromatizados. Si bien su uso no está penalizado, la comercialización, importación, distribución, promoción y publicidad de cigarrillos electrónicos están prohibidos desde el 2011, por la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) y los Productos de Tabaco Calentado (PTC) están vedados por resolución del Ministerio de Salud desde marzo de este año.

Los cigarrillos convencionales, suponen un consumo adictivo de nicotina, además de unas 7 mil sustancias tóxicas para el organismo que pueden derivan en enfermedades respiratorias, patologías cardiovasculares y diversos tipos de cáncer.

De acuerdo a la OMS, alrededor de 8,2 millones de personas fallecen a causa del consumo de cigarrillos, de las cuales 7 millones son por consumo directo y 1,2 por exposición al consumo ajeno.

De acuerdo al Ministerio de Salud, en Argentina el 22,2% de los mayores de 18 años fuma y unas 45000 personas fallecen por año, a causa del tabaquismo.

Los cigarrillos electrónicos, denominados Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) o Sistemas Electrónicos Sin Nicotina (SESN), son dispositivos a batería que calientan a 250 grados una solución, principalmente compuesta por propilenglicol, glicerina y eventualmente aromatizantes, que genera un aerosol que es inhalado por el consumidor.

Estos dispositivos son considerados como perjudiciales para la salud por aumentar los riesgos de cardiopatías y afecciones pulmonares, además de que creen que “es demasiado pronto para ofrecer una respuesta clara sobre los efectos a largo plazo de su uso o la exposición a ellos”. La OMS sostiene que los SEAN/SESN “no deberían promocionarse como ayuda contra el tabaquismo hasta que se disponga de datos científicos adecuados y la comunidad de salud pública llegue a un acuerdo sobre la eficacia de estos productos”.

A vez los PTC, que en su interior calientan sin llegar a la combustión un cigarrillo especial compuesto de hojas de tabaco prensadas y nicotina llamada stick, son considerados por la OMS como tóxicos y cancerígenos. En ese sentido afirma la OMS que deberían regularse “como cualquier otro producto de tabaco”, dado que “actualmente no se dispone de suficientes datos para concluir que sean menos perjudiciales que los cigarrillos convencionales”.

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En nuestro país, se estima que alrededor de un millón de personas vapean. El Ministerio de Salud se opone a los cigarrillos electrónicos y PTC por sus potenciales riesgos para la salud y comportamientos adictivos. El ministerio afirma que a estudios observacionales concluyen que “el cigarrillo electrónico no solo no ayuda a dejar, sino que termina adoptándose un uso doble de cigarrillos fumados y cigarrillos electrónicos en cerca del 80% de los casos”, y, en este sentido, no considera ético “permitir que las personas permanezcan expuestas a un agente potencialmente nocivo”.

Desde la Asociación Argentina de Vapeadores, sostienen que si bien el vapeo no es inocuo, reduce en 95% los riesgos del tabaco tradicional para quienes no pueden o no quieren dejar de fumar. En ese sentido sostienen que la restricción es insensata y solicitan una regulación distinta a la del tabaco.

El presidente de la Asociación, Facundo Teme, considera que en la Argentina hay un estigma sobre el vapeo, asegurando que, si bien el mercado informal de cigarrillos electrónicos y PTC impide generar estadísticas, el fin de esta prohibición permitiría formalizar un mercado que actualmente representa unos U$S90 millones en la Argentina.

Teme considera que la desinformación del vapeo, se puede contrarrestar con educación, e insta al gobierno a estudiar las regulaciones de otros países.

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