Argentina

Misiones habilita la primera fase del plan para recuperar al yaguareté en Yabotí

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El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones dio un paso clave en la estrategia de conservación del yaguareté al otorgar la viabilidad ambiental preliminar al proyecto de “Plan de suplementación poblacional” en la Reserva de Biosfera Yabotí. La medida, formalizada mediante la Resolución Nº 113 del 17 de abril de 2026, habilita el avance de una iniciativa que busca recuperar la población silvestre del felino más emblemático de la región.

El proyecto se desarrollará en el Parque Provincial Esmeralda, en el municipio de San Pedro, dentro de un predio de 30.000 hectáreas. Allí se prevé la construcción de recintos de manejo en una superficie cubierta de 707,89 metros cuadrados, como parte de una intervención de largo plazo con una vida útil estimada en 20 años. La Reserva de Biósfera Yabotí se extiende sobre unas 250,000 hectáreas de selva, donde aún sobreviven especies en peligro como el Águila Harpía y el propio yaguareté. Estudios recientes muestran que el Parque Provincial Esmeralda, situado dentro de la reserva, cuenta con una abundancia de presas que podría sostener a una población mayor de estos felinos, en caso de que se concrete el refuerzo poblacional.

El eje del plan es la suplementación poblacional con ejemplares de ADN misionero, con el objetivo de fortalecer la base genética de la especie y asegurar su permanencia en el hábitat natural. Según se desprende del expediente técnico, la iniciativa busca consolidar la recuperación del yaguareté dentro del Corredor Verde misionero.

La estrategia se inscribe en el Plan de Gestión de la Reserva de Biosfera (2025–2034), que prevé implementar el manejo activo de la especie hacia 2027. En esta primera etapa, el foco estará puesto en el desarrollo de técnicas de cría en cautiverio bajo condiciones naturales controladas, con vistas a la futura reintroducción en ambientes adecuados.

El proyecto, que cuenta con el respaldo de la Fundación Vida Silvestre y otras entidades, no solo busca reintroducir ejemplares en Yabotí, sino también crear políticas de restauración y conservación de los corredores de biodiversidad. “No podemos realizar una reintroducción sin abordar los factores que llevaron a la disminución de la especie. Estos factores incluyen la cacería, la pérdida de hábitat y los atropellamientos,” indicó el director del IMiBio.

Misiones, según estudios del IMiBio, podría potencialmente albergar entre 250 y 300 yaguaretés en total si se optimiza el entorno y se controlan las amenazas. La reserva de Yabotí, junto con áreas aledañas, tiene suficiente superficie y fauna de presas para soportar una población considerable de estos grandes felinos.

La Comisión Técnica de Evaluación de Impacto Ambiental consideró “oportuno, meritorio y conveniente” avanzar con la viabilidad preliminar, aunque estableció un conjunto de exigencias que el proponente -la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos de la provincia- deberá cumplir en un plazo de 60 días.

Entre las principales obligaciones figuran:

  • Presentar información técnica complementaria con mayor nivel de detalle.
  • Cumplir con planes de contingencia, gestión ambiental y monitoreo mensual.
  • Informar cualquier modificación del proyecto antes de su ejecución.
  • Minimizar impactos ambientales durante todas las etapas de la obra.

Además, se impusieron restricciones ambientales estrictas, como la prohibición de introducir especies exóticas, la obligación de restaurar áreas intervenidas y la preservación absoluta de cursos de agua y nacientes.

La estrategia no es una reintroducción o rewilding, como ocurrió en Corrientes. En Misiones el animal nunca desapareció completamente. Lo que se busca es reforzar la población. Si el proyecto prospera, la reserva Yabotí podría albergar entre 20 y 30 yaguaretés en el futuro. Pero el objetivo va más allá de los números.

Mientras que en Corrientes la fundación Rewilding ha tenido éxito en la reintroducción de yaguaretés en los Esteros del Iberá, donde actualmente hay 50 ejemplares en libertad, Misiones aún no ha implementado programas masivos de este tipo. En esta ocasión, el proyecto de refuerzo poblacional en Yabotí busca desarrollar técnicas de suplementación de individuos siguiendo normas técnicas internacionales y bajo el cumplimiento de la legislación vigente.

Un proyecto bajo el paraguas constitucional y ambiental

La resolución se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional -que consagra el derecho a un ambiente sano- y en la Ley General del Ambiente (Nº 25.675), que establece la Evaluación de Impacto Ambiental como herramienta obligatoria para la toma de decisiones.

En ese marco, el Ministerio remarcó que la EIA es un procedimiento “técnico-administrativo con carácter preventivo” que permite analizar la viabilidad ambiental antes de ejecutar cualquier proyecto, garantizando que no comprometa los recursos para futuras generaciones.

La viabilidad otorgada no implica una autorización definitiva, sino el inicio de un proceso de evaluación más profundo. El proyecto deberá cumplir con todas las exigencias técnicas y ambientales para avanzar hacia su aprobación final.

Con esta resolución, Misiones refuerza su posicionamiento como una de las provincias líderes en políticas de conservación, apostando a la recuperación de una especie clave para el equilibrio ecológico de la Selva Paranaense.

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Hasta el 70% de los patrimonios en Argentina está mal protegido sin que sus dueños lo sepan

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En la Argentina actual, tener patrimonio dejó de ser sinónimo de seguridad. Detrás de bienes acumulados durante años —e incluso décadas— se esconde una vulnerabilidad estructural que la mayoría de sus dueños desconoce, y que puede activarse en cuestión de meses ante el primer conflicto.

De acuerdo con el abogado especialista en planificación patrimonial, Juan Manuel Curubeto, 6 o 7 de cada 10 patrimonios en Argentina tienen algún nivel de exposición jurídica, fiscal o sucesoria. “El error más frecuente es creer que tener bienes equivale a tener el patrimonio protegido. No es lo mismo. Se puede construir riqueza durante toda una vida y perderla en meses si no está bien estructurada”, sostiene Juan Manuel Curubeto.

En muchos casos, los activos se concentran a título personal, sin previsión sucesoria ni estructuras que los resguarden frente a contingencias legales o comerciales. La vulnerabilidad no suele ser consecuencia de un gran error, sino de la acumulación de decisiones no planificadas. En ese contexto, eventos como juicios, divorcios, sucesiones conflictivas o problemas societarios pueden activar riesgos latentes y comprometer en meses lo que llevó décadas construir. 

Uno de los hallazgos más contundentes es que el nivel de ingresos no garantiza protección. Incluso perfiles de alto patrimonio presentan fallas estructurales similares. Entre los errores más frecuentes se repiten: bienes a nombre personal sin evaluación de riesgos; mezcla entre patrimonio familiar y actividad empresarial; falta de planificación sucesoria; estructuras societarias sin sustancia real; acuerdos informales sin respaldo legal; subestimación del impacto de conflictos familiares y ausencia de revisión periódica.

En Argentina, la fragilidad patrimonial no es una percepción: es estructural. La presión impositiva total sobre empresas puede superar el 100% de las ganancias, según el Banco Mundial, mientras que la informalidad laboral alcanza cerca del 36%, de acuerdo con el INDEC. En este contexto —alta carga fiscal, informalidad extendida y conflictividad legal—la exposición patrimonial deja de ser un riesgo eventual y pasa a ser una condición de base, incluso para patrimonios altos.

En un entorno macroeconómico volátil, comienza a consolidarse un cambio en la lógica patrimonial: ya no alcanza con generar, ahora es clave diseñar. Las estrategias más utilizadas incluyen la separación de riesgos personales y empresariales, la planificación sucesoria anticipada, el uso de fideicomisos, donaciones con reserva de usufructo y estructuras societarias correctamente implementadas.

El timing se vuelve determinante. En contextos de incertidumbre, postergar decisiones puede amplificar exponencialmente los riesgos. “El primer paso no es mover activos, sino entender la situación real: qué se tiene, a nombre de quién, qué riesgos existen y qué pasaría ante un conflicto”, explica Curubeto.

Este análisis debe contemplar incluso activos muchas veces subestimados, como inversiones en el exterior, criptomonedas o participaciones informales.El contexto argentino —marcado por cambios normativos, presión fiscal creciente y mayor conflictividad— convierte a la planificación patrimonial en un factor defensivo clave.

La conclusión es simple y contundente: el problema ya no es cuánto patrimonio se tiene, sino cuán vulnerable es. Porque en la Argentina de hoy, el mayor riesgo no es perder dinero: es descubrir, demasiado tarde, que nunca estuvo protegido.

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Gustavo Quatrin, CEO de Playadito sobre el precio de la yerba: “Ni antes éramos ángeles ni ahora somos demonios”

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En la reunión de la mesa yerbatera realizada el 23 de abril en el Ministerio del Agro de Misiones, Gustavo Andrés Quatrin -gerente de la Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig, con su marca Playadito- no pasó desapercibido: es quien conduce la asociación con el rigor de una empresa que hoy lidera el mercado interno con 56,7 millones de kilos vendidos en 2025.

Tras la reunión habló con Economis y marcó un punto de inflexión en el tono del debate. “Somos conscientes de los bajos precios que hoy tiene la producción”, reconoció. “Sabemos que los precios están lejos de lo que hoy desearían los productores y no solo desean, sino que necesitan”.

Sin embargo, al mismo tiempo, defendió la posición de la industria que tiene otros problemas, asociados a los costos y la rentabilidad, “Podemos tener las mejores normativas, pero si no tenemos consumo, no podemos transformar absolutamente nada”, afirmó, en una definición que corre el foco desde la regulación hacia la dinámica del mercado.

Tras más de una década de precios altos, el sector enfrenta ahora un escenario inverso: mayor producción, aumento de stocks y presión a la baja en los valores de la hoja verde. El gerente explicó que el problema central es la sobreoferta acumulada tras años de expansión productiva. “Hay un potencial de producción que supera la demanda en un momento determinado y eso lleva a la situación de precios actual”, sostuvo.

Incluso con un aumento del 37% en las exportaciones, el sistema no logró absorber el excedente. “Los stocks no bajaron, sino que subieron ligeramente”, detalló. Esa afirmación desarma una de las expectativas del sector: que el crecimiento externo pudiera compensar la presión interna por los precios.

En ese contexto, el precio se convierte en la variable de ajuste. Y la explicación que ofrece Quatrin es directa: “Cualquier número superior a cero es mejor que no vender”. Esa dinámica, que antes jugaba a favor del productor -cuando retenía stock esperando mejores precios- ahora opera en sentido inverso.

El cambio coincide con el nuevo esquema del Gobierno nacional desde diciembre de 2023, que modificó las reglas del negocio yerbatero. Sin intervención directa en precios, el mercado quedó expuesto a su propia dinámica. El resultado: una competencia más agresiva y una pérdida de referencia para toda la cadena.

Una cadena tensionada desde adentro

El posicionamiento de Quatrin tiene un peso específico: proviene de una cooperativa que no solo lidera ventas, sino que articula con productores y secaderos desde hace más de 20 años. Por eso, su advertencia evita confrontaciones y apunta a sostener el entramado.

Lo peor que nos puede pasar es pelearnos entre productores y secaderos industriales”, señaló, en un intento por desactivar tensiones en un momento crítico. Los propios productores le reconocen que son la empresa que mejor paga por la yerba canchada a un precio de 1160 pesos el kilo, cuando las demás están pagando por debajo de los 900 pesos.

Sin embargo, también dejó en claro los límites de la industria para recomponer precios. Recordó que la empresa aplicó una baja del 20% cuando sus despachos cayeron “casi a la mitad” en abril de 2024, y que desde entonces no logró recuperar ese nivel de precios, aunque lidera el mercado.

Esa señal impacta en toda la cadena productiva. Si la empresa con mayor espalda financiera y volumen no logra trasladar mejoras, el resto del sector queda condicionado. En especial los productores primarios, que dependen directamente del precio de la hoja.

Aun así, anunció un movimiento reciente: “Hemos hecho un aumento de un 5% para la materia prima y acortamos en 30 días los plazos de pago”. Es un gesto que busca recomponer parcialmente el ingreso del productor, pero también funciona como test para medir la reacción del mercado.

Consumo estancado y exportaciones insuficientes

Otro eje central de su análisis fue el comportamiento del consumo. Quatrin lo definió como estructuralmente limitado: “La demanda es inelástica”. Es decir, aunque bajen los precios, el volumen consumido no crece de manera significativa.

En paralelo, el ingreso de productos importados con mayor precio en góndola agrega una distorsión adicional. No compiten directamente en formato, pero sí en percepción de valor, tensionando la lógica del mercado local.

El gerente, además, relativizó el impacto del mercado externo. “El crecimiento de las exportaciones no supera el 2% del total en cantidad (del volumen comercializado por su empresa”, explicó, pese a que la cooperativa exporta a más de 20 países.

Incluso en mercados grandes, como China, el desafío es cultural. “Lograr que el mundo incorpore una infusión nueva es una tarea compleja, de altísimo costo”, sostuvo. Explicó que desde la cooperativa están trabajando en ese mercado hace 10 años y aun así el volumen comercializado en el 2025 fue de 60 mil kilos y es solamente hoja, porque se exporta para infusionar con formato de tés.

Además, Quatrin fue claro al explicar que el aumento de exportaciones se explica en gran medida por la caída de los precios locales, que volvió competitiva a la yerba argentina en el exterior. Sin embargo, ese impulso no alcanza para absorber el excedente: los stocks que han acumulado las empresas no bajaron y eso sigue condicionando los valores.

Esa combinación -consumo interno estable y exportaciones limitadas- refuerza la presión sobre los precios locales y deja a la cadena sin una válvula de escape inmediata.

Quatrin deja entrever un cambio más profundo: el sector yerbatero atraviesa una transición donde las herramientas tradicionales ya no alcanzan y el mercado aún no encuentra equilibrio.

El gerente lo resumió con una frase que busca ordenar el debate sin personalizar responsabilidades: “Éramos los mismos cuando los precios eran espectaculares. Ni antes éramos ángeles ni ahora somos demonios”.

Esa lectura introduce una variable incómoda: el problema no responde a decisiones aisladas, sino a ciclos productivos y expectativas acumuladas.

Hacia adelante, la expectativa es moderada. “Esperemos que hayamos tocado los pisos de precio”, expresó. Pero la definición no es categórica. Dependerá de cómo evolucione la reposición, el nivel de stocks y la capacidad del mercado para absorber la producción.

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La crisis textil se profundiza: la producción cayó 33% y el impacto ya se ve en locales vacíos

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La industria textil argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos: en febrero, la producción se desplomó un 33% interanual y acumula una caída del 36% frente a 2023, mientras el deterioro ya se traslada al tejido urbano con un fuerte aumento de locales vacíos en los principales corredores comerciales. El dato, difundido por la Fundación ProTejer, no solo refleja una crisis sectorial sino que expone una tensión de fondo en la política económica: ¿hasta dónde puede sostener el Gobierno la apertura importadora y el ajuste del consumo sin erosionar el entramado productivo?

El fenómeno deja de ser estadístico y se vuelve visible. Con más de dos años de caída de la actividad, la industria no logra encontrar un piso y comienza a impactar en empleo, empresas y comercio minorista.

Capacidad ociosa, importaciones y caída del consumo

El retroceso se inscribe en un escenario de múltiples presiones. Por un lado, el consumo interno se retrae: los hogares reasignan ingresos hacia servicios básicos y recortan gastos en indumentaria. Por otro, el frente externo gana peso. Las importaciones de ropa crecieron 185% en cantidades durante 2025 y se mantienen elevadas en 2026, impulsadas por el modelo de fast fashion, que introduce productos a bajo costo.

A ese esquema se suma la apreciación del tipo de cambio y el aumento de compras en el exterior. Las adquisiciones vía courier, por ejemplo, saltaron 274% el año pasado, consolidando un canal alternativo que compite directamente con la producción local.

El resultado es una estructura productiva con niveles de utilización mínimos: entre 2024 y 2025, 6 de cada 10 máquinas textiles permanecieron paradas, proporción que en los últimos meses llegó a 7 sobre 10. La industria no solo produce menos, sino que directamente deja de operar parte de su capacidad instalada.

El impacto también se mide en términos estructurales. Entre fines de 2023 y diciembre de 2025 se destruyeron más de 20.700 puestos de trabajo registrados y cerraron más de 650 empresas, lo que implica una caída del 17% en el empleo y del 11% en los establecimientos productivos.

De la fábrica al mostrador: el ajuste se traslada a la calle

La contracción ya se traduce en una postal concreta: persianas bajas en zonas históricas de venta de indumentaria. Según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, en el primer bimestre de 2026 se contabilizaron 284 locales vacíos, en alquiler o en venta en la Ciudad de Buenos Aires, con un aumento del 38,5% interanual y del 43,4% frente al bimestre previo.

El dato más revelador es la dinámica de oferta: los locales en alquiler crecieron 158,8% interanual, señal de negocios que no logran sostenerse.

El fenómeno se concentra en corredores emblemáticos. Sobre la avenida Cabildo, los locales vacíos aumentaron 177,8% en el primer bimestre respecto al mismo período de 2025. En la avenida Avellaneda, uno de los polos textiles más importantes del país, el incremento fue del 160%, en un contexto de menor circulación y caída de ventas.

Otras arterias comerciales también muestran deterioro, aunque con menor intensidad: Corrientes registra 68 locales vacíos, Rivadavia 63 y Santa Fe 58. La tendencia es transversal y evidencia un cambio en la dinámica comercial: menos consumo, mayores costos y márgenes cada vez más ajustados.

Apertura, consumo y presión sobre la industria

El cuadro plantea un reordenamiento de intereses. La apertura importadora y el acceso a bienes más baratos benefician al consumidor en el corto plazo, pero presionan sobre la industria local, que pierde competitividad y escala.

Al mismo tiempo, la caída del consumo limita cualquier posibilidad de recomposición interna. Sin demanda, el sector no logra absorber el impacto externo ni sostener su estructura productiva. El resultado es un círculo donde producción, empleo y ventas se retroalimentan en descenso.

En términos de política económica, la tensión es evidente: sostener precios bajos vía importaciones o preservar el entramado industrial. Por ahora, los datos muestran que el ajuste recae con mayor fuerza sobre la producción local.

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Economía sale a renovar $7,9 billones y apuesta a estirar deuda hasta 2029 con más financiamiento en dólares

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El Ministerio de Economía activará el próximo martes 28 de abril una nueva licitación de deuda con un objetivo central: renovar vencimientos por $7,9 billones —en su mayoría en manos privadas—, extender plazos hasta 2029 y aumentar la captación de dólares a través de bonos soberanos. La jugada, impulsada por la cartera que conduce Luis Caputo, se inscribe en una estrategia más amplia de administración del frente financiero en un contexto donde el Gobierno busca consolidar estabilidad y evitar presiones de corto plazo.

El dato no es menor: el Tesoro no solo intenta refinanciar vencimientos inmediatos, sino también redefinir el perfil de la deuda. ¿Se trata de una señal de fortalecimiento en la gestión financiera o de una necesidad creciente de sostener el equilibrio en un mercado más selectivo?

Un menú orientado a plazo largo y cobertura cambiaria

La licitación presentada por la Secretaría de Finanzas combina instrumentos en pesos y en dólares, con foco en alargar la duration. El menú incluye nuevas emisiones como una LECAP con vencimiento el 12/06/26, un bono TAMAR al 31/8/2028 y un título CER/TAMAR al 29/06/2029, junto a instrumentos ya conocidos como el BONCER 2028 y bonos dólar linked al 30/09/26.

En paralelo, el Tesoro vuelve a apostar por deuda en moneda dura mediante Bonares con vencimientos en 2027 y 2028, con una meta de colocación de u$s350 millones —por encima de los u$s300 millones previos— más otros u$s100 millones en una segunda vuelta.

El esquema se completa con una operación de conversión de títulos que busca postergar vencimientos: bonos dólar linked, duales y ajustados por CER serán canjeados por instrumentos con fechas más largas, en algunos casos hasta 2028. Esta ingeniería financiera ya tuvo un antecedente inmediato: el reciente canje de letras atadas al tipo de cambio permitió postergar compromisos por unos u$s1.300 millones.

En términos concretos, el Gobierno intenta despejar el calendario de pagos de corto plazo y ganar margen de maniobra hacia los próximos años, trasladando vencimientos a una zona donde apuesta a mayor previsibilidad macroeconómica.

Mercado más selectivo y tensiones en la demanda

El movimiento no ocurre en el vacío. En el mercado secundario, la deuda en pesos muestra señales de fatiga en los tramos medios y largos. La demanda se concentra en instrumentos de corto plazo, mientras que las tasas reflejan cierta cautela: alrededor de 1,9% TEM en el tramo corto y entre 2% y 2,1% para vencimientos posteriores a julio.

Los bonos ajustados por inflación (CER), en tanto, exhibieron caídas promedio de 0,5%, con rendimientos que se ubican en torno a CER -5% para vencimientos de este año y CER +5% para el resto de la curva. Este comportamiento sugiere un mercado que empieza a recalibrar expectativas, con menor apetito por duration y mayor preferencia por liquidez.

En este contexto, los instrumentos dólar linked ganan protagonismo. La posibilidad de cubrir riesgo cambiario vuelve a ser un factor determinante en la asignación de carteras, lo que explica el énfasis del Tesoro en este tipo de activos.

Financiamiento, confianza y sostenibilidad

La estrategia oficial tiene un doble filo. Por un lado, logra avanzar en la extensión de plazos y en la reducción de vencimientos inmediatos, lo que mejora el perfil financiero del Estado. Por otro, expone la dependencia de condiciones de mercado que hoy son más exigentes, especialmente en los tramos largos.

El hecho de que casi la totalidad de los $7,9 billones a renovar esté en manos privadas introduce un componente adicional: el éxito de la licitación dependerá de la capacidad del Gobierno para ofrecer incentivos suficientes sin desalinear su esquema macro.

Al mismo tiempo, la búsqueda de dólares vía Bonares revela otra dimensión de la estrategia: reforzar el frente externo sin recurrir a mecanismos extraordinarios. Sin embargo, ese objetivo convive con un mercado que evalúa riesgos y ajusta posiciones con mayor selectividad.

Un equilibrio en construcción

La licitación del 28 de abril funcionará como un test inmediato. No solo medirá la capacidad del Tesoro para renovar vencimientos, sino también el grado de confianza del mercado en la hoja de ruta financiera del Gobierno.

En las próximas semanas, la atención estará puesta en dos variables: la aceptación de los instrumentos de largo plazo y la respuesta a la mayor oferta de deuda en dólares. También será clave observar si el mercado convalida la estrategia de extender plazos o si refuerza su preferencia por posiciones más cortas y defensivas.

El Gobierno avanza en su intento de ordenar el frente de deuda. Pero el margen de maniobra no depende únicamente de decisiones internas: se juega, en gran medida, en la dinámica de expectativas que el propio mercado está empezando a redefinir.

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