La disputa por el financiamiento universitario en Argentina ya no se limita al plano político: se convirtió en un conflicto institucional, judicial y presupuestario de gran escala. Mientras el Congreso sancionó y ratificó la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario tras revertir el veto presidencial, el Poder Ejecutivo mantiene suspendida su aplicación bajo el argumento de la falta de previsión de recursos, en medio del mayor recorte real sobre las universidades nacionales desde el retorno de la democracia.

Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), titulado “Ley de financiamiento universitario: los límites democráticos y de derechos al argumento fiscal”, expone con números duros la magnitud del deterioro y pone en discusión la validez del argumento oficial de la “restricción presupuestaria”, especialmente cuando esa escasez fue generada, en parte, por decisiones fiscales recientes del propio Estado.

La Ley 27.795 fue promulgada el 21 de octubre de 2025 luego de que el Congreso insistiera en su sanción original tras el veto del presidente Javier Milei. La norma obliga al Ejecutivo a actualizar las partidas de funcionamiento universitario conforme a la inflación, recomponer salarios docentes y no docentes, fortalecer becas estudiantiles y garantizar paritarias periódicas.

Sin embargo, pese a la promulgación mediante el Decreto 759/2025, el Gobierno suspendió su aplicación argumentando que la ley no especificaba las fuentes de financiamiento necesarias, apoyándose en la Ley de Administración Financiera y otras normas presupuestarias.

Frente a esta decisión, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una acción de amparo colectivo y logró una medida cautelar favorable del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, luego confirmada por la Cámara en marzo de 2026. La Justicia sostuvo que no resulta admisible que el Ejecutivo suspenda una ley aprobada por el Congreso e insistida constitucionalmente frente a un veto presidencial. Actualmente, el expediente quedó en manos de la Corte Suprema tras el recurso extraordinario del Estado nacional.

¿Cuánto cuesta financiar la universidad?

Las estimaciones sobre el costo fiscal de aplicar la ley oscilan entre los $2,5 billones y los $3,6 billones.

La Oficina de Presupuesto del Congreso había estimado en 2024 un impacto equivalente al 0,23% del PIB, que actualizado a precios de 2026 representa alrededor de $3,6 billones. Otras estimaciones oficiales lo ubican cerca de los $2,5 billones, mientras que el propio CIN sostiene que se requieren aproximadamente $7,2 billones para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema universitario nacional.

ACIJ plantea que incluso recuperar exclusivamente el poder de gasto perdido desde 2023 en el programa “Desarrollo de la Educación Superior” demandaría unos $3,4 billones en 2026, sin incluir becas ni partidas para investigación científica.

El punto más sensible del informe es político: si el Gobierno puede invocar falta de recursos para no cumplir una ley que garantiza un derecho fundamental como la educación.

Para ACIJ, la respuesta es compleja cuando esa escasez fue provocada por decisiones tributarias recientes. El trabajo pone como ejemplo la modificación del impuesto sobre Bienes Personales impulsada en 2024, que implicó una merma recaudatoria estimada en 0,2% del PIB anual durante 2024 y 2025, equivalente a unos $5 billones en dos años a valores actuales.

Es decir: el costo fiscal de esa decisión tributaria supera incluso el costo estimado de aplicar la ley universitaria.

La conclusión es directa: resulta problemático cuestionar una norma destinada a garantizar un derecho constitucional alegando escasez presupuestaria cuando esa escasez surge, al menos parcialmente, de decisiones previas del propio Ejecutivo.

El ajuste más fuerte desde 1983

Los números del deterioro universitario son aún más contundentes.

Entre 2023 y 2025, la ejecución real del gasto en la partida “Desarrollo de la Educación Superior” cayó 29%, alcanzando el nivel más bajo desde 2006, según el Monitor Presupuestario de ACIJ. El presupuesto vigente para 2026 profundiza esa tendencia.

La reducción universitaria explica:

• el 4,4% del recorte total del gasto nacional
• el 8,4% del ajuste en Servicios Sociales
• el 39% del recorte en Educación y Cultura

El impacto se refleja directamente en los salarios docentes: en marzo de 2026, un profesor asistente con dedicación semiexclusiva cobraba 25% menos en términos reales que tres años antes. Además, desde el cambio de gobierno, el salario promedio del sector equivale a menos de dos tercios del promedio observado entre 2011 y noviembre de 2023.

La crisis se agrava por un dato estructural: la matrícula universitaria siguió creciendo. En términos per cápita, el financiamiento por estudiante cayó a $2,4 millones, el valor más bajo al menos desde 2004. Es decir, el sistema recibe menos recursos en un contexto donde debe sostener a más alumnos, más carreras y mayores demandas académicas y científicas.