Ley Ómnibus y Mercados de Carbono en Argentina ¿falta algo?
En Argentina se desarrollan proyectos de carbono forestal desde hace más de 15 años en distintas regiones y con diferentes tipos de abordajes. Hay un gran camino por recorrer aún, pero vale destacar que los miembros y socios de la Mesa ya tienen en evaluación, desarrollo y certificación proyectos por una superficie de más de 400.000 hectáreas. Esto equivale a casi 20 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires (CABA tiene 20.300 hectáreas). De implementarse estos proyectos, permitirían capturar y prevenir emisiones por un total aproximado de 50 millones de toneladas de CO2, lo cual equivale a más del 60% de la meta de reducciones de emisiones a 2030 establecida por Argentina en su Plan Nacional de Bosques y Cambio Climático.
La recientemente presentada Ley “Ómnibus” (Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos) faculta en sus artículos 320 a 324 al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a generar un sistema de comercio de emisiones (mercado regulado de carbono). En este sentido, da la facultad al PEN a asignar derechos de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a cada sector y subsector de la economía compatibles con el cumplimiento de las metas de emisiones de GEI comprometidas por el país para el 2030. Esto se haría mediante límites anuales y derechos de emisiones. Se posibilita, asimismo, establecer un mercado de derechos de emisión de GEI, en el cual quienes hayan excedido su meta puedan, a su vez, vender los servicios a aquellos que los necesiten para lograr su objetivo y evitar la penalización.
“Tal como está hoy la ley sólo se enfoca en sectores y actividades “emisoras” pero no prevé la posibilidad de compensar con créditos de carbono provenientes de proyectos “externos” a las actividades obligadas a reducir, como por ejemplo, de proyectos de carbono forestal o del agro, actualmente conocidas como Soluciones Basadas en la Naturaleza”, explica Juan Pedro Cano, Coordinador de la Mesa de Carbono Forestal Nacional. “A nivel internacional, las iniciativas proactivas desde el Estado para el impulso de mercados de carbono “regulados” han generado impactos interesantes no solo en reducción de emisiones sino también en conservación, manejo sustentable y restauración de ecosistemas (ej.: Unión Europea, California y México, incluso en Colombia, aunque allí fue a través de estab lecer un Impuesto al Carbono que puede ser saldado con créditos de carbono)”.
“La propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional busca promover límites y reducciones de emisiones de GEI, pero no prevé compensaciones de emisiones, lo cual es usual, al menos por un período de tiempo o hasta cierto porcentaje de las emisiones reguladas, de modo de dar previsibilidad y flexibilidad a los sectores obligados” apuntan desde la entidad. En este sentido, la MCFN cree que la propuesta puede ser muy interesante no solo para limitar y reducir emisiones de GEI, sino también para promover el desarrollo de proyectos de carbono en el país que puedan aportar a los procesos de reducciones de emisiones que se procura. Para ello, es necesario se incluya de manera expresa un mecanismo de flexibilidad para el cumplimiento de las reducciones de emisiones que se establezcan, mediante la posibilidad de presentar reducciones por créditos de carbono, al meno s por cierto período de tiempo o sobre un porcentaje de las emisiones a limitar y reducir. Se observa que de esta manera se pueden promover proyectos de reducción o captura de emisiones en sectores clave como el sector forestal, y de esta manera servir de incentivo a la conservación, manejo sustentable, restauración de bosques y plantación y manejo mejorado de plantaciones forestales.
Por otro lado, “es necesario que el establecimiento de un mercado regulado de carbono contenga también normas que establezcan claridad y certidumbre sobre aspectos clave para el desarrollo y comercialización de proyectos de carbono, tales como otorgar seguridad jurídica sobre la propiedad o titularidad de los créditos de carbono generados por proyectos desarrollados en Argentina, facilitar su libre comercialización definiendo y delimitando claramente el ámbito de intervención gubernamental y garantizar la transparencia en las transacciones” afirma Cano. Para ello, la MCFN está trabajando en un proyecto de ley que podría complementar la iniciativa que promueve el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y estará presentando a otras cámaras empresariales y áreas de gobierno.< /p>
“Es preciso contar con seguridad jurídica para atraer inversiones que permitan desarrollar proyectos a distintas escalas y con distinto impacto ambiental, social y económico, especialmente para promover proyectos de captura y reducción de emisiones que puedan complementar modelos productivos actuales por parte de pequeños y medianos titulares de tierras, como así también traccionar proyectos de gran escala que, de no haber garantías mínimas para su implementación y comercialización, probablemente no se realicen” destaca.
“Los proyectos de carbono forestal pueden ser para evitar o reducir emisiones de carbono, por ejemplo, mediante la conservación de bosques nativos (deforestación evitada) y la mejora en la eficiencia del uso productivo del bosque o plantación forestal (aprovechamiento mejorado), o bien, para capturar carbono a través del desarrollo de plantaciones forestales y de la reforestación o regeneración de bosques nativos” comenta el coordinador.
LA FUERZA Y REPRESENTACIÓN DE LA MCFN PARA EL DESARROLLO NACIONAL Y REGIONAL
Hoy la Mesa de Carbono Forestal Nacional (MCFN) está conformada por más de 40 empresas, instituciones y personas de la cadena de valor de los mercados de carbono forestal de Argentina, enfocadas en el sector forestal argentino, pero con una visión futura multisectorial para un trabajo mancomunado e integrador. De hecho, sus miembros trabajan en la conservación, manejo mejorado y restauración de bosques nativos y en la producción forestal, representando en este último caso el 80% de las plantaciones forestales del país. La MCFN tiene como interés principal posicionar a la Argentina en los mercados de carbono a nivel regional y global, entendiéndolos como un mecanismo concreto y transparente para canalizar financiamiento a las acciones climáticas necesarias para mitigar el cambio climático. Para ello, su objetivo es ser un actor que participe de manera propositiva en los procesos de elaboración de los marcos normativos e instrumentos de política pública para promover los mercados de carbono en el país.
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