Los pueblos indígenas de México eligen a su vocera e irrumpen en el escenario político
New York Times. La historia es bien conocida, pero debemos repetirla para no olvidarla. En México, el 1 de enero de 1994 se enfrentaron dos visiones del mundo: por un lado entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y, por el otro, se levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Más de veinte años después de aquel día, mientras el modelo impuesto por el TLCAN se encuentra en crisis evidente y la existencia misma del tratado está en duda, el EZLN reaparece una vez más en la esfera pública con nuevas y esperanzadoras propuestas.
En octubre del año pasado, en un comunicado titulado con una línea del himno mexicano (“Que retiemble en sus centros la Tierra”), el EZLN anunció junto con el Congreso Nacional Indígena su intención de participar en las elecciones presidenciales de 2018 con una mujer indígena como candidata independiente. La noticia efectivamente hizo retemblar a la opinión pública mexicana y desencadenó de inmediato un alud de críticas desde los más diversos sectores.
Estuvieron aquellos que respondieron con comentarios racistas y misóginos, dudando de la capacidad de una mujer indígena para gobernar un país. Otros afirmaron que los indígenas conforman un pequeño porcentaje de la población nacional y que, por tanto, su propuesta no resultaría representativa. Este fue el caso de Francisco Gárate, representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), quien dijo que la propuesta era “una ocurrencia y un disparate”.
La mayor cantidad de críticas, sin embargo, ha surgido de los llamados sectores progresistas. Aquí están las críticas pragmáticas, generalmente enunciadas por simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, las cuales señalan que una candidata independiente apoyada por los zapatistas restaría votos a la izquierda institucional y, en términos electorales reales, beneficiaría al PRI o al PAN, los otros dos grandes partidos además del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Y también están las críticas puristas, que cuestionan la congruencia de los zapatistas, argumentando que si siempre criticaron la vía electoral como mecanismo de transformación ahora resulta absurdo quererla utilizar. López Obrador adoptó esta última postura y, en un tuit burlón, escribió: “Muy ‘radicales’ han llamado a no votar y ahora postularán candidata independiente”.
De alguna manera, el gesto de los zapatistas ya fue exitoso porque develó con rapidez lo que muchos niegan: que México no solo es un país sexista, sino también profundamente racista. Al proponer que —parafraseando a Malcom X— la persona más despreciada, desprotegida y negada en México, es decir, la mujer indígena, sea candidata a la presidencia de México, volvieron a recordarnos lo que recordaron mediante las armas en 1994: que millones de mexicanas y mexicanos viven marginados y explotados, bajo condiciones inhumanas.
Aunque de alguna forma es cierto que la propuesta de participar en las elecciones presidenciales del 2018 con una candidata indígena se parece más a una performance de arte contemporáneo que a una operación de realpolitik, esto no significa que su impacto será netamente de corte simbólico. Para entender el por qué, hay que detenerse en una serie de elementos que han sido obviados por la mayor parte de los medios y comentócratas.
Antes que nada, no será el EZLN el que participe formalmente en las elecciones de 2018, sino el Congreso Nacional Indígena (CNI): una organización fundada el 12 de octubre de 1996 en el marco de la firma de los Acuerdos de San Andrés, conformada por más de cuarenta pueblos, naciones y tribus originarios que radican en todo México, con el objetivo de generar un espacio de solidaridad entre ellos. Si bien los pueblos zapatistas forman parte del CNI, no son su totalidad.
La idea original de presentar a las elecciones presidenciales a una candidata indígena fue del EZLN. Ellos se la propusieron a los distintos delegados que asistieron al Quinto Congreso Nacional Indígena, el cual tuvo lugar del 9 al 14 de octubre del 2016 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Durante una plenaria cerrada y tras una larga deliberación, se aceptó la propuesta y se tomó la decisión de emprender una consulta entre los pueblos indígenas representados para analizar si estaban de acuerdo con la misma.
La consulta duró tres meses y terminó con el acuerdo de que el Congreso Nacional Indígena nombraría un Concejo Indígena de Gobierno conformado por representantes de los pueblos originarios que lo constituyen y regido por siente principios (obedecer y no mandar; representar y no suplantar; servir y no servirse; convencer y no vencer; bajar y no subir; proponer y no imponer; construir y no destruir). Posteriormente, se elegiría a una mujer indígena para que fungiera como vocera de este concejo y para que participara como candidata independiente en las elecciones de 2018.
Este fin de semana se reunieron, de nuevo en San Cristóbal de las Casas, cerca de mil delegados y concejales del CNI provenientes de cada uno de los estados del país en una Asamblea Constitutiva para conformar el Concejo Indígena de Gobierno y para discutir cuáles serían sus propósitos, estrategias, funcionamiento, organización y vinculación con otros sectores de la sociedad civil.
El domingo se dio a conocer que la vocera del Concejo Indígena de Gobierno será María de Jesús Patricio Martínez. Marichuy, como se le conoce, nació en 1963 en Tuxpan, Jalisco, un pueblo de origen nahua y es una gran conocedora de la medicina tradicional.
Más allá de cualquier cosa, algo queda claro: la característica distintiva de la propuesta del CNI es que su objetivo último es desmontar el sistema capitalista y construir, como dicta una famosa frase zapatista, “un mundo en el que quepan muchos mundos”. A diferencia de los partidos políticos mexicanos —incluso de aquellos que se autodenominan de izquierda o progresistas—, el CNI insiste en que su lucha es anticapitalista.
Por paradójico que parezca, el CNI ha planteado que, si bien incursionará en las elecciones, no busca alcanzar el poder. El sistema democrático no resulta efectivo para emprender las transformaciones a las que aspira. Creen, como dijo recientemente el subcomandante Galeano —antes conocido como subcomandante Marcos—, que “las cuestiones fundamentales de la maltrecha nación mexicana no se deciden ni en el poder ejecutivo ni en las cámaras legislativas ni en el poder judicial”.
Pero entonces, si no se quiere alcanzar el poder ni se cree que las elecciones sean el mecanismo idóneo para obtener los objetivos deseados, ¿por qué el CNI tiene la intención de impulsar una candidatura independiente?
Como afirmó hace poco Carlos González, miembro del CNI, lo que quieren es dislocar el sistema político existente: “Las elecciones son por excelencia la fiesta de los de arriba, el espacio y la forma como los finqueros de este mundo construyen y reconstruyen el consenso político que ocupan para seguir acumulando ganancias y poder hasta el infinito. Queremos colarnos en esa fiesta y queremos echárselas a perder hasta donde podamos”.
Al ejercer esta desestabilización, se pretende generar una alianza entre los sectores explotados de la sociedad o, dicho con otras palabras, una organización desde abajo entre aquellos que buscan desplegar formas de vida no capitalistas.
El CNI piensa que realizar una campaña presidencial a nivel nacional visibilizará las luchas que se están dando a lo largo y ancho del país y, en algún momento, generará un “proceso de reorganización combativa”. En este sentido, la candidatura independiente se percibe como un catalizador para el surgimiento de un movimiento político nacional genuinamente anticapitalista.
Las elecciones de 2018 serán las primeras elecciones presidenciales mexicanas en las cuales podrán participar candidatos sin pertenencia a un partido político. No obstante, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) establece una complicada serie de procedimientos que dificultan la posible participación de un candidato independiente: se tienen que recabar, en un lapso de 120 días, las firmas correspondientes al uno por ciento del padrón electoral nacional —casi un millón de firmas— distribuidas en, por lo menos, 17 entidades federativas.
Resulta imposible pronosticar si el CNI logrará recaudar las firmas necesarias para registrar formalmente a Marichuy como candidata independiente. Suceda lo que suceda, está claro que la simple propuesta significó una sacudida para el sistema político. La insumisión e irreverencia de los pueblos indígenas de México abre, una vez más, un resquicio que deja entrever la posibilidad de hacer política de otra manera y, quizás, del surgimiento de un país radicalmente distinto.
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