La Ciudad de Buenos Aires es el escenario de un enfrentamiento que no se replica de la misma manera ni en el resto del país ni contra otros competidores similares. Los “tacheros” declararon una guerra contra la aplicación Uber (y sus conductores) y hoy, 28/11, perdieron una batalla. La Justicia confirmó que la actividad se constituye en un contrato de transporte privado regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación.
En la Ciudad de Buenos Aires, el conflicto entre Uber y los taxistas tomó una relevancia que no se vió en ningún otro lugar del mundo (ni del país). Si bien la aplicación generó controversia en cada ciudad en la que desembarcó, el conflicto en la CABA estuvo atravesado por una violencia ya característica de Argentina. La muestra más clara es la de los “caza-uber”.
Por otro lado, llama la atención que la aplicación Cabify no haya desatado el mismo enfrentamiento que Uber. Ambas apps brindan el mismo servicio: Conectar a tra vés de la tecnología a conductores privados que manejan un automóvil propio con personas que desean ser trasladadas y pagar por el servicio.
Sin embargo, Cabify (España) goza de legalidad en CABA, mientras Uber (Estados Unidos) no. La española goza de ese “beneficio”, que le permite a sus clientes abonar con tarjeta de crédito sin inconvenientes y ahorrarse la polémica. La “ilegalidad” de Uber hace que el pago con tarjeta deba realizarse a través de otra aplicación. A pesar de ese problema, a la empresa estadounidense no le costó crecer en cantidad de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires.
Cabify es legal porque su funcionamiento se parece más al de una remisería “virtual”: La empresa se adecuó a la reglamentación de las remiserías y, por eso, posee vehículos registrados y choferes con registro profesional. Uber, por su parte, nunca quiso adaptarse a esa norma, porque considera que “no es una remisería”, sino un servicio.
Hoy, la Justicia porteña parece haber zanjado el asunto, tras absolver a un chofer de Uber. El titular del Juzgado N° 7 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Javier Buján, dispuso absolver al chofer respecto a la infracción prevista en el artículo 6.1.49 de la Ley 451, que establece sanciones de hasta 4 mil unidades fijas (cerca de $80 mil) para aquellos que presten un servicio público sin habilitación.
El conductor había sido detectado trabajando sin autorización el 16 de julio pasado sobre la avenida Córdoba al 700, en pleno Microcentro. El juez recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había ratificado la legalidad de Uber, “considerada en las instancias previas como una actividad comercial lícita”, cuando rechazó la queja del Sindicato de Peones de Taxi en agosto de este año. Y añadió: “La actividad se constituye en un contrato de transporte privado innominado regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación con contratos conexos”.
Además, “recomendaron” que el Estado regule la actividad: “En nada impide a que el Estado entienda pertinente reglamentar su ejercicio en cierta medida en miras a preservar el orden público y la seguridad”. Esto ha sucedido en otras ciudades del país.
Hace tres semanas, el 8/11, la Legislatura porteña incrementó los castigos contra Uber a través de una ley que fija penas más severas para sus conductores. El proyecto sancionado sostiene que todo transporte de pasajeros que no tenga habilitación tendrá una multa equivalente a 10 mil unidades fijas (casi 200 mil pesos). También incluye una quita de puntos de la licencia de conducir y la posibilidad de perder el registro de 7 a 30 días.
En otros lugares de la Agentina, Uber funciona sin polémica (más allá de alguna manifestación de taxistas) y sin ilegalidad. Mendoza fue la primera provincia en la que se regularizó el servicio y hay otras ciudades, como Rosario, que tienen proyectos similares entre manos.
En agosto de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó que ni los conductores ni los gerentes de la plataforma cometen delitos alguno con el servicio en el país, con lo cual declaró lícita la actividad de la compañía Uber. La aplicación parece tener todas las de ganar, entonces ¿por qué sigue el conflicto?
La respuesta podría radicar en el gremio de taxistas porteños, los grandes impulsores de las campañas anti-uber. El líder del Sindicato de Peones de Taxis, Omar Viviani, dijo que, a pesar del fallo de la Corte, Uber es ilegal. Desde ese gremio, se impulsan las movilizaciones y el ataque contra los choferes de Uber.
El Gobierno porteño, en vez de enfrentar a los taxistas, parece jugar en contra de Uber (una batalla perdida). Por un lado, aprueban medidas contra los conductores de la aplicación y ahora planean impulsar la legalización de las apps que permitirían pedir taxis a través del celular y pagarlos con tarjeta de crédito.

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