Economía

El costo de la coerción geoeconómica

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Por Jeffry Frieden / F&D FMI – Los gobiernos de todo el mundo utilizan cada vez más políticas económicas, como prohibiciones de exportación, sanciones financieras y aranceles comerciales, para lograr objetivos no económicos. Los beneficios de estas políticas geoeconómicas pueden ser significativos, ya que cumplen un propósito geopolítico sin amenazar ni utilizar la fuerza militar—y sin los altos costes humanos y económicos de la guerra. Quizá el mundo debería darle la bienvenida a esto.

Sin embargo, las políticas coercitivas pueden resultar costosas para las naciones que las imponen. Por muy atractivo que pueda ser utilizar políticas económicas con fines coercitivos, a veces los beneficios no compensan el coste.

Conexión estrecha

La política internacional y la economía internacional siempre han estado estrechamente entrelazadas. La era del mercantilismo que prevaleció desde el siglo XV hasta principios del XIX se organizó explícitamente en torno a la interacción entre la destreza económica y militar. En su obra de 1618 Un discurso sobre la invención de barcos, anclas, brújula etc.c, el explorador Sir Walter Raleigh, teórico y practicante del mercantilismo inglés, opina: “Quien domina el mar, manda el comercio; quien domina el comercio del mundo domina las riquezas del mundo y, en consecuencia, del mundo mismo.”

Las políticas mercantilistas utilizaban el control militar sobre rutas marítimas y colonias para extraer recursos de socios comerciales y posesiones ultramarinas, y utilizaban esos recursos para financiar gastos militares adicionales. Durante varios cientos de años, los conflictos y alianzas entre las grandes potencias se reflejaron tanto en sus relaciones militares como económicas.

A medida que Gran Bretaña alejó a los países ricos de Europa del mercantilismo y hacia flujos financieros y comerciales más libres a principios del siglo XIX, las potencias europeas separaron cada vez más la formulación de políticas económicas de la política de las grandes potencias. Aún existían bloqueos y embargos ocasionales, y las políticas económicas se usaban a menudo como instrumento de control colonial. Pero la ideología y la práctica predominantes tendían a mantener las políticas económicas y militares relativamente separadas. Esta era de libre comercio vio un crecimiento económico muy rápido según los estándares históricos, lo que parecía confirmar la sabiduría de separar las relaciones económicas de las diplomáticas.

Sin embargo, mientras los países intentaban alcanzar a Gran Bretaña a finales del siglo XIX y principios del XX, la disputa geopolítica y la carrera por las colonias devolvieron a la geoeconomía al primer plano. Las potencias coloniales reforzaron su control sobre sus imperios, Alemania se creó una esfera de interés económico y político en Europa central, y Estados Unidos consolidó su predominio en el hemisferio occidental durante un periodo de nacionalismo económico creciente que hoy tiene paralelismos.

La Guerra Fría reforzó la conexión entre la geopolítica y la economía: las potencias occidentales en gran medida aislaron a la Unión Soviética y a sus aliados del comercio y la inversión internacionales, incluso mientras la integración económica internacional occidental crecía de forma dramática. Por su parte, los soviéticos y sus aliados, junto con China, mostraron poco interés en la economía mundial.

El fin de la Unión Soviética y la Guerra Fría, junto con el inicio de la globalización a gran escala a finales de los años 80 y principios de los 90, llevaron a la mayoría de los gobiernos a llevar a cabo sus relaciones económicas internacionales con poca preocupación por consideraciones militares u otras geopolíticas. A medida que China y Vietnam, y más tarde las antiguas repúblicas soviéticas y sus aliados, se unieron a la economía mundial, parecía que la aceptación global de la integración económica había superado los peores rasgos de la política de grandes potencias.

Las expectativas a principios del nuevo milenio de que la política internacional y la economía internacional permanecerían separadas resultaron erróneas. La renovada competencia entre las grandes potencias ha abarcado sus relaciones económicas—piensa en las sanciones occidentales contra Rusia y los conflictos comerciales en curso entre China y Estados Unidos. La pandemia global puso de manifiesto los temores de que las largas y complejas cadenas de suministro pudieran poner en peligro el acceso de los países a bienes esenciales. La invasión rusa a gran escala de Ucrania ha traído un conflicto militar importante a Europa de formas que muchos consideraban impensables. No es de extrañar que los gobiernos estén utilizando políticas económicas para abordar las crecientes tensiones geopolíticas que enfrentan.

Beneficios de la coacción

Los gobiernos tienen buenas razones para utilizar políticas económicas con fines geopolíticos. Las sanciones, embargos, aranceles y otras medidas similares pueden coaccionar a los adversarios sin amenaza ni uso de la fuerza. Pueden imponer costes a los países y gobiernos objetivo, inducir a grupos poderosos en el extranjero a presionar a sus propios gobiernos para que cambien de rumbo, y persuadir a los aliados para que colaboren para obligar a un adversario a hacer concesiones.

El atractivo de las políticas geoeconómicas puede ser claro, aunque puede ser difícil de medir. Muchos objetivos geopolíticos son difíciles de cuantificar e incluso difíciles de pensar en términos monetarios. ¿Cuánto vale la seguridad nacional? ¿Cuál es el valor de aislar a un adversario, cimentar una alianza, evitar un posible ataque, evitar una guerra desastrosa?

Aunque los beneficios de las políticas geoeconómicas pueden ser intangibles, muchos de los costes son más directamente económicos y susceptibles de ser analizados. Los responsables políticos, analistas y electores deberían reflexionar sobre los sacrificios implicados, sobre lo que un país puede estar renunciando cuando impone sanciones o aranceles con fines geopolíticos. Esto no significa que deban evitarse tales políticas, solo que se deben tener en cuenta tanto sus beneficios como sus costes.

Costes de la coerción

Las políticas económicas coercitivas suelen imponer costes al país que las utiliza. Esos costes pueden ser de muchas formas: a continuación se presentan algunos ejemplos.

Costes para la eficiencia económica. Casi por definición, las políticas geoeconómicas alejan la economía de un país de sus propósitos más productivos. Restringir las importaciones limita el acceso del país a bienes producidos de forma más eficiente en otros lugares; restringir las exportaciones limita el acceso del país a mercados extranjeros rentables. Las medidas que restringen el movimiento de bienes y capital pueden comprometer la ventaja comparativa de un país y reducir su eficiencia productiva. Este era, al fin y al cabo, el argumento de economistas pro-comercio desde Adam Smith hasta David Ricardo y John Maynard Keynes. Como escribió Keynes, “La comunidad en su conjunto no puede esperar ganar haciendo artificialmente escaso lo que el país quiere.”

Los gobiernos adoptan políticas geoeconómicas porque están dispuestos a sacrificar el bienestar agregado (económico) por fines geopolíticos. Dentro de este objetivo, existen limitaciones específicas que ponen de relieve los compromisos que conlleva la política geoeconómica.

Costes de especialización. La especialización es fundamental para la productividad y el crecimiento económico. La división del trabajo es central para una eficiencia económica más amplia y, como escribió Adam Smith, “La división del trabajo está limitada por la extensión del mercado.” Renunciar deliberadamente a un mercado más amplio limita hasta qué punto una economía nacional puede especializarse de forma útil.

Hay un intercambio más explícito. Las actividades económicas más especializadas son tanto especialmente valiosas como especialmente vulnerables. Son valiosos porque la producción especializada es especialmente rentable, dada su escasez y especificidad. Son vulnerables porque la escasez y la especificidad de la producción especializada también dificultan su reemplazo. Cuanto más especializada es la actividad productiva, mayor es el desafío de prescindir de ella—y más peligroso es depender de ella.

Así, los gobiernos intentarán evitar la dependencia de los productos más especializados de otras naciones. Diversificar los lazos económicos proporciona cierta protección frente a choques económicos y geopolíticos y ayuda a limitar la vulnerabilidad. Pero también puede limitar la eficiencia de una economía y la de sus socios comerciales.

Costes para la innovación. Así como limitar artificialmente el mercado de un país reduce su capacidad de especializarse, también reduce sus incentivos para innovar. Los productores invierten en investigación y desarrollo para obtener ventajas en los mercados, y cuanto mayor es el mercado y más feroz es la competencia, mayor es la razón para hacerlo.

Por otro lado, los controles de exportación que restringen el acceso de una economía objetivo a la tecnología le dan razones sólidas para innovar. La Alemania nazi desarrolló caucho sintético y metadona al enfrentarse a un bloqueo aliado que le cortó el suministro natural de caucho y opio. Aunque esto quizá no fue el uso más eficiente de los recursos alemanes, sí contrarrestó el impacto de las políticas geoeconómicas. Evidencias más recientes muestran que los países sancionados han invertido fuertemente en innovación: Rusia, China e Irán han respondido a las sanciones intensificando la investigación y el desarrollo para intentar reemplazar bienes que ya no están disponibles.

Costes para la credibilidad. La buena reputación de un país es valiosa: anima a otros países a comprometerse con acuerdos potencialmente arriesgados en comercio, finanzas e inversión. Si políticas geoeconómicas como sanciones y congelaciones de activos violan contratos implícitos o explícitos, esto lleva a otros países a cuestionar si pueden confiar compromisos a quienes imponen tales políticas. A medida que la confianza se erosiona, otros gobiernos y empresas privadas están menos dispuestos a arriesgarse a compromisos económicos que podrían ser violados. Esto puede privar a un país de valiosos lazos comerciales, de inversión y financieros, muchos de los cuales dependen de la reputación de fiabilidad de sus socios.

Costes para la política interna. Los costes y beneficios de las políticas geoeconómicas pueden no distribuirse de manera equitativa dentro de la población, lo que puede conducir a conflictos políticos internos. Los efectos negativos de las sanciones o los controles de exportación, por ejemplo, pueden ser graves para las empresas que pierden lazos económicos importantes y rentables. Por otro lado, las políticas geoeconómicas exitosas pueden crear oportunidades especialmente rentables para empresas e industrias que obtienen acceso al mercado o trato favorable. Las empresas nacionales que sufren la imposición de políticas geoeconómicas pueden resentir a quienes se benefician de su éxito. Por tanto, tales políticas pueden ser más difíciles de imponer, menos creíbles o más controvertidas políticamente. Lo último que quieren los líderes nacionales cuando persiguen lo que consideran políticas geopolíticas clave es una reacción política interna—por lo que deben prestar mucha atención a los costes sociales internos de estas políticas.

Imagen completa

Los gobiernos suelen adoptar políticas económicas coercitivas en medio de una lucha geopolítica inmediata. El enfoque comprensible en el objetivo geopolítico a corto plazo —obtener concesiones, evitar daños— puede ocultar los costes económicos a largo plazo. Puede resultar difícil, en pleno conflicto geopolítico, para los responsables políticos tener en cuenta que las sanciones pueden infligir un daño duradero a la reputación financiera o comercial del sancionador, daños que podrían superar la ventaja geoeconómica temporal obtenida.

Las políticas geoeconómicas pueden generar comportamientos deseables en otros países, pero tienen costes e implican compensaciones. Responsables políticos, analistas y ciudadanos necesitan una visión clara de estos costes. Las políticas geoeconómicas pueden limitar el funcionamiento eficiente de la economía, reduciendo los incentivos para especializarse y lograr la máxima eficiencia productiva nacional. Pueden desalentar la innovación nacional pero estimular dicha actividad por parte de rivales extranjeros. Limitan las actividades disponibles para empresas e industrias nacionales. Pueden afectar la reputación de fiabilidad de un país y perjudicar sus perspectivas económicas a largo plazo. Y pueden perjudicar a algunas industrias o grupos en la nación de origen en favor de otros, de formas que pueden ser políticamente controvertidas.

Las políticas geoeconómicas son una herramienta valiosa de la política exterior cuyos beneficios pueden ser sustanciales, especialmente si ayudan a evitar conflictos militares. Sin embargo, hay ocasiones en las que los costes pueden superar los beneficios. Necesitamos una imagen clara de los costes antes de poder determinar si los beneficios netos son positivos.

JEFFRY FRIEDEN es profesor de asuntos internacionales y públicos y ciencias políticas en la Universidad de Columbia y profesor emérito de gobierno en la Universidad de Harvard.

Referencias:

Clayton, Christopher, Antonio Coppola, Matteo Maggiori y Jesse Schreger. 2025. “Presión geoeconómica.” Documento de trabajo NBER 34020, Oficina Nacional de Investigación Económica, Cambridge, MA.

Flynn, Joel, Antoine B. Levy, Jacob Moscona y Mai Wo. 2025. “Riesgo político extranjero y cambio tecnológico.” Documento de trabajo NBER 33964, Oficina Nacional de Investigación Económica, Cambridge, MA.

Gao, Hao, Nemit Shroff y Pengdong Zhang. 2025. “Paradoja de las sanciones: ¿Perjudican las restricciones a la exportación de EE. UU. a la innovación nacional?” Artículo de investigación MIT Sloan 7328-25, Instituto Tecnológico de Massachusetts, Cambridge, MA.

Liu, Xueyue, Yu Liu, Alexey Makarin y Jaya Wen. 2025. “Controles de exportación e innovación en países sancionados.” Documento de trabajo de la Escuela de Negocios de Harvard 25-004, Universidad de Harvard, Cambridge, MA.

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ARCA endurece controles sobre Ganancias y pone bajo revisión beneficios de la “inocencia fiscal”

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El organismo detectó inconsistencias en deducciones informadas por trabajadores en relación de dependencia y activó controles electrónicos preventivos. La preocupación crece entre contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado impulsado por el Gobierno, ante el riesgo de perder el “tapón fiscal”.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) inició una revisión masiva sobre deducciones declaradas en el Impuesto a las Ganancias por trabajadores en relación de dependencia y encendió una señal de alerta en torno al Régimen Simplificado de Ganancias, uno de los instrumentos centrales del esquema de “inocencia fiscal” promovido por el Gobierno nacional.

El organismo comenzó a cruzar información entre las declaraciones realizadas mediante el Siradig y las liquidaciones anuales confeccionadas por empleadores a través del formulario F.1359. El resultado preliminar mostró inconsistencias en distintos conceptos deducidos, especialmente vinculados a gastos de indumentaria, equipamiento profesional, aportes previsionales, vehículos utilizados por corredores y viajantes, aportes a Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y cargas de familia.

La situación adquirió mayor sensibilidad porque ARCA advirtió que esas diferencias podrían derivar en “discrepancias significativas”, una categoría que puede afectar directamente el acceso y permanencia dentro del Régimen Simplificado de Ganancias.

El “tapón fiscal” entra en zona de tensión

El régimen impulsado por el Ministerio de Economía fue presentado como una herramienta destinada a facilitar la formalización patrimonial y permitir la exteriorización de ahorros no declarados sin quedar expuestos a revisiones retrospectivas amplias.

La pieza clave del esquema es el denominado “tapón fiscal”: una limitación a futuras investigaciones sobre variaciones patrimoniales de períodos anteriores.

Sin embargo, el beneficio no es automático ni irrestricto. La normativa vigente establece que ARCA puede revisar la situación de los contribuyentes cuando detecte diferencias relevantes entre lo declarado y el impuesto efectivamente determinado por el organismo.

Actualmente, una diferencia igual o superior al 15% podría ser considerada una “discrepancia significativa”, un umbral que comenzó a generar preocupación entre trabajadores adheridos o interesados en ingresar al régimen antes del cierre del plazo de adhesión.

Las comunicaciones oficiales ya comenzaron a llegar a través de los domicilios fiscales electrónicos de cientos de contribuyentes.

Por ahora, especialistas tributarios remarcan que las notificaciones emitidas por ARCA no constituyen intimaciones formales ni determinaciones de deuda.

Se trata de acciones preventivas encuadradas dentro del Sistema de Acciones de Control Electrónico (Siace), una herramienta de fiscalización digital utilizada por el organismo para corregir inconsistencias antes de que las liquidaciones queden firmes.

Sin embargo, detrás del procedimiento técnico también aparece una señal política y fiscal relevante: el Gobierno busca ampliar la base de formalización sin resignar capacidad de control tributario.

El equilibrio es delicado. La administración de Javier Milei intenta consolidar un discurso de menor presión estatal y simplificación impositiva, pero al mismo tiempo necesita preservar herramientas de fiscalización en un contexto de fuerte ajuste fiscal y necesidad de sostener recaudación.

Economía revisa el impacto del régimen

La preocupación generada por las observaciones de ARCA coincidió con la decisión oficial de extender hasta fines de julio el plazo de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias.

En paralelo, el Ministerio de Economía mantuvo reuniones con especialistas tributarios para analizar el alcance de las discrepancias detectadas y evaluar posibles ajustes reglamentarios que eviten desalentar el ingreso de contribuyentes al sistema.

El punto sensible es que el régimen fue diseñado como uno de los mecanismos para incentivar la incorporación de ahorros y activos no formalizados al circuito económico. Cualquier percepción de inseguridad tributaria podría afectar esa estrategia.

Para ARCA, el objetivo es reducir inconsistencias antes de judicializar conflictos fiscales. Para los contribuyentes, en cambio, el desafío pasa por sostener el acceso a beneficios sin quedar expuestos a revisiones posteriores que puedan comprometer la estabilidad tributaria prometida por el régimen.

La dinámica abierta por ARCA revela que el Régimen Simplificado de Ganancias aún atraviesa una etapa de ajuste operativo y político.

El Gobierno necesita que el esquema gane volumen y legitimidad para transformarse en una herramienta efectiva de formalización. Pero al mismo tiempo busca evitar que el régimen sea utilizado para consolidar deducciones improcedentes o inconsistencias patrimoniales.

La tensión entre flexibilización y control quedó ahora expuesta en el corazón del nuevo esquema tributario.

Los próximos meses serán decisivos para determinar si el sistema logra consolidarse como incentivo a la formalización o si las dudas regulatorias terminan limitando su alcance.

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“Súper RIGI”: Milei anunció un proyecto para dar más beneficios a los grandes inversores

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Tras su gira por Estados Unidos, el presidente Javier Milei anunció el envío de un proyecto de ley para establecer un “Súper RIGI”, un esquema de beneficios profundizados para inversiones de escala que apunta a sectores económicos hasta ahora inexistentes en el país. Para Misiones, este anuncio representa una encrucijada estratégica: mientras se abren puertas a flujos de capital masivos, se acentúa la brecha de incentivos con las PyMEs y los sectores tradicionales de la tierra colorada.

El anuncio presidencial, calificado por el propio mandatario como una “mega bomba” informativa, busca superar las prestaciones del actual Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El objetivo es atraer capitales para áreas productivas dinámicas que multipliquen el empleo, basándose en la desregulación y la apertura de mercados. Esta nueva iniciativa surge tras el compromiso de Chevron de desembolsar u$s 10.000 millones bajo el paraguas del régimen vigente, lo que confirma la tracción de los incentivos fiscales y cambiarios en el sector energético.

El mapa del RIGI actual: Energía y Minería como polos de succión

Hasta la fecha, el RIGI ha logrado canalizar iniciativas por un total de u$s 94.965 millones. Los proyectos ya aprobados suman u$s 27.210 millones, concentrándose mayoritariamente en la Patagonia y la región de Cuyo:

  • Vaca Muerta Sur (VMOS): Inversión de u$s 2.900 millones liderada por YPF para duplicar exportaciones de petróleo.
  • Minería (Litio y Cobre): Proyectos como Río Tinto en Salta (u$s 2.744 millones) y McEwen Copper en San Juan (u$s 2.672 millones).
  • Infraestructura: La Terminal Multipropósito Timbúes en Santa Fe, con u$s 277 millones, orientada a agrograneles y líquidos.

El anuncio de Milei

El presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso de un nuevo proyecto para profundizar el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)“Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGIel cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina“, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Según Milei, “servirá para crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos”

El anuncio del mandatario se dio en medio de su regreso por su gira en Estados Unidos, donde participó de la 29.ª Conferencia Anual del Instituto Milken.

Allí se encargó de defender el rumbo de su gestión, sostuvo que la Argentina atraviesa un proceso de transformación basado en la desregulación económica, la reducción del Estado y la apertura de mercados, y revalidó el alineamiento que tiene Argentina con los Estados Unidos. 

“No estamos copiando un modelo extranjero, estamos volviendo a nuestras raíces liberales. El corazón de nuestro programa es simple: devolverle la libertad a los argentinos de dirigir sus propias vidas. Y esa libertad es a donde apuntamos todos los cañones de nuestro gobierno”, indicó durante su exposición en la ciudad de Los Ángeles.

Los beneficios del RIGI actual

La actual versión del RIGI contempla más de 30 proyectos con proyecciones de más de US$100.000 millones en inversiones. Al tiempo, son 14 los aprobados por el Comité Evaluador, por un total de US$28.000 millones.

En ese sentido, el último anunciado fue el de la empresa petrolera Chevron, por una cifra superior a los US$10.000 millones.

“(Chevron) nos garantizó que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de 10.000 millones de dólares”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo. Estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Contexto Regional: ¿Dónde queda Misiones en la carrera por el capital?

A diferencia de los polos energéticos y mineros que hoy absorben el 71% del stock de IED (Inversión Extranjera Directa), la estructura productiva de Misiones se sostiene en sectores con ciclos de inversión atomizados y de menor escala nominal, pero de alto impacto social.

La llegada de un “Súper RIGI” profundiza las asimetrías fronterizas. Mientras que en Brasil y Paraguay existen regímenes de incentivos para parques industriales y zonas francas que captan inversión media, el modelo argentino parece virar hacia una híper-concentración en grandes proyectos. Para el bolsillo del misionero, el riesgo reside en una economía de “dos velocidades”: una macroeconomía de enclaves exportadores (energía/minería) y una microeconomía regional que debe lidiar con la presión impositiva estándar y la volatilidad del consumo.

Impactos proyectados y tensiones de competitividad

El régimen actual ya ofrece una reducción de Ganancias del 35% al 25% y exenciones en derechos de exportación. Un esquema “Súper” elevaría la vara de beneficios, lo que genera interrogantes en el sector productivo local:

Sector Madera y Yerba: Estas industrias, que requieren modernización tecnológica constante, quedan fuera de los umbrales mínimos del RIGI. La falta de un régimen “espejo” para inversiones medias podría desincentivar la reinversión de utilidades en la foresto-industria.

Empleo vs. Escala: Aunque el RIGI promete miles de empleos (como los 9.700 en Timbúes o los 7.391 en Los Azules), estos se localizan lejos del NEA. Misiones debe competir por el talento frente a salarios petroleros o mineros altamente subsidiados por el esquema fiscal.

Infraestructura: Mientras se anuncian oleoductos para exportar u$s 16.600 millones anuales, la logística del NEA sigue pendiente de la hidrovía y el ferrocarril para reducir costos de flete.

Lo que hay que seguir de cerca

La clave para Misiones será la definición de los “sectores que nunca han existido” que integrarán el Súper RIGI. Si el Gobierno nacional incluye dentro de estos conceptos a la bioeconomía avanzada o la economía del conocimiento de alta escala, la provincia podría encontrar una rendija para insertar su Polo TIC o proyectos de carbono. Sin embargo, la brecha de incentivos entre el gran capital y la PyME misionera seguirá siendo el principal factor de fricción en la coparticipación indirecta de beneficios que el modelo de Milei propone para el interior.

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Milei cuestiona a periodistas y redefine el vínculo con los medios

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El presidente Javier Milei difundió un extenso mensaje en el que cuestionó el rol de periodistas y medios de comunicación, al tiempo que reafirmó una decisión central de su gestión: la eliminación de la pauta oficial. La publicación, realizada en sus redes, se inscribe en un contexto de confrontación creciente con actores del sistema mediático y plantea una redefinición explícita del vínculo entre el Gobierno y la prensa.

El mandatario sostuvo que “nunca en la historia argentina hubo tanta libertad de expresión como hoy”, pero rechazó la idea de que ese derecho implique “decir cualquier cosa sin consecuencias”. En esa línea, planteó que parte del periodismo confunde libertad con impunidad y defendió la necesidad de que quienes comunican asuman responsabilidades por sus afirmaciones.

Libertad de expresión y financiamiento

El planteo presidencial se apoya en dos ejes: la concepción de la libertad de expresión y el esquema de financiamiento de los medios. Por un lado, Milei propone una interpretación en la que el ejercicio de ese derecho está condicionado por la responsabilidad individual. Por otro, cuestiona la estructura de sostenimiento económico del sector, particularmente el rol de la pauta oficial.

Según lo expresado, el Gobierno nacional eliminó ese mecanismo de financiamiento, lo que —de acuerdo al Presidente— debería derivar en un sistema donde los medios se validen en el mercado. Sin embargo, señaló que la persistencia de pauta en niveles subnacionales distorsiona ese proceso, al sostener medios “artificialmente”.

Sin pauta y con confrontación directa

La decisión política ratificada es clara: no habrá pauta oficial desde la administración nacional. Milei aseguró que, mientras su gobierno continúe, no se restablecerán esos fondos y descartó cualquier esquema de financiamiento indirecto.

En paralelo, el Presidente anticipó una estrategia de confrontación discursiva: “vamos a contestar cada una de sus mentiras, operaciones e injurias”, afirmó, marcando un cambio respecto a modelos anteriores de relación más institucionalizada con el sistema de medios.

Este enfoque implica un doble movimiento: retiro de recursos económicos y aumento de la disputa pública narrativa.

El mensaje reconfigura el equilibrio entre el poder político y los medios. Por un lado, fortalece la posición del Ejecutivo en su narrativa de eliminación de privilegios y ajuste del gasto estatal. Por otro, coloca a los medios —especialmente aquellos con dependencia de pauta pública— en una situación más expuesta.

La lógica planteada por Milei traslada la validación de los medios al mercado y a la audiencia, lo que, según su visión, debería “depurar” el sistema. Sin embargo, también incrementa la tensión con sectores periodísticos que interpretan estas declaraciones como un cuestionamiento directo a su rol.

El planteo presidencial sugiere una transición hacia modelos basados en audiencias y mercado, aunque reconoce que la continuidad de pauta en otros niveles de gobierno podría amortiguar ese cambio.

Mercado, política y narrativa

El posicionamiento de Milei abre varios frentes a observar: la reacción del sistema mediático, la eventual replicación de políticas de ajuste en pauta a nivel provincial y el impacto en la calidad y diversidad informativa.

También queda en juego cómo evolucionará la relación entre el Gobierno y los medios en términos institucionales, en un contexto donde la confrontación pública se vuelve un componente central de la estrategia política.

El posteo de Milei

SOBRE LOS “PERIODISTAS” Hay un fenómeno muy recurrente en los periodistas argentinos, o entre aquellas personas que dicen ejercer el periodismo, que es que ante la primera crítica que reciben acusan censura y violaciones a la libertad de expresión. Déjenme decirles un par de cosas así saldamos esta discusión. En primer lugar nunca en la historia argentina hubo tanta libertad de expresión como hoy. Un error que suelen cometer los periodistas es creer que libertad de expresión significa decir cualquier cosa sin ningún tipo de consecuencia. Eso no es libertad de expresión. La libertad exige responsabilidad. Reclamar un supuesto derecho a poder decir lo que se les antoje sin consecuencias es reclamar el privilegio de poder seguir viviendo en la torre de marfil en la que vivieron durante muchos años. Sin embargo, la Argentina de los privilegios de ha terminado. Todos debemos hacernos responsables de nuestros actos. Hoy les toca enfrentarse a un ciudadano que llegó a Presidente y no le debe nada a nadie más que cumplir el mandato de cambio que nos dio el país, y que no tiene miedo de decir un par de verdades incómodas aunque a muchos privilegiados les duela. En segundo lugar, en un mercado verdaderamente libre, sería la propia sociedad la que se encargaría de limpiar el sistema mandando a la quiebra a aquellos medios que publican falsedades, operaciones e injurias de manera constante, porque la gente no es idiota, a diferencia de lo que algunos medios creen. Pero el sistema de medios en Argentina no es libre. En tanto y en cuanto la mayoría de los medios de comunicación sigan viviendo de la pauta oficial de algún gobierno subnacional ya que nosotros hemos eliminado la pauta, los mecanismos de corrección del mercado no funcionan ya que se sostienen artificialmente al servicio del interés de algún político. Es exactamente lo mismo que sucede con las empresas que subsisten gracias a la prebenda estatal y reclaman poder seguir cazando en el zoológico. En esencia, lo que la mayoría de los periodistas reclaman no es libertad de expresión. Es poder vivir sin hacerse cargo de las consecuencias de las cosas que dicen y que encima la factura la pague el pagador de impuestos. Privilegios y pauta. Ese es el verdadero reclamo de algunos periodistas. Quiero que sepan que mientras nosotros tengamos el honor de seguir conduciendo los destinos de nuestro país, no van a obtener ni privilegios ni pauta (al menos no de nuestra parte). Vamos a contestar cada una de sus mentiras, de sus operaciones y de sus injurias, y tendrán que hacerse responsables de las cosas que dicen como cualquier ciudadano de a pie. Se acabó la Argentina con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Todos somos iguales ante la ley, todos debemos hacernos cargo de nuestras acciones y de la misma manera que los empresarios tienen que aprender a competir en una economía cada día mas abierta, los periodistas tienen que aprender a hacerse cargo de sus palabras. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!

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El Gobierno reabre beneficios aduaneros y apunta a sostener la emergencia ferroviaria con un decreto clave

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El Gobierno nacional formalizó el 30 de abril el Decreto 312/2026, una decisión que reintroduce exenciones impositivas para importaciones ferroviarias en un punto sensible: la continuidad operativa del sistema en plena emergencia sectorial. La norma apunta directamente a tres empresas estatales —BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A., OPERADORA FERROVIARIA S.A. y ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.A.— y habilita la eximición de derechos de importación y tasas aduaneras para mercaderías adquiridas hasta el 31 de diciembre de 2025.

El dato no es menor: el beneficio había vencido con el cambio de año y su caída alteró la ecuación económica de contratos ya firmados. La decisión de restituirlo expone una tensión implícita en la política económica: cómo sostener un discurso de orden fiscal mientras se reabre una ventana de alivio tributario en sectores considerados estratégicos. ¿Se trata de una excepción puntual o de una señal más amplia hacia sectores productivos?

Emergencia, contratos y costos: el trasfondo institucional

El decreto se inscribe en la emergencia pública en materia ferroviaria declarada en 2024 y prorrogada hasta el 14 de junio de 2028. Ese marco habilita al Poder Ejecutivo a adoptar medidas extraordinarias para acelerar inversiones en infraestructura, material rodante y sistemas de seguridad.

Las tres empresas beneficiadas tienen un rol operativo central: gestionan tanto el transporte de cargas como de pasajeros y la infraestructura ferroviaria. Según el texto oficial, enfrentaban un problema concreto: habían realizado compras en el exterior bajo un esquema de exenciones vigente, pero las mercaderías no lograron ser embarcadas antes del 31 de diciembre de 2025, fecha límite del beneficio.

Ese descalce temporal generó un impacto directo en los costos. La normativa reconoce que los compromisos contractuales fueron asumidos bajo determinadas condiciones fiscales que luego cambiaron. La consecuencia era previsible: encarecimiento de importaciones críticas, riesgo de interrupción de proyectos y potencial demora en la recuperación del sistema ferroviario.

La respuesta del Ejecutivo fue técnica pero con implicancias políticas claras: utilizar las facultades del Código Aduanero para reestablecer exenciones específicas, condicionadas a que los bienes se destinen exclusivamente a proyectos de inversión ferroviaria y siempre que la industria nacional no pueda proveerlos.

Quién gana y quién queda condicionado

La medida fortalece, en primer lugar, la capacidad operativa de las empresas ferroviarias estatales, que recuperan previsibilidad en sus estructuras de costos y pueden avanzar con inversiones ya planificadas. También consolida el rol de la Secretaría de Transporte como articulador del “Plan de Acción” vigente desde 2024, que ordena las obras y contrataciones del sector.

En términos más amplios, el decreto revalida la lógica de intervención selectiva del Estado: se alivian cargas tributarias en sectores considerados críticos para la infraestructura y la logística, en un contexto donde la competitividad de las economías regionales aparece como argumento central.

Pero la decisión también introduce condicionamientos. Las exenciones no son abiertas ni generalizadas: aplican a operaciones específicas, con órdenes de compra emitidas hasta una fecha determinada y bajo estrictas condiciones de destino. Además, el decreto deberá pasar por la Comisión Bicameral del Congreso, lo que abre una instancia de control político sobre la medida.

En paralelo, queda planteada una señal hacia otros sectores: la posibilidad de reabrir beneficios vencidos no parece automática ni replicable, sino sujeta a la capacidad de cada área de demostrar impacto estratégico y urgencia operativa.

Un movimiento táctico en una agenda más amplia

El decreto 312/2026 no redefine la política ferroviaria, pero evita un punto de ruptura. Funciona como una corrección quirúrgica sobre un problema concreto: el riesgo de paralización de inversiones por un cambio en las condiciones fiscales.

Hacia adelante, el foco estará en la ejecución. La norma exige que las mercaderías importadas se destinen exclusivamente a los proyectos declarados, lo que implica un seguimiento operativo y administrativo que todavía debe materializarse.

También quedará bajo observación la dinámica de la emergencia ferroviaria: si las condiciones que justificaron estas exenciones persisten o si el Gobierno avanza hacia un esquema más estructural de financiamiento e incentivos.

Por ahora, la decisión marca un equilibrio inestable: ajuste fiscal en términos generales, pero flexibilidad en sectores donde la inacción podría tener costos mayores. La clave estará en si este tipo de excepciones se mantienen como herramientas puntuales o empiezan a delinear un patrón más amplio.

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