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No te falta esfuerzo, los sueldos no alcanzan

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Empecemos por los hechos.
Esta semana, el Ministerio de Defensa publicó una resolución inédita en la historia argentina: el personal de las Fuerzas Armadas queda habilitado para desarrollar actividades laborales complementarias fuera del horario de servicio. Pueden manejar un Uber. Pueden repartir pedidos en Rappi. Pueden trabajar en seguridad privada. Pueden, en síntesis, hacer lo que ya venían haciendo de manera informal porque los salarios no alcanzaban, solo que ahora el Estado lo blanqueó.

La medida llegó sin fanfarria. Sin conferencia de prensa. Sin que nadie dijera en voz alta lo que la resolución implica: que el salario de un soldado argentino no alcanza para vivir. Que el Estado lo sabe. Y que en lugar de resolverlo, decidió habilitarlos a resolverlo solos. 

Para mayo de 2026, el haber mensual de un voluntario de segunda fue fijado en $686.838. Un cabo cobra $814.831. Un subteniente, $926.881. En el mejor de los casos, hablamos de salarios que no superan el equivalente a 700 dólares mensuales en un país donde la canasta básica familiar supera el millón de pesos. En 2025, más de 2.200 militares y miembros de fuerzas de seguridad renunciaron durante el primer semestre.  La sangría incluyó Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Gendarmería y Prefectura. El Ministerio de Defensa registró además un recorte de más de 46.000 millones de pesos en el Presupuesto 2026. 

Milei había prometido, durante la campaña y en los primeros meses de gobierno, jerarquizar a las Fuerzas Armadas y recuperar su protagonismo institucional. La resolución del lunes es la contracara de esa promesa: no hay jerarquización posible cuando quien custodia la defensa nacional necesita un segundo trabajo para pagar el alquiler.

Pero esta columna no es sobre los militares.

Es sobre el mecanismo que convierte un problema estructural en una responsabilidad individual. Y que lo hace con tanta eficacia que la mayoría de las veces ni siquiera lo notamos.

El sistema tiene un problema: los salarios no alcanzan. La solución que propone no es subir los salarios. Es convencerte de que el problema sos vos y de que la solución es trabajar más.

Tiene nombre. Se llama hustle culture: la cultura del rebusque permanente, del segundo empleo como virtud, del “si no llegás es porque no te esforzás suficiente”. Es una ideología que se presenta como motivación personal pero que funciona como coartada sistémica: mientras la energía social se vuelca en buscar el segundo ingreso, nadie pregunta por qué el primero no alcanza.

No es un fenómeno nuevo. El sociólogo alemán Max Weber lo rastreó hasta la ética protestante del siglo XVII: la idea de que el trabajo duro es una señal de virtud moral, que el éxito material es evidencia de mérito y que la pobreza, por lo tanto, es una falla de carácter. Esa ecuación atravesó siglos y se reinventó en el capitalismo contemporáneo con nuevos nombres: emprendedurismo, side hustle, monetizá tu pasión.

“Normalizar la informalidad es uno de los peores mensajes que podemos dar socialmente, porque pone en peligro nuestra sociedad a futuro. No es un privilegio tener una jubilación, es un derecho gracias a los aportes que realizamos durante toda nuestra vida activa”, afirma la especialista en Sociología del trabajo e investigadora del CONICET Patricia Collado. 

El mecanismo funciona así. Cuando un trabajador no llega a fin de mes, las dos explicaciones posibles son: A) el salario es insuficiente, o B) el trabajador no hace suficiente. La hustle culture instala la B como respuesta cultural dominante. No mediante decreto. Mediante contenido. Mediante el influencer que muestra sus cinco fuentes de ingreso a las seis de la mañana. Mediante el podcast que celebra al que “nunca para”. Mediante el lenguaje del emprendimiento que convierte la precariedad en libertad y la necesidad en vocación.

El resultado es que millones de personas con salarios insuficientes se sienten personalmente responsables de una situación que es estructural. No preguntan por el salario: buscan el segundo empleo. No organizan el reclamo colectivo: optimizan su agenda individual. El sistema gana dos veces: no paga lo suficiente y encima logra que quien no llega sienta que es su culpa.

Desde que asumió Javier Milei se perdieron 288.815 puestos asalariados registrados, según análisis del investigador Luis Campos sobre datos del SIPA. La caída apenas se compensa con el avance del monotributo,  es decir, con trabajo sin aportes, sin obra social plena, sin indemnización, sin aguinaldo. En paralelo, el salario real promedio del sector privado cayó un 0,1% mensual en febrero de 2026, el decimocuarto mes consecutivo de retroceso en términos reales para amplios sectores. 

En ese contexto, la resolución del Ministerio de Defensa no es una anomalía. Es la expresión más desnuda de una lógica que ya opera en toda la economía.

Los docentes hacen clases particulares porque el sueldo no alcanza. Los médicos del sistema público atienden en clínicas privadas porque el sueldo no alcanza. Los empleados estatales venden productos por redes sociales porque el sueldo no alcanza. Los militares van a hacer Uber porque el sueldo no alcanza. Y en todos los casos, el relato oficial es el mismo: más libertad, más oportunidades, más autonomía.

Nunca: más sueldo.

Ya lo dijo Sandra Pettovello, Ministra de Capital Humano “La única forma genuina de salir adelante es a través del esfuerzo y la generación de empleo.”

La frase no es falsa. El esfuerzo importa. El trabajo importa. Pero hay una diferencia enorme entre el esfuerzo como herramienta de desarrollo y el esfuerzo como sustituto de un salario justo. La primera es una condición del progreso. La segunda es una trampa que se disfraza de virtud.

El filósofo surcoreano Byung-Chul Han lo describe con precisión quirúrgica: la sociedad del rendimiento no necesita capataces ni látigos. Produce trabajadores que se explotan a sí mismos de manera voluntaria, convencidos de que cada hora extra, cada segundo empleo, cada sacrificio adicional los acerca a una versión mejor de sí mismos. La coacción externa se convirtió en autoexigencia interna. Y eso la hace mucho más eficiente  y mucho más difícil de resistir.

La hustle culture tiene costos documentados. En sectores de alta presión, casi el 90% de los empleados muestran síntomas de burnout y agotamiento crónico. La ansiedad se multiplica por tres en entornos donde tomarse un día libre se percibe como debilidad. El 62% de los profesionales que siguen ese ritmo dedica menos de 4 horas semanales a vínculos significativos. Las parejas tienen tres veces más probabilidades de divorcio. No es el precio del éxito: es el precio de un sistema que transfirió su propio déficit al cuerpo y al tiempo de quienes trabajan para él. 

Hay algo más en la resolución del Ministerio de Defensa que merece nombrarse.

Las Fuerzas Armadas son, por definición, una institución de disponibilidad permanente. Un soldado no tiene horario de salida en el sentido en que lo tiene un empleado de comercio. Su función implica estar disponible cuando la situación lo requiere, sin importar si es de noche, fin de semana o feriado. Habilitar el segundo empleo no solo reconoce que el sueldo no alcanza, también asume que esa disponibilidad tiene un límite que el Estado no está dispuesto a remunerar.

La pregunta que la resolución no responde es la única que importa: si alguien que custodia la defensa nacional necesita manejar un Uber para llegar a fin de mes, ¿qué dice eso sobre cómo el Estado valora lo que esa persona hace?

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El cuentapropismo avanza: en Posadas creció 35% en los últimos dos años

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En los últimos años el mercado de trabajo urbano en la Argentina ha mostrado cambios significativos en su estructura ocupacional, con un crecimiento sostenido de las formas de  autoempleo. Dentro de este proceso, el cuentapropismo aparece como uno de los  fenómenos más relevantes, tanto por su magnitud como por las implicancias económicas y sociales que conlleva. El aglomerado de Posadas no fue ajeno a esta dinámica y exhibe señales claras de una expansión del trabajo por cuenta propia en los últimos dos años. 

El cuentapropismo es un tipo de inserción laboral que suele estar asociado a estrategias de  subsistencia, a la falta de oportunidades en el empleo asalariado formal y, en muchos casos, a mayores niveles de precariedad e inestabilidad de ingresos.  

¿Qué muestra la situación de Posadas? A partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), se observa que entre 2023 y 2025, la cantidad de trabajadores por cuenta propia en el aglomerado Posadas mostró un incremento significativo: creció 35% y su grado de participación sobre el total de ocupados ha crecido también de manera significativa. Esto contrasta con las otras formas de empleo: los  ocupados categorizados como “Patron” descendieron 30,5% en el período, y los  Empleados cayeron 13,7%; a su vez, el total de ocupados cayó 2,3% en Posadas. 

Por ende,  se verifica el hecho de que el cuentapropismo fue la salida que tuvo el posadeño para continuar teniendo una ocupación en el contexto actual. Dicho de otro modo: el  cuentapropismo operó como una válvula de escape frente a la debilidad del mercado laboral formal. 

En 2023, el cuentapropismo explicaba el 23,1% del total de ocupados de Posadas, y pasó a representar el 32,0% en 2025, con un incremento de 8,9 puntos porcentuales. En cambio, los ocupados de tipo Patrón pasaron del 3,9% al 2,8% de participación (evidenciando la caída de empleadores) y los Empleados bajaron del 72,5%  al 64,1%, al tiempo que los trabajadores familiares sin remuneración pasaron del 0,5% al  1,2%.

¿Qué vemos al analizar los datos en valores absolutos? La cantidad de ocupados total pasó  de 178.965 personas en 2023 a 174.774 personas en 2025 (-4.191). En ese marco, los  Patrones cayeron de 7.018 a 4.875 (-2.143 personas) y los Empleados de 129.702 a 111.970 (-17.732 personas)

En cambio, los Cuentapropistas pasaron de 41.404 a 55.901 (+14.497 personas).  

El aumento en términos absolutos de los cuentapropistas no solo refleja una mayor  participación de este tipo de ocupación, sino también un cambio en la estructura del empleo local. En la práctica, una proporción creciente de personas ocupadas encuentra en el trabajo independiente su principal estrategia de inserción laboral, ya sea por elección o por necesidad. 

Cuentapropismo por sector de actividad 

El análisis sectorial permite observar que el crecimiento del cuentapropismo no fue  homogéneo entre ramas de actividad. En el período analizado, se destaca una fuerte  concentración del trabajo por cuenta propia en sectores tradicionales como el comercio, los servicios personales y la construcción, actividades que históricamente han funcionado  como refugio frente a la pérdida de empleo asalariado. Por caso, se puede observar  actividades con alta concentración de cuentapropistas como ser: Comercio de textiles (88,6%), Servicios de peluquería y tratamientos de belleza (88,3%), Comercio de alimentos, bebidas y tabaco (69,3%), Servicios de expendio de comidas y bebidas (46%), Mantenimiento y reparación de vehículos automotores (42,6%) y Construcción (36,2%), entre otros. 

¿Pero cómo evolucionó este segmento de ocupados en los últimos diez años? En Servicios  de expendio de comidas y bebidas, la cantidad de trabajadores cuentapropistas creció 711,5% en los últimos dos años: pasó de 322 a 2.613 trabajadores; en Mantenimiento y reparación de vehículos automotores creció 167,2% (pasó de 647 a 1.729 trabajadores); en Comercio de alimentos, bebidas y tabaco creció 126,5% (de 2.957 a 6.698), entre otros. 

El cuentapropismo posadeño en comparación con otros aglomerados urbanos 

Al comparar la evolución del cuentapropismo en Posadas con la de otros aglomerados urbanos, se advierte que el fenómeno no es exclusivo del ámbito local, aunque presenta particularidades propias. En términos relativos, Posadas se ubica como el segundo  aglomerado con el mayor peso del trabajo por cuenta propia entre los aglomerados  relevados por la EPH -INDEC. Mientras que en 2023 se ubicaba décima (con 23,1%), en  2025 se ubicaba segunda (con 32,0%), quedando solo por debajo de Mar del Plata (32,5%). En este mismo marco, se destaca que Posadas vio el mayor incremento en la participación relativa del cuentapropismo del país: +8,9 puntos porcentuales contra 2023, seguido por Gran Rosario con +7,9 puntos porcentuales. En términos de trabajadores bajo ese segmento, su crecimiento del 35% se ubica como el séptimo más alto del país, en un  ranking liderado por Gran Rosario (+48,7%). 

Por ende, se puede corroborar que, en un contexto donde el cuentapropismo crece en todo  el país, en Posadas exhibe una expansión algo más marcada.

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Estafa digital en Misiones: compras por WhatsApp, pagos falsos y entregas por Uber

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Estafa digital en Garupá: una investigación encubierta desbarató una maniobra con tarjetas sin fondos y entregas por Uber

Una estafa digital sofisticada, basada en compras por WhatsApp, pagos con tarjetas sin fondos y retiros inmediatos mediante servicios de mensajería, fue desarticulada por la Policía de Misiones tras una investigación encubierta. La maniobra, que generó un perjuicio cercano a los $2 millones a una farmacia de Garupá, derivó en dos detenidos y el secuestro de una gran cantidad de mercadería y dispositivos clave para la causa.

El caso expone una modalidad delictiva en expansión, que combina herramientas digitales, plataformas de pago y servicios de transporte urbano para concretar estafas en lapsos muy breves, antes de que los sistemas bancarios confirmen o rechacen las operaciones.

La mecánica de la estafa: pagos aparentes y retiros exprés

Según la investigación, los autores realizaban compras virtuales a través de WhatsApp, solicitando el envío de enlaces de pago. Utilizaban distintas tarjetas de crédito sin fondos, que inicialmente aparecían como válidas, lo que inducía al comerciante a liberar la mercadería antes de la confirmación definitiva del pago.

Horas después, los bancos emisores notificaban el rechazo de las transacciones por falta de fondos, cuando los productos ya habían sido retirados. De acuerdo con la denuncia, esta operatoria se repitió en varias oportunidades, acumulando un perjuicio económico cercano a los dos millones de pesos.

Para reducir el riesgo de detección, los estafadores variaban identidades, números telefónicos y tarjetas, y utilizaban servicios de Uber y Moto Uber para el retiro de los pedidos, cambiando de vehículos en cada operación. Cada uno de estos movimientos, diseñados para despistar, terminó convirtiéndose en un elemento central para el trabajo investigativo.

Inteligencia policial, allanamiento y secuestro de mercadería

A partir de tareas de inteligencia, vigilancia discreta y seguimiento encubierto, la Policía logró reconstruir el recorrido de los envíos y establecer que la mercadería retiradas convergía en un domicilio del barrio Santa Clara de Garupá.

Con intervención del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Posadas, y en un operativo realizado este jueves por la tarde junto con la S.A.I.C., se concretó un allanamiento que arrojó resultado positivo.

Durante el procedimiento se secuestró una importante cantidad de bienes, entre ellos productos del rubro farmacéutico —perfumes, medicamentos y artículos de higiene—, además de teléfonos celulares, chips de distintas compañías, facturas, prendas nuevas, electrodomésticos, carteras, valijas y otros elementos de dudosa procedencia. El volumen y la diversidad de los objetos refuerzan la hipótesis de que la operatoria podría haber afectado a otros comercios.

Detenciones y continuidad de la causa

Como resultado del operativo, fueron detenidos una mujer de 18 años y un hombre de 31, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Personal especializado avanzó con pericias sobre los dispositivos electrónicos secuestrados, considerados piezas clave para profundizar la investigación.

La causa continúa en etapa de análisis: se investiga la procedencia de la mercadería incautada, el alcance total del perjuicio económico y la posible existencia de otras víctimas comerciales de la misma modalidad delictiva, basada en el uso de tarjetas sin respaldo y pagos digitales simulados.

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Garupá aplicará un 5% a cada viaje de Uber y Cabify desde 2026

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Garupá crea un impuesto del 5% por viaje a Uber, Cabify y apps de transporte y abre un nuevo frente regulatorio en el NEA

Desde el 1° de enero de 2026, la Municipalidad de Garupá aplicará un recargo del 5% sobre cada viaje realizado mediante plataformas digitales como Uber, Cabify y similares. La medida surge de la Ordenanza 723/2025 y convierte al municipio en uno de los primeros del NEA en establecer un esquema tributario y regulatorio específico para el transporte privado digital. El impacto económico, jurídico y operativo del nuevo régimen ya genera tensión entre choferes, usuarios y empresas.

Un marco regulatorio inédito: habilitación local obligatoria y pago diario del 5%

El Concejo Deliberante de Garupá aprobó la Ordenanza 723/2025, promulgada posteriormente por el Ejecutivo municipal, que establece por primera vez un régimen integral para el “Transporte Privado de Personas a través de Plataformas Electrónicas”. La norma fue sancionada el 13 de agosto de 2025 y entrará en vigencia el 1° de enero de 2026, tras la reglamentación final.

El texto fija bases legales, administrativas y operativas para el funcionamiento de las apps dentro del ejido municipal. Los ejes principales son: Creación de un registro obligatorio de permisionarios, limitado únicamente a quienes ya cuenten con habilitación municipal como remises o como conductores de motovehículos inscriptos. Obligación de las empresas de transporte por plataforma de contar con domicilio local, habilitación municipal y registro de vehículos y choferes. Exigencia de antecedentes penales, documentación del vehículo y certificaciones específicas para cada conductor. Autorización exclusiva de viajes dentro del padrón registrado; si una app asigna viajes a un chofer no habilitado, enfrentará sanciones.

El punto más controvertido aparece en el Artículo 13, que determina: “La Municipalidad de Garupá percibirá un porcentaje equivalente al cinco por ciento (5%) del valor final de cada viaje realizado”.

El importe deberá ser abonado a diario por los conductores o por las Empresas de Redes de Transporte, según defina cada operador. El pago se realizará a la cuenta que disponga la Dirección de Transporte local, que además será autoridad de aplicación.

La ordenanza también establece: topes de antigüedad vehicular, tarifas sujetas a regulación solo para plataformas locales, obligación de compartir información ante requerimientos oficiales, y sanciones que incluyen multas, suspensión de hasta dos años o inhabilitación definitiva.

Debate político y operativo: seguridad y formalización vs. costos, tarifas y competitividad

Desde el oficialismo municipal, el presidente del Concejo Deliberante, Miguel Rauber, defendió la normativa al afirmar que la ausencia de regulación equivaldría a “desproteger no solo al usuario sino también al chofer”. En declaraciones radiales, sostuvo que: “Somos un municipio que crece a pasos agigantados. La capacitación no es la respuesta absoluta, pero mitiga muchos accidentes”.

Rauber confirmó que el Municipio mantiene diálogo con las principales plataformas y que existe predisposición para avanzar en los requisitos necesarios para operar localmente. También anticipó que no está definido aún el destino del 5% recaudado, lo cual será materia de debate en el Presupuesto 2026.

Por su parte, la medida generó una reacción inmediata en el ecosistema de transporte digital. Choferes advierten que el recargo del 5% podría trasladarse directamente a sus ingresos netos o encarecer el costo para los pasajeros. Usuarios temen un aumento en las tarifas y menor disponibilidad de autos y motos. Plataformas, aunque aún no hicieron declaraciones, en otras jurisdicciones han cuestionado tributos específicos por considerarlos “encarecedores y restringidos”, lo que anticipa un posible conflicto regulatorio.

El modelo de Garupá emerge como uno de los más restrictivos de la región, dado que limita la operación a choferes ya habilitados como remiseros o motociclistas registrados, excluyendo a la mayoría de los conductores independientes típicos de estas apps.

¿Mayor formalización o barreras de entrada?

La ordenanza coloca a Garupá en un sendero regulatorio propio en el NEA, con implicancias económicas clave.

Ingresos municipales: el nuevo tributo podría convertirse en una fuente de recaudación creciente, aunque aún no tiene afectación presupuestaria definida.

Competencia: las restricciones de habilitación reducen de hecho la oferta de choferes, lo que podría elevar tarifas y disminuir disponibilidad.

Mercado local: para el municipio, el objetivo es “fortalecer el empleo local” e incentivar que la actividad se formalice.

Tecnología y movilidad: el régimen abre un precedente provincial que otros municipios podrían replicar frente al avance de plataformas.

El impacto real —en precios, cantidad de viajes, ingresos de los conductores y recaudación municipal— se definirá recién cuando el sistema comience a operar en 2026.

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La Justicia de Misiones falló a favor de un conductor de Uber y marca un precedente en Iguazú

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La Justicia dictó un fallo clave para la actividad de transporte por aplicaciones: la jueza Correccional de Eldorado, Marisa Aquino, resolvió que Uber no es un servicio público equiparable al taxi o al remis, sino una actividad privada regida por el Derecho Civil y Comercial, basada en un acuerdo libre entre conductor y pasajero.

El caso se originó en Iguazú, donde un chofer fue sancionado por la Municipalidad bajo normas pensadas para el sistema de transporte tradicional. El fallo, contundente, determinó que no corresponde aplicar sanciones municipales cuando no existe una regulación específica y razonable para este tipo de servicios.

La resolución destaca que ningún municipio puede castigar actividades lícitas sin cumplir los principios básicos del derecho administrativo: legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y derecho de defensa.

En este caso, según precisó la jueza, ninguno de esos requisitos fue garantizado. Por ello, declaró inaplicable la resolución municipal que pretendía sancionar al conductor.

El abogado defensor, Fabián De Sa, celebró la decisión y explicó que se dispuso el sobreseimiento total de su cliente. “El fallo es un mensaje claro: no se puede perseguir a trabajadores que realizan una actividad privada, sin riesgo para la comunidad y dentro del marco legal vigente”, sostuvo.

Un precedente que ordena el escenario

La sentencia no solo beneficia al conductor, sino que marca un precedente relevante para toda la provincia. Refuerza la interpretación de que las plataformas digitales de transporte funcionan bajo un modelo contractual privado, distinto al régimen de taxis y remises, y que cualquier intervención estatal debe estar respaldada por normas claras, específicas y proporcionadas.

El fallo obliga a los municipios a actuar con seriedad y previsibilidad, evitando sanciones discrecionales y reconociendo nuevas formas de generar ingresos en un contexto económico complejo.

Con esta decisión, la Justicia misionera se incorpora a la tendencia nacional de proteger la libertad de trabajar y de adaptar el marco jurídico a modelos de empleo que cambian con la tecnología, sin criminalizar a quienes buscan oportunidades en la economía digital.

La jueza hizo lugar a la apelación presentada por el conductor Julio César Ayala, sancionado por la Municipalidad de Puerto Iguazú por supuestamente “transportar pasajeros sin habilitación municipal”. La Justicia concluyó que Uber no es un servicio público, sino una actividad privada regida por el Derecho Civil y Comercial, por lo que no puede ser castigado con normas pensadas para taxis y remises.

Según surge del expediente, la causa comenzó el 3 de abril de 2024, cuando inspectores de tránsito de la Municipalidad de Puerto Iguazú labraron el Acta de Comprobación Nº 00020441 al vehículo Fiat Punto Attractive dominio ORP-813, conducido por Ayala, acusándolo de varias infracciones:

  • Código 8.F.14: transportar pasajeros sin habilitación municipal.
  • Código 8.F.21: transportar pasajeros sin autorización de manejo.

Los pasajeros declarados en el acta fueron identificados con nombre y pasaporte -procedentes del aeropuerto de Iguazú-, y el municipio sostuvo que el conductor realizaba un servicio irregular.

Sin embargo, el 5 de abril de 2024, la defensa del imputado, a cargo de De Sa, presentó escrito denunciando que el acta atribuía falsamente una infracción basada en la suposición de que Ayala prestaba un servicio público cuando, en realidad, la actividad correspondía a un acuerdo privado gestionado a través de una plataforma digital.

La defensa acompañó además toda la documentación respaldatoria, solicitó la restitución del vehículo y cuestionó la falta de fundamentación legal de la actuación municipal.

La jueza también destacó que el acta se labró en el aeropuerto de Iguazú, un ámbito donde el municipio aplica controles intensivos, pero que ello no habilita a sancionar sin una base normativa clara y aplicable.

Por estas razones, el juzgado declaró inaplicable la resolución municipal, hizo lugar al planteo de la defensa y dispuso el sobreseimiento del conductor.

En un contexto donde cientos de misioneros recurren a las plataformas para generar ingresos, este fallo se convierte en un precedente relevante, especialmente en ciudades turísticas como Puerto Iguazú, donde las tensiones con el transporte tradicional son frecuentes.

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