Por Marcelo Capello y Luis Laguinge. El gobierno nacional presentó los números fiscales de 2017, con un déficit fiscal primario que resultó del 3,9% del PIB, menor al 4,2% que se había fijado como meta para ese año, aunque todavía en niveles similares al déficit primario que expuso el gobierno de Cristina en 2015 (3,8% del PIB). Inclusive, si se incluyen los intereses por deuda que se pagan a agentes extra Sector Público, y se compara el resultado financiero, el déficit con Macri en 2017 (6,1% del PIB) resulta mayor al de Cristina en 2015 (5,2%)

No obstante, que los déficits primarios resulten similares en 2015 y 2017, no quiere decir que la política fiscal resulte similar en las dos administraciones de gobierno. Debe recordarse que la Administración Kirchner terminó en 2015 con un alto déficit fiscal (no sustentable en el tiempo), financiado en gran medida con emisión monetaria (presiones inflacionarias), con un alto gasto en subsidios económicos a empresas(generó graves distorsiones en el sector de energía), con pagos incorrectos de una porción de las jubilaciones (generaban demandas judiciales), todo lo anterior a pesar de contar con una presión tributaria record para Argentina, con impuestos muy distorsivos, que deterioraban la competitividad. En definitiva, la nueva administración requería (requiere): bajar el déficit fiscal, reducir la asistencia del BCRA al Tesoro, disminuir la necesidad de endeudamiento público, bajar la presión tributaria, reducir el gasto en subsidios a empresas y regularizar el pago de jubilaciones. 
La presión tributaria nacional resultó del 25,1% del PIB en 2017 (24,7% si se excluyen los recursos provenientes del Blanqueo), contra 26,3% en 2015, mostrando entonces una importante caída de 1,2% del PIB en dos años, que resulta de 1,6% si se excluyen los recursos del Blanqueo en 2017. Este resultado se dio básicamente por la menor presión fiscal en Ganancias (-1,1% del PIB) y en Derechos de Exportación (- 0,7%).Desde 2018 y hasta 2022 se profundizará la caída en la carga fiscal en ambos impuestos. De hecho, este año se reducirá la alícuota de Ganancias para utilidades reinvertidas a 30% mientras que ya se actualizaron las deducciones y escalas para personas físicas en base al RIPTE (mecanismo automático previsto en la reforma normativa de fines de 2016). Por el lado de las retenciones, entrará en vigencia una disminución en la alícuota afrontada por las exportaciones del complejo sojero de medio punto porcentual por mes que la llevaría del 30% actual a 24% a fines de 2018. A estas novedades se agregarán los efectos en aportes patronales, impuesto al cheque y en otros tributos incluidos en la reforma tributaria aprobada en diciembre último.


Por el lado del gasto público, entre 2015 y 2017 sólo bajó 0,2% en términos del PIB (de 25,8% a 25,6%). Pero aquí también se pueden hacer varias aclaraciones, en torno a la razonabilidad de la política fiscal. Entre ambos años cayó en 0,6% del PIB el gasto en subsidios al sector privado, no por una reducción en las transferencias a las familias (más bien ocurrió lo contrario tanto por la ampliación en el universo de beneficiarios de asignaciones familiares como por la actualización automática de los haberes en base a la Ley de Movilidad Previsional), sino más bien por el fuerte recorte producido en los subsidios a la energía, que se profundizarán en 2018 y se sumarán a los que se produzcan en materia de transporte y otros servicios públicos. Así, mientras las transferencias corrientes a empresas privadas representaron un 2,1% del PIB en 2015, alcanzaron un 1,2% en 2017 (cayeron 0,9 pp del PIB). Tales ajustes eran necesarios para reordenar el sector energético, comenzar con la recuperación del autoabastecimiento y reducir el déficit fiscal.
También disminuyeron, aunque levemente, el gasto en Consumo y Operación del sector público nacional (-0,3% del PIB) y las Transferencias de Capital (-0,5%), principalmente a provincias.
Pero por otra parte aumentó el gasto en seguridad social, en 0,8% del PIB, y las Transferencias Corrientes (principalmente a provincias), en 0,3% del PIB. En el primer caso, se trata de una situación intertemporalmente justificada: con la reparación histórica previsional se deja de generar pasivos contingentes, por incorrecta liquidación de haberes previsionales para una porción de los jubilados, que normalmente se terminaban reconociendo a partir de juicios iniciados por los perjudicados por dicha situación.
Finalmente, no se aprecia una fuerte reducción en el gasto público porque concomitantemente a algunos ajustes en las erogaciones, aumentó el pago de intereses por deudas, por el equivalente a 0,8% del PIB. Al pasar a financiar el déficit mayormente con emisión de deuda, en lugar de emisión de dinero, como hacía la anterior administración, ahora pesa más la cuenta de intereses, lo que se podrá revertir sólo si el gobierno nacional cumple con su compromiso de reducir todos los años el déficit fiscal, y así requerir cada vez menos financiamiento.

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