Como se esperaba, Mauricio Macri apeló a un decreto para quitarle al Ministerio de Justicia la potestad sobre el programa de testigos protegidos. De esta manera, ya no dependerá del Gobierno nacional. Sin embargo, tampoco pudo pasarlo a la órbita de la Justicia como se especuló al principio. En su lugar, el Presidente creó una agencia que, si bien funcionará en el ámbito del ministerio citado, tendrá carácter autárquico y autonomía funcional.

Después de varios días de idas y vueltas, el Gobierno nacional finalmente decidió por decreto quitarle al Ministerio de Justicia la potestad sobre el programa de testigos protegidos y así evitar que dependa de Alberto Fernández cuando éste asuma la Presidencia el 10 de diciembre próximo.

Lo hizo mediante la creación de la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, que tendrá a su cargo “la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos” que colaboren “de modo trascendente y eficiente” en una investigación judicial de competencia federal.

El decreto 795 fue publicado este viernes (29/11) en Boletín Oficial y lleva las firmas del presidente Mauricio Macri y miembros de su gabinete. Allí se señala también que la nueva agencia funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, pero “con el carácter de ente autárquico dotado de autonomía funcional“.

El tema había sido adelantado la semana pasada por el titular de esa cartera, Germán Garavano, al considerar que debía ser un ente “autárquico” y que tuviera independencia del Poder Ejecutivo.

En un principio se pensó en pasarlo a la órbita de la Justicia, pero el Gobierno no había encontrado suficiente respaldo en ese ámbito, y la medida se venía demorando.

Según la norma publicada hoy se transfiere además al nuevo organismo “el cargo de Director Nacional, el personal y la totalidad de los bienes, activos, presupuesto vigente y patrimonio” de los que hasta ahora era el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados.

El decreto dispone que la agencia está destinada a “la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal relativa a los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del Código Penal y lo previsto por la Ley N° 23.737 y sus modificatorias”.

Pero agrega que podrá incluir “fundadamente otros casos no previstos en el primer párrafo cuando se tratare de delitos vinculados con la delincuencia organizada o de violencia institucional y la trascendencia e interés político criminal de la investigación lo hagan aconsejable”.

La norma además crea un Consejo Consultivo que supervisará su funcionamiento y elaborará una propuesta para designar al director de la nueva agencia.

El traspaso del programa fuera de la estructura del próximo gabinete había sido un pedido de los testigos bajo el programa de protección que se encuadran como ‘imputados colaboradores’ en causas que atañen al kirchnerismo y que temen por su seguridad bajo el gobierno de los Fernández.

About The Author