El Gobierno ya no está obligado a contratar a YPF, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas

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El Poder Ejecutivo derogó una serie de decretos que le daban a las empresas públicas el monopolio de las contrataciones por parte del Gobierno

Se derogaron varios decretos que imponían al Estado nacional la obligación de priorizar a empresas con participación estatal en la contratación de servicios. A partir de ahora, los organismos públicos ya no estarán obligados a pagar sueldos a través del Banco Nación, viajar con Aerolíneas Argentinas o cargar combustible para vehículos oficiales en YPF.El Poder Ejecutivo derogó una serie de decretos que le daban a las empresas públicas el monopolio de las contrataciones por parte del Gobierno

Este cambio normativo elimina, entre otros, el decreto 823/21, firmado por el expresidente Alberto Fernández en 2021, que requería a la ANSeS contratar los servicios de Nación Seguros. Este decreto fue fundamental en la presunta causa de corrupción que la ANSES destapó este año, involucrando a Fernández, su secretaria María Cantero y su esposo, el bróker de seguros Héctor Martínez Sosa.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció la medida a través de la red social X, detallando que el Decreto 747/24, firmado hoy por el presidente Javier Milei, deroga los decretos 1187/12, 1189/12, 1191/12 y 823/21. Esta derogación elimina los privilegios de Nación Seguros, YPF, Banco Nación y la agencia de viajes estatal Optar en las contrataciones públicas.

Sturzenegger afirmó que “las empresas públicas deben servir a los ciudadanos y no servirse de ellos”, y agregó: “Si estos privilegios también fomentaban corrupción o mantenían una casta política, deben ser eliminados”.

Sobre el caso Fernández-Martínez Sosa, Sturzenegger comentó: “Se deroga el nefasto Decreto 823/21, que obligaba a contratar seguros con Nación Seguros. El sistema era tan absurdo que se contrataba a un bróker para gestionar una contratación obligatoria por ley”.

En cuanto al Decreto 1187/12, el funcionario explicó que este imponía a los empleados públicos cobrar sus sueldos en el Banco Nación, lo que impedía al Estado obtener un ahorro por la gestión de esas cuentas. Respecto al Decreto 1189/12, detalló que obligaba a comprar combustible a YPF sin permitir al Estado buscar precios más competitivos.

El ministro concluyó que todos estos decretos representaban una transferencia de recursos del contribuyente a estas empresas.

Fuente: Bloomberg

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Emergencia sanitaria en Misiones: licencia extraordinaria para grupos de riesgo y controles en rutas

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El gobernador Oscar Herrera Ahuad comunicó esta mañana nuevas medidas en el marco de las acciones de control, prevención y concientización.

En principio se implementarán, a través de la Policía de Misiones, operativos cerrojo con retenes en todos los ingresos que tiene la provincia.  Esta medida implica operativos de la Policía misionera en pasos internacionales, aeropuertos, pasos fronterizos con Brasil y Paraguay y puntos de comunicación con la provincia de Corrientes. En los mismos se va a requerir documentación necesaria que permita certificar identidad y procedencia.   

“Estamos en tiempo de una emergencia sanitaria y eso requiere mucha responsabilidad social.  Sabemos que a nadie le gusta que lo paren, a veces las personas reaccionan mal, pero debe primar el bien común y la solidaridad. Ahí es donde le pedimos a la gente que nos acompañe.  Los misioneros han respondido muy bien ante las medidas tomadas, han reconocido en estos tiempos que tomamos decisiones muy importantes y que todavía, seguramente, tendremos que tomar otras”.

“La etapa de contención como la que estamos viviendo es una etapa de armado, de preparación de todo el sistema. Preparación de la gente sobre los cambios culturales que se van a dar, preparación de las instituciones, en el caso de que haya un mal mayor estemos en condiciones de responder como corresponde.  Y de preparación para lo que se viene para el futuro, esto es una impronta muy fuerte que pone en jaque a la humanidad”, indicó.

Además, el mandatario provincial anunció que “a todas las personas mayores de 60 años que trabajen en la administración pública provincial oficialmente se les va a otorgar una licencia extraordinaria por 30 día, sin que eso signifique la pérdida de su sueldo”.  Aclaró que tendrán la posibilidad de cumplir tareas desde su domicilio y de manera online. “Esta licencia extraordinaria, además, se extiende a aquellas personas que tengan alguna enfermedad que predisponga a una inmunosupresión, alguna enfermedad que pueda hacer que su salud se debilite un poco más con estas patologías”, explicó Herrera Ahuad.

Otras medidas anunciadas esta mañana por el Gobernador se refieren al Servicio Penitencio Provincial.  “A partir de ahora las visitas serán de no más de 2 personas, controladas por el servicio de sanidad antes del ingreso. Por otro lado, se va a ampliar el horario de comunicación telefónica de los reclusos. A esto se suma la prohibición del ingreso de menores de edad y de mayores de 65 años, por el término de treinta días.”

Disminuir la circulación de personas

 “Misiones no tiene circulación viral ni casos, entonces es muy importante para prevenir un brote el aislamiento, en este contexto mundial de pandemia. Debemos focalizarnos en tratar de disminuir la posibilidad de circulación de la gente, si cada uno se queda en su casa, se aísla, tiene menos posibilidades de que el virus pueda circular”, explico recordando que es la estrategia que tomaron los países que hoy ya tiene una fuerte disminución de circulación viral como China.

“Si restringimos la circulación viral muchas menos personas van a estar expuestas al virus.  Las epidemias y pandemias tienen un componente muy importante de la sociedad y el componente más importante es la solidaridad. Debemos ser solidarios y conscientes del tiempo que vivimos. Esa cuestión solidaria no es sólo para el coronavirus, también es para el dengue”, enfatizó recordando el trabajo que debe realizar cada vecino en sus domicilios para evitar posibles criaderos.

Anticipó el mandatario que “desde la política vamos a seguir tomando decisiones, vamos a seguir estando 24 horas para esto, tomando las decisiones necesarias siempre pensando en la salud de los misioneros”.

Cómo se prepara el sistema de salud provincial ante un posible brote

“Misiones está buscando acondicionar lugares en caso de ser necesarios, ya que en los países donde hoy el virus pasó, dejó los sistemas de salud muy expuestos, porque en muchos lugares se fueron buscando soluciones sobre la marcha, cuando ya estaba instalada la pandemia, comentó el Gobernador. Y destacó que “en Misiones estamos hablando con el Sana de Alem, como con otros siete u ocho lugares que son instituciones que hoy no están cumpliendo con la función para la que fueron creadas.  Por eso quiero trasmitirle tranquilidad a la gente de Alem y alrededores, lo que buscamos es ampliar el número de camas en el caso de que lleguemos a tener un brote de coronavirus en la provincia de Misiones” preciso.

“Los hospitales y los sanatorios no van a alcanzar si llega dispararse la epidemia, por lo que la provincia tiene que tener previsto lugares de aislamiento. Estamos gestionado para tener la posibilidad de ampliar el número de camas disponibles en el caso de que haya una emergencia para darle garantía a la gente de que si se desborda el sistema sanitario público y privado tenemos la tranquilidad de tener un lugar más para lograr calidad de atención sanitaria como se merece nuestro pueblo”.

En su cuenta de Twitter, el gobernador aclaró: 

“En el marco de la emergencia sanitaria y epidemiológica decretamos licencias de carácter excepcional a las personas mayores de 60 años, embarazadas en cualquier trimestre y grupos de riesgo de enfermedades pulmonares crónicas y otras, que trabajen en estado provincial, entes autárquicos y sociedades del estado provincial. La licencia no afectará la percepción de las remuneraciones normales y habituales como así tampoco de los adicionales que por ley o convenio le correspondiere. Las mismas tendrán una duración de 30 días a partir del día de la fecha”. 

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Macri creó una agencia para que los testigos protegidos no dependan de Alberto Fernández

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Como se esperaba, Mauricio Macri apeló a un decreto para quitarle al Ministerio de Justicia la potestad sobre el programa de testigos protegidos. De esta manera, ya no dependerá del Gobierno nacional. Sin embargo, tampoco pudo pasarlo a la órbita de la Justicia como se especuló al principio. En su lugar, el Presidente creó una agencia que, si bien funcionará en el ámbito del ministerio citado, tendrá carácter autárquico y autonomía funcional.

Después de varios días de idas y vueltas, el Gobierno nacional finalmente decidió por decreto quitarle al Ministerio de Justicia la potestad sobre el programa de testigos protegidos y así evitar que dependa de Alberto Fernández cuando éste asuma la Presidencia el 10 de diciembre próximo.

Lo hizo mediante la creación de la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, que tendrá a su cargo “la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos” que colaboren “de modo trascendente y eficiente” en una investigación judicial de competencia federal.

El decreto 795 fue publicado este viernes (29/11) en Boletín Oficial y lleva las firmas del presidente Mauricio Macri y miembros de su gabinete. Allí se señala también que la nueva agencia funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, pero “con el carácter de ente autárquico dotado de autonomía funcional“.

El tema había sido adelantado la semana pasada por el titular de esa cartera, Germán Garavano, al considerar que debía ser un ente “autárquico” y que tuviera independencia del Poder Ejecutivo.

En un principio se pensó en pasarlo a la órbita de la Justicia, pero el Gobierno no había encontrado suficiente respaldo en ese ámbito, y la medida se venía demorando.

Según la norma publicada hoy se transfiere además al nuevo organismo “el cargo de Director Nacional, el personal y la totalidad de los bienes, activos, presupuesto vigente y patrimonio” de los que hasta ahora era el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados.

El decreto dispone que la agencia está destinada a “la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal relativa a los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del Código Penal y lo previsto por la Ley N° 23.737 y sus modificatorias”.

Pero agrega que podrá incluir “fundadamente otros casos no previstos en el primer párrafo cuando se tratare de delitos vinculados con la delincuencia organizada o de violencia institucional y la trascendencia e interés político criminal de la investigación lo hagan aconsejable”.

La norma además crea un Consejo Consultivo que supervisará su funcionamiento y elaborará una propuesta para designar al director de la nueva agencia.

El traspaso del programa fuera de la estructura del próximo gabinete había sido un pedido de los testigos bajo el programa de protección que se encuadran como ‘imputados colaboradores’ en causas que atañen al kirchnerismo y que temen por su seguridad bajo el gobierno de los Fernández.

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El New York Times advierte sobre el riesgo del retorno de los militares en Brasil

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RÍO DE JANEIRO, New York Times — Los integrantes de las fuerzas armadas de Brasil, que en buena medida se han mantenido alejados de la vida política desde que terminó la última dictadura hace treinta años, ahora alistan su mayor incursión política en décadas. Algunos incluso advierten de intervención militar.

Generales retirados y otros exoficiales con fuertes vínculos al liderazgo castrense están montando una campaña electoral respaldando a unos noventa veteranos postulados a varios cargos nacionales para los comicios de octubre, incluida la presidencia. Dicen que ese esfuerzo es necesario para rescatar a la nación de un grupo de cleptócratas atrincherado que ha tenido un mal manejo de la economía y no ha podido atender el aumento de la violencia.

Y algunos exgenerales prominentes advierten que, en caso de que las urnas no provoquen un cambio con la rapidez necesaria, los líderes castrenses quizá se sientan obligados a reiniciar el sistema político a la fuerza.

“Estamos en un momento crítico, al filo de la navaja”, dijo Antonio Mourão, general retirado de cuatro estrellas que el año pasado, cuando aún estaba de servicio, sugirió que sería necesaria una intervención militar para purgar a la clase política. “Aún creemos que el proceso electoral representará una solución preliminar para cambiar el rumbo”.

El ingreso de los militares en la política es un giro extremo y, para muchos brasileños, sumamente preocupante. La dictadura militar duró veintiún años antes de terminar en 1985. Desde entonces, Brasil ha vivido el periodo más largo de democracia en su historia. Muchos protegen con recelo la separación de Ejército y política para resguardarse de un posible desliz hacia un gobierno autoritario.

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Antonio Mourão, general recién jubilado, fue nombrado hace poco presidente del Club Militar en Río de Janeiro. CreditDado Galdieri para The New York Times

Pero los antiguos generales, oficiales y veteranos que organizan las campañas para las elecciones de octubre dicen que “los valores militares” como la disciplina, la integridad y el patriotismo son fundamentales para arreglar la situación brasileña en momentos en los que consideran que el país tiene un mal gobierno, se ha polarizado de manera peligrosa y ha quedado en una posición irrelevante en el ámbito global.

Analistas y políticos dicen que las probabilidades de una intervención militar son remotas, pero les preocupa el perfil cada vez más destacado de figuras castrenses pues la nación no ha terminado de resolver su pasado autoritario.

Los militares torturaron a los sospechosos de ser opositores con choques eléctricos o golpes mientras los colgaban de las paredes, según el reporte de una comisión de la verdad en 2014. Por lo menos 434 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante la dictadura. Sin embargo, Brasil ha hecho mucho menos que sus vecinos latinoamericanos para castigar los abusos de los años sesenta y setenta, por lo que hay temores de darle mayor poder político a quienes pertenecen a las fuerzas armadas.

“Puede que la eventual elección de estos oficiales militares lleve a la adopción de propuestas autoritarias, sobre todo si se trata de seguridad pública”, dijo Carlos Fico, historiador de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

El creciente atractivo político de las fuerzas armadas brasileñas surge en medio de un giro hacia la derecha en diversas partes de Suramérica y de un mayor autoritarismo en naciones democráticas como PoloniaHungríaFilipinas o Turquía.

“En cada país el movimiento ha surgido con facetas distintas, pero el trasfondo es la insatisfacción y el miedo”, dijo Fico.

Mourão, el general retirado, y otros oficiales jubilados han respaldado con entusiasmo la postulación presidencial del senador de ultraderecha Jair Bolsonaro, un excapitán del Ejército que ha hecho propuestas polémicas para la restauración del orden, como darle a la policía más campo de maniobra para matar a presuntos criminales.

Bolsonaro, el primer miembro retirado de las fuerzas armadas con la posibilidad de tener una candidatura viable desde el regreso a la democracia, dijo hace poco que nombraría a generales en su gabinete “no porque son generales, sino porque son competentes”.

Las campañas se han enfocado en las fuertes frustraciones a lo largo de Brasil. La fe en la democracia de la nación y en sus instituciones se ha desplomado en los últimos años, sobre todo después de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016 y las revelaciones de enormes escándalos de sobornos que involucran a los principales partidos políticos.

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Manifestantes en la avenida Paulista, en São Paulo, en junio de 2013 CreditMauricio Lima para The New York Times

Un sondeo de Latinobarómetro encontró el año pasado que solo 13 por ciento de los brasileños estaban satisfechos con el estado de su democracia, la cifra más baja entre las dieciocho naciones que formaron parte del estudio. La encuesta también arrojó que solo seis por ciento de los brasileños respaldan a su gobierno, muy por debajo de otros en la región que también son impopulares, incluido el de Venezuela y el de México.

Pero el Ejército ha librado, en buena medida, esas críticas. Aunque una mayoría de los brasileños desconfían del presidente Michel Temer, del Congreso y de los partidos políticos, ocho de cada diez encuestados ven con buenos ojos a las fuerzas armadas, según un sondeo de Datafolha del año pasado.

Esa es la razón, según analistas y los generales retirados, por la cual Temer le ha dado a funcionarios militares un poder poco común en su gabinete. En un giro respecto al pasado reciente, Temer nombró a un general en febrero para dirigir el Ministerio de Defensa.

Los llamados públicos para una intervención militar comenzaron a hacer eco en 2013 con grupos de ultraderecha que lo volvieron su consigna en manifestaciones masivas contra el gobierno de izquierda liderado por Rousseff.

Desde entonces, esa consigna ha ganado más adeptos, incluso durante un reciente paro de transportistas que paralizó al país durante más de una semana en mayo.

“Es un grito de desesperación en contra de la corrupción”, dijo Luciano Zucco, teniente coronel de 44 años que pidió licencia del Ejército para postularse a una diputación estatal. Aunque Zucco dijo que se opone a un golpe militar. “La intervención debe darse por medio de los votos”.

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El general Eduardo Villas Bôas, dirigente de las fuerzas armadas brasileñas, durante un desfile en Brasilia, en abril CreditEvaristo Sa/Agence France-Presse — Getty Images

El general Eduardo Villas Bôas, actualmente dirigente del Ejército, dijo en un discurso reciente que quienes hablan de intervención militar no entienden “el espíritu democrático que reina en todas las barracas”.

Incluso Rousseff, exprisionera política que fue torturada en la década de los setenta por el gobierno militar y que considera que su destitución fue un golpe de Estado, dijo que le sorprendería que los generales intenten quedarse con el poder.

“Los generales que he conocido no se dejarían seducir por este tipo de aventuras de una intervención”, dijo en una entrevista. “Hay muchas personas que intentan crear las condiciones para esto pero, por mi parte, no lo creo”.

Mauricio Santoro, politólogo de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, dijo que aunque nadie en Brasil ha pedido una dictadura militar, a muchos brasileños —sobre todo los que no vivieron el último gobierno castrense— les atrae la idea de una intervención corta.

“Hace cuatro años habría dicho ‘nunca’, pero ahora diría ‘no es probable, pero en algunas circunstancias podría suceder’”, dijo Santoro. “Hay mucha gente en Brasil a la que le gusta la idea de que el Ejército expulse a la clase política actual y, seis meses después, convoque elecciones”.

El debate al respecto ha aumentado conforme los generales jubilados y en activo de altos niveles se han pronunciado sobre los temas políticos, una situación que no se veía desde los años de la dictadura.

El general Bôas, el comandante del Ejército, publicó en abril un inusual comunicado en Twitter que fue interpretado como una advertencia al Supremo Tribunal Federal. Dijo que el Ejército “repudia la impunidad”, en aparente referencia a la posibilidad de que los magistrados permitieran al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva quedar libre mientras apela una condena de corrupción de doce años.

Fue una decisión particularmente importante porque Lula buscaba postularse de nuevo a la presidencia y los sondeos indicaban que era el favorito. En una decisión apretada, el tribunal determinó que Lula debía ser encarcelado.

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En una huelga de transportistas durante mayo, a las afueras de São Paulo, surgieron llamados para que las “fuerzas armadas ayuden a la nación”. CreditAndre Penner/Associated Press

El exgeneral Eliéser Girão Monteiro, quien se ha postulado como gobernador para Río Grande do Norte, ha pedido un juicio político a los integrantes de la corte por otras decisiones que han resultado en la liberación de políticos sentenciados por corrupción.

El sistema político creado con la Constitución de 1998 se ha vuelto una “cueva de la cual no hay salida de emergencia”, dijo Monteiro en una entrevista. Aunque aseguró que personalmente no apoya un derrocamiento, añadió que “la única salida de emergencia de la cual hablan las personas es la intervención militar”.

Mourão, el general retirado de cuatro estrellas, dijo que a ninguno de sus pares le gusta la idea de romper con el orden democrático, pero mencionó que la agitación social podría forzar sus manos si se frenan las acciones judiciales contra los políticos o aumenta la violencia.

“Queremos adherirnos al Estado de derecho tanto como sea posible”, dijo Mourão. “Pero no podemos permitir que el país se suma en el caos”.

Cuando el Ejército tomó las riendas del poder a la fuerza en 1964, los líderes de la junta militar argumentaron que Brasil se encaminaba hacia el comunismo. Los dirigentes castrenses aún no se refieren a esa época como una dictadura; aseguran en cambio que las fuerzas armadas preservaron la democracia al librar a Brasil de un gobierno autoritario socialista.

La economía del país creció con fuerza durante los primeros años de la gestión castrense, por lo cual algunos historiadores se refieren a esa era como el “milagro económico”. Sin embargo, la deuda externa se disparó durante el mismo periodo y la brecha de desigualdad aumentó, lo que resultó en una crisis de hiperinflación que golpeó a la economía en los años ochenta.

Los medios fueron censurados y la ausencia de un poder judicial independiente significó que raramente se investigaban los abusos y la corrupción. Antes de que el Ejército dejara el poder, el gobierno aprobó una ley de amnistía que ha protegido a los oficiales de esa época.

Los analistas aseguran que esa ley ha prevenido que Brasil enfrente un ajuste de cuentas posdictadura como el que ha mantenido lejos de la política a las fuerzas armadas de Argentina, Chile o Uruguay.

Esa falta de rendición de cuentas también podría llevar a una generación de brasileños más jóvenes a fantasear sobre lo que implicaría una nueva intervención militar, dijo Pedro Dallari, jurista que supervisó los trabajos de la comisión de la verdad.

“Como el recuerdo de la dictadura se ha difuminado con el tiempo, porque no se confrontaron esos problemas, se ha generado ese riesgo”, dijo.

 
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Los nuevos jueces federales deberán mostrar su patrimonio y no tener deudas con AFIP

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El gobierno nacional aumentó los requerimientos para la selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia y de los jueces federales, entre los que se destaca que los aspirantes deberáan mostrar su patrimonio y no tener deudas con la AFIP
El gobierno nacional aumentó los requerimientos para la selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia y de los jueces federales, entre los que se destaca que los aspirantes deberáan mostrar su patrimonio y no tener deudas con la AFIP.
La presentación incluirá un detalle de la situación patrimonial de los postulantes, detectando irregularidades o inconsistencias, según señala el decreto 491/2018 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
“Proponemos un análisis más profundo, para saber si hay inconsistencias. Si el día de mañana hay sospechas, vamos a tener una radiografía de los jueces, con sus bienes, sus propiedades y sus consumos y el Presidente tendrá un panorama exhaustivo y claro a la hora de elegir qué candidato de la terna nomina”, resaltó el ministro de Justicia, Germán Garavano.
El candidato deberá prestar conformidad para que la AFIP elabore el informe, que será reservado y sólo podrá ser utilizado para la consideración de los antecedentes por parte del Poder Ejecutivo.
Asimismo, el Ministerio de Justicia podrá realizar consultas a organismos especializados sobre las declaraciones juradas y la información brindada por la AFIP.
Los candidatos ternados, a su vez, presentarán otra declaración que indique la nómina de asociaciones civiles y sociedades comerciales que hayan integrado en los últimos ocho años, los estudios de abogados a los que hubieren pertenecido, y la nómina de clientes o contratistas durante al menos ese lapso.
En la misma línea, deberán indicar cualquier tipo de compromiso o actividades propias o de sus familiares que pudieran afectar su imparcialidad de criterio.

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