El Gobierno de Misiones resolvió congelar las designaciones en planta permanente de toda la administración pública provincial hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida fue formalizada mediante el Decreto N.º 75, firmado el 12 de enero por el gobernador Hugo Passalacqua, junto al ministro de Coordinación General de Gabinete, Héctor “Kiko” Sartori, y el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, y se inscribe en la continuidad de la política de racionalización del empleo público iniciada en 2023 y profundizada en 2025.

El decreto sostiene que las condiciones que motivaron las restricciones previas al crecimiento de la planta estatal “perduran en la actualidad”, por lo que resulta necesario mantener el freno a las designaciones permanentes. A partir de esta decisión, quedan suspendidos todos los nuevos nombramientos en planta hasta fin de año, con el objetivo de contener uno de los componentes más rígidos del gasto público y preservar el equilibrio de las cuentas provinciales en un contexto nacional de fuerte ajuste fiscal.

La medida no alcanza a los sectores considerados estratégicos para el funcionamiento del Estado y la prestación de servicios esenciales. Quedan exceptuados los docentes y auxiliares docentes, el personal comprendido en la Ley I N.º 160, la Policía de la Provincia, el Servicio Penitenciario y el personal de salud, incluyendo profesionales hospitalarios, enfermeros y auxiliares. Además, el gobernador podrá autorizar excepciones puntuales en otros organismos cuando lo considere necesario por razones específicas de gestión.

Uno de los aspectos centrales del decreto es la decisión de poner todas las vacantes existentes a disposición directa del Poder Ejecutivo, que podrá reasignarlas de acuerdo con futuros lineamientos de administración del capital humano. En paralelo, todos los trámites de designaciones que estuvieran en curso deberán ser devueltos a sus jurisdicciones de origen, quedando formalmente suspendida cualquier promoción de nuevos nombramientos mientras rija la medida.

El congelamiento no se limita a la administración central, sino que se extiende a organismos descentralizados y autárquicos, entes constitucionales, empresas y sociedades del Estado y a todas las personas jurídicas de derecho privado en las que la Provincia tenga participación mayoritaria. La Dirección General de Coordinación del Sector Público, a través del Sistema Integrado de Administración de Personal, será la encargada de controlar el cumplimiento efectivo de la suspensión.

Con este decreto, el Ejecutivo provincial refuerza una señal de disciplina fiscal y control del gasto, buscando evitar que el crecimiento de la estructura estatal comprometa la sostenibilidad financiera de la provincia. La decisión apunta a preservar la solvencia de Misiones sin afectar áreas clave como educación, seguridad y salud, en un escenario económico que sigue marcado por restricciones de recursos y mayor exigencia sobre las finanzas públicas.