El Gobierno Nacional derogó una norma de 1993 que regulaba los aranceles de las escuelas privadas, pero el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) aclaró que el decreto carece de aplicación en la provincia, dado que la competencia en materia educativa es exclusiva de las jurisdicciones locales. Las resoluciones vigentes sobre topes, bandas arancelarias y aportes estatales continúan plenamente en vigor.

El Gobierno Nacional derogó una norma del menemismo y habilitó la revisión del sistema educativo privado

A través del Decreto 787/2025, publicado el 11 de noviembre en el Boletín Oficial de la República Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la derogación del Decreto 2417/1993, que desde hace más de tres décadas establecía un régimen de control estatal sobre los aranceles de los establecimientos educativos de gestión privada.

El nuevo decreto, firmado por el presidente Javier Milei, junto a Luis Caputo, Sandra Pettovello y Manuel Adorni, argumenta que el marco normativo anterior se encontraba desactualizado respecto del actual esquema federal de competencias. En sus considerandos, la norma sostiene que el decreto derogado “presentaba limitaciones que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza a las realidades económicas del país” y que el sistema de autorización previa de cuotas “generaba distorsiones en los precios, afectando tanto a las instituciones como a las familias”.

CHAU A LOS SALTOS EXHORBITANTES EN LAS CUOTAS DE COLEGIOS PRIVADOS EN MARZO. El Decreto 787/24 con las firmas del Presidente @JMilei, @madorni, @SPettovelloOK y @LuisCaputoAR actualiza el marco regulatorio de la educación pública de gestión privada sin aportes estatales (6% del… pic.twitter.com/nJSIE07s69

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) November 11, 2025

El texto remarca que las regulaciones impuestas en 1993 “creaban una situación de incertidumbre económica para los institutos”, que al no poder modificar sus aranceles sin autorización estatal, tendían a “fijar cuotas más elevadas desde el inicio del ciclo lectivo”, perjudicando a los hogares. En ese sentido, el Gobierno nacional argumenta que la decisión busca “resguardar el principio de libre contratación” y garantizar que los establecimientos educativos privados puedan definir sus precios y políticas salariales “en un marco de competencia leal y en función de las demandas del mercado”.

El artículo 2° del decreto instruye además al Ministerio de Capital Humano para que, a través de la Secretaría de Educación, proceda a revisar las pautas contenidas en el Decreto 2542/1991, que había establecido el sistema original de financiamiento de la educación pública de gestión privada.

Misiones ratificó la autonomía provincial: el SPEPM mantiene el control sobre los aranceles

Tras la publicación del decreto nacional, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) emitió una aclaración oficial para precisar que el Decreto 787/2025 no tiene aplicación práctica ni jurídica en la provincia, dado que la regulación de los aranceles educativos es una competencia exclusiva del Estado provincial, delegada desde la transferencia de los servicios educativos nacionales en 1992.

El documento, respaldado por los fundamentos de la Constitución Nacional (arts. 121 y 122), la Ley 24.049 de Transferencia de Servicios Educativos, la Ley de Educación Nacional 26.206 y la Ley Provincial VI-46 (ex Ley 2987), subraya que Misiones conserva plena jurisdicción sobre la administración, supervisión y financiamiento del sistema educativo, incluyendo el régimen arancelario de las instituciones privadas.

“La derogación del Decreto 2417/1993 no implica modificación alguna en las normas provinciales vigentes, ya que dicho régimen nacional se refería a un contexto previo a la transferencia de servicios educativos y carece hoy de operatividad en las jurisdicciones provinciales”, señala el comunicado del SPEPM.

Asimismo, el organismo recordó que la Ley VI-46 otorga al SPEPM la facultad de reglamentar, autorizar y controlar los aranceles que perciben los establecimientos de gestión privada, considerando factores como el aporte estatal, las condiciones socioeconómicas y las características institucionales de cada escuela.

“Los establecimientos educativos de gestión privada incorporados al sistema provincial deben continuar ajustando sus aranceles conforme a la normativa vigente y someter toda modificación o comunicación de cuotas al SPEPM, conforme al procedimiento habitual”, se indica en el texto.

De esta manera, la provincia ratifica que las resoluciones provinciales que regulan bandas arancelarias, topes de incremento y procedimientos de autorización conservan plena validez y eficacia jurídica, hasta tanto una norma local disponga lo contrario.

Federalismo educativo y estabilidad normativa

La posición de Misiones se enmarca en un principio histórico de federalismo educativo, consolidado tras la descentralización de los años noventa. Desde entonces, las provincias administran sus propios sistemas educativos, tanto en gestión estatal como privada, en coordinación con los lineamientos nacionales pero con plena autonomía operativa y regulatoria.

En este contexto, el SPEPM remarcó que los decretos del Poder Ejecutivo Nacional no pueden alterar el régimen de competencias provinciales, ya que los poderes delegados al Gobierno Federal no incluyen la administración directa de los servicios educativos.

El documento provincial enfatiza que “el Decreto Nacional 787/2025 carece de aplicación práctica y jurídica en el ámbito de la Provincia de Misiones, permaneciendo íntegramente vigente el régimen establecido por la Ley VI-46 y las disposiciones del SPEPM”.

En términos institucionales, la aclaración del SPEPM busca garantizar previsibilidad para las familias y escuelas misioneras, manteniendo el marco regulatorio local y evitando interpretaciones erróneas que pudieran generar incrementos no autorizados en las cuotas o matrículas escolares.

Autonomía educativa

Si bien el decreto nacional no afecta la operatoria de los sistemas provinciales, la medida del Ejecutivo Nacional abre un nuevo debate sobre el grado de intervención estatal en la educación privada y su vinculación con las condiciones macroeconómicas.

Para las provincias, el desafío será mantener la estabilidad normativa y asegurar que los cambios a nivel nacional no generen incertidumbre en los sistemas educativos locales. En el caso de Misiones, la ratificación de la autonomía del SPEPM refuerza la continuidad del modelo de supervisión y acompañamiento estatal, que combina control arancelario, aportes públicos y promoción de la calidad educativa.