La migración laboral agrícola temporaria no es una excepción dentro del agro argentino: es, en gran medida, su regla de funcionamiento. Y en ese entramado, Misiones ocupa un lugar central. Así lo confirma el nuevo informe elaborado por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que identifica a la provincia como uno de los principales puntos de partida de trabajadores que cada año se desplazan hacia otras regiones del país en busca de empleo.

El estudio -que analiza el fenómeno durante 2025- expone con claridad una tensión estructural: el sistema productivo necesita de esta movilidad para sostener las cosechas, pero al mismo tiempo no logra garantizar condiciones laborales estables ni protección social suficiente para quienes lo hacen posible.

En términos concretos, el trabajo migrante temporario representa una porción significativa del empleo rural. En 2023 se registraron 447.714 trabajadores con al menos una relación laboral en el sector, y de ese total, 112.127 -el 27%- se desempeñaron en una provincia distinta a la de su residencia. Allí se ubica el núcleo de la migración agrícola, donde miles de misioneros forman parte de circuitos laborales que cruzan el país de norte a sur.

Misiones aparece junto a Santiago del Estero, Tucumán y Corrientes como uno de los principales territorios de origen. Desde allí, los trabajadores se desplazan hacia economías regionales más demandantes de mano de obra en determinados momentos del año, como la fruticultura del Alto Valle en Río Negro y Neuquén, la vitivinicultura mendocina o la producción intensiva de la provincia de Buenos Aires. No se trata de migraciones definitivas, sino de movimientos cíclicos, organizados muchas veces a través de redes familiares y comunitarias, que permiten sostener ingresos a lo largo del año.

En el caso misionero, esta dinámica está profundamente vinculada a la estructura de la economía yerbatera. La zafra concentra el empleo en determinados meses y deja largos períodos de inactividad, lo que empuja a miles de trabajadores -principalmente tareferos- a buscar alternativas en otros territorios. La migración, en este contexto, no es una opción, sino una estrategia de supervivencia.

El problema es que este esquema se desarrolla en un entorno frágil. El informe advierte que el trabajo rural en Argentina sigue atravesado por altos niveles de informalidad, ingresos bajos e inestables y un acceso limitado a la seguridad social. La movilidad, lejos de resolver esas carencias, muchas veces las profundiza: condiciones de alojamiento deficientes, traslados precarios y vínculos laborales poco claros forman parte de una realidad extendida.

En ese marco, Misiones también aparece como un laboratorio de políticas públicas. El estudio destaca la implementación del Sistema de Información de Tareferos de Misiones (SITaMi), una herramienta que permite registrar y monitorear a los trabajadores del sector yerbatero. Se trata de un avance relevante en un ámbito históricamente informal, ya que mejora la trazabilidad del empleo y abre la puerta a intervenciones más precisas. Sin embargo, su alcance todavía es parcial frente a la magnitud del fenómeno.

La protección social es otro de los puntos críticos. Entre 2022 y 2024, el RENATRE otorgó 6.918 prestaciones por desempleo a trabajadores migrantes, con una cobertura que pasó del 9% al 14%. Misiones figura entre las provincias con mayor cantidad de beneficiarios, lo que refleja tanto la importancia del problema como ciertos avances en el registro. Pero el dato también deja en evidencia que la mayoría de los trabajadores sigue fuera del sistema de protección.

El desafío, entonces, no es solo reconocer la existencia de este sistema, sino ordenarlo. El informe plantea que la clave está en una mayor articulación entre provincias de origen y destino, en el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y en la construcción de una política federal que garantice condiciones dignas de trabajo. Esto incluye desde el registro efectivo de los trabajadores hasta la regulación de los traslados y el acceso a programas que permitan sostener ingresos en los períodos sin actividad.

Las recomendaciones apuntan también a la necesidad de digitalizar los registros de movilidad laboral, ampliar los programas de formación y terminalidad educativa y consolidar herramientas que ya han demostrado impacto positivo, como el Intercosecha o los convenios de corresponsabilidad gremial. El objetivo de fondo es claro: avanzar hacia un mercado laboral rural más formal, inclusivo y sostenible.

En ese escenario, Misiones sintetiza una doble condición. Es, al mismo tiempo, uno de los principales territorios que “expulsa” mano de obra por la estacionalidad de su economía, y una provincia que empieza a desarrollar instrumentos para ordenar esa dinámica. La resolución de esa tensión será clave no solo para el futuro del trabajo rural en la provincia, sino también para la sustentabilidad de todo el sistema productivo argentino.