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Productores y tareferos presentaron en Diputados la Ley de Emergencia Yerbatera

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Productores y tareferos de distintos puntos de Misiones presentaron este miércoles por la mañana ante la Cámara de Diputados el proyecto denominado “Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera”, una iniciativa construida por organizaciones del sector como respuesta a la crisis que atraviesa la actividad y al debilitamiento de los mecanismos nacionales de regulación.

La propuesta ingresó formalmente a la Legislatura a través de la banca de la diputada Arabela Soler, quien recibió a los representantes de la producción a las 10 en el Poder Legislativo. El proyecto obtuvo el acompañamiento de los bloques “Movimiento por lo que viene”, del “Partido Agrario y Social” (PAyS) y de “Encuentro Misionero”. De esta manera, el proyecto tomó estado parlamentario y quedó habilitado para continuar su recorrido institucional hacia las comisiones correspondientes.

“Es un día que quiere dar cuenta a la sociedad de que hay un grupo organizado que está atravesando una situación muy compleja y tiene la posibilidad de hacer ingresar un proyecto”, sostuvo Soler durante la presentación, al remarcar que la iniciativa fue trabajada durante meses por distintas asociaciones de productores.

La legisladora destacó especialmente que el proyecto surgió desde el propio sector productivo y no como una propuesta diseñada exclusivamente desde la estructura política. “Es un logro fantástico saber que todavía hay personas que se comprometen con las causas, que saben que si las cosas se hacen bien y trabajan, no se quedan solamente en la idea”, señaló.

El proyecto plantea declarar durante 360 días la emergencia de toda la cadena productiva yerbatera, con un alcance específico para los productores que posean hasta 50 hectáreas cultivadas. Según explicó Soler, ese universo representa aproximadamente el 90% de los productores de la provincia, por lo que la herramienta apunta principalmente a preservar la estructura de pequeñas explotaciones familiares.

El eje económico de la iniciativa se encuentra en la creación de herramientas para avanzar hacia un precio mínimo de sostén para la hoja verde, con el objetivo de mejorar la capacidad de negociación de los pequeños productores frente a secaderos e industrias de mayor escala.

La propuesta no plantea establecer un precio único para toda la cadena, sino generar un piso por debajo del cual la materia prima no pueda ser comercializada. El valor debería contemplar los costos de una producción eficiente, las obligaciones laborales, previsionales y fiscales y un margen de rentabilidad para el productor.

El proyecto también incorpora mecanismos de fiscalización, regularización y sanciones para garantizar el cumplimiento del esquema. La lógica planteada es que el precio mínimo tenga respaldo institucional y que el Estado provincial disponga de herramientas concretas para intervenir cuando se produzcan operaciones por debajo de ese umbral.

La iniciativa fue elaborada por los propios productores junto con su asesor jurídico, Federico Padolsky, y había sido socializada previamente durante la reunión que representantes del sector mantuvieron con el gobernador Hugo Passalacqua el 30 de julio. En ese encuentro, los productores expusieron la situación de la actividad y el contenido de la propuesta que posteriormente fue llevada al Parlamento.

El trasfondo de la iniciativa es el cambio producido en el esquema nacional de regulación de la yerba mate. La fundamentación del proyecto cuestiona el impacto del DNU 70/23, que modificó las atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y dejó al sector primario con menores herramientas para incidir sobre el precio de la materia prima.

Frente a ese escenario, los impulsores de la ley sostienen que la Provincia conserva competencias constitucionales para promover el desarrollo productivo, proteger el trabajo rural y adoptar políticas destinadas a preservar una economía regional estratégica para Misiones.

Para Soler, el desafío consiste ahora en transformar la propuesta elaborada por los productores en una herramienta legislativa viable. El proyecto será analizado en comisión, donde podrá incorporar aportes de otros legisladores y de especialistas vinculados con la actividad.

La diputada también destacó el acompañamiento del legislador Cristian Castro durante el proceso de elaboración de la iniciativa y remarcó que el objetivo de esta etapa no es cerrar el debate, sino abrirlo institucionalmente para alcanzar soluciones concretas.

“Esto sale y se sanciona, hay que ver qué letras se le agregan de parte de otros diputados”, explicó Soler, al plantear que el paso por las comisiones permitirá discutir los mecanismos de aplicación y fortalecer el texto antes de una eventual sanción.

La presentación representa así un intento de trasladar al ámbito institucional una discusión que durante los últimos meses se desarrolló con fuerte intensidad dentro de la cadena yerbatera: cómo recuperar capacidad de negociación para el productor primario cuando el mercado concentra el poder de compra y los mecanismos nacionales de regulación perdieron capacidad de intervención.

En ese sentido, la emergencia propuesta no apunta únicamente a una declaración política, sino a dotar al Ejecutivo provincial de instrumentos de intervención sobre el mercado, con un plazo definido y mecanismos de control. El resultado dependerá ahora del debate legislativo y de la capacidad de convertir esas herramientas en una política efectiva para sostener la producción primaria.

Para una provincia cuya economía tiene en la yerba mate una de sus principales actividades regionales, el desafío es evitar que la caída de rentabilidad termine trasladándose a la estructura productiva de menor escala. La discusión que comenzó este miércoles en la Legislatura buscará precisamente determinar si una respuesta provincial puede generar ese piso de protección y contribuir a preservar a miles de productores que sostienen la actividad desde el territorio.

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Productores y tareferos llevan a Diputados la Ley de Emergencia Yerbatera

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Productores y tareferos de distintos puntos de Misiones presentarán mañana, miércoles 2 de septiembre, el proyecto denominado “Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera” ante la Cámara de Diputados, en Posadas.

Los trabajadores de la yerba mate serán recibidos por la diputada Arabela Soler a las 10 horas en el Poder Legislativo, oportunidad en la que se formalizará el ingreso de la propuesta al Parlamento misionero.

La iniciativa es impulsada por los propios productores y fue elaborada por su asesor jurídico, el abogado Federico Padolsky. Fue socializada en la reunión que mantuvieron con el gobernador Hugo Passalacqua el 30 de julio pasado, de quien recibieron respaldo.

El documento surge como una respuesta institucional ante la grave crisis que atraviesa la principal economía regional de la provincia. Su fundamentación técnica, jurídica y económica detalla el impacto negativo del DNU 70/23 del Gobierno nacional, el cual quitó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad de regular los precios de la materia prima.

Frente al debilitamiento del organismo nacional, el texto advierte que Misiones conserva las competencias constitucionales para promover la producción, el desarrollo regional, la protección del trabajo rural y la defensa del interés público.

Los ejes del proyecto: control, sanciones y rentabilidad

La normativa propuesta faculta al Ejecutivo provincial a fijar un precio mínimo obligatorio para la hoja verde que cubra los costos de producción eficiente, las cargas laborales, previsionales y fiscales, garantizando, además, un margen de ganancia para los productores.

“No se trata de fijar un precio único ni de impedir la libre negociación por encima del mínimo establecido, sino de asegurar un piso jurídico indispensable para evitar la desaparición de miles de explotaciones familiares”, detalla el escrito.

Para garantizar su cumplimiento, la ley incorpora herramientas de fiscalización, regularización de operaciones y sanciones administrativas. Todo lo recaudado por multas se destinará exclusivamente al fortalecimiento de los controles y a la asistencia técnica del sector.

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Misiones inicia el relevamiento anual de tareferos para actualizar datos

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El Ministerio de Trabajo y Empleo de Misiones inicia este martes 18 de agosto el relevamiento anual de trabajadores tareferos de toda la provincia, una herramienta que busca actualizar la información del sector y mejorar el diseño de políticas públicas destinadas a quienes participan de una de las principales actividades productivas de Misiones.

El operativo se realizará a través del Sistema de Información de Tareferos de Misiones (SITAMI), por lo que los trabajadores deberán acercarse a las oficinas habilitadas en cada municipio para completar o actualizar sus datos. La participación resulta central, ya que la información obtenida permitirá contar con una radiografía más precisa de la realidad laboral, social y económica de las familias tareferas.

Creado en 2020 por el Ministerio de Trabajo y Empleo, el SITAMI concentra en una base de datos única información vinculada a los trabajadores y trabajadoras de la actividad yerbatera. El sistema funciona como una herramienta de gestión para identificar necesidades y orientar intervenciones públicas con mayor precisión.

En un contexto en el que la actividad yerbatera atraviesa transformaciones y tensiones sobre los ingresos y las condiciones laborales, disponer de información actualizada adquiere una relevancia que excede lo estadístico. El registro permite identificar a los trabajadores, conocer sus condiciones y facilitar que las políticas sociales y laborales lleguen efectivamente a quienes integran la cadena productiva.

El relevamiento también apunta a fortalecer una agenda vinculada con el trabajo registrado, la inclusión social y la mejora de las condiciones de vida del sector tarefero. La actualización periódica de la base de datos constituye, en ese sentido, una herramienta concreta para pasar de políticas generales a respuestas sustentadas en evidencia territorial.

Para los trabajadores, completar el relevamiento representa además una instancia para mantener vigente su información dentro del sistema provincial. Para el Estado, contar con una base actualizada permite dimensionar con mayor precisión el universo de trabajadores alcanzados por programas y políticas vinculadas con la actividad yerbatera.

El operativo se desplegará en los distintos municipios de Misiones y tendrá como eje la participación de los propios tareferos. La información que surja del proceso será un insumo para reforzar políticas públicas orientadas a una actividad que tiene un peso económico, social y cultural decisivo en la provincia.

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Misiones lleva al Consejo Federal del Trabajo el reclamo por la continuidad del programa Intercosecha

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La ministra de Trabajo y Empleo de Misiones, Silvana Giménez, participó de la 127° Reunión Plenaria del Consejo Federal del Trabajo (CFT), encabezada por el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero. El encuentro reunió a representantes de las administraciones laborales de todo el país para avanzar en una agenda común vinculada al empleo, la capacitación, la fiscalización y las relaciones laborales.

La participación de Misiones reafirma el lugar de referencia que la provincia sostiene en los espacios de articulación federal, aportando su mirada y experiencia a los debates que atraviesan actualmente al mundo del trabajo. La provincia puso un eje principal en la solicitud de la continuidad del programa intercosecha, destinado a tareferos de la provincia.

Durante el plenario se abordaron los principales temas que serán trabajados por las comisiones técnicas del CFT, entre ellos la inspección laboral y el diálogo social; las relaciones sindicales y la negociación colectiva; la reforma laboral; la fiscalización; la erradicación del trabajo infantil y la prevención del trabajo forzoso; la seguridad social; la salud y seguridad en el trabajo; y los programas de empleo y formación profesional.

Desde Misiones se destacó la importancia de sostener estos espacios de diálogo y coordinación entre Nación y provincias, especialmente frente a los desafíos actuales del mundo laboral y las particularidades productivas de cada región.

La presencia de la provincia en el Consejo Federal del Trabajo permite llevar a la agenda nacional las necesidades y propuestas de Misiones, al mismo tiempo que fortalece el intercambio de experiencias y la construcción de políticas laborales con una perspectiva federal.

En este sentido, la participación de la ministra Silvana Giménez representa la continuidad del compromiso de Misiones con el trabajo articulado, la defensa del empleo registrado, la formación profesional y el fortalecimiento de las políticas públicas vinculadas al mundo laboral.

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Misiones, en el centro de la migración rural: trabajo, vulnerabilidad y un sistema que necesita ordenarse

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La migración laboral agrícola temporaria no es una excepción dentro del agro argentino: es, en gran medida, su regla de funcionamiento. Y en ese entramado, Misiones ocupa un lugar central. Así lo confirma el nuevo informe elaborado por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que identifica a la provincia como uno de los principales puntos de partida de trabajadores que cada año se desplazan hacia otras regiones del país en busca de empleo.

El estudio -que analiza el fenómeno durante 2025- expone con claridad una tensión estructural: el sistema productivo necesita de esta movilidad para sostener las cosechas, pero al mismo tiempo no logra garantizar condiciones laborales estables ni protección social suficiente para quienes lo hacen posible.

En términos concretos, el trabajo migrante temporario representa una porción significativa del empleo rural. En 2023 se registraron 447.714 trabajadores con al menos una relación laboral en el sector, y de ese total, 112.127 -el 27%- se desempeñaron en una provincia distinta a la de su residencia. Allí se ubica el núcleo de la migración agrícola, donde miles de misioneros forman parte de circuitos laborales que cruzan el país de norte a sur.

Misiones aparece junto a Santiago del Estero, Tucumán y Corrientes como uno de los principales territorios de origen. Desde allí, los trabajadores se desplazan hacia economías regionales más demandantes de mano de obra en determinados momentos del año, como la fruticultura del Alto Valle en Río Negro y Neuquén, la vitivinicultura mendocina o la producción intensiva de la provincia de Buenos Aires. No se trata de migraciones definitivas, sino de movimientos cíclicos, organizados muchas veces a través de redes familiares y comunitarias, que permiten sostener ingresos a lo largo del año.

En el caso misionero, esta dinámica está profundamente vinculada a la estructura de la economía yerbatera. La zafra concentra el empleo en determinados meses y deja largos períodos de inactividad, lo que empuja a miles de trabajadores -principalmente tareferos- a buscar alternativas en otros territorios. La migración, en este contexto, no es una opción, sino una estrategia de supervivencia.

El problema es que este esquema se desarrolla en un entorno frágil. El informe advierte que el trabajo rural en Argentina sigue atravesado por altos niveles de informalidad, ingresos bajos e inestables y un acceso limitado a la seguridad social. La movilidad, lejos de resolver esas carencias, muchas veces las profundiza: condiciones de alojamiento deficientes, traslados precarios y vínculos laborales poco claros forman parte de una realidad extendida.

En ese marco, Misiones también aparece como un laboratorio de políticas públicas. El estudio destaca la implementación del Sistema de Información de Tareferos de Misiones (SITaMi), una herramienta que permite registrar y monitorear a los trabajadores del sector yerbatero. Se trata de un avance relevante en un ámbito históricamente informal, ya que mejora la trazabilidad del empleo y abre la puerta a intervenciones más precisas. Sin embargo, su alcance todavía es parcial frente a la magnitud del fenómeno.

La protección social es otro de los puntos críticos. Entre 2022 y 2024, el RENATRE otorgó 6.918 prestaciones por desempleo a trabajadores migrantes, con una cobertura que pasó del 9% al 14%. Misiones figura entre las provincias con mayor cantidad de beneficiarios, lo que refleja tanto la importancia del problema como ciertos avances en el registro. Pero el dato también deja en evidencia que la mayoría de los trabajadores sigue fuera del sistema de protección.

El desafío, entonces, no es solo reconocer la existencia de este sistema, sino ordenarlo. El informe plantea que la clave está en una mayor articulación entre provincias de origen y destino, en el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y en la construcción de una política federal que garantice condiciones dignas de trabajo. Esto incluye desde el registro efectivo de los trabajadores hasta la regulación de los traslados y el acceso a programas que permitan sostener ingresos en los períodos sin actividad.

Las recomendaciones apuntan también a la necesidad de digitalizar los registros de movilidad laboral, ampliar los programas de formación y terminalidad educativa y consolidar herramientas que ya han demostrado impacto positivo, como el Intercosecha o los convenios de corresponsabilidad gremial. El objetivo de fondo es claro: avanzar hacia un mercado laboral rural más formal, inclusivo y sostenible.

En ese escenario, Misiones sintetiza una doble condición. Es, al mismo tiempo, uno de los principales territorios que “expulsa” mano de obra por la estacionalidad de su economía, y una provincia que empieza a desarrollar instrumentos para ordenar esa dinámica. La resolución de esa tensión será clave no solo para el futuro del trabajo rural en la provincia, sino también para la sustentabilidad de todo el sistema productivo argentino.

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