Las dos caras de la moneda de la economía argentina se observan y se viven más que nunca. Esta semana, el dólar sostuvo la pax cambiaria, el BCRA siguió comprando dólares, las reservas brutas tocaron un máximo en cuatro años, el riesgo país alcanzó un mínimo en ocho años, de la mano de una suba de los bonos soberanos, y la balanza comercial cerró con un importante superávit. Del otro lado, la actividad económica cayó por segundo mes consecutivo, las ventas en supermercados tuvieron su peor resultado en dos años y el índice de salarios registró su tercera caída al hilo. ¿En qué Argentina vivimos? En la dos, y eso trae una complejidad fenomenal para entender dónde estamos y hacia dónde vamos.

Luego de las elecciones de octubre parecía que todos los problemas de la Argentina se resolvían, o al menos así lo planteaba el oficialismo. Eliminado el “riesgo kuka”, todo volvería a funcionar sobre ruedas. Sin embargo, en términos de actividad económica, en el mes electoral el EMAE mostró una baja del 0,4% mensual. Esa caída podría haberse atribuido a la expectativa electoral, pero en noviembre volvió a retroceder 0,3%, dato conocido días atrás. Es decir, incluso luego de despejar el supuesto ruido político, la economía no se despertó. Más aún, la contracción también se observó en la comparación interanual, evidenciando profundas asimetrías sectoriales: mientras el agro, la minería y las finanzas exhiben expansiones relevantes, la industria, el comercio y la construcción continúan muy rezagados. Estas asimetrías no son solo estadísticas, sino que marcan el rumbo del modelo económico: los tres sectores de mejor desempeño explican apenas el 9% del empleo, mientras que los tres de peor resultado concentran el 45% de los puestos de trabajo.

En un contexto en el que el empleo privado registrado se encuentra en sus niveles más bajos desde 2022, los salarios siguen cayendo. El INDEC informó que en noviembre el salario de los trabajadores registrados del sector privado retrocedió 0,3% mensual, acumulando su tercera baja consecutiva. Entre los trabajadores del sector público, el salario cayó 1,3%, también por tercer mes seguido. Casi como un correlato de esta dinámica, las ventas en supermercados se desplomaron 3,8% mensual en noviembre, la peor caída desde diciembre de 2023, es decir, desde la devaluación.

En otras palabras, pasada la elección, todo continuó empeorando en lo que respecta a los indicadores económicos de impacto social.

Si miramos hacia las provincias, las heterogeneidades también son palpables: por ejemplo, Neuquén atraviesa un proceso de expansión y mejora de muchos indicadores, dado el efecto sobre el territorio que produce el avance de la actividad energética, algo que puede verse en menor nivel también en Río Negro y un poco menos aún en el NOA, producto de la minería; pero en el resto del país la situación es aún crítica.

Los últimos datos de Misiones confirman este diagnóstico. Más allá de los esfuerzos provinciales por sostener niveles de actividad y consumo, la dinámica general empuja a todos los indicadores hacia la baja y configura un escenario de fuerte complejidad, sin elementos claros de mediano plazo que permitan pensar en una recuperación. El consumo mantiene una trayectoria descendente que se profundizó en noviembre, con una caída interanual del 9,8% en las ventas en supermercados y del 5,1% en la comparación mensual, acumulando un retroceso del 27,9% respecto de 2023. El salario del sector privado, aun mostrando cierta recuperación frente a un 2024 que tocó piso, todavía no logra superar los niveles de 2023, situación que se agrava por el achicamiento del mercado laboral: el empleo privado en la provincia se ubica 8,9% por debajo del nivel previo a la asunción de Milei.

En este marco, los principales indicadores muestran deterioros significativos no solo en Misiones, sino en gran parte de las provincias argentinas. En línea con lo señalado anteriormente, salvo algunas pocas economías motorizadas por sectores muy específicos, el resto carece de margen suficiente para salir de un pozo generado de manera directa por los efectos de las políticas nacionales, frente a las cuales las provincias cuentan con herramientas limitadas para revertir el rumbo.

Mientras tanto, el Gobierno avanza en reformas que se presentan como “soluciones definitivas” a los problemas económicos, aunque con escasa evidencia de que efectivamente lo sean o, al menos, con la dificultad de que la solución propuesta no necesariamente es la mejor.

Uno de los argumentos más repetidos en el debate sobre la reforma laboral es el del “costo empresario” y, dentro de este, el costo de contratar. Sin dudas se trata de un problema para la creación de empleo, pero no es el único ni tampoco el central. Según la última Encuesta de Tendencia de Negocios de Supermercados y Autoservicios Mayoristas del INDEC, ante la pregunta sobre los factores que limitan la capacidad para aumentar la actividad comercial, el 56% de los empresarios señaló a la falta de demanda, mientras que solo el 29% mencionó el costo laboral. En la industria manufacturera, el 59% de los empresarios identificó a la falta de demanda como el principal obstáculo para producir, y en la construcción el 30% afirmó que el principal problema del sector es la caída de la actividad económica. Todos los caminos llevan a Roma: es la actividad la que debe recuperarse, pero no al ritmo del EMAE, sino de manera mucho (muchísimo) más homogénea.

Al volver la mirada hacia las provincias surge una pregunta clave: ¿qué capacidad real tienen para impulsar esa recuperación? Más allá de las limitaciones normativas, tampoco cuentan con margen financiero para hacerlo vía inyección de ingresos, simplemente porque no los tienen. De acuerdo con las estimaciones del Presupuesto 2026 sobre transferencias automáticas, ajustadas por la inflación esperada por el mercado y no por el 10% proyectado por el Gobierno, ya de imposible cumplimiento, los fondos a las provincias caerían 3,7%, lo que implicaría una pérdida cercana a los 3 billones de pesos en el conjunto de los subnacionales. En ese escenario, Misiones podría resignar hasta 98 mil millones de pesos.

Pero a eso debe sumarse la posibilidad de una nueva pérdida de fondos en caso de que se apruebe la reforma laboral, debido a los impactos del capítulo fiscal que tiene dicho proyecto. Por la modificación en el impuesto a las Ganancias, Misiones podría perder alrededor de $ 36,4 mil millones; por la eliminación de impuestos internos, otros $ 7,8 mil millones. En total, $ 44,2 mil millones menos. Si bien no todo se aplicaría a 2026, sino que una parte importante recaería en 2027, la proyección de ingresos para la provincia es muy preocupante.

Bienvenido sea el debate sobre la reducción de impuestos, pero con todos los actores dentro de la discusión y no de manera unilateral. La pregunta que se impone es cómo compensar estas caídas de recursos. Existen dos caminos posibles: mayores transferencias no automáticas de la Nación hacia las provincias o una fuerte recuperación de la actividad que derive en una mayor recaudación. El primero aparece prácticamente descartado; el segundo, en el contexto actual, luce extremadamente difícil.

La economía argentina parece transitar un equilibrio frágil, sostenido por indicadores financieros que muestran estabilidad, pero atravesado por una dinámica real que sigue deteriorándose y golpea de lleno sobre el empleo, los salarios y el consumo. Mientras la macro exhibe logros parciales, la micro y los territorios siguen pagando el costo del ajuste. Sin una estrategia clara que priorice la recuperación de la actividad y contemple el impacto federal de las decisiones económicas, la distancia entre las dos Argentinas no solo se mantiene, sino que amenaza con profundizarse.