Nación promete ahora liberar 300 millones para los pequeños productores yerbateros

El subsecretario de Agricultura de la Nación, Luis Urriza volvió a traer a Misiones una promesa de liberar fondos para ayudar a los pequeños productores que no cobran el precio oficial de la yerba mate. El funcionario se reunió primero con el ministro del Agro, José Luis Garay, el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Alberto Ré, además de Rubén Henrikson, director por el sector industrial y el gerente de Banca Empresa del Banco Macro, Diego Robolini.
Allí expuso que la Nación y el INYM desembolsarían 300 millones de pesos para financiar la cosecha, a través del recupero de cheques de largo plazo y tasas subsidiadas. A eso se suman otros cien millones que están disponibles en el Macro.
Las operaciones se harían a través del Banco Macro, por su mayor despliegue territorial, y el Banco Nación, que maneja las cuentas del Estado. Sin embargo, podrían sumarse otras entidades que operan en la plaza financiera misionera.
Urriza defendió el accionar del INYM, pese a las quejas de los productores y aseguró que hay que defender la “institucionalidad”. Sin embargo, admitió que son necesarias reformas en la ley para mejorar la representatividad de los directores, especialmente del sector productivo, garantizar el cumplimiento de los precios y transparentar la cadena, a través del Mercado Consignatario, una de las medidas que impulsa el Gobierno provincial. También reconoció la necesidad de fijar por ley el precio a salida de molino, aunque adelantó que esa discusión debe darse “en paralelo”.
Después, bajo la lluvia, los funcionarios se trasladaron desde el ministerio del Agro hasta la sede del INYM, a unas pocas cuadras, para seguir la discusión con los demás directores del organismo yerbatero.
Allí Urriza aseguró que se están haciendo los controles en los yerbales y planteó la necesidad de que cada sector colabore en la “integración” de la fiscalización para mejorar el sistema de control.
Por su parte, funcionarios de la Dirección General de Rentas explicaron cómo se están haciendo los controles de facturacion, pero advirtieron que con eso no se puede evitar casos de dumping o estafas a los productores, como había deslizado el diputado de Cambiemos, Alfredo Schiavoni.
En paralelo, la Administración Federal de Ingresos Públicos admitió la necesidad de transparentar el registro de proveedores y compradores dentro de un plan anual de fiscalización. Es el mismo esquema que plantea Garay a través del Mercado Consignatario.

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