El Gobierno volvió a reunirse con los gremios docentes en medio de un inicio de ciclo lectivo atravesado por paros en al menos 15 provincias, pero eligió reafirmar una postura ya conocida: para el presidente Javier Milei, los salarios son responsabilidad exclusiva de las provincias. El encuentro, informado a través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano, no dejó anuncios concretos ni propuestas superadoras, sino una reiteración de la línea oficial que busca correrse de la discusión salarial.

La reunión se realizó a través de las Secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el marco de la vigencia de una medida cautelar dictada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones. Según la cartera que conduce Sandra Petovello, en el encuentro “se reiteró que la materia salarial es de competencia de las provincias, quienes son las verdaderas empleadoras de los docentes y que es responsabilidad de éstas y de los gremios alcanzar los acuerdos necesarios”.

La definición, más jurídica que política, se dio el mismo día en que millones de alumnos no pudieron comenzar las clases. La medida de fuerza impactó en Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán. El reclamo sindical no es nuevo: convocatoria a la paritaria nacional docente, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), mayor presupuesto educativo y recomposición salarial frente a la inflación acumulada.

La respuesta oficial, sin embargo, volvió a omitir cualquier compromiso sobre esos puntos estructurales. En lugar de reactivar la paritaria federal -instrumento que históricamente fijó un piso salarial común y ordenó la negociación en todo el país-, la Nación se limitó a señalar que habrá un nuevo encuentro la próxima semana con gobiernos provinciales y gremios. Sin definiciones sobre recursos ni sobre financiamiento, la reunión aparece más como una formalidad institucional que como una instancia de resolución del conflicto.

En la provincia de Buenos Aires, donde el sistema educativo concentra más de 360.000 docentes en 18.000 establecimientos públicos y más de 5,2 millones de estudiantes, el conflicto expone la magnitud del problema. El Frente de Unidad Gremial Docente rechazó una propuesta de incremento del 3% para enero -con 1,5% retroactivo a diciembre- por considerarla insuficiente frente a la inflación. De acuerdo con el esquema ofrecido, el salario de un docente ingresante se ubicaría en $762.200; el de un maestro con jornada extendida en $961.000; y el de un docente con doble cargo en $1.524.300.

El Gobierno bonaerense convocó a una nueva reunión paritaria para el 4 de marzo y enfrenta un calendario administrativo que obliga a definir el nuevo esquema salarial antes del 13 de marzo para poder liquidar haberes. Cada punto porcentual de aumento implica miles de millones de pesos adicionales en un presupuesto donde la educación ya representa cerca del 27% del total.

Mientras tanto, el conflicto también dejó al descubierto tensiones dentro del sindicalismo docente. La Federación de Educadores Bonaerenses impulsó inicialmente la medida de fuerza, mientras que Suteba, conducido por Roberto Baradel, orientó parte de los reclamos hacia la Nación, exigiendo la convocatoria a la paritaria federal y mayor financiamiento educativo.

En términos políticos, la estrategia nacional de desentenderse del financiamiento salarial coloca el peso completo de la negociación en las provincias, en un contexto de caída de transferencias y restricciones fiscales. El resultado inmediato es un escenario fragmentado, con paros dispares y negociaciones atomizadas. El costo, en el corto plazo, lo pagan los alumnos que no empezaron las clases; en el mediano, un sistema educativo que vuelve a quedar atrapado entre la lógica del ajuste y la falta de coordinación federal.