AJUSTE FISCAL

Milei defendió en España su “moral como política de Estado”, reivindicó el ajuste y el capitalismo

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Al recibir la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo, Milei optó por dejar de lado el discurso preparado para compartir una reflexión sobre lo que definió como “la silla eléctrica”: la experiencia de ejercer la Presidencia en un contexto de fuertes restricciones institucionales, económicas y políticas. Según explicó, gobernar implica enfrentar condicionantes que muchas veces resultan invisibles para quienes analizan la gestión desde afuera, una visión que, admitió, modificó profundamente su percepción sobre el funcionamiento del poder.

El mandatario recordó que antes de ingresar a la política mantenía una posición radicalmente crítica hacia el Estado, influenciado por la lectura de los economistas de la Escuela Austríaca, especialmente Murray Rothbard. Incluso reconoció que, tras estudiar la obra Monopolio y competencia, llegó a la conclusión de que gran parte de lo que había enseñado durante décadas sobre estructuras de mercado era erróneo.

Ese cambio intelectual lo llevó a adoptar el anarcocapitalismo como filosofía política y económica. Sin embargo, sostuvo que la experiencia de gobernar le permitió comprender que la toma de decisiones está condicionada por restricciones que no siempre son visibles para quienes permanecen “en la tribuna”. En ese sentido recordó conversaciones con el economista Juan Carlos de Pablo, a quien años atrás criticaba por mostrarse demasiado comprensivo con ministros y funcionarios, hasta que comprobó personalmente la complejidad de administrar el Estado.

La moral como criterio para gobernar

El eje conceptual de la exposición fue la explicación de lo que definió como una arquitectura de decisiones sustentada en tres dimensiones: los valores éticos y morales, la eficiencia económica y el utilitarismo político.

Para Milei, el primer nivel tiene prioridad absoluta. Sostuvo que existen principios que no admiten relativismo moral y que deben orientar toda política pública. Entre ellos mencionó el respeto por la vida, la libertad y la propiedad privada, valores que vinculó tanto con la filosofía griega como con el derecho natural, el pensamiento estoico, Adam Smith y la tradición judeocristiana.

Durante buena parte de su intervención recurrió a ejemplos históricos y filosóficos —como el mito de Filoctetes, las enseñanzas del rey Salomón o los Diez Mandamientos— para argumentar que “no todo vale para ganar”. Según afirmó, una decisión políticamente exitosa pero moralmente incorrecta termina siendo insostenible y conduce inevitablemente al fracaso.

En esa línea insistió en que las leyes positivas sólo son legítimas cuando respetan el derecho natural. Desde esa perspectiva, consideró que cualquier acción estatal que vulnere la vida, la libertad o la propiedad constituye una agresión ilegítima, aun cuando cuente con respaldo legal.

Críticas a la teoría económica tradicional

La segunda parte del discurso estuvo dedicada a desarrollar su visión económica. Milei cuestionó varios postulados centrales de la economía neoclásica, particularmente la utilización del óptimo de Pareto y la teoría de los fallos de mercado como fundamento para justificar regulaciones estatales.

Según sostuvo, muchas de esas construcciones matemáticas parten de modelos que no reflejan adecuadamente la realidad. En consecuencia, afirmó que los economistas suelen concluir que “la realidad está equivocada” cuando ésta no coincide con las hipótesis teóricas.

En contraposición reivindicó el enfoque de la Escuela Austríaca, especialmente los aportes de Hans-Hermann Hoppe y Jesús Huerta de Soto, al considerar que permiten demostrar la eficiencia del mercado sin recurrir a estructuras matemáticas que, a su juicio, terminan justificando intervenciones estatales contraproducentes.

También defendió los mercados concentrados y los rendimientos crecientes como condiciones necesarias para el proceso de innovación y crecimiento económico, argumentando que una regulación excesiva termina destruyendo los incentivos para invertir.

Uno de los momentos más ideológicos del discurso fue la asociación que estableció entre el capitalismo y los valores judeocristianos.

Milei afirmó que el capitalismo de libre empresa constituye “la maquinaria divina del progreso” porque encuentra sus fundamentos en los principios contenidos en las Tablas de la Ley entregadas a Moisés. En esa interpretación, sostuvo que la libertad individual, el derecho a la propiedad y la prohibición del robo forman parte del mismo entramado moral que permitió el desarrollo de Occidente.

Como contrapartida, calificó al marxismo como una doctrina “satánica”, a la que responsabilizó tanto por el empobrecimiento económico como por la muerte de más de 150 millones de personas durante el siglo XX. En ese contexto vinculó a la izquierda contemporánea con movimientos terroristas, argumentando que ambos comparten su rechazo al capitalismo y a Israel, al que definió como “el bastión de Occidente”.

El ajuste fiscal como decisión moral

La parte final del mensaje estuvo dedicada a justificar las principales medidas económicas adoptadas por su administración.

Milei sostuvo que el déficit fiscal representa una conducta inmoral porque, si se financia con emisión monetaria, constituye una forma de estafa mediante el impuesto inflacionario, mientras que si se cubre con endeudamiento traslada el costo a generaciones futuras.

Desde esa premisa explicó que descartó desde el inicio tres alternativas: aumentar impuestos, emitir dinero o recurrir a confiscaciones patrimoniales para estabilizar la economía. Según afirmó, esas herramientas vulneran el derecho de propiedad y contradicen el marco moral que guía su gestión.

En consecuencia, defendió el ajuste del gasto público implementado durante el primer año de gobierno, que describió como una reducción equivalente a cinco puntos del PBI, acompañada por una disminución cercana al 30% del gasto real y la eliminación de miles de regulaciones.

El Presidente aseguró que esas decisiones evitaron una hiperinflación que, según sus cálculos, podía alcanzar el 15.000% anual y permitieron iniciar una etapa de recuperación económica.

Como respaldo de esa estrategia, enumeró indicadores que, según sostuvo, muestran una mejora significativa: crecimiento del nivel de actividad, reducción de la inflación, caída de la pobreza y descenso de la indigencia. También afirmó que la deuda pública disminuyó y destacó que el proceso de estabilización se realizó “sin violar derechos de propiedad”.

Al cerrar su exposición, Milei reiteró que la prosperidad económica sólo puede sostenerse cuando las decisiones públicas respetan principios morales inalterables. En esa lógica, afirmó que la combinación entre valores judeocristianos, capitalismo de libre empresa y disciplina fiscal constituye el camino para “hacer grande nuevamente a la Argentina”, antes de concluir su intervención con su habitual consigna: “¡Viva la libertad, carajo!”.

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Nación cancela $813 mil millones con CABA

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La Casa Rosada formalizó una operación financiera por $813.442 millones para cancelar parte de la deuda que mantiene con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el conflicto judicial de la coparticipación. La cancelación no será en efectivo, sino mediante la entrega de bonos y letras del Tesoro con vencimientos entre 2026 y 2027. La decisión, publicada por el Ministerio de Economía, tiene una lectura que excede la ingeniería financiera: mientras Nación busca evitar una mayor salida de caja en pesos, las provincias observan cómo el Gobierno prioriza resolver litigios con distritos de peso político y financiero en un contexto de extrema restricción presupuestaria.

Para Misiones, la señal tiene un doble impacto. Por un lado, confirma que la administración nacional continuará utilizando instrumentos de deuda para administrar obligaciones judiciales y fiscales. Por otro, reabre la discusión sobre la distribución de recursos federales y la capacidad de negociación de las provincias periféricas frente al poder central.

La Resolución Conjunta 29/2026 de Finanzas y Hacienda establece que el pago se realizará mediante una combinación de BONCAP y LECAP capitalizables. El esquema evita un desembolso inmediato de liquidez y traslada vencimientos hacia adelante, una estrategia consistente con la política financiera que impulsa el equipo económico de Luis Caputo: preservar reservas, sostener el superávit financiero y evitar emisión monetaria directa.

El punto central es político. La deuda con CABA surge de la cautelar de la Corte Suprema por la quita de fondos coparticipables aplicada durante la gestión de Alberto Fernández. El Gobierno nacional decidió ahora cerrar parte de esa discusión mediante títulos públicos, en un movimiento que busca reducir incertidumbre judicial y enviar una señal de cumplimiento al mercado.

Para las provincias del NEA, donde la dependencia de transferencias nacionales es estructuralmente más alta, el dato no pasa inadvertido. Misiones mantiene históricamente un reclamo por inequidades en la distribución de recursos federales y por el costo económico de las asimetrías fronterizas con Brasil y Paraguay. Mientras CABA logra monetizar judicialmente su reclamo, las provincias fronterizas continúan negociando compensaciones fiscales vinculadas al comercio, el combustible y la competitividad regional.

La diferencia no es menor. En el AMBA, la discusión gira alrededor del reparto de impuestos nacionales. En Misiones, el problema incorpora además la pérdida de consumo hacia Encarnación o Foz do Iguaçu cuando el tipo de cambio genera distorsiones de precios. Esa fuga impacta directamente sobre comercio, empleo y recaudación provincial.

El uso de bonos para cancelar deuda también tiene implicancias sobre la economía real. La decisión evita presión inmediata sobre el gasto corriente, pero incrementa compromisos financieros futuros. Para sectores productivos del NEA, eso implica que la posibilidad de una expansión fiscal nacional orientada a infraestructura o programas de estímulo seguirá limitada.

La cadena forestal, la yerba mate y el comercio fronterizo dependen en gran medida de costos logísticos, rutas, energía y consumo interno. Si el Tesoro concentra recursos en estabilización financiera y administración de deuda, el margen para políticas activas sectoriales continúa siendo reducido.

Además, el instrumento elegido muestra otro dato relevante para el sector privado: Economía continúa profundizando el mercado de títulos en pesos como mecanismo central de financiamiento. La señal busca fortalecer la curva en moneda local y sostener la estrategia de desinflación sin recurrir al financiamiento monetario del Banco Central.

Los bonos utilizados para cancelar la deuda con CABA tienen vencimientos relativamente cortos:

  • 20% del pago se hará con un BONCAP al 30 de junio de 2026.
  • Otro 40% se distribuye entre LECAP con vencimiento en agosto y octubre de 2026.
  • El 40% restante irá a un BONCAP con vencimiento en abril de 2027.

El mensaje implícito es que el Gobierno apuesta a mantener condiciones financieras relativamente estables durante los próximos dieciocho meses para refinanciar esos compromisos sin tensiones mayores.

Para Misiones, el movimiento vuelve a instalar un interrogante de fondo: cómo se reposicionan las provincias exportadoras y fronterizas dentro del nuevo esquema fiscal argentino. La administración Milei sostiene un enfoque de fuerte centralización financiera y disciplina del gasto. Eso obliga a las provincias a fortalecer recursos propios y competitividad regional en un contexto donde la asistencia nacional aparece cada vez más condicionada.

El escenario a seguir de cerca es doble. Primero, cómo reaccionará el resto de las provincias frente al acuerdo financiero con CABA y si reaparecen reclamos por fondos compensatorios. Segundo, qué margen real tendrá Nación para sostener el equilibrio fiscal sin afectar obra pública, infraestructura logística y programas vinculados a economías regionales. En una provincia como Misiones, donde el costo del transporte y la competencia fronteriza condicionan toda la actividad económica, esa discusión impacta directamente sobre producción, empleo y consumo.

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Caputo redujo la deuda flotante en $1 billón y volvió a mínimos históricos

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l Gobierno nacional logró en abril una señal fiscal que el mercado venía observando con atención: redujo en más de $1 billón la deuda flotante —los pagos devengados pero todavía no cancelados— y devolvió ese indicador a uno de los niveles más bajos de la serie histórica en relación al Producto Bruto Interno (PBI).

El dato aparece en un momento clave para el equipo económico de Luis Caputo. Tras el salto registrado en marzo, que había despertado sospechas sobre un eventual “pisado” de pagos a proveedores y organismos públicos, abril mostró una fuerte corrección y reforzó la narrativa oficial sobre la sostenibilidad del superávit fiscal.

Sin embargo, detrás de la mejora contable aparece una discusión más profunda: cuánto margen real tiene el Gobierno para sostener el ajuste sin entrar en conflicto con leyes aprobadas por el Congreso, reclamos sociales y necesidades de financiamiento de las provincias.

Qué es la deuda flotante y por qué el mercado la sigue de cerca

La deuda flotante representa gastos ya comprometidos por el Estado pero todavía no pagados. Funciona como un termómetro sensible para detectar si un Gobierno está utilizando atrasos administrativos para mostrar un resultado fiscal artificialmente mejor.

En marzo, la cifra había escalado a más de $4 billones, generando ruido entre analistas. Pero en abril el stock cayó a $2,79 billones, una reducción superior a $1 billón en apenas un mes.

Medido contra el PBI, el indicador volvió a niveles cercanos al 0,3%, muy por debajo del promedio histórico argentino, que ronda el 1%.

Para el mercado, el dato tiene una lectura central:
el Gobierno estaría sosteniendo el superávit sin recurrir masivamente al diferimiento de pagos.

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, resumió esa percepción al señalar que el nivel de deuda flotante “es mucho más bajo que el histórico” y que no se observa una situación donde el Ejecutivo esté ocultando problemas financieros mediante pagos postergados.

El corazón del ajuste: transferencias, obra pública y gasto operativo

El recorte se concentró principalmente en: transferencias, gastos figurativos, bienes y servicios, y erogaciones operativas del Estado. Solo en transferencias, la baja superó los $700.000 millones respecto de marzo.

Ahí aparece uno de los puntos más sensibles para las provincias y particularmente para el NEA Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa dependen en gran medida de: transferencias nacionales; programas específicos; financiamiento de infraestructura; y fondos discrecionales.

Cada ajuste en esas partidas impacta directamente sobre: obra pública, municipios, proveedores y actividad económica regional.

Por eso, aunque el mercado celebra la consolidación fiscal, en las provincias aparece otra lectura: el superávit nacional se construye parcialmente sobre una fuerte compresión del gasto territorial.

La baja de la deuda flotante refuerza además la estrategia económica central del Gobierno: mostrar que el equilibrio fiscal no es transitorio sino estructural. Ese punto es clave para sostener: la desaceleración inflacionaria; la baja del riesgo país; y la recuperación de activos financieros.

El problema es que la etapa más “fácil” del ajuste parece agotarse. El propio Fondo Monetario Internacional comenzó a advertir sobre presiones fiscales crecientes derivadas de leyes aprobadas por el Congreso y compromisos políticos pendientes.

El FMI pone el foco en las leyes que el Gobierno no quiere ejecutar

En el último Staff Report, el FMI identificó tres focos de presión potencial sobre la meta de superávit primario de 1,4% del PBI: Ley de Emergencia en Discapacidad; Financiamiento Universitario; y la Reforma laboral.

Según el organismo: discapacidad agregaría un costo de 0,15% del PBI; universidades otro 0,20%; y la reforma laboral 0,15%. La señal del Fondo es políticamente relevante porque expone un dilema creciente del oficialismo: cómo sostener el ancla fiscal sin profundizar tensión social e institucional.

El Gobierno ya comenzó a tomar decisiones defensivas. Una de ellas fue postergar la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), previsto originalmente para junio.

Para el interior argentino, la discusión fiscal tiene efectos mucho más concretos que en la City porteña. En provincias como Misiones, el ajuste repercute sobre: universidades nacionales; programas sanitarios; obras de infraestructura; subsidios al transporte; y financiamiento productivo.

La provincia logró amortiguar parte del impacto gracias a una estructura fiscal relativamente ordenada y mayor autonomía tributaria respecto de otros distritos del NEA. Pero aun así, la retracción del gasto nacional empieza a sentirse sobre sectores económicos sensibles.

Hay un dato político adicional: la estrategia fiscal de la Nación obliga a gobernadores e intendentes a absorber costos sociales crecientes con menos asistencia federal.

Eso explica por qué muchos mandatarios provinciales comenzaron a endurecer posiciones frente al Gobierno aun cuando acompañan parcialmente el ordenamiento macroeconómico.

Superávit versus actividad: el equilibrio delicado

El programa económico de Javier Milei logró algo que pocos gobiernos argentinos pudieron sostener:
superávit financiero consistente durante varios meses.

Pero ahora empieza otra discusión: si el ajuste puede convivir con recuperación económica sostenida. El mercado hoy premia equilibrio fiscal; acumulación de reservas; y baja del riesgo país. Sin embargo, la economía real todavía exhibe fragilidades como el consumo débil; la inversión selectiva; la caída de ingresos públicos provinciales; y tensión en economías regionales.

En Misiones, por ejemplo, sectores como yerba, forestoindustria y comercio fronterizo siguen operando con márgenes estrechos pese a la estabilización financiera nacional.

El recorte de la deuda flotante demuestra que el Gobierno mantiene capacidad de control financiero sobre las cuentas públicas. Pero también marca el inicio de una etapa más compleja.

Hasta ahora, el ajuste avanzó principalmente sobre obra pública; transferencias; subsidios; y gasto operativo. La próxima fase podría requerir decisiones políticamente mucho más costosas reformas estructurales, redefinición de programas sociales y mayor tensión con provincias y universidades.

El interrogante que empieza a recorrer tanto al mercado como a los gobernadores es si el Gobierno podrá sostener simultáneamente superávit fiscal; desaceleración inflacionaria; recuperación económica; y gobernabilidad política. Porque mientras los números fiscales muestran orden, el verdadero desafío pasa a ser otro: cuánto tiempo puede sostenerse el equilibrio macroeconómico sin que aparezcan nuevas fracturas en la economía real y en el entramado federal argentino.

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Transporte sin subsidio: el Gobierno elimina compensaciones por pasajes gratuitos y traslada el costo a las empresas

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La Secretaría de Transporte derogó el régimen que compensaba a las empresas de ómnibus de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer. La decisión redefine la ecuación económica del transporte interjurisdiccional en un contexto de desregulación tarifaria y podría tener efectos concretos en provincias periféricas como Misiones, donde las distancias largas, la baja densidad de rutas y las asimetrías fronterizas elevan los costos operativos del sistema.

La Resolución 28/2026 elimina las compensaciones que el Estado nacional pagaba desde 2018 a las compañías por los boletos emitidos bajo las leyes 22.431, 26.928 y 27.674. El argumento oficial es que, tras la liberalización del sector impulsada por el Decreto 883/2024, las empresas ya tienen libertad para fijar precios y absorber esos costos dentro de su estructura tarifaria.

La gratuidad para los beneficiarios seguirá vigente. Lo que desaparece es el reintegro estatal a las transportistas.

Del subsidio al “costo internalizado”

La resolución marca un cambio estructural en la política de transporte nacional. Hasta ahora, el Estado reconocía que el sistema de tarifa regulada impedía a las empresas trasladar ciertos costos a precios. Con la apertura del mercado y la libertad tarifaria, la administración nacional considera que ese argumento dejó de existir.

Traducido al negocio del transporte: las compañías podrán ajustar tarifas, frecuencias y recorridos para compensar el costo de los pasajes gratuitos.

Para Misiones, la medida tiene un impacto diferencial. No es lo mismo operar un corredor rentable como Buenos Aires–Rosario que sostener trayectos extensos hacia Posadas, Iguazú, Bernardo de Irigoyen o San Vicente, donde el costo por kilómetro es más alto y la demanda es más estacional.

En el NEA, además, el transporte de larga distancia cumple una función sanitaria y social mucho más relevante que en el AMBA. Miles de pacientes viajan regularmente hacia centros médicos de alta complejidad en Corrientes, Chaco o Buenos Aires.

El Gobierno sostiene que el nuevo esquema “no afecta el derecho a la gratuidad”. Jurídicamente es correcto: las empresas siguen obligadas a emitir pasajes gratuitos. El problema económico aparece en otro lado: quién absorbe el costo.

Hasta ahora, parte de ese gasto era cubierto por el Estado nacional mediante compensaciones financiadas por fondos fiduciarios y partidas presupuestarias. Desde ahora, el costo quedará íntegramente dentro de la estructura privada del negocio.

Impactos posibles en el mercado: Mayor presión sobre tarifas comerciales para pasajeros comunes. Reducción de frecuencias en rutas de menor rentabilidad. Concentración empresarial en corredores más rentables. Mayor selectividad operativa en destinos periféricos. Revisión de servicios nocturnos o semivacíos en el interior.

Para Misiones, donde la conectividad terrestre sigue siendo crítica pese al crecimiento aéreo, el tema excede al sector transporte: afecta turismo, comercio y acceso sanitario.

Qué impacto tiene en las empresas de transporte

Si bien la gratuidad de los pasajes seguirá vigente, serán las empresas las que deberán lidiar ahora con los costos de los pasajes gratuitos. En ese sentido, los datos más recientes referidos a dichos programas fueron elaborados por la Cámara Empresaria de Larga Distancia, donde se estimó una emisión anual de 100.000 tickets de viajes gratuitos anuales.

Según datos del 2023, el costo de los pasajes gratuitos por discapacidad ascendía a los 10.000 millones de pesos. Dicha cifra, actualizada a niveles inflacionarios actuales deriva en costos de en torno a los 40.000 millones de pesos que recaerá sobre las arcas de las empresas, que posiblemente trasladen la nueva presión financiera al resto de sus pasajes para no quedar desbalanceadas.

De cualquier manera, el sector del transporte de larga distancia ya acusa el estrés financiero que deriva de la nueva lógica de mercado, con tarifas desreguladas. Al igual que otros sectores de la economía, las empresas han advertido que la posibilidad de trasladar costos a los consumidores es cada vez menor en especial ante la competencia creciente de la oferta de vuelos de cabotaje bajo la lógica “low cost”, que el año pasado superó por primera vez la emisión de pasajes por vía terrestre.

Durante 2025, la emisión de pasajes para micros de larga distancia alcanzó los 22,7 millones de pasajeros. Mientras tanto, las aerolíneas emitieron pasajes por 26,4 millones de pasajeros, consolidando un crecimiento récord.

El punto crítico: la CNRT deberá controlar el cumplimiento

Uno de los focos más delicados será el control efectivo de la gratuidad. La resolución encomienda a la CNRT mantener los mecanismos para garantizar la entrega de pasajes gratuitos. Sin embargo, operadores del sector reconocen desde hace años tensiones recurrentes entre empresas y beneficiarios por cupos, disponibilidad y anticipación de reservas.

Sin compensación estatal, el incentivo económico para restringir o dificultar el acceso podría incrementarse. Ahí aparece un dato relevante para el interior: en provincias alejadas, donde hay menos oferta de empresas y menor competencia real, el usuario tiene menos capacidad de elección y menor poder de reclamo.

Aunque la medida no implica un recorte directo sobre beneficiarios, sí representa un retiro parcial del Estado de un esquema de financiamiento social del transporte. El ahorro fiscal nacional es claro. La incógnita es cómo se redistribuirá ese costo dentro del sistema.

En regiones centrales, el mercado puede absorber parte del impacto vía volumen y competencia. En provincias periféricas como Misiones, donde la conectividad tiene costos estructuralmente más altos, la transición puede sentirse con más intensidad en tarifas, frecuencias y calidad del servicio.

Lo que habrá que seguir de cerca es si el nuevo modelo realmente genera eficiencia o si termina profundizando desigualdades territoriales entre el centro del país y las economías alejadas de los grandes corredores comerciales.

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Milei ratificó el “apretón monetario” y aseguró que el Gobierno ya eliminó el 95% del cepo

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El presidente Javier Milei volvió a cerrar filas sobre el núcleo de su programa económico y aseguró que el Gobierno continuará endureciendo la política monetaria para “derrotar la inflación”. Lo hizo durante un evento organizado por VALO en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), donde además sostuvo que la Argentina ya eliminó “prácticamente el 95% del cepo” y reivindicó el ajuste fiscal como base de la estabilización económica.

La exposición del mandatario funcionó como una señal política y financiera. En medio de discusiones sobre el ritmo de recuperación económica, la dinámica del dólar y la sustentabilidad del esquema cambiario, Milei buscó transmitir previsibilidad hacia los mercados y reafirmar que no habrá modificaciones de rumbo.

“Tenemos una política de apretón monetario y estamos convencidos de seguir en ese camino hasta derrotar la inflación. No vamos a ceder ni un ápice”, sostuvo el jefe de Estado.

El Gobierno endurece el mensaje monetario

Durante su intervención, Milei insistió en que la administración nacional mantiene como prioridad absoluta la desaceleración de los precios, aun cuando reconoció que todavía persisten “rezagos” derivados de la expansión monetaria previa y de los controles cambiarios.

Según explicó, el Ejecutivo logró frenar los mecanismos de emisión monetaria hacia mediados de 2024, aunque advirtió que aún permanecen efectos residuales en la economía. En paralelo, defendió la política de esterilización monetaria aplicada por el Banco Central para evitar que la acumulación de divisas presione sobre la inflación.

En ese marco, el Presidente afirmó que, de no haber comprado “8.500 millones de dólares”, el tipo de cambio oficial se ubicaría en torno a los $1.100.

La definición no es menor: el Gobierno vuelve a colocar la política monetaria en el centro de la estrategia económica y refuerza la idea de que la estabilidad cambiaria y la desaceleración inflacionaria seguirán prevaleciendo sobre cualquier intento de expansión de liquidez o estímulo vía gasto público.

Uno de los puntos más sensibles del discurso estuvo vinculado al esquema cambiario. Milei aseguró que el país avanza hacia “un esquema de mayor libertad cambiaria”, aunque admitió que aún persisten restricciones parciales.

La declaración se complementa con las recientes definiciones del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien había señalado que eliminar totalmente las restricciones para empresas no aparece entre las prioridades inmediatas de la autoridad monetaria.

El Gobierno, de acuerdo con las exposiciones oficiales, busca preservar el equilibrio externo mientras sostiene el proceso de desinflación. Esa estrategia explica por qué la administración libertaria mantiene foco en la acumulación de reservas y en la estabilidad financiera antes que en una liberalización total del mercado cambiario.

Milei también remarcó que el mercado paralelo “es completamente legal” y defendió el actual esquema de regulación cruzada para operar en distintos segmentos financieros.

Superávit fiscal y disputa política

El Presidente volvió a vincular el equilibrio fiscal con la baja del riesgo país, la reducción de tasas de interés y la posibilidad de atraer inversiones. Según planteó, la política de “déficit cero” permite consolidar solvencia macroeconómica y mejorar las condiciones de financiamiento.

En esa línea, reivindicó el trabajo del ministro de Economía, Luis Caputo, y del titular del Banco Central, Santiago Bausili, al asegurar que el Gobierno logró ordenar las cuentas públicas “en el primer mes”.

La lectura política del discurso también dejó un mensaje hacia la oposición. Milei responsabilizó a sectores políticos por episodios recientes de volatilidad financiera y afirmó que existieron intentos de “romper el equilibrio fiscal” mediante proyectos legislativos.

Pese a ello, sostuvo que la economía “resistió” shocks internos y externos y aseguró que los indicadores de marzo y abril comenzaron a mostrar señales de recuperación.

En su exposición, Milei sostuvo que la inflación podría haber escalado a niveles extremadamente altos si no se aplicaba el ajuste fiscal y monetario implementado desde el inicio de la gestión.

Además, afirmó que la reducción de la inflación tuvo impacto sobre los indicadores sociales y aseguró que la pobreza descendió respecto de los máximos registrados en 2024.

El Presidente también defendió la reforma laboral sancionada este año y vinculó el crecimiento futuro con la expansión del sector privado y la inversión empresarial.

“Sin empresarios no hay nada”, afirmó.

Un programa que entra en fase de validación política

El discurso de Milei dejó una definición central: el Gobierno considera que el programa económico ya superó su etapa defensiva y busca consolidar una fase de estabilización prolongada.

La tensión ahora pasa por otra dimensión: si el esquema de ajuste monetario y fiscal logra sostener actividad económica, empleo y recuperación del consumo sin perder respaldo político.

Con inflación todavía elevada, restricciones cambiarias parciales y señales mixtas en el mercado laboral, la evolución de los próximos indicadores económicos será determinante para medir si la estrategia oficial logra traducir estabilización financiera en crecimiento sostenido.

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