Ordenan detener la tala de bosques nativos en territorio mbya guaraní en Campo Grande

El gobernador Oscar Herrera Ahuad ordenó a la empresa forestal Carba S. A. el cese de la extracción de bosques nativos en el Lote 7-B en Campo Grande, Valle del Cuña Pirú, mediante un decreto, y ordenó la realización de la Consulta Libre Previa e Informada (CLPI) a las comunidades del pueblo indígena Mbya Guaraní.

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El gobernador Oscar Herrera Ahuad ordenó a la empresa forestal Carba S. A. el cese de la extracción de bosques nativos en el Lote 7-B en Campo Grande, Valle del Cuña Pirú, mediante un decreto, y ordenó la realización de la Consulta Libre Previa e Informada (CLPI) a las comunidades del pueblo indígena Mbya Guaraní.

El decreto 710/22 suspende la autorización del “Plan de Manejo Sostenible”, aprobado en diciembre de 2019 por la Resolución N°419/19 y revoca la Resolución N°515/20 del Ministerio de Ecología provincial que permitió la incursión al monte nativo, apeo y corte de árboles nativos que las comunidades mbya guaraní venían resistiendo.

Roxana Rivas, abogada del Endepa y del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen, señaló a Originarios.ar que el decreto del gobernador de Misiones “es una respuesta a los recursos administrativos que fueron presentados por parte de las comunidades indígenas del valle del Cuña Pirú contra el ´plan de manejo sustentable´ que presentó la empresa forestal”.

La abogada indicó que con las comunidades Yvy Chi, Ka a Kupé, Ko e Ju Miri, Tajy Poty y Koe Ju realizaron presentaciones judiciales a partir del año 2017 a raíz de la autorización provincial a Carba S. A. para la explotación de bosques nativos.

En diciembre de 2019, la letrada efectuó la presentación de un recurso de reconsideración para que el ministerio reviera la medida, en el medio se desató la pandemia situación que extendió los plazos pero no evito que la empresa realice el desmonte.

Las comunidades, a través de Rivas, realizaron la presentación de un amparo judicial en mayo de 2020 pidiendo la medida de no innovar para que se detenga el desmonte, en septiembre del mismo año la cámara de apelación ordenó una medida de no innovar que duró solo dos días al ser rechazada por el Poder Judicial de misiones a favor de la empresa forestal.

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Rivas agregó que “lo que se pedía a través de las presentaciones judiciales era que pararan el desmonte hasta que se discutiera el recurso presentado por las comunidades que apuntaba a la nulidad de la autorización porque no se había respetado la CLPI a las comunidades, quienes además denunciaron practicas arbitrarias como el “acarreo” de los caciques a los que convocaban de un día para el otro con citaciones irregulares y a través de edictos que ni siquiera estaban en idioma guaraní y a los que no tenían acceso.

“Las comunidades mbya guarani durante los años 2020, 2021 y 2022 resistieron con sus cuerpos adentro del monte la destrucción del bosque nativo, que fue lo que en definitiva detuvo el desmonte en los hechos”, destacó a abogada.

Para Rivas “el decreto refuerza lo que denunciaron las comunidades y sienta un precedente para futuras acciones luego de resistir el hostigamiento, difamaciones, denuncias y maniobras que no lo hacia la empresa sino que lo hacia el mismo Ministerio de Ecología, defensor a ultranza de la empresa”, lamentó la abogada especialista en Derechos Indígenas.

Durante el presente año, las comunidades que están en el territorio en disputa con la empresa y particulares realizaron una demanda judicial al estado provincial y nacional para que otorguen los títulos de propiedad comunitaria.

“El solo relevamiento de la ley 26160 y la carpeta técnica no les estaba alcanzando porque las empresas y los privados no lo respetan”, afirmó la letrada.

Por ultimo destaco que “se abre un proceso de consulta donde hay que prepararse hay que estar firme para que las comunidades sostenga el no avance de las forestales sobre el monte”.

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El decreto firmado por el gobernador, en sus considerandos, menciona que se deberá proceder nuevamente en la Consulta Previa, Libre e Informada, por demás obligatoria, sobre todos los actos que afecten a los recursos naturales y territorios ancestrales de los Pueblos Indígenas del país.

Además, hace mención de los marcos legales que amparan a los pueblos indígenas como la Constitución Nacional, la Ley 26.160 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Fuente Originarios.com

Fotos: EMiPA

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