El gobernador Hugo Passalacqua se reunió con todo el equipo de seguridad, encabezado por el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, además de diputados y funcionarios de la Justicia, para analizar la situación generada por el intento de desestabilización que logró frenarse con la detención de ocho policías que estaban preparando una nueva revuelta como la que fue sofocada en mayo.

Tras la reunión, Pérez señaló que “Misiones es una provincia de diálogo y paz social”, que respeta los “códigos de convivencia democráticos”.

“El uniforme nunca es ni puede ser, un escudo para delinquir. Hoy queda demostrado, una vez más, que a aquellos que asílo intentan, les cae el peso de la ley. Porque el uniforme constituye un compromiso con nuestra sociedad, es un símbolo de entrega y de servicio. Quien no lo comprenda; entonces no tiene lugar en nuestras fuerzas”, aseguró el ministro.

El ministro señaló que el Gobernador convocó a representantes de los tres poderes en defensa de “estas prácticas y estos valores, que nos representan a los misioneros y a las misioneras”.

“En Misiones no se toleran actos de indisciplina ni sedición por parte de aquellos que, habiendo jurado subordinación y valor, ahora pretenden conspirar contra el sistema que les ha confiado la seguridad de nuestro pueblo”, advirtió Pérez.

El titular de la cartera de Gobierno destacó el “eficaz e inmediato” accionar de la Justicia penal, encabezada en este caso por el titular del juzgado penal Fernando Verón, quien logró identificar y detener a los cabecillas de este intento de sedición, quienes, en caso de ser responsables de estos actos delictivos, enfrentarán judicialmente las consecuencias que la ley impone.

“El accionar de la Justicia fue inmediato, el peritaje del teléfono celular del suboficial detenido daba cuenta que se gestaba un nuevo intento de desestabilización, que por fortuna para toda la sociedad misionera, no pudo ser. Aquellos que hoy se erigen como sediciosos deben entender que la ley es clara y no se negocia”, explicó.

“Quiero ser claro y contundente en este punto: las medidas de acción de fuerza o huelga directa son absolutamente incompatibles con el régimen jerárquico y disciplinario que caracteriza a toda fuerza de seguridad. Si no están de acuerdo con esta normativa, tienen las puertas abiertas para abandonar la institución, pero no se van a quedar para intentar torcer las leyes a su favor. Nuestra responsabilidad como Gobierno es garantizar la seguridad de todos los misioneros y proteger nuestras instituciones. La seguridad es un servicio público esencial y como tal, no se puede dejar de prestarse”, puntualizó Pérez en declaraciones a la prensa.

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