Piden a legisladores nacionales de Misiones que insistan con prorrogar la Ley 26160
El Senado de la Nación el 13 del corriente mes tuvo la oportunidad de acompañar las justas demandas de los pueblos originarios, y sus legítimos derechos respecto a la necesidad de prorrogar la Ley 26.160 sobre Emergencia Territorial Indígena, que no sólo ordena efectuar los relevamientos de los territorios indígenas en Argentina (que apenas llegó al 40% del total), además también los desalojos hasta que no finalicen dichos relevamientos.
Además, se apela a la posibilidad de contribuir a descomprimir a través de esta prórroga, el difícil clima de confrontación y violencia que se vive en el país impulsado por el gobierno nacional, desde la desaparición forzada de Santiago Maldonado durante un corte de ruta llevado adelante por mapuches del Pu Lof Cushamen, en Chubut, el pasado 1 de agosto, y que fuera reprimido por la Gendarmería Nacional.
“Pero los legisladores no estuvieron a la altura de las circunstancias y si bien se votó Preferencia para su tratamiento en la próxima sesión prevista para el 27 de septiembre, la semana pasada fracasó la confirmación de la prórroga de esta Ley que pierde vigencia el 23 de noviembre próximo. Si bien algunos senadores solicitaron el tratamiento de la prórroga sobre tablas, la votación resultó con 33 votos negativos, 11 positivos y 10 abstenciones”, explicó el diputado Martín Sereno, secretario general del Movimiento Evita Misiones.
Están en juego el futuro de más de 8 millones de hectáreas distribuidas por todo el país, los intereses de gobernadores y de privados, el derecho de los indígenas a reclamar sus tierras y la función que debe cumplir el Estado. Además, saca a la luz la falta de registro formal de las comunidades y el valor, en términos de recursos naturales de éstos territorios.
Recordó que en todo el territorio nacional las comunidades indígenas originarias vienen siendo sistemáticamente violentadas, perseguidas y criminalizadas por el Estado nacional y los Estados municipal y provinciales, hecho que se traduce en represiones, desalojos, detenciones y asesinatos de líderes de la comunidad, por reclamar por el legítimo derecho a sus tierras ancestrales”, explicó.
En Misiones hay más de 100 comunidades
Además, respecto al caso Misiones, el legislador misionero expuso las realidades a las que son sometidas muchas comunidades. “Desde la promulgación de la norma en 2009, sólo el 60% de las aldeas fueron relevadas y hubo presiones e irregularidades para que las comunidades firmen relevamientos inexactos, por ello la mayoría de las comunidades están aún en terrenos privados, sin título de propiedad, emergidos a un constante hostigamiento a ser desalojados, además de algunas comunidades que ya sufrieron intento de desalojos violentos donde perdieron recursos naturales vitales para su cultura ancestral, como es el caso de las comunidades Kokureì y Chapaì, que aún siguen con hostigamientos y amedrentamiento por parte del municipio de San Ignacio”, detalló.
Sobre la posición de los legisladores de la tierra colorada en el tratamiento de este tema, manifestó que “nos hace daño que dos senadores por Misiones se hayan negado a acompañar este tema a favor de los pueblos originarios, y nos llama la atención que estos senadores, sabiendo que en Misiones hay más de 100 comunidades mbya guaraní, hayan votado en contra de la prórroga”, finalizó.