La Legislatura provincial comenzará a analizar el presupuesto que el gobernador Hugo Passalacqua diseñó para 2026. El mensaje oficial llega en un contexto nacional complejo y se convierte en un verdadero manifiesto de la estrategia de Misiones frente a la retracción del financiamiento de la Nación. La provincia presenta un plan que prioriza la inversión social, con un perfil de deuda mínima y con un fuerte señalamiento político sobre la ausencia del Estado nacional en obras, programas y transferencias.

El monto global previsto asciende a 4,09 billones de pesos, que constituyen la base de la planificación de gastos e inversiones para el próximo año. El dato sobresaliente es que el 69,17% de ese total se destinará a inversión social -equivalente a 2,83 billones de pesos– en tres grandes áreas: educación y cultura, salud y bienestar social, con participaciones del 24,95%, 24,68% y 19,55% respectivamente. La orientación social no es casual: responde a la tradición de la Renovación de volcar la mayor parte de los recursos provinciales hacia servicios universales y políticas de inclusión.

Este sesgo social se acompaña de una particularidad financiera: la exposición a deuda pública es mínima. Los servicios de deuda -amortizaciones e intereses- representan apenas el 0,34% de los ingresos corrientes netos, lo que le otorga a la provincia una holgura inusual en el escenario nacional y la posibilidad de reasignar recursos hacia áreas sociales y productivas sin comprometer solvencia. En la misma línea, el presupuesto consolidado se presenta con resultado financiero equilibrado.

Pero la nota política más fuerte del mensaje está en el diagnóstico de la relación con la Nación. Passalacqua detalla que en 2024 Misiones recibió 224 mil millones de pesos menos en transferencias automáticas, discrecionales e inversión real directa, en comparación con 2023. Esa tendencia se profundizó en 2025 y se proyecta que continuará en 2026.

El documento recuerda la eliminación de aportes de la ANSeS a la caja previsional provincial, del Fondo Nacional de Incentivo Docente, de programas de salud como Protección de Población Vulnerable y Redes, del Fondo Compensador del Transporte, además de la paralización de la mayoría de las obras de infraestructura nacional, incluidas las rutas que son de competencia exclusiva del Estado federal tras la “reorganización” de la Dirección Nacional de Vialidad. La conclusión es clara: en numerosos casos, la Provincia debe cubrir con fondos propios responsabilidades que le corresponden a la Nación.

En este marco, las obras de infraestructura provinciales representan 9,8% del presupuesto, una cifra que expone la reducción de transferencias nacionales, aunque el gobierno provincial subraya su importancia estratégica. La apuesta es complementar con empréstitos blandos de organismos multilaterales para financiar proyectos considerados impostergables, como la línea de 132 kV San Isidro-Leandro N. Alem-Oberá, el transformador de 500 kV en la estación San Isidro de Posadas y diversas obras viales. Son inversiones pensadas no solo para acercar servicios a la población, sino para sostener la competitividad económica y productiva.

A su vez, se asigna un 8,54% del presupuesto -unos 349.392 millones de pesos- al Desarrollo de la Economía, lo que implica sostener programas productivos, apoyo a emprendedores, promoción industrial y fortalecimiento de la logística multimodal con énfasis en puertos, transporte y distribución de energía eléctrica. El plan económico se completa con transferencias por el 44,28% del total -unos 1,81 billones de pesos- para financiar instituciones educativas de gestión privada con aporte estatal y organizaciones sociales solidarias que cumplen funciones de contención en todo el territorio.

En cuanto al empleo público, el proyecto se apoya en una planta de 63.934 cargos y 280.904 horas cátedra, con una política salarial de recomposición gradual “por etapas” según las posibilidades del Tesoro. El objetivo, subraya el mensaje, es proteger las fuentes de trabajo, sostener el poder adquisitivo de activos y pasivos y, en consecuencia, mantener el nivel de consumo interno. En paralelo, se mantiene una rígida política de contención de gastos no esenciales, supervisada por una comisión específica que depende directamente del gobernador.

El financiamiento del presupuesto se basa mayormente en recursos provinciales, estimados por el Ministerio de Hacienda en coordinación con la Agencia Tributaria de Misiones, sobre la base de la recaudación real y de la política tributaria vigente. En cuanto a los recursos nacionales, el gobierno provincial los estima por cuenta propia, dado que al momento de la remisión del proyecto el Gobierno nacional no había presentado aún su presupuesto 2026.

El documento mantiene la estructura tradicional de dos capítulos: el primero, con las erogaciones proyectadas, recursos y financiamiento con sus normas específicas; y el segundo, con disposiciones generales que establecen la flexibilidad necesaria para ajustar partidas durante la ejecución sin necesidad de leyes modificatorias. Esa flexibilidad presupuestaria es presentada como un instrumento indispensable frente a la volatilidad de la coyuntura económica.

En términos políticos y económicos, el presupuesto misionero para 2026 es una combinación de prudencia y desafío. Prudencia porque sostiene el equilibrio fiscal y mantiene la deuda en mínimos, apostando a la disciplina financiera como ancla de estabilidad. Desafío porque asume el costo de suplir con recursos propios la retirada del Estado nacional en áreas sensibles, lo que obliga a Misiones a hacer más con menos. El énfasis en la inversión social garantiza continuidad de políticas inclusivas, mientras que la búsqueda de financiamiento multilateral para infraestructura muestra la necesidad de asegurar condiciones de competitividad en energía, logística y transporte.

El éxito del esquema dependerá de varios factores: que la economía nacional cumpla el crecimiento del 5,5% proyectado para 2025, que la inflación efectivamente se desacelere, que los organismos multilaterales habiliten rápidamente los créditos previstos y que la recaudación provincial no sufra un deterioro adicional por el impacto del tipo de cambio en el comercio transfronterizo y las exportaciones. Si estas condiciones se cumplen, Misiones podrá blindar el gasto social, sostener la actividad productiva y avanzar en obras clave. Si no, la baja deuda y la flexibilidad presupuestaria se convertirán en los principales amortiguadores de un escenario adverso.